A- de 2025

Recursos de súplica formulados en contra del auto que rechazó 24 demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra del Decreto 639 de 2025, por el cual se convoca a una consulta popular, con fundamento en la falta de competencia de la Corporación para su estudio y en el hecho de que la norma había sido derogada por el Decreto 703 de 2025.

Una de las razones expuestas por el magistrado sustanciador fue que no existía norma expresa que le asignara a la Corte competencia para examinar la constitucionalidad del decreto de convocatoria para aprobar o improbar una consulta popular.

De manera específica consideró el funcionario que, “de acuerdo con una interpretación sistemática del artículo 241 de la Constitución y con la jurisprudencia reiterada, especialmente en las sentencias C-180/94 y C-150/15, la Corte Constitucional no tenía competencia para avocar conocimiento del Decreto en mención, si ello implicaba ejercer un control previo y de contenido de una consulta popular nacional.

Frente a lo anterior consideró, además, que la competencia en esta materia era exclusivamente posterior y formal, y no podía extenderse más allá de lo expresamente autorizado por el constituyente”.

Así mismo, agregó que dicho control podía ser ejercido por la Corte Constitucional o por el Consejo de Estado, dependiendo de la naturaleza del acto que se cuestionara, es decir, si era de carácter normativo o administrativo.

El auto censurado resolvió, aparte del rechazo, que una vez se concluyera el trámite del recurso de súplica, se remitieran los expedientes a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en tanto dicha Corporación asumió la competencia para conocer las demandas contra la referida norma.

Lo anterior, con fundamento en los principios de acceso a la administración de justicia y de economía procesal.

Realizado el análisis de rigor la Sala Plena consideró que los recursos impetrados estaban llamados a prosperar y, en consecuencia, REVOCÓ el auto de rechazo.

Precisó que la anterior decisión operaba únicamente respecto de los expedientes D-16675, D-16673, D-16689 y D-16692, cuyos procesos correspondían a los asuntos en los que se presentó el recurso de súplica y éste prosperó.

Por lo anterior, se ordenó remitir las precitadas causas al despacho del magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño, para que continúe con el trámite de admisibilidad y, por lo tanto, examine si los cargos propuestos satisfacen los presupuestos del concepto de violación previstos en el artículo 6 del Decreto Ley 2067 de 1991.