RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE 12 DE DICIEMBRE DE 2023 MEDIDAS PROVISIONALES RESPECTO DE BRASIL ASUNTO DE LOS MIEMBROS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS YANOMAMI, YE’KWANA Y MUNDURUKU VISTO: 1. La Resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) el 1 de julio de 2022, en la cual, inter alia, requirió a la República Federativa de Brasil (en adelante “Brasil” o “el Estado”) que adoptara de forma inmediata todas las medidas que fueran necesarias para proteger efectivamente la vida, la integridad personal, la salud y el acceso a la alimentación y al agua potable de los miembros de los Pueblos Indígenas Yanomami, Ye’Kwana y Munduruku, desde una perspectiva culturalmente adecuada, con un enfoque de género y edad1. 2.
Los escritos recibidos entre el 20 de septiembre de 2022 y el 4 de diciembre de 2023, mediante los cuales el Estado remitió su informe periódico sobre el cumplimiento de las presentes medidas provisionales, así como remitió información adicional solicitada por el Presidente de la Corte y observaciones respecto a informaciones presentadas por los representantes. 3.
Los escritos recibidos entre el 30 de noviembre de 2022 y el 1º de diciembre de 2023, mediante los cuales los representantes de los beneficiarios (en adelante “los representantes”) remitieron sus observaciones a los informes estatales respecto del cumplimiento de las medidas provisionales e informaron sobre nuevos hechos. 4. Los escritos recibidos entre el 6 de enero de 2023 y el 1º de diciembre de 2023, mediante los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) remitió sus observaciones a los informes estatales y a las observaciones de los representantes. 5.
La diligencia in situ realizada por una delegación de la Corte al Territorio Indígena Yanomami y la audiencia llevada a cabo en Auaris, en dicho territorio, el 24 de octubre de 2023. El Juez Rodrigo Mudrovitsch, de nacionalidad brasileña, no participó en el conocimiento y deliberación de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte. 1 Cfr. Asunto Miembros de los Pueblos Indígenas Yanomami, Ye’kwana y Munduruku respecto de Brasil.
Adopción de Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de julio de 2022. Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/medidas/yanomami_se_01.pdf.
CONSIDERANDO
QUE: 1. El artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” y “la Convención”) dispone que “[e]n casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.
Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”. Esta disposición está a su vez regulada en el artículo 27 del Reglamento de la Corte (en adelante también “el Reglamento”). 2. Las medidas provisionales tienen una naturaleza temporal y carácter excepcional y son dictadas siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de extrema gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños irreparables a las personas.
Estos tres requisitos son coexistentes y deben persistir para que la Corte mantenga la protección ordenada; si uno de ellos ha dejado de tener vigencia, corresponderá al Tribunal valorar la pertinencia de su continuación2. Así, a efectos de decidir si se mantiene la vigencia de las medidas provisionales, el Tribunal debe analizar si persiste la situación que determinó su adopción, o bien si nuevas circunstancias igualmente graves y urgentes ameritan su mantenimiento3. 3.
La Corte recuerda que adoptó las presentes medidas provisionales el 1º de julio de 2022. En su Resolución, este Tribunal advirtió la complejidad de la situación planteada por la Comisión y consideró que los antecedentes presentados revelaban prima facie una situación de extrema gravedad y urgencia, siendo que, a pesar de haberse ordenado medidas de protección a nivel doméstico y medidas cautelares ante la Comisión, los miembros de los Pueblos Indígenas Yanomami, Ye’Kwana y Munduruku estarían sujetos a una serie de amenazas, agresiones físicas y sexuales, actos vandálicos y tiroteos, contaminación de sus ríos y afectación a su salud y su acceso al agua potable y la alimentación, que parecían ir en incremento ante la presencia de personas no autorizadas y el avance de la explotación de la denominada minería ilegal en sus territorios. 4.
Ante el alegado aumento e intensificación de la violencia en contra de estos pueblos, y la falta de medidas efectivas por parte del Estado de Brasil para mitigar la situación, este Tribunal consideró que existía un riesgo latente de que estos daños se consumaran y se intensificaran. En virtud de ello, ordenó que (i) el Estado adoptara las medidas necesarias para proteger efectivamente la vida, la integridad personal, la salud y el acceso a la alimentación y al agua potable de los miembros de los Pueblos Indígenas Yanomami, Ye’Kwana y Munduruku, desde una perspectiva culturalmente adecuada, con un enfoque de género y edad;
(ii) el Estado adoptara las medidas necesarias para prevenir la explotación y la violencia sexual contra las mujeres y niñas de los Pueblos Indígenas beneficiarios; (iii) el Estado adoptara las medidas culturalmente apropiadas para prevenir la propagación y mitigar el contagio de enfermedades, especialmente del COVID-19, prestándoles a las personas Cfr. Asunto Álvarez y otros.
Medidas Provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de mayo de 2013, Considerando 2; Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros y Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras. Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de abril de 2021, Considerando 17, y Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua.
Ratificación, ampliación y seguimiento de Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 9 de septiembre de 2021, Considerando 2. 3 Cfr. Asunto Gladys Lanza Ochoa. Medidas Provisionales respecto de Honduras. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2016, Considerando 3, y Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros y Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras.
Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, supra, Considerando 17. 2 -2- beneficiarias una atención médica adecuada, de acuerdo con las normas internacionales aplicables, y que (iv) el Estado adoptara las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los líderes y lideresas indígenas de los Pueblos Indígenas beneficiarios que se encuentran bajo amenaza. 5.
En atención a lo anteriormente expuesto, fueron presentados escritos por parte del Estado, los representantes de los pueblos beneficiarios y la Comisión. Asimismo, una delegación de la Corte escuchó directamente testimonios de líderes y lideresas indígenas Yanomami y Ye’Kwana, y a las partes, durante la audiencia realizada en Auaris, en el Territorio Indígena Yanomami, el 24 de octubre de 2023.
En vista de lo anterior, la Corte estima pertinente emitir una resolución para evaluar la implementación de las presentes medidas provisionales. Para ello, el Tribunal estructurará sus consideraciones en el siguiente orden: A. Pueblos Indígenas Yanomami e Ye’Kwana (i) Visita in situ al Territorio Indígena Yanomami y audiencia (ii) Situación de salud, acceso al agua, desnutrición y contaminación por el mercurio (iii) Contexto de violencia: violencia sexual contra mujeres y niñas, muertes, amenazas y violencia contra indígenas y Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos B. Pueblo Indígena Munduruku (i) Situación de salud, acceso al agua, desnutrición y contaminación por el mercurio (ii) Contexto de violencia: amenazas y violencia contra indígenas y Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos C. Consideraciones de la Corte A. Pueblos Indígenas Yanomami e Ye’Kwana (I) Visita in situ al Territorio Indígena Yanomami y audiencia 6.
La Corte realizó una visita in situ al Territorio Indígena Yanomami el 24 de octubre de 2023, estando presentes el Vicepresidente, Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot; la Jueza Nancy Hernández López; el Secretario de la Corte Pablo Saavedra Alessandri y una abogada de la Secretaría, acompañados de cuatro representantes del Estado, tres representantes de los beneficiarios, una representante de la Comisión Interamericana, dos intérpretes y fuerzas policiales. 7.
Durante la diligencia la delegación de la Corte visitó la comunidad Fuduuwaadunha, en la región de Auaris, dónde realizó una audiencia con el propósito de escuchar a distintos líderes y lideresas indígenas de diferentes comunidades Yanomami y Ye’Kwana. Durante dicha audiencia, además, el líder indígena M.Y.4 entregó una carta al Vicepresidente de la Corte sobre la actual situación en el Territorio Indígena Yanomami.
Además de las y los distintos líderes y lideresas Yanomami y Ye’Kwana de las comunidades de Paapiu, Uxiu, Palimiu, Waikás, Kuratanha y Auaris, entre otras, también estuvieran presentes y participaron en la audiencia los señores D.K.Y. y J.H. Asimismo, el Estado tuvo la oportunidad de presentar un resumen de medidas que estaría adoptando desde el inicio del año. Igualmente, el Vicepresidente y la Jueza Hernández pudieron hacer preguntas y solicitar información En la presente Resolución se mantendrá la reserva de los nombres de los líderes y lideresas indígenas Yanomami, Ye’Kwana y Munduruku por razones de seguridad. 4 -3- adicional a las y los miembros de los Pueblos Indígenas allí presentes y a la representación del Estado5. 8.
Adicionalmente, los días 23 y 25 de octubre de 2023, la delegación de la Corte sostuvo una reunión con el señor D.K. y otros integrantes de la Hutukara Asociación Yanomami; una reunión con abogados(as) de los Pueblos Indígenas Yanomami y Ye’Kwana, y realizó visitas a la Casa de Apoyo a la Salud Indígena (CASAI) y al Hospital del Niño de Boa Vista, el cual tiene una unidad especialmente dedicada a los Pueblos Indígenas.
Durante dichos eventos, la delegación de la Corte tuvo la oportunidad de escuchar distintos actores, inclusive estatales, y recibir valiosa información relacionada con la implementación de las presentes medidas provisionales. 9. Corresponde subrayar que, además de la visita in situ y las reuniones supra mencionadas, la Corte también realizó reuniones con distintas autoridades brasileñas, quienes son actores fundamentales para la implementación de las presentes medidas provisionales.
En ese sentido, los días 26 y 27 de octubre en Brasilia la delegación de la Corte mantuvo reuniones con el Presidente del Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso; la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Brasil, Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura; el Ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino de Castro e Costa; el Abogado General de la Unión, Jorge Rodrigo Araújo Messias, y la Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Embajadora Maria Laura da Rocha, fungiendo como Ministra interina de Relaciones Exteriores.
Durante cada uno de los referidos encuentros, la delegación de la Corte tuvo la oportunidad de, entre otros temas, manifestar su preocupación con la situación encontrada durante la visita en terreno y establecer diálogos importantes con las distintas autoridades estatales. 10. Resulta de vital importancia que el Estado de Brasil haya colaborado para que se efectuaran estas diligencias relacionadas con la implementación de las medidas provisionales en su territorio.
En particular, se reconoce el apoyo logístico, la organización y los esfuerzos de coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores para la organización de los aspectos necesarios para su realización, así como el apoyo del Ministerio de Justicia de Brasil con la logística requerida para efectuar el traslado al Territorio Indígena Yanomami.
Asimismo, la anuencia de los Pueblos Indígenas Yanomami y Ye’Kwana de recibir a la delegación de la Corte en su territorio y permitir la realización de la audiencia, así como todas las gestiones y esfuerzos, para lograr el traslado de líderes y lideresas de diferentes comunidades a Auaris fueron fundamentales. (II) Situación de salud, acceso al agua, desnutrición y contaminación por el mercurio 11.
Estructuras y servicios de atención de salud: En junio y noviembre de 2023, el Estado destacó la inauguración del Centro de Referencia de Salud Indígena en la región de Surucucus en el mes de abril de 2023, con el objetivo de fortalecer la atención permanente a la salud. Por otro lado, destacó que: (i) la Unidad Básica de Salud Indígena de Onkiola está cerrada por motivos burocráticos y se espera que vuelva a abrir a finales de noviembre de 2023;
(ii) los Polos Base de salud de Haxiú y Hakoma están operando en base a misiones; (iii) que los demás Polos Base y Unidades Básicas de Salud Indígena son atendidos de manera continua en la ruta asistencial del territorio. Los miembros de las comunidades Yanomami y Ye’Kwana se expresaron en su propia lengua con, la cual fue interpretada al portugués y español, inclusive con el apoyo de intérpretes indígenas.
Por su parte, las intervenciones del Vicepresidente y de la Jueza fueron traducidas al portugués y a los idiomas de las comunidades indígenas presentes. 5 -4- 12. En marzo de 2023, el Estado indicó las acciones que habían sido implementadas en el inicio de 2023: (i) Declaración de Situación de Emergencia en la salud de los indígenas Yanomami y Ye’Kwana y movilización de empleados del Sistema Único de Salud para intervenir con acciones de emergencia en un grupo de trabajo en el Distrito Especial de Salud Indígena Yanomami y Ye’Kwana (en adelante “DSEI-YY”);
(ii) Creación del Comité Nacional de Coordinación para Combatir la Falta de Asistencia Sanitaria para las poblaciones del Territorio Indígena Yanomami; (iii) Establecimiento del Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública (COE-Yanomami); (iv) Creación del Comité Nacional de Coordinación para Combatir la Falta de Asistencia Sanitaria a las Poblaciones del Territorio Indígena Yanomami e implementación del Plan de Gestión Territorial y Ambiental (PGTA) del territorio – que consolida nueve ejes estratégicos de acción interministerial, con la participación de 18 órganos del Gobierno Federal y 233 acciones de carácter de emergencia y estructurante, y (iv) Constitución del Comité de Enfrentamiento para las situaciones urgentes de los pueblos Yanomami (Decreto 11.384, de 20 de enero de 2023). 13.
En la misma oportunidad, el Estado señaló que, para construir respuestas institucionales para enfrentar la crisis humanitaria en Territorio Indígena Yanomami, a partir de enero de 2023, se estableció un canal de diálogo con los representantes de los beneficiarios, que incluye la realización de visitas in loco, algunas con la presencia del Presidente de la República, el Ministro de Justicia, el Ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía y la Ministra de Pueblos Indígenas. 14.
Los representantes destacaron, en enero de 2023, que la precariedad de la atención de salud se manifestaría en las cifras de niños y niñas de hasta cinco años que han fallecido por causas evitables. Al respecto, citaron la investigación del portal Sumaúma que muestra, a partir de documentos oficiales, que 570 niños y niñas de este grupo de edad habrían muerto en los últimos 4 años debido a fallas en la atención de salud.
De acuerdo con los representantes los establecimientos de salud dentro del territorio indígena, así como las pistas de aterrizaje que los atienden, se encuentran completamente deteriorados. Además, informaron sobre la falta de acceso a agua potable y las limitadas condiciones de transporte de equipos multidisciplinarios de salud a las comunidades.
Agregaron específicamente que las comunidades que actualmente necesitan nuevas estructuras son las siguientes: (i) Korekorema en el río Uraricuera; (ii) Koparipë en el alto río Mucajaí; (iii) Xexena en el río Ajarani, y (iv) Maimasi en la cordillera Opiktheri. 15. Asimismo, los representantes refirieron que la acción de la Fuerza Nacional del Sistema Único de Salud (sistema púbico de salud de Brasil) se limitó territorialmente a seis centros de base (Auaris, Palimiu, Surucucus, Missão Catrimani, Marauiá y Waputha), sin haber alcanzado a todas las comunidades Yanomami y Ye’kwana.
Al respecto, en junio de 2023, los representantes argumentaron que “la crisis sanitaria está lejos de ser superada”. Con base en datos del mismo mes, señalaron que (i) sólo 23 de casi 350 comunidades habrían sido inmunizadas, y (ii) en 2023 ya se han registrado 154 muertes, lo que corresponde a un 73% del total de muertes registradas en 2022 entre enero y septiembre, prevaleciendo las muertes por causas evitables. 16.
Además, informaron en noviembre de 2023 que, nueve Unidades Básicas de Salud Indígena del Territorio Indígena Yanomami (Hakoma, Homoxi, Kayanau (Paapiu), Parafuri, -5- Parima Õnkiola, Haxiu, Ajarani y Alto Catrimani) todavía se encuentran completamente cerradas, con una población de más de 2000 indígenas desatendidos, y que el Polo Base Kayanau sigue fuera de funcionamiento.
Adicionalmente, destacaron que el Centro de salud de la región de Surucucus fue desmantelado recientemente. Los representantes refirieron irregularidades en la prestación de servicios de salud. Señalaron que, según la auditoría de 2022 del Ministerio de Salud, la organización no gubernamental Missão Evangélica Caiuá – responsable de los equipos multidisciplinarios de salud que atienden el Territorio Indígena Yanomami – no tiene capacidad técnica y brinda servicios inadecuados.
Concluyeron que los puntos centrales de acción deberían de ser: (i) las renovaciones en las estructuras diseñadas para atender a los indígenas, así como en las pistas de aterrizaje que atienden a los establecimientos de salud; (ii) la inversión en movilidad de empleados dentro del territorio; (iii) la creación de nuevas unidades de salud;
(iv) el seguimiento de las recomendaciones del informe de Transparencia Internacional para garantizar el control social de los presupuestos del DSEI-YY. 17. Los representantes señalaron que, según un informe de la Hutukara Asociación Yanomami6 de abril de 2022, de los 37 centros de salud que existen en el Territorio Indígena Yanomami, 18 tienen registros de deforestación relacionada con la minería ilegal.
Al respecto, mencionaron que la Unidad Básica de Salud Indígena de la región de Homoxi fue destruida por un cráter provocado por la minería, dejando a 615 miembros del Pueblo Yanomami sin atención médica regular. Destacaron que, el 13 de septiembre de 2022, la Hutukara Asociación Yanomami informó de la muerte de seis niños en una región cercana – Xitei -, donde el puesto de salud habría sido abandonado debido al aumento de la actividad minera ilegal. 18.
En noviembre de 2022 y en febrero de 2023, los representantes señalaron que habrían, entre otras, las siguientes falencias en la prestación de la atención en salud por parte del Distrito Sanitario Especial Indígena Yanomami y Ye’Kwana: (i) el cierre de centros de salud por la expansión de la minería ilegal; (ii) la reducción del número de visitas a las Unidades Básicas de Salud Indígena (UBSI);
(iii) la falta de control sobre la realización de una prueba RT-PCR por parte de los agentes previo a su ingreso a una zona indígena; (iv) el número insuficiente de médicos trabajando en las DSEI-YY y la ausencia de profesionales de la salud en las Bases de Protección Etnoambientales (BAPE); (v) la reducción de la cobertura del programa de vigilancia nutricional en niños de hasta cinco años;
(vi) el hecho de que menos del 15% de las comunidades cuentan con infraestructura para acceder a agua potable; (vii) la vacante del puesto de antropólogo especializado en las etnias Yanomami y Ye’Kwana, lo que hace inviable una asistencia culturalmente apropiada; (viii) la interrupción del suministro o desvío de medicamentos en la UBSI. 19.
En noviembre de 2023 los representantes informaron sobre un documento producido por la Defensoría Pública de la Unión en conjunto con el Consejo Nacional de los Derechos Humanos a raíz de una visita técnica para verificar la situación de los pueblos indígenas en Roraima. A partir del testimonio de distintos miembros de los Pueblos Yanomami y Ye’Kwana, reportaron, entre otros problemas, que una mujer indígena salió de su comunidad y murió en el camino, debido al hambre; que las personas que tenían malaria acudieron al centro de salud y no había medicamentos; que las personas encargadas de entregar o aplicar El informe publicado por la Hutukara Asociación Yanomami en abril de 2022, “Yanomami Bajo Ataque: Minería Ilegal en el Territorio Indígena Yanomami y propuestas para combatirla – un panorama del avance de la destrucción minera en la más grande tierra indígena del país”, señaló que, en 2021, la destrucción causada por la minería en el Territorio Indígena Yanomami creció un 46% en comparación con 2020.
Hubo un incremento anual de 1,038 hectáreas, alcanzando un total acumulado de 3,272 hectáreas, el mayor crecimiento observado desde que se inició el monitoreo en 2018, y posiblemente la tasa anual más alta desde la demarcación de la tierra indígena en 1992. (El informe está disponible en https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/yal00067.pdf) 6 -6- medicamentos no llegan a los pueblos; y que, según un líder indígena de unas de las comunidades de la región de Surucucus, hay 120 comunidades en alto riesgo de desnutrición y contaminación por malaria, sólo hay dos enfermeros para atender 80 personas al día en el puesto de salud, que algunos profesionales de la salud están sufriendo de problemas psicológicos, que sólo hay un helicóptero destinado a la asistencia sanitaria.
Además, de acuerdo con el testimonio de un indígena de la comunidad de Sanuma Olomai: “Se nos acabó la comida. Simplemente se acabó. Ojalá pudieran llevar comida a nuestras familias lo más rápido posible. En la región de Korai Maniu hubo muchas muertes. Este es sólo un ejemplo. Así como ellos murieron allí, nosotros también moriremos aquí”.
Asimismo, un indígena de la comunidad de Kora Korema, la cual está ubicada “aproximadamente a 3 horas río abajo de Palimiú”, declaró que el equipo de salud no realiza visitas a la comunidad desde hace cinco meses y que por eso acaba de perder a su hijo; que otros niños también murieron sin atención por causas como malaria, tos y fiebre. 20.
La Comisión destacó el aumento sustancial de la malaria en la región, con al menos 18.000 casos positivos y 190 muertes en 2023, así como la persistencia de la malnutrición, que afecta especialmente a niños y niñas. Subrayó que 570 niños y niñas fallecieron en los últimos cuatro años a causa de enfermedades prevenibles, aunque la representación estima que la cifra supera los 2.000.
Observó que ello indicaba que las acciones del Estado reportadas eran insuficientes, así como la atención médica. Al respecto, la Comisión reiteró que los centros de salud indígena en el Territorio Indígena Yanomami siguen cerrados por razones de seguridad, que uno de los centros de base fue incendiado recientemente, y que hay falta de insumos, medicamentos y personal de salud en los centros de salud que están en funcionamiento.
Por otra parte, destacó que la presencia de los mineros ilegales en la vida cotidiana de las comunidades indígenas habría incidido en el cambio de los hábitos alimentarios, provocando la contaminación de los cursos de agua y ahuyentando la caza. 21. Respecto de la visita de la Corte realizada a la CASAI, los representantes señalaron que, según la información allí proporcionada, si bien en enero de 2023 la institución albergaba aproximadamente 554 indígenas, actualmente cuenta con 717 indígenas.
En este sentido, sostuvieron que, a pesar de haber sufrido una serie de remodelaciones, el espacio aún presenta debilidades organizativas. Destacaron, basándose en informes presentados a la Defensoría Pública de la Unión, casos de niños y niñas indígenas que habían sido “abandonados” en la CASAI y permanecían allí solos o separados de sus familias, sin la atención adecuada.
En este particular, señalaron que se estima que existen aproximadamente 15 niños y niñas indígenas en situación de abandono. Adicionalmente, los representantes sostuvieron que existe una gran dificultad en la comunicación entre los profesionales de la salud y los indígenas, que va más allá de la propia barrera lingüística, ya que no se explican de manera transparente los procedimientos de salud.
Además, señalaron que, en el caso de que los padres que no tengan los medios económicos para permanecer en la ciudad mientras sus hijos reciben tratamiento, muchas veces los profesionales de salud asumen que los menores de edad están en situación de abandono y, cuando regresan los progenitores el niño se encuentra institucionalizado o ya en proceso de adopción. Según los representantes, además de las reformas necesarias para que el espacio de la CASAI sea menos vulnerable a las violaciones por razón de género, el personal que acoge a las familias Yanomami y Ye’kwana debe someterse a capacitaciones constantes para propiciar el diálogo intercultural. 22.
COVID-19: En septiembre de 2022, el Estado indicó que los Equipos Multidisciplinarios de Salud Indígena se someten a cuarentena previa antes de ingresar a territorios indígenas, con examen RT-PCR cinco días antes del ingreso. Además, expuso que el Equipo de Respuesta Rápida (ERR) trabaja para identificar tempranamente los síntomas del COVID-19 y otros síntomas gripales, aplicando pruebas rápidas y orientando sobre el aislamiento social. -7- 23.
Al respecto, en noviembre de 2022, los representantes señalaron que el alegado proceso de desestructuración del DSEI-YY en los últimos años, incluido el período más crítico de la pandemia COVID-19, es objeto de investigación por parte del Ministerio Público Federal (Recomendación n. 1/2021/MPF/AM y RR). Dicho órgano recomendó su completa reestructuración para garantizar el derecho a la salud de los indígenas. 24.
Los representantes subrayaron, en enero de 2023, que 21 oficios de la Hutukara Asociación conteniendo solicitudes de ayuda a los Yanomamis habían sido ignorados por el Estado. Asimismo, indicaron que la en ese entonces Ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos había solicitado al entonces Presidente que no enviara camas de hospital, instrumentos médicos, agua potable, materiales de limpieza e higiene personal, ni información sobre la pandemia de Covid-19 a los pueblos indígenas. 25.
En marzo de 2023, el Estado informó que los protocolos del DSEI-YY fueron adaptados de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud para: (i) difundir a la población indígena información sobre el COVID-19 y medidas de prevención de la infección por el Coronavirus; (ii) traducir al idioma indígena, cuando sea posible, materiales informativos sobre la enfermedad y las medidas de prevención, entre otros.
También reconoció que, en la transición de gobierno, en 2023, encontraron dificultades como: (i) el racionamiento de las vacunas contra BCG y COVID-19; (ii) la escasez de vacunas para uso pediátrico y las entregas tardías y con fechas de caducidad muy cercanas; (iii) la insuficiente capacidad de almacenamiento de vacunas por parte del DSEI, lo que provocaba problemas logísticos para su entrega;
(iv) la falta de integración y necesidad de mejorar los sistemas de información de los usuarios. 26. Malaria: En noviembre de 2023, el Estado notó que se notificaron los siguientes casos de malaria: 12.308 casos diagnosticados en adultos y 12.033 casos diagnosticados en niños y niñas. Además, según información del COE yanomami, en 2023 se produjeron 45 muertes por malaria, de las cuales el 53,4% fueron niños y niñas menores de 5 años.
Argumentó el Estado que se ha avanzado en la estructuración del sector de enfermedades endémicas, con mayor disponibilidad de materiales y recursos humanos – señalando que, por esta razón, hubo un aumento significativo en el número de casos detectados, que antes no eran debidamente reportados. Asimismo, defendió que, para reforzar las acciones de salud, se entregaron casi 2 millones de medicamentos e insumos, incluidas 400 mil unidades para combatir la malaria. 27.
Los representantes refirieron que el número de casos de malaria sigue siendo alarmante, ya que hasta julio de 2023 se habían registrado 12.252 casos, lo que corresponde a casi el 80% del total registrado en 2022. Según defendieron, además de ser un efecto de la minería, la presencia elevada de la malaria entre los pueblos indígenas se asocia con: i) falta de acciones de control de vectores en las comunidades; ii) insuficientes acciones de búsqueda activa; iii) problemas de diagnóstico; iv) retraso en el inicio del tratamiento; v) problemas en el tratamiento supervisado. 28.
Asimismo, los representantes informaron en noviembre de 2023 que, según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Malaria, entre enero y septiembre de 2023, se notificaron 18.944 casos en el DSEI-YY. Sostuvieron que existe una relación directa entre la explotación de la minería ilegal y el aumento de casos de enfermedades infecciosas.
Indicaron que el Estado no ha logrado controlar la enfermedad en el territorio y que, en el presente año, según datos del Boletín Interactivo - Malaria en Zonas Indígenas, se han registrado más de 21.600 casos de malaria en el Territorio Indígena Yanomami y 23 muertes, en una población de aproximadamente 30 mil personas. Además, informaron los representantes que la Hutukara -8- Asociación Yanomami envió una carta al Estado con alerta por brote de malaria, enfermedades respiratorias y muerte de un niño en la comunidad Korekorema, región Uraricoera, muertes infantiles en la región de Baixo Catrimani y muerte de cuatro niños de la región de Palimiú. 29.
En el tema de la atención a salud a pacientes con malaria, los representantes identificaron tres razones por las que se suspende el tratamiento antes de lo recomendado: (i) falta de información sobre el tratamiento; (ii) falta de disponibilidad de alimentos para los pacientes de las unidades básicas de salud indígena, quienes necesitan regresar a sus comunidades para comer;
(iii) malestar causado por el medicamento, que puede estar asociado a una situación de sobredosis, ya que los profesionales de la salud adoptan el criterio de la edad para establecer la dosis y no el peso, al no contar con básculas en las unidades de salud. 30. Seguridad alimentaria: En noviembre de 2023, entre las medidas tomadas para combatir la desnutrición, el Estado destacó: (i) la creación de los primeros Centros de Recuperación Nutricional en la Casa de Apoyo a la Salud Indígena (CASAI) y en el Polo Base Surucucus;
(ii) la adaptación de lineamientos para la oferta de alimentos y suplementos nutricionales en los Polos Base, la CASAI y el DSEI-YY; (iii) la organización de la asistencia nutricional en el DSEI-YY; (iv) la capacitación de equipos profesionales para la realización de evaluación y recuperación nutricional; (v) la contratación de nutricionistas para trabajar en la CASAI y en el Territorio Indígena Yanomami;
(vi) la utilización de fórmulas para recuperar el estado nutricional de niños con desnutrición severa; (vi) la simplificación de la documentación para el acceso de los pueblos indígenas como proveedores del Programa de Adquisición de Alimentos (PAA). El Estado agregó que en los centros básicos de salud se brindaron más de 13.542 servicios médicos, con especial atención a los niños, logrando la recuperación de 87 de ellos que padecían desnutrición, mientras que otros 32 aún están siendo atendidos por los equipos de salud.
Notó también la destinación de: (i) 640 millones de reales para afrontar esta situación de emergencia; (ii) 20.000 canastas de alimentos para combatir el hambre y la desnutrición en los estados de Roraima y Amazonas y (iii) casi 2 millones de medicamentos e insumos, entre los cuales están 400 mil unidades para combatir la malaria. 31. El Estado expuso los siguientes datos: (i) (ii) (iii) (iv) Casa de Apoyo a la Salud Indígena (CASAI) Yanomami: 179 casos de desnutrición severa en tratamiento, 142 de desnutrición moderada en tratamiento, 299 recuperados.
De ellos, el 78% son niños menores de 5 años. Centro de referencia de Surucucus: 79 casos de desnutrición severa en tratamiento, 147 casos de desnutrición moderada en tratamiento, 149 recuperados. De ellos, el 53,5% son niños menores de 5 años. Polo Base Auaris: 59 casos de desnutrición severa en tratamiento, 84 casos de desnutrición moderada en tratamiento, 135 recuperados.
De ellos, el 88% son niños menores de 5 años. Polo Base Parafuri: 20 casos de desnutrición severa en tratamiento, 11 casos de desnutrición moderada en tratamiento. 07 recuperados. De ellos, el 80% son niños menores de 5 años. 32. El Estado, igualmente, señaló que, en el año de 2023, hubo tres muertes por desnutrición, una en el Centro Base Homoxi (RR) en agosto de 2023 y dos en el Centro Base Bandeira Branca (AM), en abril de 2023.
Aclaró que hubo otras 29 muertes relacionadas con desnutrición, pero también asociada a otras enfermedades secundarias y terciarias (malaria, TDA, Enfermedades Infecciosas Parasitarias, SARS y Síndrome de Gripe). -9- 33. En noviembre de 2023 el Estado destacó la elaboración del Plan Logístico de Canastas Yanomami, que sugería la distribución de cantidades proporcionales de canastas alimentarias por macro y microrregiones Yanomami.
Informó sobre ajustes en la composición de las canastas para atender mejor las especificidades de los hábitos alimentarios en las diferentes regiones del Territorio Indígena Yanomami y sobre mejoras en el empaque para evitar accidentes durante su traslado. Pese a ello, el Estado reconoció que la distribución de canastas de alimentos vía aérea por parte de las Fuerzas Armadas es desafiante y que existen obstáculos para garantizar la frecuencia del servicio en los territorios más vulnerables a la exposición a la violencia de la minería ilegal.
Destacó detalles logísticos que imposibilitan que las Fuerzas Armadas realicen esfuerzos permanentes y frecuentes para entregar canastas por vía aérea, además de cuestiones como las condiciones meteorológicas, estructurales, ambientales y tecnológicas. Finalmente, sostuvo el alto costo de la distribución de canastas por vía aérea en las condiciones logísticas de la Tierra Indígena Yanomami – según la estimación presentada, el costo unitario de distribución de canastas ha sido de aproximadamente R$ 4.000 (aproximadamente US$ 800) por unidad.
Al respecto, según información de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (en adelante “FUNAI”)7, de las 8.361 canastas por mes que dependen del transporte aéreo para ser entregadas a los indígenas, al menos 4.700 dependen de las Fuerzas Armadas, ya que se encuentran en regiones de difícil acceso o en zonas adyacentes a territorios en conflicto.
El Estado destacó la alianza entre FUNAI e Infraero8 para la renovación de las vías Surucucus y Auaris en 2023 y otras tres (Missão Catrimani, Maloca Paapiu y Palimiú) en los próximos años. 34. Los representantes informaron que las Fuerzas Armadas de Brasil ignoraron una solicitud formal de la FUNAI de que se realizaran más vuelos para acelerar la entrega de alimentos al Territorio Indígena Yanomami, a la mayoría de las cuales sólo se puede acceder via transporte aéreo.
Confirmaron que la Defensoría Pública Federal (DPU) junto con el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitaron en territorio a finales de enero de 2023 e identificaron la absoluta insuficiencia del número de aviones disponibles para la distribución de alimentos y medicinas, solicitando urgentemente la ampliación inmediata del apoyo logístico.
Los representantes señalaron que, en la región de Arathau, las comunidades tienen los niveles de desnutrición infantil más alarmantes de todo el Territorio Indígena Yanomami, ya que alrededor del 79,34% de los niños y niñas de hasta cinco años tienen bajo peso o muy bajo peso. En el centro de Waputha y los subpolos de Yarima y Wathou (región de Surucucus), las tasas de desnutrición infantil también se acercan o superan el 70%. 35.
Los representantes, en julio de 2023, subrayaron que, de la previsión de la FUNAI de distribuir 12.600 canastas de alimentos por mes durante el primer semestre del año en curso, sólo el 50% fueron efectivamente entregadas, debido a problemas logísticos que involucrarían a las Fuerzas Armadas. Ésta, según los representantes, alegó no contar con recursos financieros propios para las operaciones de entrega de los alimentos.
Además, los representantes señalaron fallas en la distribución y suministro de alimentos al Pueblo Yanomami, de modo que comunidades remotas han quedado sin asistencia. 36. En noviembre de 2023 los representantes informaron que los datos de vigilancia alimentaria en el Territorio Indígena Yanomami no están fácilmente disponibles para consulta La FUNAI es el órgano estatal brasileño que establece y desarrolla las políticas relacionadas con los pueblos indígenas.
Es responsable de demarcar y proteger las tierras tradicionalmente habitadas y usadas por estas comunidades. Se encarga, inter alia, de evitar la invasión de los territorios indígenas por terceros. Disponible en: https://www.gov.br/funai/pt-br. 8 Infraero es una empresa pública nacional brasileña, vinculada al Ministerio de Puertos y Aeropuertos.
Gestiona 24 aeropuertos en el país y ejecuta las políticas públicas de aviación civil, con el objetivo de implantar, gestionar, operar y explotar industrial y comercialmente las infraestructuras aeroportuarias. Disponible en: https://transparencia.infraero.gov.br/sobre-a-infraero/. 7 - 10 - pública. Sin embargo, señalaron que, según la información brindada por el Ministerio Público Federal, en 2022 el 56% de la niñez Yanomami tenía algún grado de desnutrición y, de los 4.245 niños y niñas Yanomami monitoreados por la Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Hospital del Niño, 2.402 estaban con muy bajo peso o bajo peso.
Además, en 2022 el bajo peso entre las gestantes alcanzó el 46,9% de la muestra. Agregaron que, según el último informe disponible del Ministerio de Salud, en 2023 se registraron 29 muertes por desnutrición en el Territorio Indígena Yanomami. 37. Los representantes argumentaron que no existe un plan de distribución que priorice la entrega de canastas de alimentos a las comunidades indígenas más vulnerables del Territorio Indígena Yanomami, lo que significa que los envíos dependen únicamente de la capacidad de las pistas de aterrizaje y de la posibilidad de lanzamiento de las unidades.
Así, observaron que las canastas fueran concentradas alrededor de las pistas de mayor capacidad de carga, dejando a muchas comunidades remotas sin asistencia. Asimismo, los representantes indicaron que las regiones con mayor grado de vulnerabilidad en términos de seguridad alimentaria y atención médica regular son: Parafuri, Parima, Kayanau, Homoxi, Xitei, Alto Catrimani, Haxiu.
Advirtieron que la justificación estatal es que hay problemas de seguridad en esas zonas, lo cual dificulta el acceso a ellas. De acuerdo con los representantes, las fallas en la entrega de las canastas revelan el problema central de ausencia de un plan de recuperación de la infraestructura logística en el Territorio Indígena Yanomami. Además, informaron que las canastas que llegaron a Auaris fueron almacenadas en el pelotón fronterizo de las Fuerzas Armadas y que hubo un gran retraso en su distribución a las comunidades indígenas de la región, lo que provocó el perecimiento de parte de la carne incluida en las canastas.
Ante lo anterior, solicitaron que el Estado reformule los planes y herramientas de entrega de alimentos diseñados para remediar la situación de seguridad alimentaria experimentada en las siguientes regiones: Auaris, Parafuri, Parima, Kataroa, Homoxi, Haxiu, Hakoma, Kayanau, Alto Catrimani, Waputha. 38. Los representantes reportaron que la Hutukara Asociación Yanomami envió una carta el 16 de octubre de 2023 con información de su sistema de alerta sobre una situación grave de inseguridad alimentaria, con un alto potencial de conflicto interétnico en la región de Auaris.
Al respecto, el conflicto inminente sería entre los pueblos indígenas Ye’kwana y Sanöma, porque estos últimos estarían “robando” alimentos de los campos de los indígenas Ye’kwana. Los robos estarían ocurriendo porque los Sanöma no han podido cosechar en sus campos y porque no estarían recibiendo apoyo de la FUNAI con el envío de canastas de alimentos con la regularidad necesaria. 39.
En diciembre de 2023, los representantes señalaron que el Estado no mencionó datos del Programa de Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Salud, por lo que argumentaron que además del porcentaje de niños y niñas con déficit nutricional, se necesitaría información sobre el número total de niños monitoreados por el programa, desagregados por grupo de edad.
Según ellos, esta información es esencial para se pueda verificar si ha habido un aumento en el porcentaje de niños y niñas con peso adecuado. 40. La Comisión reconoció la importancia en el corto plazo de la distribución de canastas de alimentos por el Estado, sin embargo, tomó nota de la alegación de la parte representante sobre su insuficiencia, ya que las acciones no tomaban en cuenta la estructura de las familias indígenas, ni la cultura alimentaria de los Pueblos Yanomami y Ye'kwana.
De esta manera, la Comisión advirtió sobre la necesidad de continuar con las acciones a mediano y largo plazo. 41. Acceso al agua potable y contaminación por mercurio: En diciembre de 2022, marzo y septiembre de 2023, el Estado informó que el SESANI/YANOMAMI ha buscado fortalecer las acciones de DSEI-YY para entregar agua potable a los Pueblos Yanomami e - 11 - Ye'kwana, a través de la implementación de un Sistema de Abastecimiento de Agua (SAA), o una Solución Alternativa Colectiva/SALTA-Z. Al respecto citó que se implementaron estos mecanismos en 24 comunidades en los estados de Amazonas y Roraima. 42.
En diciembre de 2023 el Estado destacó que, el 10 de noviembre, lanzó el Proyecto Red de Monitoreo Ambiental en el Territorio Indígena Yanomami y Alto Amazonas, con el objetivo de evaluar la presencia de sustancias químicas, entre ellas mercurio, en los ríos. Según defendió, los resultados apoyarán medidas preventivas para las comunidades locales y serán usados para mitigar el daño ambiental. 43.
En enero de 2023 los representantes señalaron, que la instalación de pozos para acceso a agua potable está restringida a un número reducido de comunidades: 21 de las más de 360 comunidades indígenas Yanomami y Ye´Kwana. (III) Contexto de violencia: violencia sexual contra mujeres y niñas, muertes, amenazas y violencia contra indígenas y Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos 44.
Violencia sexual contra mujeres y niñas: El Estado destacó, en marzo de 2023, el Proyecto Promotores de Derechos Humanos Indígenas, en el ámbito del Proyecto PNUD BRA/18/024 - "Fortalecimiento de la garantía del derecho a la vida y la reducción de la violencia contra niños y adolescentes en Brasil", que tiene como objetivo capacitar a 15 indígenas Yanomami para actuar en sus comunidades a combatir la violencia contra niñas y adolescentes indígenas.
Además, agregó que, en el 27 de febrero de 2023, se organizó, en Roraima, una reunión con la Secretaría de Estado de Trabajo y Previsión Social para continuar las negociaciones para la implementación en Roraima del Centro de Atención Integrada a Niños y Adolescentes Víctimas y Testigos de Violencia. El Estado observó también que, en enero de 2023, la SGDCA participó en dos misiones de verificación in situ de las violaciones de derechos sufridas por el pueblo Yanomami, donde reconoció la existencia de casos de violencia sexual que afectaron a niñas y mujeres indígenas, debido a la presencia de mineros ilegales en su territorio, lo que resultó inclusive en embarazos y nacimientos de niños y niñas, frutos de esas violaciones. 45.
El Estado resaltó en junio de 2023 que, el 18 de marzo de 2023, se llevó a cabo la “Operación Palacios”, mediante la cual la Policía Federal detuvo a dos personas sospechosas de haber tomado parte en la explotación sexual de niñas y mujeres en el Territorio Indígena Yanomami. También estableció que el SNDCA continúa monitoreando temas, acciones y medidas gubernamentales relacionadas con los derechos de las niñas, niños y adolescentes indígenas.
En septiembre de 2023, el Estado observó los avances en políticas públicas logrados durante la III Marcha de las Mujeres Indígenas en Brasilia. Según destacó, durante el evento, la Ministra de Pueblos Indígenas (MPI), Sonia Guajajara, selló acuerdos para reforzar derechos, combatir la violencia contra mujeres e impulsar la formación académica de alto nivel de los pueblos indígenas – lo que resultó en un convenio de cooperación técnica entre el MPI y el Ministerio de la Mujer que establece el Grupo Técnico de Trabajo, inserto en el contexto del Proyecto Guardianes para promover políticas y estrategias públicas para prevenir, enfrentar y erradicar la violencia y la discriminación basada en género que viven las mujeres indígenas. 46.
El Estado informó, en noviembre de 2023, que no fue posible obtener datos precisos sobre la violencia sexual contra las mujeres y niñas. Sin embargo, se comprometió a buscar dichos datos con las autoridades locales. Por otro lado, el Estado destacó algunas medidas que estarían siendo implementadas para combatir la violencia sexual. Al respecto, citó la “Operación Palacios”, cuyo objetivo era investigar y arrestar a sospechosos de estar - 12 - involucrados en una organización criminal que reclutaría mujeres y adolescentes para ser explotados en la minería ilegal.
Reconoció la existencia de denuncias sobre la especial vulnerabilidad y exposición de mujeres, niñas y niños indígenas a la violencia sexual por parte de los mineros ilegales y agregó que la Secretaría Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente ha actuado para priorizar el apoyo al territorio de Boa Vista, a través del equipamiento de un Centro de Atención Integrada a Niños y Adolescentes Víctimas o Testigos de Violencia, con la destinación de R$ 380.000,00 a la estructuración del lugar. 47.
Los representantes señalaron en abril de 2023 que persiste la preocupación por la vulnerabilidad de las mujeres y niñas indígenas al abuso y violencia sexual en el Territorio Indígena Yanomami, con constantes noticias de casos de violación y prostitución forzada. También resaltaron que el contexto de explotación sexual afecta también a mujeres y adolescentes no indígenas, ya que, en marzo de 2023, una adolescente fue rescatada de una situación de explotación sexual en el río Mucajaí, afirmó que fue a trabajar para la minería ilegal con promesas de buenos salarios como cocinera, siendo luego sometida a condiciones similares a las de esclavitud.
Indicaron, en noviembre de 2023, que el registro de casos es bastante complejo porque: (i) las comunidades están ubicadas en zonas remotas, con poco acceso a instalaciones públicas; (ii) en la mayoría de los casos, la violencia sexual ocurre en comunidades que ya están bajo el control de los mineros ilegales, donde la presencia del Estado es aún más débil.
Señalaron que, de las cinco comunidades que conforman la región de Paapiu (Kayanau), en tres de ellas se reportan casos de niños de mineros ilegales con mujeres y niñas Yanomami y en todas las comunidades hay denuncias de violencia sexual perpetradas por mineros ilegales. Los representantes también recogieron informes y noticias de comunidades en las que se presenciaron casos de violencia sexual, observando la presencia de denuncias en las siguientes localidades: Kayanau, Apiaú, Catrimani, Papiu, Aracaçá y Parima.
Además, notaron que hay informes preocupantes de mineros ilegales que afirman estar casados con mujeres indígenas para justificar su presencia ilegal dentro del Territorio Indígena Yanomami, por lo que se cree que estas situaciones son posibles casos de matrimonio forzado. Asimismo, los representantes informaron que, en febrero de 2023, el Estado recibió reportes de 30 casos de niñas y adolescentes Yanomami que quedaron embarazadas como consecuencia de violación sexual cometida por mineros ilegales en su territorio y que se tenía conocimiento de un caso de violación sexual ocurrido en la CASAI. 48.
En diciembre de 2023, los representantes notaron que en la última semana de noviembre de 2023 hubo otro caso de violencia sexual contra una mujer yanomami que se hospedaba en la CASAI. También resaltaron que, según un reporte que circuló en portales de noticias brasileños, el 29 de noviembre de 2023, una mujer indígena yanomami de 31 años fue encontrada en una zona rural de la ciudad de Boa Vista, inconsciente, con heridas y manchas de sangre en su cuerpo, luego de ser víctima de una violación sexual grupal. 49.
En junio de 2023, la Comisión expresó preocupación por la falta de información sobre las investigaciones sobre amenazas y actos de violencia contra los beneficiarios, especialmente los perpetrados contra niñas, niños y adolescentes. Recordó también la importancia de la rendición de cuentas para mitigar los riesgos. Tomó nota de los informes presentados por los representantes que señalaron el aumento de embarazos y enfermedades de transmisión sexual como consecuencia de casos de violencia sexual contra niñas y mujeres indígenas – además del contexto de vulnerabilidad identificado.
Según la Comisión, durante la visita in situ también se recibió información sobre la desaparición de una comunidad indígena Yanomami, así como sobre el aumento de los conflictos sociales entre las diferentes comunidades. 50. Muertes, violencia y amenazas contra indígenas en el Territorio Indígena Yanomami: En diciembre de 2022 el Estado señaló que estaba implementando varias - 13 - acciones policiales para la confiscación de materiales usados por la minería ilegal: (i) Operación en Garimpo9 Pupunha, región de Xitei;
(ii) Operación en Homoxi; (iii) Operación en Garimpo pé quebrado, región del río uraricoera; (iv) Operación en Garimpo do Capixaba, región del alto Catrimani; (v) Operación en Pista Espadinha, región del Río Aracaçá; (vi) Operación en Garimpo do Negao; (vii) Operación en el Garimpo región Apiau; (viii) Operación en el Garimpo región Waikas.
Destacó también el segundo ciclo de la Operación Yanomami (el 20/09/2022), donde se identificó un punto de apoyo logístico para la minería ilegal en el estado de Roraima y se confiscaron diversos materiales. 51. En marzo de 2023 el Estado reconoció la existencia del riesgo latente de la minería ilegal y la necesidad de revertir la cultura que propicia la continuidad de estas prácticas de explotación de la Tierra Indígena Yanomami.
Asimismo, destacó que, en el ámbito de la “Oficina de la Crisis” constituida para el enfrentamiento de las situaciones urgentes de los pueblos Yanomami y Ye’Kwana, se identificaron tres caminos: 1) la necesidad de políticas de inclusión social y políticas laborales para los mineros ilegales; 2) la promoción de acciones de sensibilización socioambiental, y 3) el desarrollo de políticas para valorar la presencia indígena. 52.
Según alegó el Estado en el informe de junio y septiembre de 2023, el Batallón de la Fuerza Nacional en Roraima ha aumentado en un 118% el personal movilizado desde principios de febrero de 2023, para hacer frente a la creciente demanda operativa derivada de la Operación Liberación y apoyar a las distintas agencias involucradas en las medidas de seguridad y defensa en el Territorio Indígena Yanomami.
Argumentó también que, como resultado de otros seis operativos especiales de la Policía Federal, más de R$ 138 millones fueron incautados o bloqueados en los primeros meses de 2023, se ejecutaron 40 órdenes de búsqueda e incautación y se formalizaron 43 detenciones. 53. Según el Estado, en noviembre de 2023, entre las regiones más afectadas por la minería ilegal, se destacan las cuencas de los ríos Uraricoera, Parima, Apiaú, Catrimani, Mucajaí y Couto de Magalhães.
El Estado subrayó que en 2023 hubo una intensa intervención federal en el Territorio Indígena Yanomami, permitiendo detectar las siguientes áreas de explotación por la minería ilegal: (i) “garimpos” en el medio y alto río Uraricoera, siendo este el principal río del Territorio Indígena Yanomami; (ii) “garimpos” en la región de Homoxi, cercana a la frontera oriental con Venezuela, donde los mineros utilizan logística del país vecino para actividades ilícitas;
(iii) “garimpos” en la región del río Couto Magalhães, afluente del río Mucajaí, el segundo curso de agua más grande del Territorio Indígena Yanomami; (iv) “garimpos” relativamente aislados, en el centro-sur de del Territorio Indígena Yanomami, a lo largo de los ríos Catrimani y Apiaú. 54. El Estado destacó la creación del Comité de Retirada de Invasores de Tierras Indígenas10, que actúa como un órgano interministerial para promover el diálogo transversal entre los diferentes actores.
Asimismo, destacó la institución de un Comando Único Integrado, ubicado en la ciudad de Boa Vista/RR, dentro del cual comenzaron a tomarse las principales medidas operativas para retirar los invasores y erradicar la minería ilegal. Entre las medidas tomadas por dicho Comando, se destaca: (i) el control del espacio aéreo de la Tierra Indígena Yanomami, (ii) la instalación de puntos de inspección en los ríos Uraricoera y Mucajaí;
(iii) reiterados ataques conjuntos de órganos ambientales y de seguridad pública a puntos de minería ilegal, (iv) investigaciones de la Policía Judicial y de la Policía Federal-PF/MJSP enfocadas a los principales patrocinadores del comercio ilegal de oro. Sobre los operativos implementados por iniciativa de la Policía Federal, el Estado mencionó la cooperación del 9 10 La palabra “garimpo” significa “minería ilegal” en portugués. “Comitê de Desintrusão de Terras Indígenas” en portugués. - 14 - órgano con el IBAMA y la FUNAI para implementar acciones de represión de la minería ilegal, como la “Operación Liberación” y la “Operación Buruburu”11. 55.
En noviembre de 2023 el Estado informó que se emitieron regulaciones con el objetivo de movilizar fuerzas, cerrar el espacio aéreo y autorizar la incautación de equipos. Sostuvo que, a través de dichas medidas, se autorizó la creación de la Zona de Identificación de Defensa Aérea sobre el Territorio Indígena Yanomami mientras dure la Emergencia de Salud Pública.
Además, señaló que, en febrero de 2023, se diseñó la Planificación Operativa Interministerial para actuar dentro de los siguientes alcances: (i) remoción total de mineros ilegales e invasores del Territorio Indígena Yanomami; (ii) implementación de puntos claves para el uso de las fuerzas de seguridad federales, con el objetivo de evitar el regreso de invasores;
(iii) acciones de inspección ambiental para destruir todas las estructuras mineras dentro del territorio; (iv) control efectivo del espacio aéreo por parte de las Fuerzas Armadas y apoyo logístico militar; (v) inspección de aeródromos en el Estado de Roraima; (vii) investigación de delitos ambientales contra comunidades indígenas; (viii) priorización de las investigaciones, por parte de la Policía Federal en Roraima, sobre noticias criminales de genocidio cometido en perjuicio de los pueblos antes mencionados.
De la misma manera, el Estado reconoció la situación de emergencia y listó los puntos de dicha Planificación que demandan atención urgente. 56. Los representantes destacaron que, de diciembre de 2021 a diciembre de 2022, el área degradada por la minería creció un 54%. Asimismo, señalaron que, entre diciembre de 2022 y agosto de 2023, se registró un aumento del 5% en el área degradada asociada a la minería ilegal.
Además, los representantes indicaron que, en octubre de 2022, la Policía Federal12 informó al Supremo Tribunal Federal (en adelante “STF”) que no podía realizar operativos de protección de las tierras indígenas determinadas por la Corte por falta de apoyo del Gobierno. Señalaron que persistían los conflictos entre mineros ilegales e indígenas, con “una escalada de violencia por el ofrecimiento de bebidas alcohólicas y armas por parte de los invasores”.
En octubre de 2022, hubo un ataque armado en Napolepi, que culminó con la muerte de un líder y un joven indígena de 15 años alcanzado por una bala. Indicaron que, en ese mismo mes, un joven indígena de Xitei fue asesinado después de un conflicto con mineros ilegales en la comunidad de Pixahanapi. Reportaron que el 5 de febrero de 2023 tres indígenas fueron asesinados por mineros ilegales.
Uno de los homicidios habría ocurrido en la región de Homoxi y los otros dos en la región de Parima, en la pista de aterrizaje ilegal en Xiriana. Igualmente, los representantes destacaron que, a finales de abril de 2023, tres indígenas de la comunidad Uxiú fueron emboscados por mineros, dos de ellos resultaron gravemente heridos y uno de ellos murió. Días después, ocho cadáveres más fueron encontrados cerca de la comunidad Yanomami que había sido atacada, pero aún no hay información sobre si estas muertes están asociadas con los ataques en Uxiú o si son el resultado de conflictos entre los propios mineros13.
La operación Liberación cuenta con varias incursiones para interrumpir la actividad criminal en la región y proteger y asistir a la población indígena, cubriendo cuatro bases de apoyo operativas (Surucucus, Moxihatetea, Walopali, Palimiú). Información disponible en: https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2023/02/operacaolibertacao-completa-uma-semana-de-atuacao-em-terras-yanomami.
La operación Buruburu es destinada a desmantelar el esquema de logística aérea utilizado por los mineros en el Territorio Indígena Yanomami, en el que participan empresarios, narcotraficantes, pilotos, mecánicos, distribuidores de combustible aeronáutico, entre otros. Información disponible en: www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2023/08/pf-combate-logistica-e-financiadoresdo-garimpo-ilegal-em-roraima. 12 Información disponible en el enlace: https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2022/11/em-relatorio-pfalegou-falta-de-apoio-militar-do-governo-para-cumprir-ordem-do-stf-de-combater-invasao-em-terrasindigenas.ghtml. 13 La Asociación Urihi Yanomami informó al gobierno por carta que el 29/04/2023 un grupo de “garimpeiros” armados dispararon tres (03) jóvenes yanomami de la comunidad Uxiú, pertenecientes a la Subgrupo Xiriana.
Dichas 11 - 15 - 57. Los representantes informaron en abril de 2023 que, en febrero, el IBAMA había bloqueado el río Uraricoera, cerca de la región de Palimiú, para contener el movimiento de mineros ilegales que cruzan la región por el río. Sin embargo, aun con la presencia de equipos de seguridad, se informó que algunos de los mineros insistieron en ingresar, lo que generó ataques armados contra agentes oficiales.
Además, manifestaron que: (i) en el río Uraricoera y tras el bloqueo del río, se inició la construcción de la Base de Protección Etnoambiental (BAPE) cerca de Palimiú, “con cinco años de retrasos sucesivos”; (ii) hubo avances importantes en el control del espacio aéreo, con el fin de evitar vuelos no autorizados al Territorio Indígena Yanomami;
(iii) se lanzaron operaciones conjuntas con la participación del IBAMA, la FUNAI y la Policía Federal para desmantelar los focos de minería ilegal, con la destrucción de la infraestructura instalada y de los equipos utilizados para la extracción ilegal de oro. Señalaron que, en conjunto, estas medidas lograron una reducción del 60% en el número de alertas de nuevas áreas de minería ilegal en todo el Territorio Indígena Yanomami desde el inicio de los operativos. 58.
Sin embargo, en julio de 2023, indicaron que es necesario leer con cautela los datos oficiales sobre la reducción de nuevas alertas de actividad minera ilegal en el Territorio Indígena Yanomami, pues la ausencia de alertas de nuevas áreas degradadas no significa que la actividad haya cesado por completo. Asimismo, notaron que, si bien se ha dejado de avanzar hacia nuevas áreas, las actividades ilegales pueden mantenerse en áreas donde ya se ha identificado un deterioro de la vegetación forestal.
Además, observaron que una reducción momentánea de las alertas no significaría que no puedan volver a aumentar en cuanto los mineros ilegales noten nuevas oportunidades de invasión. 59. Mencionaron los representantes que, a finales de abril de 2023, un conflicto entre mineros ilegales e indígenas en Mucajaí escaló rápidamente y culminó en un enfrentamiento directo con fuerzas del Estado – resultando en la muerte de al menos 14 personas, algunas de ellas identificadas como miembros de una facción del crimen organizado.
En este particular, observaron la presencia del crimen organizado en la minería ilegal en particular en el Territorio Indígena Yanomami, donde sus integrantes actuarían en el narcotráfico y en el control de casas de prostitución y de pistas de aterrizaje de la minería ilegal. En otras zonas, como en el cauce del río Uraricoera, noticiaron que fuerzas del IBAMA fueron atacadas sistemáticamente cuando bloqueaban el acceso del río a las zonas mineras. 60.
Los representantes que las acciones de erradicación de la minería ilegal en el Territorio Indígena Yanomami todavía no llegan a todas las zonas afectadas. En este sentido, argumentaron que la minería ilegal continúa activa en regiones como la de Apiaú, donde un líder indígena denunció en junio de 2023 la intensificación de acciones ilegales y en Papiú, donde se informó que los mineros huyeron de los agentes estatales y se reorganizaron para usar la pista de aterrizaje de la región (Pista do Rangel) para las operaciones.
En noviembre de 2023, los representantes señalaron que, entre las regiones más degradadas por la minería están: Waikás, Homoxi, Kayanau y Xitei. Sostuvieron que, casi la mitad del área degradada se concentra en Waikás (cauce del río Uraricoera), seguida de Kayanau con poco más del 20% del total (confluencia de los ríos Couto Magalhães y Mucajaí) y Homoxi con el 12% (frontera con Venezuela).
Además, notaron que el sistema de monitoreo independiente de la Asociación Hutukara recibió alertas sobre la presencia de mineros ilegales en las regiones de Kayanau, Paapiu, Alto Mucajaí, Apiaú, Palimiú, Parafuri, Baixo Catrimani, Alto Catrimani, además de las regiones citadas como las más devastadas: Homoxi, Xitei y Waikás. Respecto de las medidas tomadas por el Estado, los representantes indicaron que las mismas no han víctimas fueron rescatadas y trasladadas al centro de referencia de emergencias de Surucucus, donde permanecían en grave estado de salud debido a sus lesiones. - 16 - sido suficientes para contener la invasión. Por lo tanto, señalaron que sería importante mantener un equipo en terreno por un período de tiempo indefinido, con capacidad de responder rápidamente a informes y alertas de deforestación. 61.
Entre julio y noviembre de 2023, según los representantes, la presencia de mineros ilegales en once regiones del Territorio Indígena Yanomami habría resultado en lo siguiente: (i) En Apiaú (agosto de 2023): muerte de un niño de dos años por malaria; sospecha de contaminación del agua. (ii) En Alto Catrimani (septiembre de 2023)14: ingreso ilegal de dos aeronaves de mineros, armas de fuego y bebidas alcohólicas; inseguridad alimentaria.
(iii) En Baixo Catrimani (septiembre de 2023): no realización de visitas del equipo de salud en las aldeas; muerte por malaria. (iv) En Paapiu (Kayanau) (septiembre y noviembre de 2023): reportes de explotación sexual de indígenas por mineros ilegales; conflicto con mineros ilegales y destrucción del centro de salud. (v) En Uraricoera (septiembre de 2023)15: amenazas a la integridad física de líderes de la región por mineros ilegales; falta de control de la malaria.
(vi) En Homoxi (septiembre de 2023): circulación de mineros ilegales. (vii) En Haxiu (septiembre de 2023): Secuestro y amenaza de niños por parte de mineros ilegales; falta de atención médica en las aldeas; falta de control de la malaria. (viii) En Xitei (septiembre, octubre y noviembre de 2023)16: ingreso ilegal de armas de fuego; conflicto armado entre mineros ilegales y riesgo inminente de conflicto entre ellos y pueblos indígenas.
(ix) En Waikás (julio, octubre y noviembre de 2023)17: Amenaza, por parte de mineros ilegales, a la integridad física de la comunidad en represalia por denuncias y operaciones de incautación realizadas; contaminación de ríos con maquinaria destruida. (x) En Alto Mucajaí (octubre de 2023): Amenaza, por parte de mineros ilegales, a la integridad física de comunitarios en represalia por denuncias y operativos de incautación realizados en octubre.
El 10 de septiembre de 2023 indígenas de la región Alto Catrimani enviaron vía WhatsApp a la Asociación Hutukara, información sobre la presencia de “garimpeiros” cerca de la pista Hélio. Ellos estarían atrayendo a los pueblos indígenas de la región a través del comercio y ofreciéndoles bebidas alcohólicas y municiones. 15 La Hutukara Asociación Yanomami notificó al Estado por carta sobre información recibida por radio respecto a grupos de mineros ilegales que instalaron nuevos campamentos cerca de las comunidades Yanomami en el río Uraricoera.
La comunidad de Korekorema, a orillas del río Uraricoera había informado que un grupo de mineros de aproximadamente 50 personas habían instalado un campamento, armado sus tiendas de campaña y preparando sus balsas raspadoras de tierra en las cercanías de la comunidad. 16 El 10 de noviembre de 2023 la Asociación Hutukara recibió información a través de su sistema de alerta, sobre la presencia de “garimpeiros” armados en la región de Xitei, cercana a la comunidad Minau.
Destacó la existencia de más de un grupo de mineros, posiblemente miembros de facciones criminales, que estarían en “guerra”, poniendo a las comunidades en una situación de fuego cruzado. 17 En una carta de 10/08/2023, la Hutukara Asociación Yanomami presentó una denuncia sobre la continuación de la minería ilegal en Wacchannha (Waikás), región de Uraricoera.
Informaron que incluso después de ocho meses de retirada de invasores, aún se percibe la presencia ilegal en la región. De acuerdo con la comunicación, “garimpeiros” armados circulan tranquilamente dentro de la comunidad y uno de ellos alega que está casado con una mujer Yanomami para vivir dentro de la comunidad. Dieron cuenta de que la circulación ha aumentado durante la noche (de 4:00 pm a 6:00 am) porque no hay operaciones de inspección en este periodo.
Denunciaron casos de explotación sexual e intentos de incitar a jóvenes Yanomami a cometer delitos. 14 - 17 - (xi) En Maloca Paapiu (Papiu)18 (octubre y noviembre de 2023): Circulación de “garimpeiros”. 62. En abril de 2023 los representantes señalaron que hay poca información sobre el avance de la construcción o reconstrucción de las Bases de Protección Etnoambiental, especialmente en el caso de los BAPES de Uraricoera y Serra da Estrutura.
Asimismo, señalaron la necesidad de reconstruir otras Bases en el Territorio Indígena Yanomami en áreas sensibles a la invasión minera, como en las regiones de Kayanau, Xitei, Homoxi, Parafuri, Parima y Surucucus. En noviembre de 2023 los representantes destacaron que el Estado todavía no ha implementado la Base de Protección Etnoambiental para el río Uraricoera, la cual afirman que es fundamental para controlar el flujo de invasores en el río más presionado del Territorio Indígena Yanomami. 63.
De acuerdo con los representantes, el 13 de noviembre de 2023, la Asociación Urihi Yanomami reportó un sobrevuelo no autorizado por la en la cabecera del río Apiaú, una de las zonas afectadas por la minería ilegal y en donde vive una comunidad de indígenas Yanomami en aislamiento voluntario, los Moxihatëtëma19. Según los representantes, el sobrevuelo demuestra que el Estado aún no tiene el control del espacio aéreo en el Territorio Indígena Yanomami y que los mineros todavía operan libremente en esas regiones.
Los representantes señalaron que la Hutukara Asociación Yanomami ya recibió varias denuncias e informó al Estado sobre al menos dos episodios de conflicto entre mineros ilegales y los Moxihatëtëma. Además, los representantes indicaron que no hay información sobre el funcionamiento de la BAPE Serra da Estrutura, que serviría para proteger al grupo aislado Moxihatëtëma.
Según sostienen, a pesar de estar activa, la BAPE no estaría funcionando con miras a reprimir la minería ilegal en la región. 64. Al respecto, en diciembre de 2023, el Estado aclaró que inmediatamente después de difundirse la noticia del sobrevuelo ilegal sobre la comunidad en aislamiento voluntario, Moxihatëtëma, el Ministerio de Pueblos Indígenas adoptó una serie de medidas para la protección de los miembros de esa comunidad.
Señaló que, el 13 de noviembre de 2023, se decidió la intervención urgente de la Policía Federal y del Ministerio de Defensa en las zonas de minería ilegal ubicadas en los alrededores de la región sobrevolada ilegalmente. Asimismo, el Estado observó que la Coordinación General de Pueblos Indígenas Aislados y Recién Contactados de la FUNAI también supervisa el tema y ha adoptado las medidas necesarias.
Sostuvo que, el 25 de noviembre de 2023, el IBAMA realizó operaciones en zonas de minería ilegal cercanas a las malocas de los pueblos aislados. Con base en datos de la FUNAI, el Estado indicó que los desafíos encontrados en su capacidad de respuesta rápida en este asunto son: (i) dificultades en el apoyo logístico; (ii) la reducción de la autonomía de vuelo de las aeronaves del IBAMA;
(iii) la imposibilidad de rastrear y tomar medidas inmediatas en todos los puntos de actividades de minería ilegal detectados20. En 13 de septiembre de 2023, la Asociación Hutukara recibió una serie de fotografías de indígenas de la región de Papiu (Polo Maloca Papiú) sobre la presencia de “garimpeiros” y relatos de los impactos de la actividad ilegal en las cercanías de las comunidades. 19 Según la Asociación Urihi Yanomami, el sobrevuelo fue documentado en un vídeo filmado por los invasores ilegales, en la región habitada por indígenas aislados, con la siguiente frase: “indios caníbales en Roraima".
El video puede ser encontrado en el enlace: https://vm.tiktok.com/ZMj3Hu5R5/. 20 En cuanto a la protección territorial, el Estado señaló que en un vuelo hecho el día 27 de noviembre de 2023 se detectó la existencia de actividades de minería ilegal en las inmediaciones de la Base Serra da Estrutura. Sostuvo que el descubrimiento de nuevos sitios mineros en la región cercana a pueblos indígenas aislados ha llevado a una reevaluación de las estrategias de la Operación Retirada.
En este sentido, informó que, tras un análisis crítico de los resultados obtenidos en 2023, la FUNAI trabaja en establecer una nueva estrategia de acción de protección territorial, buscando medios logísticos adecuados y recursos humanos suficientes para llevar a cabo las tareas. 18 - 18 - 65. Adicionalmente, el Estado informó que ya existe un plan de contingencia ante una posible emergencia por contacto forzado entre mineros ilegales y la comunidad Moxihatëtëma.
Señaló que el plan prevé la mitigación de los impactos que puede causar el contacto con Pueblos Indígenas Aislados (PII) y busca establecer respuestas rápidas ante situaciones de rompimiento del aislamiento mediante la definición de responsabilidades institucionales, además de preparar equipos de referencia para futuras situaciones de contacto.
Sostuvo que el plan proporciona orientación para una intervención sanitaria adecuada y oportuna en situaciones identificadas como contacto inminente y ruptura del aislamiento causadas por factores externos que amenazan la integridad física y la cultura de las personas aisladas en el Territorio Indígena Yanomami. 66. En cuanto al tema del control del espacio aéreo, los representantes señalaron en noviembre de 2023 que este control ha sido realizado de manera ineficaz.
También señalaron que la Operación “Escudo Yanomami” sólo logró mantener la restricción total a los vuelos durante seis días debido a las presiones de parlamentarios de Roraima asociados a los mineros ilegales para liberar el espacio aéreo. Notaron que, a partir del mes de julio de 2023, las denuncias del tráfico de aeronaves clandestinas se intensificaron aún más. Según los representantes, los tres principales ejes de invasión aérea han sido el valle del río Uraricoera, el valle del río Mucajaí y la región del alto río Catrimani. 67.
En lo que concierne al bloqueo de acceso a los ríos, en diciembre de 2023 los representantes notaron que los bloqueos fluviales propuestos por el Estado se restringen a los ríos Mucajaí y Uraricoera, y aún no existe un plan que prevea la instalación de bloqueos en los ríos Catrimani y Apiaú – destacados por el propio Estado brasileño como siendo de las zonas más afectadas por la minería ilegal en el territorio Yanomami.
Señalaron que los polos más pequeños de la minería ilegal, ubicados en Igarapé Inajá, río Melo Nunes, Igarapé Surucucus, en las montañas del río Auaris, en el Pico da Neblina y en las cabeceras del río Amajari también pueden ser clasificados entre los principales focos de la minería ilegal observados entre 2018 y 2022 – por lo que necesitan monitoreo y acciones de retirada de invasores constantes. 68.
Según los representantes, durante una visita de la Asociación Hutukara a Palimiú el mes de noviembre, fue posible observar “las debilidades en la inspección fluvial y fallas del control del espacio aéreo, además de la precariedad de las instalaciones destinadas a las operaciones de control del tráfico fluvial en el río Uraricoera”. Asimismo, resaltaron que, durante el período de la visita, todos los días antes del amanecer, la comunidad era despertada por el ruido de motores de alta potencia, utilizados por mineros ilegales que transitaban por el río sin ningún tipo de control.
Aclararon que, en el río Uraricoera aún no se ha construido efectivamente la Base de Protección Etnoambiental de la FUNAI. Argumentaron que bloqueo implementado por el Estado en el río Uraricoera “es improvisado y consiste en un cable de acero que se rompe constantemente”. Además, resaltaron testimonios recabados en la región de Palimiú y a lo largo del río Uraricoera, que denotan “un sentimiento generalizado de miedo y terror”. 69.
Luego de la visita in situ, los representantes concluyeron también que es fundamental actuar de manera más consistente para proteger a los Pueblos Indígenas Yanomami y Ye’Kwana. En este sentido, sugirieron medidas como: (i) acciones represivas sobre sitios de la minería ilegal ubicados en el alto río Apiaú y su afluente Río Novo, (ii) el bloqueo efectivo del espacio aéreo en el Territorio Indígena Yanomami, (iii) la neutralización de la actividad minera ilegal en la región conocida como “Rangel”, en el río Couto Magalhães, (iv) la implementación de una estructura de vigilancia y control de acceso en el río Apiaú, (v) acciones de vigilancia y monitoreo en la Base de Protección Etonoambiental (BAPE) de Xexena, región donde fue detectado, en noviembre de 2022, la apertura de una carretera - 19 - clandestina que avanzaba hacia el territorio de los indígenas en aislamiento voluntario, (vi) el desarrollo de un plan de contingencia ante una posible emergencia derivada del contacto forzado con este grupo. 70.
En diciembre de 2023, los representantes solicitaron que el Estado presente un Plan de Protección Territorial, que considere: (i) soluciones para reducir la vulnerabilidad de cauces fluviales que dan acceso al Territorio Indígena Yanomami; (ii) soluciones para el bloqueo efectivo de los ríos y el control del espacio aéreo del Territorio Indígena Yanomami;
(iii) mecanismos que garanticen el patrullaje rutinario de los ríos, al menos mensualmente; (iv) planes de acción para regiones sensibles que incluyan acciones para neutralizar la minería ilegal, apoyo de emergencia, promoción de la salud, reocupación de UBSI con apoyo de fuerzas de seguridad y desarrollo de actividades de recuperación socioeconómica para las comunidades;
(v) plan de capacitación indígena para su involucramiento en acciones de vigilancia en cauces fluviales; (vi) monitoreo remoto continuo del Territorio Indígena Yanomami con respuestas rápidas a nuevas alertas por parte de las fuerzas de seguridad; (vii) acciones periódicas de inspección en torno a pistas de aterrizaje, puertos y estaciones de combustible. 71.
Los representantes destacaron puntos que merecen especial atención para la protección de las comunidades ubicadas en zonas de paso y salida de mineros ilegales del Territorio Indígena Yanomami: (i) comunidades de la región de Palimiú y la comunidad de Korekorema, que fueron víctimas de ataques armados a lo largo de 2021; (ii) las comunidades Ye’kwana en la región de Waikás, cerca de la mina Tatuzão, donde hay una alta concentración de mineros ilegales, también en las orillas del río Uraricoera;
(iii) las comunidades de la región de Mucajaí, zona donde existe una fuerte infiltración de mineros ilegales armados; (iv) la pista de aterrizaje de la comunidad de Homoxi, que fue ocupada por mineros ilegales como centro logístico de la región, es escenario de situaciones de tensión y violencia que resultaron en la muerte de un hombre yanomami atropellado por una aeronave en 2022. 72.
La Comisión expresó en enero de 2023 profunda preocupación por la continuación de graves eventos de riesgo, que habían culminado hasta la fecha con la muerte de al menos tres beneficiarios tras la concesión de las medidas provisionales de la Corte. Advirtió sobre la falta de información por parte del Estado sobre factores de riesgo relevantes, como la continuidad de la minería ilegal, la contaminación de los ríos con mercurio y la explotación sexual de niñas y mujeres.
En noviembre de 2023, inclusive con base en la visita in situ, la Comisión destacó la continuidad de la situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a la vida, integridad personal y salud de los pueblos indígenas. Si bien reconoció que las acciones adoptadas por el Estado brasileño a partir de 2023 fueron esenciales, alertó sobre el retorno de la minería ilegal al Territorio Indígena Yanomami, especialmente después de la disminución de las acciones de seguridad por parte de las autoridades estatales.
Además, observó con preocupación la información de que hay grupos de mineros ilegales armados que forman parte de facciones del crimen organizado y permanecen en el Territorio Indígena Yanomami, distribuyendo armas a la población indígena y realizando acciones que buscan controlar y limitar las actividades de los beneficiarios de las presentes medidas.
Al respecto, la Comisión destacó la continua presencia de la minería ilegal en las áreas de Parima, Arakaça y Alto Rio, así como en el área conocida como “Pista do Rangel”. 73. Medidas judiciales, legislativas y administrativas internas: En diciembre de 2022 el Estado indicó algunos procedimientos21 en curso que tienen el objetivo de proteger la vida e integridad personal de los pueblos indígenas: En el documento el Estado hace mención de las decisiones, sin informar las medidas adoptadas para cumplirlas. 21 - 20 - (i) (ii) (iii) (iv) ACP n. 1000551-12.2017.4.01.4200, en tramitación ante el 1º Juzgado Federal Civil y Penal de la Sección Judicial de Roraima, contra el Estado y la FUNAI para solicitar inspección abierta y permanente del Territorio Indígena Yanomami, buscando evitar conflictos y la degradación del medio ambiente – se juzgó procedente en primera instancia;
Aprobación de la Resolución del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) n. 454, de abril de 2022, que “establece lineamientos y procedimientos para garantizar el derecho de acceso al Poder Judicial de las personas y pueblos indígenas”; Aprobación de la Resolución n. 453, de abril de 2022, también del CNJ, que crea el Foro Nacional del Poder Judicial para el seguimiento y efectividad de las demandas relacionadas con las comunidades indígenas y tribales (FONIT);
Recomendación del CNJ n. 123/2022, que recomienda a los órganos del Poder Judicial la observancia de los tratados internacionales de derechos humanos y el uso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la necesidad de aplicación del control de convencionalidad. 74. El Estado informó que una delegación del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía (MDHC)̣ realizó una misión al estado de Roraima en 2 etapas (29/01/23 a 03/02/23 y 06/02/23 a 08/02/23), con el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación de violaciones de derechos humanos de la población Yanomami, lo que resultó en la elaboración del “Informe Integrado de Acciones Emergencia Yanomami”22.
Además, a partir de las informaciones prestadas en un segundo documento producido en enero de 2023 por el gobierno de transición, “Informe Misión Yanomami”, se identificaron algunos puntos de atención: (i) Inseguridad alimentaria y hambre: presente en varias regiones del territorio Yanomami, afectando principalmente a los niños y niñas. De acuerdo con el informe, son alarmantes los reportes de dificultad para acceder a insumos de salud para atender a esta población, en razón de los daños a puestos de salud e de la inseguridad de los equipos de salud debido a la presencia mineros ilegales en el territorio.
El documento llegó a las siguientes conclusiones: a) Uso abusivo de alcohol y otras drogas: El informe señala que los “garimpeiros” utilizan estrategias como el suministro de bebidas, armas y alimentos a la población yanomami como manera de aproximación y cooptación, con el fin de crear un vínculo de dependencia para la obtención de alimentos e insumos de consumo, resultando en “aceptación” de su presencia en el territorio.
El narcotráfico también fue denunciado como una estrategia para atraer a los indígenas a cambio de favores o bienes, así como, los informes de explotación sexual de niñas y mujeres indígenas a cambio de drogas y bebidas alcohólicas. b) Tráfico de armas e intensificación de los conflictos sociales: Potenciada por el consumo abusivo de bebidas alcohólicas y otras drogas ilícitas, la oferta de armas de fuego alteró profundamente las relaciones sociales del pueblo yanomami, aumentando la letalidad de los conflictos entre indígenas de las comunidades. c) Violencia sexual: La violencia sexual se manifiesta de diferentes maneras – desde el “intercambio” de productos (como alimentos y ropa) por relaciones sexuales con “garimpeiros”, con fuertes evidencias de prácticas de explotación sexual, hasta violaciones mediante amenazas, incluido el uso de armas de fuego.
Además, el embarazo de yanomamis con personas no indígenas es también uno de los orígenes de conflicto entre la comunidad, produciendo violencia y resultando en el no reconocimiento de los niños como miembros del pueblo. d) Inseguridad alimentaria: La presencia de la minería ilegal ha causado graves restricciones al derecho a una alimentación adecuada de las comunidades indígenas.
La actividad ilegal impide el pleno funcionamiento del sistema de producción y de los medios de vida yanomami. e) Precariedad de la convivencia familiar y comunitaria: Se observó un escenario de debilitamiento de las relaciones comunitarias, producto tanto de la presencia masiva de la minería en el Territorio Indígena Yanomami como de la necesidad de desplazamiento masivo de indígenas para recibir atención médica fuera de las comunidades. f) Trabajo en condiciones análogas a la esclavitud: Se identificó a indígenas yanomami en condiciones similares al trabajo esclavo, con el “intercambio” de su trabajo por alimentos y bebidas alcohólicas. g) Defensores de derechos humanos amenazados: Uno de los efectos directos más dramáticos del avance de la minería es el aumento de las amenazas, en frecuencia y grado, a la seguridad de diferentes comunidades y líderes que se oponen públicamente a la actividad. 22 - 21 - (ii) Emergencia de salud y transporte: según información del plan de acción de la misión exploratoria Yanomami, el 04/01/2023, el CIEVS Nacional fue informado del fallecimiento de tres niños por “falla en el servicio” de transporte sanitario aéreo y la imposibilidad de trasladarlos – dos niños menores de un año, uno de la Comunidad Kuniama y otro de la comunidad Keta y un niño de 10 meses, de la comunidad de Lajahu.
(iii) Fallas operacionales en el DSEI-YY: Según el informe, todos los actores reportaron dificultades en el diálogo y la asociación con el DSEI y la SESAI. Asimismo, notaron que el DSEI debería ofrecer esquemas de atención primaria y vigilancia, pero lo que se observó en campo y en logística es una atención de salud basada en traslados. Las principales causas de traslado de indígenas para atención son desnutrición 36%, SARS 25%, malaria grave 19% y deshidratación 10%.
Destacan que los equipos de salud no están preparados en términos de capacitación e infraestructura para la atención de urgencia y emergencia que se realiza a diario en las zonas más afectadas. Finalmente, notan que los trabajadores padecen de problemas de salud mental, debido a la sobrecarga y precariedad en la que se encuentran. (iv) Mortalidad infantil: En el período de 2018-2022 se registraron 505 muertes en niños menores de un año, ya en 2022 se registraron 209 muertes de enero a septiembre.
Según el informe, los datos de mortalidad para 2022 apuntan a 99 muertes de niños menores de 5 años por causas evitables. (v) Casos de malaria: En los últimos 4 años, el número de casos de malaria en el DSEI-YY aumentó de 9.928 en 2018 a 20.393 en 2022, un aumento de más del 105%. (vi) Superpoblación: El CASAI en Boa Vista está superpoblado – su capacidad es de alrededor de 200 personas y actualmente tiene más de 700 (con 150 pacientes siendo dados de alta, pero sin la logística para regresar a sus territorios).
(vii) Hambre y desnutrición: El hambre es evidente y mencionada muchas veces por la población – los datos desde 2015 indican una frecuencia de bajo peso que ha aumentado del 49,3% al 56,5% de los niños y niñas en 2021 y el informe señala que el programa para controlar la desnutrición infantil estructurado por el DSEIYY en 2021 mostró poca efectividad. 75.
En marzo de 2023, el Estado enumeró algunas de las principales las acciones que está implementando desde el inicio de 2023: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Restauración del presupuesto de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) a valores cercanos a 2015 y en un nivel 24% por encima del presupuesto de 2022; Revocación de normas aprobadas en la administración anterior, como: (a) la Instrucción Normativa 12/2022 de FUNAI e IBAMA, que facilitaba la explotación de madera en tierras indígenas;
(b) Decretos N° 10.142/2019 y N° 10.239/2019 que debilitaron el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía Legal (PPCDAM); (c) Decreto N° 6.514/2008, que trató puntos controvertidos en el procedimiento administrativo federal para la investigación de infracciones ambientales; (d) Decreto N° 10.966/2022, que estableció el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala.
Inicio del proceso de revisión para revocar el Dictamen AGU 01/2017 y planificación para realizar la demarcación territorial; Iniciativa para ratificar al menos 14 Tierras Indígenas y emitir la Ordenanza Declaratoria para otros 25 territorios; Constitución del Comité de Enfrentamiento para las situaciones urgentes de los pueblos Yanomami (Decreto 11.384, de 20 de enero de 2023) y de 2 “Gabinetes - 22 - de Crise” sobre la situación de los Pataxós (Ordenanza GM/MPI 02, de 18 de enero);
(vi) Decreto 11.405, de 30 de enero de 2023, seguido de la Ordenanza 710, del Ministerio de Defensa, de 3 de febrero, con el objetivo de movilizar fuerzas, cerrar el espacio aéreo, autorizar la incautación de equipos, entre otros, con el fin de combatir y expulsar “garimpeiros” ilegales en el Territorio Indígena Yanomami; (vii) Reactivación del Consejo Nacional de Política Indígena (CNPI), órgano consultivo de los distintos pueblos indígenas de Brasil, responsable de la elaboración, seguimiento e implementación de políticas públicas dirigidas a los Pueblos Indígenas;
(viii) Reactivación de la Política Nacional de Gestión Territorial y Ambiental de Tierras Indígenas (PNGATI); (ix) Reactivación del Fondo Amazonía como importante instrumento para financiar acciones para garantizar la preservación ambiental y los derechos de los pueblos indígenas. 76. En noviembre de 2023, el Estado sostuvo que se implementó una ampliación de Unidades de Conservación Ambiental ubicadas alrededor del Territorio Indígena Yanomami.
En este sentido, informó que: (i) con el Decreto N° 11.684 se produjo una ampliación de la Estación Ecológica de Maracá; (ii) con el Decreto N° 11.685 se creó el Bosque Nacional Parima; (iii) con el Decreto N° 11.683 se amplió el Parque Nacional Viruá. 77. Adicionalmente, el Estado señaló que, además del seguimiento internacional por parte de la Corte Interamericana, también existe un seguimiento de la situación de la población Yanomami por parte del Supremo Tribunal Federal, en el ámbito de la Acción por Incumplimiento de Preceptos Fundamentales (ADPF) No. 709.
Asimismo, destacó que las decisiones más recientes en el marco de esta acción están relacionadas con la contratación temporal en el ámbito de la FUNAI, la entrega de alimentos, la retirada de invasores y la salud. 78. El Estado indicó que la Ordenanza GM/MS nº 28 declaró Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional y creó el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública COE Yanomami - siendo que este organismo preparó un plan de acción interministerial23.
Dicho plan, es articulado en nueve ejes estratégicos, con la participación de 18 órganos del Gobierno Federal, a través de 233 acciones tanto de carácter emergente como estructurante. Asimismo, aclaró que, tras la participación del Gobierno brasileño en el “Foro de Liderazgo de Tierras Indígenas Yanomami”, se elaboraron planes de acción específicos para abordar los principales problemas estructurales.
Ellos son: “I - Plan de emergencia para combatir las violaciones de los derechos humanos de los Yanomami; II - Plan por los Derechos de los Niños y Adolescentes Yanomami; III - Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional; IV - Plan Nacional de Educación para y con los Yanomami y Ye'kwana; y V - Plan de Acción Socioambiental a ejecutarse en el mediano y largo plazo dentro del Territorio Indígena Yanomami”. 79.
En septiembre de 2023 el Estado destacó la promulgación de la Ordenanza n. 292, 26 de enero de 2023, por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, mediante la cual el Ministerio de Pueblos Indígenas forma parte del Grupo de Trabajo para la contención de la minería ilegal en la Tierra Indígena Yanomami. Agregó el recientemente publicado Decreto n. 11.707, 18 de septiembre de 2023, que crea el Comité de Promoción de Políticas Públicas Dicho plan está disponible en el siguiente enlace: https://www.gov.br/saude/ptbr/composicao/svsa/resposta-a-emergencias/coes/coeyanomami/publicacoes-tecnicas/planos-eprotocolos/plano_acao_coe_yanomami.pdf/view. 23 - 23 - para la Protección Social de los Pueblos Indígenas.
Finalmente, notó la aprobación de la Resolución CNJ n. 489, de 28 febrero de 2023, que creó el Foro Nacional del Poder Judicial para seguimiento y efectividad de demandas relacionadas con los Pueblos Indígenas. 80. Con respecto a la promoción de canales de diálogo entre las instituciones estatales y los pueblos indígenas, el Estado observó, en noviembre de 2023, que el Departamento de Protección Territorial y Pueblos Indígenas Aislados y Recién Contactados asumió la coordinación de las reuniones de la Sala de Situación Nacional ADPF 709 – y que, a partir de dicha iniciativa, se creó el Comité Interministerial para la Retirada de Invasores de Tierras Indígenas.
En el ámbito del Comité, el Estado notó la implementación de un Grupo Técnico, que subsidia la elaboración de planes de contingencia y está integrado por diferentes órganos gubernamentales, además de entidades como la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil y la Asociación Brasileña de Antropología. El Estado destacó instancias de dialogo, como: (i) el Foro de Liderazgo sobre Tierras Indígenas Yanomami;
(ii) el Comando Único Integrado, accesible a asociaciones indígenas locales; (iii) las reuniones de la Sala de Situación Nacional 709 de la ADPF; (iv) el IV Foro de Liderazgo Yanomami y Ye’kwana; (v) la reunión de la Alianza de los Pueblos en Defensa de los Territorios con la Secretaría de Derechos Ambientales y Territoriales Indígenas. Además de la enumeración de varios eventos realizados por agencias gubernamentales para abordar demandas relacionadas con el Territorio Indígena Yanomami. 81.
Respecto a la existencia de instancias de diálogo permanente, los representantes argumentaron en noviembre de 2023 que hasta el momento el gobierno ha fracasado en la tarea de promover una mejor comunicación con los pueblos indígenas, principalmente porque no ha logrado crear otros espacios de consulta y participación social que puedan activarse con mayor frecuencia y contribuir a un seguimiento más regular del desarrollo de las acciones previstas para el territorio. 82.
En noviembre de 2023 los representantes subrayaron el continuo incumplimiento por parte del Estado de la decisión judicial dictada en la Acción Civil Pública nº 100055112.2017.4.01.4200. Además, señalaron que, en esta acción legal, el Estado no ha presentado un plan para la construcción de la Base de Protección Etnoambiental (BAPE) en el río Uraricoera.
Agregaron que, en la audiencia de conciliación, representantes de la FUNAI alegaron que dicha BAPE aún no ha sido construida debido a la falta de seguridad en la región, lo que “demostraría que las acciones estatales todavía no han sido capaces de neutralizar la actividad criminal en territorio indígena”. 83. La Comisión, en junio de 2023 que, tomó nota de que, entre enero y febrero de 2023, las partes realizaron acciones de coordinación, con reuniones y visitas in situ, y reconoció los cambios institucionales realizados por el Estado.
En agosto de 2023 recordó el nivel de complejidad y gravedad de la situación y reforzó la importancia de que las partes establezcan canales permanentes de diálogo. Recomendó que sea estructurado el plan de contingencia indicado por el Estado de manera conjunta, incorporando los puntos sugeridos en sus observaciones de 24 de mayo de 2023, así como medidas para revertir la “cultura” que sostiene la práctica de explotación del Territorio Indígena Yanomami. 84.
Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos (PPDDH): En diciembre de 2022 el Estado destacó acciones tomadas para protección de víctimas incluidas en el Programa, como: mapeo de riesgos y amenazas a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Roraima, rondas de protección en el Instituto Socioambiental y Hutukara Asociación Yanomami, orientación para la realización de informes sistemáticos sobre amenazas contra la integridad física y seguimiento de Investigaciones y Acción Civil Pública - 24 - 85.
En marzo de 2023, el Estado observó que, hasta la instalación de la “Oficina de la Crisis”, D.K.Y. era el único líder Yanomami incluido en el PPDDH. Reconoció que, en 2022, a D.K.Y. se le suspendió la orden policial abierta a su favor, lo que contribuyó a que estuviera expuesto a eventuales atentados. Asimismo, como forma de mitigar los riesgos y amenazas el PPDDH contactó a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Roraima (SESP/RR), solicitando que adopte patrullajes periódicos en la residencia de D.K.Y. Después del diálogo, la inmediata devolución de la medida de seguridad fue confirmada por D.V.K, hijo de D.K.Y., así como por la propia SESP/RR.
Finalmente, destacó que, el 31 de enero de 2023, el MDHC incluyó a J.H. en el sistema de protección y se tomaron medidas inmediatas para garantizar su seguridad. 86. En septiembre de 2023, el Estado observó que, según información obtenida por el PPDDH, no se reportan amenazas directas a D.K.Y. actualmente. Pese a ello, reconoció que el contexto de retirada de los mineros ilegales del Territorio Indígena Yanomami, que comenzó en 2023, evidencia la necesidad de un monitoreo constante y de la adopción de medidas preventivas de seguridad.
Por tanto, el caso permanece bajo seguimiento por parte de la política de protección. En la misma oportunidad, el Estado aclaró que, por consecuencia de las visitas realizadas a las sedes de las organizaciones indígenas Hutukara, CONDISI/YY, URIHI, CIR, Instituto Socioambiental y otras organizaciones locales, es probable que sea necesario incluir a nuevas personas en el programa de protección. Además, reconoció también las deficiencias en la protección de personas defensoras y afirmó que no elude la responsabilidad de continuar investigando los crímenes cometidos, destacando en particular el seguimiento de las investigaciones sobre la muerte de A.P.Y. por la Comisaría General de Homicidios de la Policía Civil de Boa Vista. 87.
En noviembre de 2023 el Estado informó el que hay cinco líderes indígenas bajo protección, tres pertenecientes al Pueblo Indígena Yanomami y dos al Pueblo Indígena Ye’kwana. De ellos, tres líderes Yanomami están formalmente incluidos en el programa y los dos líderes Ye’kwana se encuentran en la fase de análisis – pero todos los cinco casos se benefician igualmente de las articulaciones del PPDDH.
Según el Estado, las medidas de protección son realizadas de naturaleza continua e implican la realización de visitas “in situ” a los lugares de trabajo y a las viviendas de los líderes, además de articulaciones en defensa de la salud y seguridad alimentaria de los pueblos indígenas. 88. El Estado reconoció que las operaciones coordinadas del Estado, a partir de 2023, para retirar los actores de la minería ilegal del Territorio Indígena Yanomami provocaron el desplazamiento de un gran número de minero ilegales a la ciudad de Boa Vista/RR, aumentando el riesgo para la seguridad de los líderes indígenas que residen en dicha capital.
En la misma línea, destacó la existencia de obstáculos a la acción del PPDDH, citando: (i) dificultad para comunicarse con líderes que se encuentran en áreas densas de bosque tropical, con escasa infraestructura de comunicación; (ii) falta de celeridad en las respuestas de las fuerzas de seguridad estatales y locales. 89. En lo que concierne a la construcción de estrategias de protección colectiva, el Estado destacó un proyecto lanzado con la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), con el objetivo de desarrollar acciones de apoyo técnico para la elaboración y ejecución de un plan de protección colectiva para defensores de derechos humanos y de implementación de capacitación en Derechos Humanos para líderes y profesionales que laboran en el Territorio Indígena Yanomami. 90.
En noviembre de 2023 los representantes sostuvieron que los líderes que más amenazas han sufrido son: i) D.V.K., ii) D.K.Y, iii) J.H, iv) R.S., v) F.P., vi) M.Y. y vii) J.Y. Pese a ello, resaltaron que la Asociación Hutukara tiene conocimiento de dos casos de - 25 - amenazas ocurridos en 2023, así como de siete personas Yanomami o Ye’kwana registradas en la lista del PPDDH.
Subrayaron que los principales obstáculos encontrados para la protección efectiva de las personas son: (i) la falta de protección a líderes amenazados dentro del Territorio Indígena Yanomami; (ii) la falta de seguimiento por parte del Programa de Protección a las investigaciones penales iniciadas; (iii) la desconfianza de los líderes indígenas hacia las autoridades públicas regionales/locales;
(iv) represalias sufridas en los territorios, por la ineficiencia de las acciones de retirada que derivan en el breve regreso de los mineros ilegales 91. Los representantes denunciaron que, en mayo de 2023, la ex esposa del señor D.V.K. fue asesinada en Boa Vista/RR. Al respecto, señalaron que la investigación aún no ha logrado concluir la motivación del delito, ni se ha iniciado una acción penal.
B. Pueblo Indígena Munduruku (I) Situación de salud, acceso al agua, desnutrición y contaminación por el mercurio 92. Atención a salud y seguridad alimentaria: En marzo de 2023, el Estado argumentó que el Distrito Sanitario Especial Indígena del Rio Tapajós (em adelante “DSEIRT”) utiliza una herramienta de evaluación específica para clasificar el estado nutricional elaborada por la SESAI, puesta a disposición en todo el territorio de los Equipos Multidisciplinarios de Salud activos, para la recolección de datos, análisis y posterior intervención en salud, a través del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - SISVAN.
Además, complementó que: (i) ofrece Vitamina A, desde el sexto mes de vida hasta los 59 meses y 29 días, con un intervalo de 6 meses entre cada toma en dos presentaciones; (ii) para la prevención de la anemia, ofrece hierro elemental en el grupo de edad de 6 a 24 meses, diariamente durante 3 meses, después de un intervalo de 3 meses antes de iniciar un nuevo ciclo;
(iii) ofrece también el NutriSUS para niños y niñas de bajo y muy bajo peso, de 6 a 59 meses y 29 días de edad. Además, agregó el Estado que realiza prácticas que contribuyen al seguimiento total de las familias, a través de la atención domiciliaria, la educación sanitaria y el seguimiento realizado por profesionales de servicios sociales, psicología, cirujanos dentistas y nutricionistas. 93.
En septiembre de 2023, el Estado informó sobre la Campaña Nacional sobre Malaria, del Ministerio de la Salud (MS), que tiene por objetivo aclarar aspectos de esta enfermedad, sus síntomas, la prevención y el tratamiento24. Del mismo modo, el Estado destacó el Plan Nacional de Eliminación de la Malaria (PNEM), que busca definir objetivos y estrategias para la propuesta de eliminación de la enfermedad en el país. En la primera fase del plan, se señaló la preparación para eliminación de la malaria, llegando a menos de 68 mil casos en 2025 – y la última etapa prevé que el país esté libre de malaria a partir del año de 2035. 94.
Además, el Estado reiteró información ya proporcionada de que el DSEI-RT atiende a varias poblaciones indígenas de la región – entre ellas las etnias Munduruku, Munduruku Carapreta, Kayapó, Kayabi, Apiaká, Tembé, Cumaruara y Maitapu – y cuenta con 11 Centros de Base y 4 Casas de Salud Indígena (CASAI) para atender a estas poblaciones. Agregó que, en razón de la prioridad de la actual gestión del Ministerio de Salud de reconstruir la salud indígena, el Estado envió 117 médicos a través del programa “Más Médicos” para reforzar la atención de salud en los 34 distritos de salud indígena – 4 de ellos direccionados al DSEI-RT.
El Estado destacó que, en lo que concierne a la infraestructura para renovación y construcción En investigaciones al portal de la campaña se notó materiales de divulgación sobre la malaria – como videos, folletos y carteles. Disponibles en el enlace: https://www.gov.br/saude/pt-br/campanhas-da-saude/2023/malaria. 24 - 26 - de UBSI, el Ministerio de Salud invirtió R$ 60 millones en territorios indígenas para saneamiento y edificación en 2023 – un aumento del 223% respecto al primer semestre de 2019.
Indicó que los resultados son 66 nuevas obras que beneficiarán a 38 comunidades y 13 mil personas y defendió también que, del total de la inversión, R$ 40,9 millones se destinaron a saneamiento y R$ 18,7 millones para edificios. Asimismo, contabilizaron 47 obras de saneamiento, entre implementaciones, remodelaciones y ampliaciones de Sistemas de Abastecimiento de Agua (SAA) y Módulos Sanitarios Domiciliaria (MSD), y 19 obras edilicias de salud como Unidades Básicas de Salud Indígena (UBSI), Casas de Salud Indígena (CASAI), Sede DSEI, alojamiento y Centros Base. 95.
Los representantes, en enero de 2023, adujeron que la Secretaría Especial de Salud Indígena continúa sin respetar el Protocolo de Consulta Munduruku al contratar profesionales pariwat (no indígenas), a través de un proceso que carece de transparencia y participación de los pueblos. En de abril de 2023 y julio de 2023, observaron que la malaria ha vuelto a ser una preocupación para la salud de los Munduruku, especialmente en los pueblos del Alto Tapajós (Rio das Tropas y Rio Kabitutu), ya que las cifras del Boletín Epidemiológico proporcionado por DSEI-RT destacan el elevado número de casos, principalmente en las aldeas de Rio das Tropas y Rio Kabitutu.
Además, los dirigentes se quejan de que no se notifican los casos, pues muchas aldeas carecen de profesionales que realicen pruebas de malaria e informen a la SESAI. 96. En julio de 2023, los representantes agregaron que el Boletín de Epidemia emitido por el Gobierno del Estado de Pará en abril de 2023 informó que "en los primeros cuatro meses de 2023, se notificaron 6.475 casos de malaria, lo que representa un aumento del 22,30% de los casos confirmados respecto al mismo período de 2022 [ ]".
Observaron que, a pesar de esta grave situación, el Estado no presentó información sobre las medidas que ha adoptado para prevenir, combatir y tratar la malaria en estas áreas. 97. En noviembre de 2023 los representantes señalaron que el Estado solo presentó datos generales del Plan Nacional de Eliminación de la Malaria (PNEM). De la misma manera, destacaron que las cifras del Boletín Epidemiológico proporcionado por DSEI-RT en julio de 2023 ya mostraban el elevado número de casos en las aldeas de Rio das Tropas y Rio Kabitutu.
Además, notaron que muchos pueblos todavía están sin acceso a profesionales de salud que realicen pruebas de malaria, lo que genera fallas en el número de notificaciones enviadas a SESAI. Resaltaron que, sólo en la Aldea Katõ, que cuenta con aproximadamente 700 habitantes, se reportaron 55 casos de malaria vivax y 57 casos de falciparum en el mes de octubre de 2023. 98.
Los representantes sostuvieron en noviembre de 2023 que la información proporcionada por el Estado en sus últimos tres informes relacionada con el DSEI/SESAI es genérica y no permite conocer las comunidades o pueblos indígenas que están siendo atendidos por las acciones de emergencia. Agregaron que la Asociación de Mujeres Munduruku Wakoborun envió dos cartas a DSEI-RT en 2023, solicitando un curso de formación para dos microscopistas en las aldeas Nova Trairão y Patauzal (N. 40/2023) y solicitando la contratación de un microscopista para la aldea Nova Trairão (N.19/2023).
Informan que ambas solicitudes fueron denegadas. 99. Argumentaron los representantes en noviembre de 2023 que el Estado no respondió a la solicitud de los representantes relacionada con la presentación de un plan de acción estructurante de mediano y largo plazo enfocado en la protección territorial y la salud indígena en las tierras indígenas Munduruku, especialmente en la Tierra Indígena Sawré Muybu, que enfrenta una situación de emergencia. - 27 - 100.
COVID-19: El Estado, en septiembre de 2022, señaló que, el 21 de enero de 2021, DSEI Rio Tapajós (DSEI-RT) inició la campaña de vacunación contra el COVID-19, poniendo a disposición la vacuna en todos los municipios de la zona. Afirmó que los EMSI continúan buscando activamente a personas que requieran completar el esquema de vacunación. Además, argumentó que el DSEI-RT también actúa: (i) a través de la implementación del Comité de Vigilancia COVID-19, (ii) con la realización de cursos de actualización para Agentes Indígenas de Salud (AIS) y Agentes Indígenas de Saneamiento (AISAN), (iii) con la contratación de Equipos de Respuesta Rápida (ERR) al COVID-19 y (iv) de la organización de la campaña de vacunación para niños de 5 a 11 años con el proyecto COVID-Kids.
En diciembre de 2022 el Estado destacó la adopción de varias las medidas de combate al COVID19, como la implementación del Centro de Información Estratégica de Vigilancia de la Salud (CIEVS) en el DSEI-RT. 101. En marzo de 2023 el Estado aclaró que el DSEI-RT ha intensificado acciones para sensibilizar a la población indígena sobre la inmunización contra el COVID-19 y que, a la fecha, el 64% de la población mayor de 18 años cuenta con el esquema completo de vacunación en dos dosis, el 13% de los adolescentes de 12 y 17 años y el 16% de los niños (5 y 11 años).
Asimismo, informó que, en cumplimiento de las especificidades de la ADPF n. 709/2020, el DSEI-RT ha implementado: (i) Seguimiento semanal de casos de COVID-19 por parte del Centro de Información de Vigilancia Estratégica de la Salud (CIEVS); (ii) Reuniones mensuales del Comité de Vigilancia COVID-19, para apoyar y monitorear acciones; (iii) Creación y difusión de un diagrama de flujo para realizar pruebas a todos los pacientes que necesitan;
(iv) Testeo mensual a empleados que ingresan a territorio indígena; (v) Pruebas masivas de COVID-19 realizadas el 02/12/2022 en la sede de DSEI; (vi) Pruebas masivas de COVID-19 el 09/12/2022 en todos los Centros Base y CASAI; (vii) Capacitación de nuevos empleados (técnicos de enfermería) del DSEI-RT. 102. Según los representantes, además de “brindar datos genéricos sobre el seguimiento de casos por parte del DSEI-RT, el Estado sólo informó que los equipos continúan trabajando en la inmunización de todos los grupos prioritarios dentro del territorio”. 103.
Contaminación por mercurio: El Estado argumentó en septiembre de 2023 que equipos de salud monitorean todos los casos de contaminación de mercurio registrados entre la población indígena y, a nivel federal, la Vigilancia de la Salud de las poblaciones expuestas al mercurio es desarrollada con el objetivo de cumplir con las recomendaciones de la Convención de Minamata sobre Mercurio y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según también las especificidades locales y directrices de la Política Nacional de Vigilancia de la salud. 104.
Los representantes aclararon que el Estudio "Monitoreo clínico y de laboratorio de los niveles de mercurio del pueblo Munduruku del Alto Tapajós”, de Erik Leonardo Jennings Simões, concluyó que: “[ ] El 99,09% de los pacientes atendidos presentan niveles superiores a los recomendados por la OMS (hasta 10μg/L, es decir, 10 microgramos de mercurio por litro de sangre), con un nivel promedio de 67,2μg/L. [ ]se encontró que el 72,72% de los individuos refirieron algún signo o síntoma físico sistémico, de los cuales el 87,5% fueron de origen neurológico”.
Además, destacaron que hasta en los ríos que no tienen historia de minería ilegal, como el río Cururu, los indígenas tienen altos niveles de mercurio en la sangre. 105. En abril y julio de 2023, los representantes señalaron que el Estado “guarda silencio ante la alarmante situación de contaminación [por mercurio] de miembros del pueblo Munduruku”.
Agregaron también que una profesional de la salud indígena que trabaja con los Munduruku informó que los equipos notaron un aumento en el número de niños con - 28 - problemas neuromotores en territorios con alta concentración de actividad minera ilegal, similar a la enfermedad de Minamata. Asimismo, observó la profesional de salud, que el DSEIRT ostenta el récord de solicitudes de sillas de ruedas, la mayoría de las cuales están destinadas a niños nacidos con malformaciones cerebrales.
Finalmente, los representantes señalaron que, en el Pueblo de Karo Muybu, a orillas del río Tapajós, los residentes se quejan de que los niños sienten picazón en el cuerpo después de bañarse en el arroyo, contaminado por desechos de una explotación minera ilegal cercana. 106. En noviembre de 2023 los representantes informaron que el Estado “demostró negligencia en relación con el cumplimiento de las Medidas Provisionales” respecto a los casos de contaminación por mercurio, ya que no presentó información concreta sobre las medidas encaminadas a responder y monitorear los casos ya observados entre los Munduruku. 107.
Acceso al agua potable y a la alimentación: En septiembre de 2022, el Estado indicó disponer de Sistemas de Abastecimiento de Agua (SAA) con tratamiento, en los cuales se realiza el control de la calidad del agua mediante análisis de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos. Informó que el DSEI-RT cuenta con 45 Agentes Indígenas de Saneamiento (AISAN) y que se implementaron tecnologías de acceso al agua, a través del Sistema Comunitario Multipropósito de Agua Pluvial y el Microsistema Comunitario de Abastecimiento de Agua, en nueve comunidades ubicadas en la región del Tapajós medio.
Asimismo, comunicó que, en mayo de 2022, en la Casa de Apoyo a la Salud Indígena del municipio de Jacareacanga, se perforó un pozo tubular profundo con sistema de tratamiento del agua. 108. En marzo de 2023 el Estado listó acciones para garantizar el suministro de agua potable en los pueblos adscritos al DSEI-RT, entre las cuales: (i) 44 pueblos bajo la jurisdicción de DSEI-RT cuentan con Sistemas de Abastecimiento de Agua (SAA);
(ii) implementación de dos SAA ubicados en el polo base de Teles Pires en las aldeas de Akopak y Waremap; (iii) perforación de pozos y la instalación de una red de distribución de agua en colaboración con el Proyecto Saúde e Alegria (PSA) en las aldeas de Waro Baxe Watpu y Kabarewum; (iv) entrega de filtros comunitarios Life Straw en las aldeas de Nova Vida, Waretodi, Karo Muybu, Poxo Muybu, Sawré Aboy, Dace Kapap, Boa Fé y Kaba Biorebu;
(v) están en marcha dos procesos administrativos para implementar el SAA en las aldeas de Nova Karapanatuba y Praia do Mangue; (vi) está en marcha el acuerdo de cooperación entre DSEIRT y FUNASA para implementación de la Solución Alternativa de Tratamiento Colectivo Simplificado de Aguas con Zeolitas (SALTA-Z). 109. Los representantes destacaron, en su informe de noviembre de 2022, que el proyecto del Sistema Comunitario de Agua está funcionando parcialmente, ya que en cuatro aldeas – Sawré Aboy, Karo Muybu, Poxo Muybu y Daje Kapapi – el agua que abastece el sistema provino de cacimbas (excavadas por los propios indígenas), las cuales se secaron, lo que obligó a la población de las aldeas a consumir el agua contaminada del río Tapajós. Además, aclararon que la información proporcionada por el Estado parece insuficiente, ya que no existen detalles sobre la ubicación real de dichos tanques de agua y sobre la cobertura efectiva considerando a todos los miembros del Pueblo Indígena Munduruku protegidos por las presentes medidas.
Asimismo, notó con preocupación que el Estado mencionó programas de control de la calidad del agua sin indicar cuáles serían los sitios de recolección y sin informar cuáles habrían sido los resultados de dichos análisis. Agregaron que las dificultades para acceder al agua potable y la falta de seguridad alimentaria derivada de la contaminación de ríos y peces son los mayores problemas de salud pública que enfrentan las comunidades del Alto Tapajós. Explicaron que, en la aldea Fazenda Tapajós, atacada en 2021, las familias tienen que comprar agua para beber y la pesca se ha vuelto inviable debido a la contaminación de los ríos con mercurio y las amenazas que reciben por acceder al agua.
Según los representantes, durante la última asamblea de caciques Munduruku, en febrero de 2023, se - 29 - presentó una lista de 38 pueblos ubicados en las tierras indígenas Munduruku, TI Sai Cinza y TI Sawre Muybu, que sufren con la falta de acceso al agua potable. 110. En abril de 2023, los representantes reiteraron que muchos indígenas todavía no tienen acceso al agua potable y que no hay ninguna acción por parte de SESAI para construir un sistema de suministro de agua – sólo el proyecto de la organización no gubernamental Salud y Alegría (PSA), lo cual no tiene suficientes recursos financieros para remediar los problemas de las 12 aldeas del Tapajós Medio, en la Municipalidad de Itaituba, y mucho menos para atender a las 140 aldeas del Alto Tapajós, en la Municipalidad de Jacareacanga.
También destacaron que algunos sistemas de abastecimiento, construidos por el PSA, en el centro de Tapajós, no funcionan y todavía hay pueblos que consumen agua de cacimba o directamente de los ríos Tapajós y Jamanxim. 111. Los representantes observaron en abril de 2023 que, además de la contaminación del agua, se opera en las tierras indígenas un cambio impactante en la organización social y en la soberanía alimentaria del pueblo Munduruku.
De acuerdo con relatos de las mujeres indígenas, hay un fuerte cambio en la dieta de los miembros de las aldeas del Alto y Medio Tapajós y los paisajes están experimentando cambios físicos y espirituales drásticos. Aun así, destacaron que lideres y lideresas Munduruku manifestaron que, al contrario de lo informado por el Estado, “muchas aldeas están pasando hambre, ya que no tienen peces y también tienen dificultades para acceder al agua, porque el agua está muy sucia. En mi pueblo, si queremos comer pescado, tenemos que comprar pescado que venga de otros lugares, porque el río está muy sucio”.
En el mismo sentido, los representantes señalaron que los lugares sagrados, conocidos por Ipi Cekay Piat (lugares que no deben ser perturbados, donde vive la madre de los peces y la madre de la caza), están destruidos por la actividad minera ilegal, afectando la soberanía alimentaria del Pueblo Munduruku. (II) Contexto de violencia: amenazas y violencia contra indígenas y Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos 112.
El Estado informó en diciembre de 2022 que llevó a cabo varias acciones para combatir la explotación ilegal y la invasión de las tierras Munduruku, como: (i) Apoyo operativo para el lanzamiento de la Operación Caribe Amazonia (02/12/2022 al 19/02/2022) y (ii) Peritaje realizado por NUTEC/DPF/SNM/PA en conjunto con ICMBio y UFOPA, sobre la turbidez del río Tapajós (02/06/2022 al 03/06/2022). 113.
En junio de 2023 el Estado señaló que la metodología de trabajo utilizada en el DSEIRT, se realiza de forma longitudinal y sigue la línea de vigilancia epidemiológica, un proceso educativo a través de acciones transversales para una cultura de paz y buen vivir que giran en torno a la violencia intrafamiliar contra mujeres y niños, el diálogo con la red intersectorial y la capacitación de profesionales sobre cómo notificar y atender estas demandas.
En este particular, en septiembre de 2023, el Estado informó sobre los avances en políticas públicas logrados durante la III Marcha de las Mujeres Indígenas en Brasilia, como el convenio de cooperación técnica entre el Ministerio de Pueblos Indígenas (MPI) y el Ministerio de la Mujer (que establece el Proyecto Guardianes para promover políticas y estrategias para prevenir, enfrentar y erradicar la violencia basada en género que viven las mujeres indígenas) y la alianza entre el MPI y la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Educación Superior para promover la formación académica y la investigación científica orientada a la inclusión de pueblos indígenas. 114.
En cuanto a la denuncia de invasión y depredación de la sede de la Asociación de Mujeres Munduruku Wakoborũn, el Estado destacó que hay un Procedimiento de Monitoreo PA 1.23.008.000157/2022-29, en curso en la sede de la 2ª Oficina del PRM de Itaituba-PA. - 30 - Además, en septiembre de 2023 informó que el Ministerio Público Federal (MPF) y las mujeres Munduruku lanzaron una campaña de recaudación de fondos25 para renovación del edificio, sustitución de elementos destruidos y ampliación de la movilización contra la expansión de la minería ilegal. 115.
En noviembre de 2022, los representantes destacaron que un estudio del Greenpeace Brasil de diciembre 2021 demostró que, desde 2016, la minería ilegal de oro ha destruido al menos 632 km de ríos dentro de los Territorios Indígenas Munduruku y Sai Cinza. Asimismo, la investigación concluyó la existencia de 16 pistas de aterrizaje abiertas en estas tierras indígenas, 12 de las cuales están vinculadas a actividades de extracción ilegal de oro. 116.
Por otra parte, los representantes observaron que las investigaciones sobre la invasión y depredación de la sede de la Asociación de Mujeres Munduruku Wakoborũn no han culminado con la indicación de posibles responsables. En julio de 2023, los representantes argumentaron que el Estado no brindó aclaraciones en sus informes sobre la investigación de la invasión y depredación de la sede de la Asociación de Mujeres Munduruku Wakoborũn. Asimismo, señaló que Brasil tampoco informó sobre los diez procedimientos de investigación iniciados ante la Comisaría Federal de Santarém/PA sobre amenazas y ataques de mineros ilegales a líderes indígenas y a las asociaciones representantes de los beneficiarios del Pueblo Munduruku. 117.
Además, los representantes alegaron que, en el caso del Pueblo Munduruku, la Portaria n. 215, emitida por el Ministerio de Justicia en mayo de 2021, que autoriza el uso de la Fuerza Nacional en apoyo a la FUNAI en las Tierras Indígenas Munduruku y Sai-Cinza, fue una “orden vacía, sin eficacia para garantizar la integridad física y la salud del Pueblo y sus líderes”.
Además, señalaron que, vencido el plazo en agosto de 2021, no hubo renovación y el Estado no informó sobre la continuidad o no del empleo de la Fuerza Nacional en la región. Al respecto, señalaron en enero de 2023 que los resultados comunicados por el Estado son insignificantes (destrucción de dos campamentos de mineros ilegales, destrucción de una motocicleta, 1.000 litros de combustible y 3 bombas).
Asimismo, en julio de 2023, los representantes hicieron notar que el Estado no se manifestó sobre la solicitud de presentar un plan de acción estructurante de mediano y largo plazo con enfoque en la protección territorial y la salud indígena en las Tierras Indígenas Munduruku, especialmente la Tierra Indígena Sawré Muybu, que se encuentra en situación de emergencia. 118.
En noviembre de 2023 los representantes destacaron que el Estado no presentó información sobre las medidas de protección adoptadas en relación con las lideresas M.L.C.K.M., A.K. y A.P.M. – y tampoco informó sobre los demás nombres ya mencionados como amenazados o sobre la evolución de las medidas de protección otorgadas a A.P.M. 119. En agosto de 2023 la Comisión sugirió solicitar al Estado información más detallada sobre la situación del Pueblo Indígena Munduruku, principalmente en relación con la seguridad de sus líderes, medidas de tratamiento y prevención de la contaminación por mercurio y avances en las investigaciones de las situaciones de riesgo reportadas. 120.
Medidas Judiciales y legislativas internas: En noviembre de 2022, los representantes destacaron la ACP 1001432-50.2021.4.01.390844 de julio de 2021, que se encuentra en trámite ante el Juzgado Federal en lo Civil y Penal de Itaituba y que solicita la adopción de una serie de medidas para inhibir la comercialización de oro procedente de tierras indígenas.
Al respecto, solicitaron al Estado presentar información sobre la posibilidad de Información disponible en el enlace: https://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/mpf-emulheres-munduruku-lancam-campanha-apos-garimpeiros-ilegais-atacarem-sede-de-associacao-no-para/. 25 - 31 - cumplir con las medidas solicitadas por el Ministerio Publico en este y otros procedimientos sobre derechos indígenas.
En la misma oportunidad, aclararon que, pese a la sentencia en la ACP 1000369-58.2019.4.01.3908, que suspendió los efectos jurídicos del Permiso de Minería “Garimpeira” (PLG) n. 86/2012, concedida a la Cooperativa de Extracción de Minerales del Valle del Tapajós por el Departamento Nacional de Investigaciones Minerales – DNPM, a partir del 5 de marzo de 2020, la Secretaría del Medio Ambiente y Sostenibilidad de Pará (SEMAS) emitió la Licencia de Funcionamiento no. 12221/2020, que autoriza la actividad minera de oro en el cauce del río Tapajós. 121.
En julio de 2023 los representantes señalaron que, por dos veces en el año de 2023, el Estado envió a la Corte información evasiva y desvinculada del contenido de las medidas provisionales. 122. En lo que concierne a los espacios de dialogo entre gobierno y población indígena, los representantes aclararon, en noviembre de 2023 que, hasta la fecha, no hubo una agenda específica para el caso Munduruku y que tampoco se implementó un proceso de escucha a los líderes y lideresas indígenas o a los miembros de su asesoría legal/técnica.
En este sentido, resaltaron la necesidad de que el Estado inicie un diálogo intercultural directo y permanente con las asociaciones representativas del pueblo Munduruku para encontrar soluciones a los problemas denunciados sistemáticamente. 123. Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos: En marzo de 2023 el Estado argumentó que, en razón de la sentencia dictada por la Corte Interamericana en el caso Sales Pimenta, se ha reestructurado el PPDDH y, a partir de 2023, la nueva gestión gubernamental inició una serie de medidas encaminadas a fortalecer el programa y la política nacional de protección. Además, informó que la Secretaría Nacional de Protección de Derechos Humanos está actuando con la elaboración del Plan Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas.
Además, alegó que el PPDDH está apoyando - a través de la coordinación con la Secretaría de Estado de Seguridad Pública y Defensa Social (SEGUP/PA) - a las siguientes lideresas indígenas Munduruku: Sra. A.K.S. (A.M.) y Sra. M.L.C.K. En cuanto a Sra. A.P.M., el equipo estatal informó que no pudieron ofrecer la primera asistencia técnica, debido a la dificultad de comunicación y acceso a su lugar de residencia, por lo que se solicitó apoyo a la FUNAI para facilitar el contacto y también a la Policía Federal.
Pese a ello, no hubo confirmación de estos órganos. 124. Los representantes señalaron, en noviembre de 2022, que el Estado no presentó información sobre la protección de líderes y lideresas del Pueblo Munduruku, a pesar de haber miembros de este pueblo inscritos en el programa de protección. Además, observaron que las amenazas a M.L.C.K.M. nunca cesaron y que su comunidad Fazenda Tapajós se encuentra prácticamente sitiada debido a la presencia de mineros ilegales en los alrededores, lo que coloca a la integridad física de sus familiares en situación vulnerable.
Destacaron que, el 2 de julio de 2022, los representantes de los beneficiarios Munduruku Asociación Wakoborun y SDDH presentaron denuncia ante el Ministerio Público Federal de Pará y la Policía Federal de nuevas amenazas a varios líderes indígenas, como: a A.Y., a la familia de I.M., A.P.M. y a E.K.M. Señalaron que, cuando hay operaciones de la policía federal para retirar a los mineros ilegales, también aumentan las amenazas a líderes y lideresas indígenas. 125.
Luego, en abril de 2023, los representantes indicaron que la información proporcionada por el Estado sobre las medidas de protección adoptadas en relación con las dirigentes M.L.C.K.M., A.K.M. y A.P.M. no presentaba novedades. Asimismo, destacaron que no hubo contacto del programa de protección con A.P.M. y, en relación con los demás dirigentes, el Estado no presentó la información necesaria. - 32 - 126.
Posteriormente, en julio de 2023, los representantes indicaron que la información proporcionada por el Estado sobre las medidas de protección adoptadas en relación con las lideresas M.L.C.K.M., A.K.M. y A.P.M. no traía ningún elemento nuevo. En el caso de A.P.M, argumentaron que, pese a varias denuncias de amenazas sufridas, los contactos con la defensora no avanzaron.
Argumentaron que el informe del Estado tampoco trajo información alguna sobre medidas de protección para otros líderes y lideresas (Ar.K., Ad.K., C.T.T., Cacique O.M., Cacique F.K., I.K., E.P., Cacica I.M., C.C.K., Cacique V.K., Cacique E.A., Cacique G.K., E.K., Cacique J.E.K., Cacique J.S., Cacique L.S.) y que hasta la fecha no se han tomado medidas efectivas para reducir la situación de amenaza de los defensores de derechos humanos ya incluidos en el PPDDH. 127.
Al respecto, en enero de 2023, la Comisión notó que el Estado indicó que “no existen casos monitoreados por el PPDDH respecto de los Pueblos Indígenas Ye'Kwana y Munduruku”, pese a que, previamente, las partes habían referido la inclusión de las beneficiarias M.L.C.K.M., A.K.M. y A.P.M. en el Programa de Protección. C. Consideraciones de la Corte 128.
La Corte recuerda que las presentes medidas provisionales tienen su origen en la situación de riesgo en que los Pueblos Indígenas Yanomami, Ye’Kwana y Munduruku se encontraban, primordialmente en virtud de un avance significativo de la explotación de la denominada actividad minera ilegal en las tierras indígenas, realizada por terceros no autorizados a ingresar en su territorio.
Los hechos que dieron origen a la adopción de las presentes medidas incluyeron, entre otros, homicidios de indígenas, violencia sexual contra mujeres y niñas indígenas y amenazas a líderes y lideresas indígenas por parte de mineros ilegales; contaminación de los ríos y deforestación como consecuencia de la minería, la cual venía generando enfermedades graves y problemas serios en el acceso al agua potable y a la alimentación. 129.
Al respecto, el Tribunal advierte que, desde la Resolución de 1º de julio de 2022, los representantes de los beneficiarios han reportado la continuidad de la situación supra mencionada y el surgimiento de nuevos problemas o la profundización de los ya existentes. Asimismo, durante la visita in situ al Territorio Indígena Yanomami, la delegación de la Corte pudo escuchar a distintos testimonios de líderes y lideresas Yanomami y Ye’Kwana, quienes relataron amenazas, episodios de violencia y un clima de temor generalizado en virtud del incipiente retorno de parte de los mineros ilegales a sus tierras, entre otras cuestiones. 130.
Por otro lado, este Tribunal constata que el Estado ha realizado grandes esfuerzos para la protección de los pueblos beneficiarios, particularmente los Yanomami y los Ye’Kwana, con distintas acciones dirigidas a revertir las condiciones que originaron la solicitud de medidas provisionales. En efecto, se nota que Brasil dedicó significativos recursos humanos y económicos a la atención de esta situación, desde el inicio de 2023.
En ese sentido, la Corte valora la importante Declaración de Situación de Emergencia en la salud de los indígenas Yanomami y Ye’Kwana y la movilización de empleados del Sistema Único de Salud para intervenir con acciones de emergencia en un grupo de trabajo en el Distrito Especial de Salud Indígena Yanomami y Ye’Kwana. 131. Teniendo lo anterior en cuenta y a la luz de la información brindada por las partes y las observaciones de la Comisión, así como los testimonios recabados y datos recolectados durante la visita in situ, la Corte a continuación procederá a analizar la implementación por parte del Estado de las medidas provisionales ordenadas en julio de 2022 a efectos de determinar si persiste la situación que determinó su adopción, o bien si nuevas circunstancias igualmente graves y urgentes ameritan su mantenimiento. - 33 - 132.
En cuanto a los Pueblos Indígenas Yanomami y Ye’Kwana, la Corte nota con gran preocupación la continuidad de episodios de violencia contra indígenas, cuya ocurrencia podría incluso incrementarse debido a la reciente reactivación, en varias partes del territorio indígena, de la explotación minera ilegal, inclusive con creciente participación de miembros de organizaciones criminales.
Al respecto, hubo al menos siete muertes de indígenas entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023. Durante la audiencia llevada a cabo en Auaris, distintos líderes y lideresas expresaron profunda preocupación con el regreso de mineros a sus tierras. Algunos señalaron que vieron escondidas en partes del bosque amazónico maquinarias que usaban los mineros, las cuales habrían sido dejadas en esos lugares cuando, en los primeros meses de 2023, el Estado empezó a tomar distintas medidas y realizar operativos, con apoyo de las fuerzas de seguridad, para retirar a los invasores del Territorio Indígena Yanomami.
En efecto, durante el vuelo de regreso de Auaris a Boa Vista, la delegación de la Corte que participó de la visita en terreno pudo ver, desde el avión que la transportaba, dos focos de actividad minera ilegal, lo cual demuestra que al menos una gran parte de los lugares en que se realiza esa actividad es fácilmente identificable. 133. La Corte observa con gran preocupación que actos de violencia sexual y prostitución forzada contra mujeres y niñas siguen ocurriendo con frecuencia en el territorio Yanomami.
Según información de la representación, en la mayoría de los casos, la violencia sexual ocurre en comunidades que ya están bajo el control de los mineros ilegales. Al respecto, el Estado reconoció la existencia de casos de violencia sexual que afectaron a niñas y mujeres indígenas, debido a la presencia de mineros ilegales en su territorio, lo que resultó inclusive en embarazos y nacimientos de niños y niñas, frutos de esas violaciones.
Sobre el particular, en febrero de 2023, los representantes indicaron que el Estado recibió reportes de 30 casos de niñas Yanomami que quedaron embarazadas como consecuencia de violación sexual cometida por mineros ilegales en su territorio y que se tenía conocimiento de un caso de violación sexual ocurrido en la CASAI. Adicionalmente, los representantes señalaron que en la región de Paapiu (Kayanau), en tres comunidades se reportaron casos de niños de mineros ilegales con mujeres y niñas Yanomami y en todas las comunidades hay denuncias de violencia sexual perpetradas por mineros ilegales.
También se denunciaron casos de violencia sexual en Kayanau, Apiaú, Catrimani, Papiu, Aracaçá y Parima. La recurrencia de los casos también fue denunciada por lideresas y líderes Yanomami y Ye’Kwana de distintas comunidades durante la vista in situ de la Corte. El Tribunal considera que es urgente la presencia y actuación del Estado para frenar la violencia sexual a que siguen siendo sometidas mujeres y niñas Yanomami y Ye’Kwana por mineros ilegales en sus territorios. 134.
Es indudable que, desde el inicio de este año, el Estado ha realizado distintas acciones en el intento de hacer frente a esta situación, por medio, principalmente, de operativos de la Policía Federal, pero no exclusivamente. Sobre el particular, en abril de 2023, el Estado logró reducir un 60% del número de alertas de nuevas áreas de minería ilegal.
No obstante, la recurrencia de episodios de violencia perpetrada por mineros ilegales contra indígenas revela que las acciones estatales han sido insuficientes. Al respecto, este Tribunal considera que es imprescindible, para garantizar la protección a la vida y la integridad de los beneficiarios, que haya un incremento de operativos dirigidos a retirar los mineros ilegales de las tierras indígenas y una presencia regular y por tiempo indeterminado del Estado para asegurar que no retornen. 135.
Por otra parte, algunos líderes y lideresas indígenas siguen en una situación de extrema vulnerabilidad, pues, si bien, conforme indicó el Estado, están bajo la protección del Programa de Defensores de Derechos Humanos, seguirían recibiendo amenazas al igual que sus familiares. Al respecto, los representantes sostuvieron que los líderes que más amenazas han sufrido son: i) D.V.K.; ii) D.K.Y.; iii) J.H.; iv) R.S.; v) F.P.; vi) M.Y., y vii) J.Y. La Corte - 34 - constata que algunos de ellos no están protegidos por el Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos. De ese modo es urgente que el Estado adopte medidas, en concertación con estes líderes y sus representantes para garantizar efectivamente la protección de esas personas. 136.
En lo que concierne a la atención de salud, la Corte nota que hay una preocupante limitación territorial de las acciones promovidas por la Fuerza Nacional del Sistema Único de Salud a los centros de base de Auaris, Palimiu, Surucucus, Missão Catrimani, Marauiá y Waputha. Aun así, la atención de salud en algunos de esos centros parecería ser deficiente.
A título de ejemplo, en noviembre de este año, hubo muertes de niños y niñas por causas evitables en una comunidad ubicada “a 3 horas río abajo de Palimiú”, pues el equipo de salud no habría realizado visitas a la comunidad desde hace cinco meses. 137. Asimismo, a pesar de la vigencia de las presentes medidas provisionales, nueve Unidades Básicas de Salud Indígena del Territorio Indígena Yanomami (Hakoma, Homoxi, Kayanau (Paapiu), Parafuri, Parima Õnkiola, Haxiu, Ajarani y Alto Catrimani) todavía se encuentran completamente cerradas, de modo que más de 2000 indígenas se encuentran sin atendimiento de salud.
Ello se ve reflejado en el número de muertes de indígenas por causas evitables - hasta el medio del año de 2023, ya se habían registrado al menos 154 muertes y en el alarmante aumento del número de casos de malaria entre los y las indígenas (un 70% de la población indígena tuvieron la enfermedad en 2023 y al menos 45 murieron, de los cuales más de la mitad eran niños).
El Tribunal advierte que en la región de Surucucus, donde además de una base militar se han instalado distintos equipos estatales, el Centro de salud fue desmantelado recientemente, según información de los representantes. 138. En vista de lo anterior, es imprescindible que el Estado adopte medidas, entre otras, (i) para construir, renovar o instalar unidades de atención de salud en el Territorio Indígena Yanomami que sean suficientes para atender a todas las comunidades y que estén debidamente equipadas para tal finalidad;
(ii) para asegurar que exista un número suficiente de recursos humanos y materiales disponibles para la atención de salud a los Pueblos Yanomami y Ye’Kwana, incluso helicópteros o avionetas, y (iii) para garantizar que existan pistas de aterrizaje cercanas a los establecimientos de salud del territorio indígena y que ellas estén en condiciones adecuadas de uso;
(iv) la inversión en movilidad de empleados dentro del territorio; (v) la creación de nuevas unidades de salud. 139. En cuanto al acceso al agua y la seguridad alimentaria de los Yanomami y Ye’Kwana, la Corte nota con extremada preocupación la persistencia de obstáculos para el acceso al agua potable y un alto índice de desnutrición, especialmente entre los niños y niñas.
Ello pese a los esfuerzos emprendidos por el Estado y las medidas ya adoptadas, como la distribución de canastas de alimentos y la atención médica en las unidades de salud del territorio, así como en la CASAI y en el Hospital del Niño, y la instalación de pozos y otros equipos. Al respecto los representantes reportaron que menos del 15% de las comunidades cuentan con infraestructura para acceder al agua potable y que la instalación de pozos para acceso a agua potable está restringida a 21 de las más de 360 comunidades indígenas Yanomami y Ye´Kwana.
Asimismo, 120 comunidades indígenas en el Territorio Yanomami estarían en alto riesgo de desnutrición. De estas, conforme informó la representación en la región de Arathau, alrededor del 79,34% de los niños de hasta cinco años tienen bajo peso o muy bajo peso. En el centro de Waputha y los subpolos de Yarima y Wathou (región de Surucucus), las tasas de desnutrición infantil también se acercan o superan el 70%.
Además, solo en el año de 2023, hubo tres muertes por desnutrición, una en el Centro Base Homoxi y dos en el Centro Base Bandeira Branca. Según el Estado, hubo otras 29 muertes relacionadas con desnutrición, pero también asociada a otras enfermedades secundarias y terciarias. - 35 - 140. En cuanto a la entrega de canastas básicas, a pesar de los esfuerzos emprendidos por el Estado hasta el momento, la Corte constata que la cantidad de alimentos han sido insuficientes y que, al parecer, su distribución no ha logrado alcanzar las comunidades más vulnerables.
Según los representantes, las regiones con mayor grado de vulnerabilidad en términos de seguridad alimentaria son: Parafuri, Parima, Kayanau, Kataroa, Hakoma, Homoxi, Xitei, Auaris, Alto Catrimani, Haxiu y Waputha. El propio Estado reconoció que la distribución de canastas de alimentos vía aérea por parte de las Fuerzas Armadas es desafiante y que existen obstáculos para garantizar la frecuencia del servicio en los territorios más vulnerables a la exposición a la violencia de la minería ilegal.
En ese sentido, el Estado debe diseñar e implementar con la mayor urgencia un plan de distribución que priorice la entrega regular de canastas de alimentos a las comunidades indígenas más vulnerables del Territorio Indígena Yanomami. 141. La Corte también pudo constatar de la información aportada por las partes y los testimonios recabados en el territorio, que uno de los principales obstáculos que enfrenta el Estado para garantizar efectivamente la protección de los pueblos beneficiarios de las presentes medidas es la falta de un control eficaz y permanente del espacio aéreo y de los ríos que cruzan el Territorio Indígena Yanomami.
Al respecto, la representación de los beneficiarios indicó que, a partir del mes de julio de 2023, las denuncias del tráfico de aeronaves clandestinas se intensificaron aún más en el territorio. Según los representantes, los tres principales ejes de invasión aérea han sido el valle del río Uraricoera, el valle del río Mucajaí y la región del alto río Catrimani.
Este Tribunal considera imprescindible que el Estado, a través de sus distintos órganos y fuerzas de seguridad, implemente un control efectivo y constante del espacio aéreo del territorio; la instalación de bloqueos en los ríos, especialmente en los que ya han sido identificados como los más utilizados por los mineros o los que concentran los principales focos de minería ilegal, inclusive los pequeños, y cree mecanismos que garanticen el patrullaje rutinario de los ríos.
El Estado debe presentar información a la Corte sobre la evolución de la implementación de su “plan interministerial” para hacer frente a esta situación. 142. En lo que atañe al Pueblo Indígena Munduruku, la Corte advierte que, de la información brindada por el Estado – muchas veces genérica y no atinente solo al Pueblo Munduruku-, no es posible identificar medidas concretas y con el nivel de detalle que se requiere para que se pueda evaluar el impacto de las acciones emprendidas por el Estado. 143.
De la información aportada por las partes, el Tribunal nota con preocupación el aumento del 22,30% de los casos confirmados de malaria en los primeros cuatro meses de 2023 respecto al mismo período de 2022. A propósito, la representación señaló que la malaria ha vuelto a ser una preocupación para la salud de los Munduruku, especialmente en los pueblos del Alto Tapajós (Rio das Tropas y Rio Kabitutu).
Además, notaran que muchos pueblos todavía están sin acceso a profesionales de salud que realicen pruebas de malaria, lo que genera fallas en el número de notificaciones. 144. Es extremadamente preocupante, asimismo, las enfermedades generadas por la contaminación de los ríos, como consecuencia de la actividad minera ilegal. Según un estudio presentado por los representantes, en los primeros meses de este año el 99,09% de los pacientes atendidos presentaban niveles de mercurio superiores a los recomendados por la OMS y 72,72% de los individuos refirieron algún signo o síntoma físico sistémico, de los cuales el 87,5% fueron de origen neurológica.
Igualmente preocupante es la noticia de que los/las profesionales de salud que actúan en el territorio Munduruku han notado un aumento en el número de niños/as con problemas neuromotores y niños/as nacidos/as con malformaciones cerebrales en territorios con alta concentración de actividad minera ilegal. En septiembre de 2023 el Estado informó que equipos de salud estarían monitoreando todos los casos de - 36 - contaminación de mercurio registrados entre la población indígena, sin especificar cuantos casos fueron encontrados en el Pueblo Munduruku, desglosados al menos por género y edad; cuáles afectaciones han tenido los y las indígenas que presentaron niveles significativos de contaminación; cuáles medidas específicas fueron tomadas; como ha sido la evolución de casos de contaminación con el paso del tiempo, y cuales medidas preventivas han sido adoptadas.
La Corte estima fundamental que el Estado brinde esa información especificada. 145. En cuanto al acceso al agua potable, si bien el Estado ha implementado tecnologías de acceso al agua, a través del Sistema Comunitario Multipropósito de Agua Pluvial y el Microsistema Comunitario de Abastecimiento de Agua, ha perforado pozos y entregado filtros comunitarios Life Straw, entre otras estrategias, la representación de los beneficiarios ha señalado que en algunas aldeas (Sawré Aboy, Karo Muybu, Poxo Muybu y Daje Kapapi) el agua que abastece el sistema provino de cacimbas (excavadas por los propios indígenas), las cuales se secaron, lo cual habría obligado a la población a consumir el agua contaminada del río Tapajós. De igual modo, los representantes reportaron dificultades para acceder al agua potable y la falta de seguridad alimentaria derivada de la contaminación de ríos y peces, los cuales, según indicaron, son los mayores problemas de salud pública que enfrentan las comunidades del Alto Tapajós. Al respecto, en febrero de 2023 los caciques Munduruku presentaron una lista de 38 pueblos ubicados en las tierras indígenas Munduruku, TI Sai Cinza y TI Sawre Muybu, que sufren con la falta de acceso al agua potable.
Asimismo, causó particular preocupación a la Corte el relato de líderes y lideresas Munduruku sobre el hecho de que los y las indígenas de muchas aldeas tienen hambre, por la ausencia de peces derivada de la contaminación de sus ríos. 146. Teniendo lo anterior en cuenta, es importante que el Estado presente un plan de acción estructurante de corto, mediano y largo plazo enfocado en la protección territorial, la salud, el acceso al agua potable y la seguridad alimentaria indígena en las tierras indígenas Munduruku, priorizando las comunidades más vulnerables. 147.
Respecto a líderes y lideresas Munduruku amenazados, la Corte advierte que el Estado no ha presentado información sobre las medidas de protección específicas adoptadas en relación con las lideresas M.L.C.K.M., A.K.M. y A.P.M., ni sobre la evolución de las medidas de protección otorgadas a A.P.M. Aunado a ello, el Estado tampoco ha brindado explicación sobre eventuales medidas adoptadas en cuanto a las demás personas indicadas por los representantes como amenazadas.
Al respecto, la Corte observa con gran preocupación la continuidad de las amenazas a M.L.C.K.M., que estaría bajo la protección del PPDDHH, especialmente teniendo en cuenta la información de que su comunidad, Fazenda Tapajós, se encuentra “prácticamente sitiada debido a la presencia de mineros ilegales en los alrededores”. 148. En vista de lo expuesto, el Tribunal estima que en la actualidad subsisten las condiciones excepcionales que dieron origen a la adopción de las presentes medidas provisionales relativas a la necesidad urgente de protección a los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, el acceso al agua potable y a la alimentación de los Pueblos Indígenas Yanomami, Ye’Kwana y Munduruku.
Además, la Corte considera que, prima facie, existe un incremento actual en el riesgo de nuevas muertes y otros episodios de violencia y de la profundización de problemas de salud y de la desnutrición, entre otros, con el inicio de la reactivación de explotaciones mineras ilegales que habían sido “desactivadas” en los primeros meses de 2023.
Lo anterior exige la planificación por parte del Estado de intervenciones a corto, mediano y largo plazo y que la presencia del Estado, mediante sus distintos órganos (Policía Federal, Fuerzas Armadas, personal de salud, Ministerios etc.), sea regular y permanente. Además, la Corte subraya la necesidad imperiosa de que el Estado, con la participación de representantes de todos sus órganos que actúan en territorios - 37 - indígenas, establezca un diálogo intercultural directo y permanente con las asociaciones representativas de los Pueblos Indígenas Yanomami, Ye’Kwana y Munduruku para encontrar soluciones a los distintos problemas recurrentes y sistemáticos que han enfrentado. 149.
La Corte observa que, si bien el Estado ha adoptado una serie de medidas a partir de enero de 2023 para revertir la situación de los pueblos indígenas Yanomami, Ye’Kwana y Munduruku, subsiste una situación de suma urgencia, gravedad y de riesgo de daños irreparables. Por consiguiente, es necesario que se mantengan las siguientes medidas provisionales y se adopten una serie de medidas concretas.
La Corte ordena al Estado que, para enfrentar la situación descrita, es necesario que se implementen las siguientes medidas: 150. Una de las principales causas que afecta a los miembros de las comunidades Yanomami, Ye’Kwana y Munduruku es la presencia de garimpeiros y otros terceros que practican la minería de forma ilegal en su territorio.
Para proteger efectivamente el territorio Yanomami y Munduruku de la invasión de terceros que practican la minería ilegal, el Estado deberá: 1. aumentar y reforzar la instalación de bloqueos en los ríos, especialmente en los que ya han sido identificados como los más utilizados por los mineros o los que concentran los principales focos de minería ilegal. 2. crear o reforzar si ya lo hubiere un mecanismo de control y patrullaje constante de los ríos. 3. realizar operativos para desmantelar las operaciones de minería ilegal. 4. establecer un mecanismo de monitoreo del uso del espacio aéreo de manera que detecte los vuelos de aeronaves que no cuenten con los permisos de sobrevuelo. 5. crear un grupo de trabajo dentro de la Policía Federal dentro de los próximos dos meses, que se dedique a identificar los puntos de minería ilegal y en donde los miembros de los Pueblos Yanomami, Ye’Kwana y Munduruku puedan denunciar de forma rápida y oportuna la presencia de garimpeiros dentro del territorio indígena y con el objeto de que se adopten las medidas pertinentes.
El Estado debe presentar información concreta a la Corte sobre las medidas adoptadas al respecto. 151. Subsiste la situación de riesgo, amenazas y vulnerabilidad de algunos líderes y lideresas indígenas. Algunos de ellos están bajo la protección del Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos. La Corte ordena al Estado, a través del Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos, el establecimiento inmediato de una mesa de diálogo con los lideres y lideresas de los Pueblos Yanomami, Ye’Kwana y Munduruku a fin de que evalúe la necesidad de ampliar medidas de protección para otros miembros de estas comunidades.
El Estado debe presentar información concreta a la Corte sobre las medidas adoptadas al respecto dentro del plazo de 2 meses. 152. Subsiste una situación grave y de riesgo para la salud de los miembros de las comunidades Yanomami, Ye’Kwana y Munduruku. La Corte le ordena al Estado que adopte medidas para (i) reabrir, construir, renovar o instalar unidades de atención de salud en el Territorio Indígena Yanomami y Munduruku que sean suficientes para atender a todas las comunidades y que estén debidamente equipadas para tal finalidad;
(ii) asegurar que exista un número suficiente de recursos humanos y materiales disponibles para la atención de salud a los Pueblos Yanomami, Ye’Kwana y Munduruku, incluso helicópteros o avionetas para que puedan tratarse oportunamente las situaciones graves, y (iii) la inversión en empleados de la salud en territorio de las comunidades. Para tales efectos, el Estado deberá dentro de los próximos 3 meses diseñar un plan con medidas concretas a corto, mediano y largo plazo para cumplir con este punto. 153.
El Estado deberá hacer un estudio del grado de contaminación de mercurio de los principales ríos de los Territorios Indígenas Yanomami y Munduruku con el propósito de tener un diagnosticó científico sobre el particular. - 38 - 154. Subsiste una situación urgente y grave respecto a la alimentación de los miembros de las comunidades. En ese sentido, el Estado debe diseñar e implementar con la mayor urgencia y no más allá de dos meses, un plan de distribución que priorice la entrega regular de canastas de alimentos a las comunidades indígenas más vulnerables de los Territorios Indígenas Yanomami y Munduruku.
Adicionalmente, cuando se detecten casos de desnutrición, el Estado deberá tomar todas aquellas medidas necesarias para tratar de manera urgente y oportuna estas situaciones. 155. Teniendo en cuenta los persistentes obstáculos para el acceso al agua potable en distintas comunidades de los Pueblos Yanomami, Ye’Kwana y Munduruku, el Estado deberá presentar un plan de acción estructurante de corto, mediano y largo plazo enfocado en la garantía del acceso al agua potable a la totalidad de los miembros de dichos pueblos indígenas. 156.
La Corte, asimismo, ordena al Estado la creación de un grupo de trabajo y diálogo permanente entre las diferentes autoridades y entidades estatales y representantes de los Pueblos Yanomami, Ye’Kwana y Munduruku, mediante el cual se vayan evaluando las distintas medidas que se adopten en función de las presentes medidas provisionales y por medio del cual se sugieran medidas nuevas o alternativas para enfrentar la situación de los miembros de los referidos pueblos indígenas.
En este grupo deberán participar al menos tres miembros de cada uno de Pueblos Yanomami, Ye’Kwana y Munduruku. 157. En atención a que el Supremo Tribunal Federal ha emitido una serie de decisiones desde 2020 con el objetivo de proteger a los Pueblos Indígenas Yanomami y Ye’Kwana26, se resuelve mantener informado a ese Tribunal de las diferentes resoluciones que adopte la Corte Interamericana.
POR TANTO: LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 63.2 de la Convención Americana, y los artículos 27 y 31 del Reglamento del Tribunal,
RESUELVE
Por unanimidad, 1. Requerir al Estado de Brasil que intensifique la adopción de las medidas necesarias para proteger de manera efectiva la vida, la integridad personal, la salud y el acceso a la alimentación y al agua potable de los miembros de los Pueblos Indígenas Yanomami, En el marco de una acción constitucional colectiva (La “Arguição de descumprimento de preceito fundamental 709”), el Supremo Tribunal Federal ha determinado, inter alia, que el Gobierno Federal adopte medidas destinadas a: (i) la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y de contacto reciente;
(ii) la contención y aislamiento de los invasores de tierras indígenas en general; y (iii) la prestación de servicios de salud a los pueblos indígenas. Como parte de esas medidas, el STF ha ordenado que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Secretaría General de la Presidencia deben coordinar una propuesta estructurada de política pública efectiva para la retirada de invasores de las Tierras Indígenas, en conjunto con todos los órganos y entes públicos federales con competencias sobre las cuestiones específicas relacionadas, incluso para la recuperación de la seguridad alimentaria en la Tierra Indígena Yanomami.
Asimismo, ha determinado que el Ministerio de Salud presente un plan de acción para mejorar el Subsistema de Atención de Salud Indígena en un plazo de 90 días y que el Gobierno Federal adopte inmediatamente todas las medidas necesarias para garantizar la entrega de alimentos a los Pueblos Indígenas en Territorio Yanomami. 26 - 39 - Ye’Kwana y Munduruku27, desde una perspectiva culturalmente adecuada, con un enfoque de género y edad, en los términos de los Considerandos 133 a 135, 138, 140, 141, 144, 146 y 148 a 156 de la presente Resolución. 2.
Requerir que el Estado priorice a los niños y las niñas que se encuentran en estado de desnutrición y atienda con mayor urgencia los casos graves. 3. Requerir al Estado que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para asegurar que niños y niñas de los Pueblos Indígenas Yanomami Ye’Kwana y Munduruku tengan acceso al agua potable y a una alimentación adecuada para su salud y desarrollo desde una perspectiva culturalmente adecuada, con un enfoque de género y edad. 4.
Requerir al Estado que profundice la adopción de las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los líderes y lideresas indígenas de los Pueblos Indígenas beneficiarios que se encuentran bajo amenaza, en los términos de los Considerandos 135 y 151 de la presente Resolución. 5. Requerir al Estado que profundice la adopción de las medidas necesarias para prevenir la explotación y la violencia sexual contra las mujeres y niñas de los Pueblos Indígenas beneficiarios, en los términos del Considerando 133 de la presente Resolución. 6.
Requerir al Estado que intensifique la adopción de las medidas culturalmente apropiadas para prevenir la propagación, mitigar el contagio y tratar de manera eficaz enfermedades que acometen los Pueblos Indígenas beneficiarios, especialmente la malaria, el COVID-19 y enfermedades derivadas de la contaminación por mercurio, prestándoles a las personas beneficiarias una atención médica adecuada y regular, de acuerdo con las normas internacionales aplicables, en los términos de los Considerandos 138, 144, 146, 152 y 153 de la presente Resolución. 7.
Requerir al Estado que cree un grupo de trabajo y diálogo permanente entre las diferentes autoridades y entidades estatales que actúan o tienen competencia legal para en los territorios indígenas y con representantes de los Pueblos Yanomami, Ye’Kwana y Munduruku, mediante el cual se evalúen las distintas medidas que se adopten en función de las presentes medidas provisionales y por medio del cual se sugieran medidas nuevas o alternativas para enfrentar la situación de los miembros de los referidos pueblos indígenas.
En este grupo deberán participar al menos tres miembros de cada uno de Pueblos Yanomami, Ye’Kwana y Munduruku. 8. Requerir al Estado que realice todas las gestiones adecuadas para que las medidas de protección ordenadas se planifiquen e implementen con la participación de las personas beneficiarias o sus representantes, así como los mantenga informados acerca del avance de la ejecución de dichas medidas. 9.
Requerir al Estado que continúe informando a la Corte cada tres meses, contados a partir de la notificación de la presente Resolución, sobre la implementación de las medidas provisionales adoptadas de conformidad con esta decisión y sus efectos. 10. Requerir a los representantes de los beneficiarios que presenten las observaciones que estimen pertinentes al informe requerido en el punto resolutivo anterior dentro de un plazo de cuatro semanas, contado a partir de la recepción del referido informe estatal.
Identificados como pueblos indígenas de las etnias identificadas en las siguientes Tierras: Tierras Indígenas Yanomami, Munduruku, Sai Cinza, Kayabi, Reservas Praia do Índio y Praia do Mangue, Sawré Muybu y Sawré Bapin. 27 - 40 - 11. Requerir a la Comisión que presente las observaciones que estime pertinentes al informe estatal requerido en el punto resolutivo 9 y a las correspondientes observaciones de los representantes de los beneficiarios dentro de un plazo de dos semanas, contado a partir de la transmisión de estas últimas observaciones. 12.
Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Resolución al Supremo Tribunal Federal de Brasil. 13. Disponer que, de conformidad con el artículo 27.8 de su Reglamento, la Corte evalúe la pertinencia de realizar una visita in situ al Territorio Indígena Munduruku, así como una nueva visita al Territorio Indígena Yanomami, con el fin de supervisar el cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas en la presente Resolución, previo consentimiento y coordinación con la República Federativa de Brasil. 14.
Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Resolución al Estado de Brasil, a la representación de las personas beneficiarias y a la Comisión Interamericana. - 41 - Corte IDH. Asunto Miembros de los Pueblos Indígenas Yanomami, Ye’kwana y Munduruku respecto de Brasil. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 12 de diciembre de 2023.
Resolución adoptada en San José de Costa Rica por medio de sesión virtual. Ricardo C. Pérez Manrique Presidente Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Humberto A. Sierra Porto Nancy Hernández López Verónica Gómez Patricia Pérez Goldberg Pablo Saavedra Alessandri Secretario Comuníquese y ejecútese, Ricardo C. Pérez Manrique Presidente Pablo Saavedra Alessandri Secretario - 42 -