A- de 2020

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ipiales (Nariño) y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pamplona (Norte de Santander).

En este caso la Corte observó que sólo se configuró un conflicto aparente de competencia.

Lo anterior, porque el Juzgado de Ipiales resolvió abstenerse de asumir el conocimiento del amparo y remitir el expediente respectivo a su homólogo de la ciudad de Pamplona, con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1834 de 2015.

Ello, sin comprobar la concurrencia de identidad de sujeto pasivo, causa y objeto, como presupuesto de aplicación válida de dichas directrices administrativas.

Luego de verificar la inexistencia de identidad de causa entre los amparos invocados, la Corte, sin necesidad de más consideraciones, concluyó que la decisión del mencionado despacho de apartarse del conocimiento del asunto no fue acertada, pues desconoció el marco de aplicación del Decreto invocado.

Se ordena remitir el expediente al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ipiales, para que de manera inmediata le imparta el trámite que corresponda y profiera la decisión de fondo a que haya lugar.

A la otra autoridad judicial se le advierte que, los conflictos de competencia en materia de tutela tienen que ser resueltos en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual en futuros casos deberá observar las reglas previstas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18