A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Laboral del Circuito de San Gil, Santander, y el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, Santander.

La controversia que se origina entre los Despachos consiste en una demanda ordinaria laboral presentada por un ciudadano, en contra de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Gestión Energética de Alumbrado Público de San Gil, con la que pretende que se declare que el contrato existente entre las partes corresponde a un contrato a término indefinido, de conformidad con la convención colectiva de trabajo suscrita por el sindicato del que hace parte y la empresa demandada y que la desvinculación laboral efectuada trató de un despido sin justa causa y basado en razones discriminatorias relacionadas con su salud.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena advierte que en este caso no es claro el tipo de vinculación que tuvo el demandante con su empleador, por lo que es oportuno acudir a la regla establecida en el auto 494 de 2023 según la cual, es posible fijar la competencia a partir de la naturaleza jurídica de la entidad demandada (factor orgánico), su regla general de vinculación y las funciones que desempeñaba la accionante (factor funcional).

La Ley 142 de 1994 determina que la vinculación laboral de las personas que laboran en empresas de servicios públicos constituidas como empresas industriales y comerciales del Estado tendrán el carácter de trabajadores oficiales, a menos de que estén encargados de actividades de dirección o confianza, las cuales serán ejercidas por empleados públicos.

La Sala Plena considera que, en principio, no es posible determinar que las funciones que desarrollaba el demandante son propias de los empleados públicos en la empresa demandada, pues no parecieran estar relacionadas con funciones de dirección, confianza y/o manejo de la entidad y deberá ser el juez asignado quien deberá reunir los elementos necesarios para analizar de fondo la naturaleza del presunto vínculo alegado por el demandante.

La Sala resuelve con la regla según la cual, la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, es competente para conocer y decidir de fondo una demanda en la que se pretende el reconocimiento de derechos laborales originados en un vínculo entre un presunto trabajador oficial y una empresa de servicios públicos de carácter oficial, a partir de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2 del CPTSS.

La Corte dispone el envío del expediente al Juzgado Laboral del Circuito de San Gil, Santander, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados y al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, Santander.