A- de 2022

Conflicto de competencia suscitado entre la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y la Sala Primera de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla (Atlántico).

La Corte encontró que en el presente caso sólo se presentó un conflicto aparente, en la medida en que la primera autoridad aplicó indebidamente las reglas de reparto dispuestas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, a pesar de que la jurisprudencia constitucional ha establecido que dichas reglas, lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia, son apenas pautas de reparto y/o asignación de expedientes, con lo cual otorgó un alcance inexistente a dichas disposiciones y desconoció los principios de celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la naturaleza misma de la acción de tutela, en cuanto mecanismo constitucional para la resolución inmediata de vulneraciones de derechos fundamentales.

Se dirime la controversia con la remisión del expediente a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

De manera particular se advierte al consejero Oswaldo Giraldo que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar la falta de competencia de la Corporación a la que pertenece en materia de tutela con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decida conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.