decreto 756 de 2018

Que según el artículo 64 de la Constitución Política de 1991, es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa;

Que la Ley 160 de 1994, “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones”, inspirada en el precepto constitucional referido, tiene por objeto entre otros, mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina, promover, apoyar y coordinar el mejoramiento económico, social y cultural de la población rural y estimular la participación de las organizaciones campesinas en el proceso integral de la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural Campesino para lograr su fortalecimiento;

Que el ordinal primero del artículo 1° de la Ley 160 de 1994 prevé “Promover y consolidar la paz, a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social, la democracia participativa y el bienestar de la población campesina”;

Que es facultad del Gobierno nacional establecer programas especiales de dotación de tierras, casos en los cuales podrá adquirir mediante negociación directa predios de propiedad privada o que hagan parte del patrimonio de entidades de derecho público, con el objetivo de dar cumplimiento a los fines de utilidad social definidos en la Ley 160 de 1994;

Que el Decreto 1071 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural” compiló todas las normas del sector agropecuario y desarrollo rural, entre estas, los Decretos 4488 de 2005 y 1277 de 2013;

Que en virtud de la garantía constitucional del derecho a la libre asociación para el desarrollo de las actividades que las personas realizan en sociedad, el Gobierno nacional ha promovido en el sector agropecuario y de desarrollo rural algunas formas organizativas de las comunidades rurales para la dotación de tierras. Así, por ejemplo, el artículo 2.14.14.8. del Decreto 1071 de 2015 dispone la adjudicación “preferiblemente a la Empresa Comunitaria (sic) u otras formas asociativas...”. Así, también, el Título 3 de la Parte 14 del Libro 2 del mismo decreto promueve y regula la organización solidaria de los beneficiarios de dotación de tierras de Reforma Agraria;

Que es dable, en virtud del derecho constitucional a la libre asociación, establecer la adjudicación directa derivada de los programas especiales de dotación de tierras cuando se trate de asociaciones con vocación agropecuaria u organizaciones cooperativas del sector solidario con vocación agropecuaria, siempre que sus integrantes cumplan con las condiciones para ser beneficiarios de ordenamiento social de la propiedad; Que, en mérito de lo expuesto;