A- de 2025

Conflicto entre el Juzgado 012 Administrativo del Circuito de Santa Marta y el Juzgado 003 Civil del Circuito de Santa Marta, por causa de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por un ciudadano, en contra de dos resoluciones expedidas por la empresa AIR-E S.A.S. — E.S.P. y una expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por medio de las cuales le negaron su solicitud de romper la solidaridad en el pago de una deuda por el servicio público de energía eléctrica, correspondiente a un inmueble de su propiedad.

Cumplidos los presupuestos del conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena encuentra que en la demanda no se configura ninguno de los supuestos descritos en el artículo 33 de la Ley 142/94, como uso de espacio público, ocupación de inmuebles, servidumbres o expropiación para fines del servicio, así que resulta aplicable la cláusula general de competencia establecida en el artículo 104 del CPACA.

Ello, por cuanto la controversia radica en facturación y, según la jurisprudencia de esta Corporación, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, sin importar si son públicas, mixtas o privadas, ejercen funciones administrativas cuando adoptan decisiones como la facturación del servicio, la negativa de vinculación contractual, la suspensión, el corte o la terminación del servicio, porque actúan investidas de prerrogativas propias de una autoridad administrativa, así que sus actuaciones adquieren la naturaleza de actos administrativos, susceptibles de control por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa, asunto que ha sido explicado en Autos 918/21, 356/22, 1319/23, entre otros.