A- de 2020

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá y el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Marta.

Se configuró un conflicto negativo de competencia por la interpretación del factor territorial.

Ello, porque el Juzgado de la Capital se abstuvo de decidir en segunda instancia la acción de tutela de la referencia y declarar la nulidad de todo lo actuado por el a quo, tras considerar que la potestad para decidir la solicitud de amparo recaía en las autoridades judiciales municipales de Santa Marta, al presentarse allí la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el actor.

Por su parte, el otro despacho declaró que carecía de competencia, porque los efectos de la vulneración se extendían en Bogotá, por lo que le correspondía al juez municipal de dicho lugar conocer la acción constitucional, máxime cuando fue en ese distrito que se presentó la solicitud.

Teniendo en cuenta que ambos despachos son competentes y en virtud al principio de la perpetuatio jurisdictionis, considera la Corte que la autoridad judicial de Bogotá es la que debe resolver la impugnación promovida en contra de la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Décimo Civil Municipal de la misma ciudad, por cuanto éste fue el que avocó el conocimiento de la acción y radicó en él la competencia para decidir de fondo el asunto.

Al otro despacho se le advierte que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.