Footnotes · 75

1. 23.No obstante lo anterior, las representantes del señor Fornerón han planteado una serie de objeciones relativas a ciertos lineamientos dispuestos en la Sentencia que no se habrían tenido en cuenta (supra Considerando 7), tales como el desconocimiento sobre lo indicado a M. sobre su origen y entrega en adopción, la falta de adopción de medidas por parte del Estado para garantizar que el matrimonio B-Z no interfiriera en el proceso de vinculación, la falta de participación del señor Fornerón en la vida de M. fuera de los encuentros, entre otras (infra Considerandos 24 a 29). Asimismo, se han referido a las razones por las cuales consideran que el procedimiento habría “fracasado” al no haberse alcanzado hasta el momento los resultados esperados por el señor Fornerón (infra Considerando 30).
2. 24.En cuanto a lo alegado por las representantes respecto al “desconocimiento” del señor Fornerón sobre “el contenido y alcance de lo que [se] le dijo […] a M. sobre su origen y entrega” dentro del proceso de vinculación, la Corte advierte que, aunque las representantes del señor Fornerón plantearon la referida objeción, en su escrito de observaciones de febrero de 2013, también reconocieron que “el Estado argentino le informó a M. la verdad de su historia y la lucha de su padre”.
3. 25.Además, de los informes elaborados por la SENAF y/o de la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral se desprende que desde el primer encuentro del proceso de vinculación, realizado en noviembre de 2012, la Directora Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia presentó a M. con su padre biológico y le explicó las razones de la realización de esos encuentros. Además, en el encuentro realizado el 27 de diciembre de 2012, la referida Directora, junto con una de las profesionales designadas para el apoyo terapéutico de M., le explicaron a ésta “la verdad sobre su origen, lo ocurrido con el proceso de guarda y adopción, y los esfuerzos y la búsqueda de su padre biológico [para] ser reconocido como tal y recuperarla para sí y su familia”. Asimismo, el equipo de expertos a cargo del procedimiento de vinculación le explicó a M., “en términos acordes a su edad”, “el contenido de la sentencia [de la Corte Interamericana] en su totalidad, los hechos, el derecho y los fundamentos”, a fin de que “pu[diera] comprender que este proceso ordenado por la Corte Interamericana […] debe concretarse con continuidad”, y que “la verdad de su origen y su historia es una forma de restituir sus derechos vulnerados”. Adicionalmente, durante los encuentros llevados a cabo, el señor Fornerón ha podido contar a M. su historia, expresarle la posibilidad de recuperar su identidad biológica y expresarle, en reiteradas oportunidades, su deseo de que conozca a sus hermanos, abuelos y otros familiares biológicos o de que realicen un viaje a Rosario del Tala para conocer a la familia extensa.
4. 26.Con base en lo indicado, la Corte considera que el Estado ha cumplido con lo dispuesto en la Sentencia (supra Considerando 4), puesto que dentro del proceso de vinculación se dio a conocer a M. “la verdad sobre su origen, […] lo ocurrido con el proceso de guarda y adopción, y los esfuerzos y la búsqueda de su padre biológico de ser reconocido 41 Según lo indicado por la SENAF, “[e]s Leonardo Fornerón quien en todo momento toma una actitud de cuidado y respeto hacia su hija, es quien relega sus propios intereses en función de los de ella, depone su solicitud de encuentros, lo plasma en el ámbito judicial, en pos de favorecer la tranquilidad de M, para no aportarle tensión o preocupación, fundamentalmente considerando el período de vida que se encuentra transitando”, ya que el proceso de restitución del vínculo se ha desarrollado durante su adolescencia. Cfr. Informe de la SENAF de 28 de septiembre de 2016 (anexo al informe estatal de noviembre de 2016). -11como tal y de recuperarla para sí y su familia”42. Lamentablemente, debido a que el proceso de vinculación entre el señor Fornerón y M. inició, por responsabilidad del Estado, cuando ésta ya tenía 12 años (supra Considerandos 10 y 17), el transcurso del tiempo tuvo un impacto negativo en el desarrollo de un vínculo afectivo. Sin embargo, ello no es suficiente para afirmar que Argentina no ha cumplido con su deber de informar a M. sobre la verdad de su origen y de lo sucedido. A criterio de este Tribunal, lo relevante es que a partir de la implementación de esta medida de reparación, se ha proporcionado a M. información y elementos que le permitirán formarse una opinión respecto a su relación con su padre biológico, y ejercer, en el futuro, si así lo deseara, sus derechos de familia con él.
5. 27.Sobre lo sostenido por las representantes del señor Fornerón respecto al comportamiento del matrimonio B-Z y a la falta de adopción de medidas por parte del Estado para evitar su “interferencia” en el procedimiento de restitución del vínculo, la Corte observa que, de la diversa documentación presentada por el Estado, se desprende que desde el inicio del procedimiento de vinculación se ha incluido al referido matrimonio en su coordinación a los fines de contar con su colaboración en el mismo (supra Considerando 9). También para ello, los expertos encargados del procedimiento de vinculación han realizado múltiples reuniones con el matrimonio B-Z, para “reforzar[les] la importancia de mantener los encuentros entre M. [y el señor] Fornerón” y “su deber de participa[ción] como facilitadores y colaboradores” de este procedimiento43. Asimismo, el juez a cargo del proceso judicial sobre régimen de visitas celebró una audiencia con el matrimonio B-Z en el 2014 “a los efectos de remarcar y puntualizar la trascendencia jurídica del compromiso genuino y no formal de su parte en el proceso de revinculación”, así como para asegurarse de que “comprenden el punto 160 de la Sentencia recaída en el caso ‘Fornerón e hija Vs. Argentina’”44. Además, en el 2015, durante una audiencia ante dicho juez, a la que comparecieron entre otros, el señor Fornerón y el matrimonio B-Z, se fijó que durante el 2016 se realizaran “tres encuentros […] entre el matrimonio B-Z y Leonardo Fornerón”, cuyo “objeto […] es lograr la vinculación del s[eñor] Fornerón con su hija M, como así también que el primero esté en conocimiento de los aconteceres diarios de la vida de M”
6. 45.Dicho juez indicó que, a pesar de la complejidad de la relación entre el padre biológico y los padres adoptivos de M., ya que existe un proceso penal de por medio en su contra (infra Considerandos 40 y 45), los referidos encuentros fueron realizados, “algunos de los cuales [fueron] calificados por [el señor] Fornerón como ‘en general positivos’”.
7. 28.Por lo anterior, la Corte estima que el Estado ha cumplido con lo dispuesto en la Sentencia (supra Considerando 5 y nota al pie 17), al haber adoptado las medidas necesarias para garantizar que el matrimonio B-Z no obstaculice el desarrollo de los encuentros entre M. y el señor Fornerón. Sin embargo, de la información aportada, la Corte nota que, desafortunadamente, a pesar de que el Estado ha procurado adoptar medidas, no se ha logrado que matrimonio B-Z emprenda acciones propias para involucrarse en el procedimiento de vinculación a fin de garantizar el bienestar de niña y el adecuado desarrollo de la vinculación, ni para que brinden al señor Fornerón información periódica 42 Cfr. Caso Fornerón e hija, supra nota 1, párr.
8. 159.También se les explicó que “su colaboración es absolutamente necesaria por el bienestar de la niña y el adecuado desarrollo del proceso de vinculación” y “[q]ue su participación es de vital importancia no sólo para sostenerla y ayudarla a que comprenda su realidad histórica, sino que los avances del proceso se encuentran vinculados también vinculados a su modo de participación en el mismo con la responsabilidad que requiere la situación”. Cfr. Informe de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia de septiembre de 2013 (anexo al informe estatal de septiembre de 2013). 44 Acta de la comparecencia del matrimonio B-Z ante el juez de Familia, Civil y Penal de Menores de Victoria a cargo del proceso judicial de régimen de visitas de 3 de septiembre de 2014 (anexo al informe estatal de agosto de 2017). 45 Acta de la comparecencia del señor Fornerón y su representante legal, del matrimonio B-Z y de autoridades estatales y de la Provincia de Enter Ríos, ante el juez de Familia, Civil y Penal de Menores de Victoria a cargo del proceso judicial de régimen de visitas de 9 de abril de 2015 (anexo al informe estatal de agosto de 2017). 43 -12sobre los distintos aspectos de la vida de M. (infra Considerando 29). De la información aportada pareciera que el papel del matrimonio B-Z se ha limitado a acompañar físicamente a M. a los encuentros que han sido pactados con su padre biológico en el marco del cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia de la Corte Interamericana, así como a respetar las decisiones de M46.
9. 29.Respecto a la falta de conocimiento o participación del señor Fornerón en la vida de M. fuera de los encuentros pactados en el marco del proceso de vinculación, la Corte ya ha observado que el matrimonio B-Z no ha adoptado ninguna acción propia al respecto. Luego de cierta resistencia, el señor B. proporcionó al señor Fornerón su número de teléfono para tal efecto y para que pudiera comunicarse con M. Sin embargo, según lo indicado por las representantes, el señor Fornerón habría llamado pero “jamás lo comunican con M.”. Según los expertos a cargo del procedimiento de vinculación, “los canales de comunicación han sido iniciados siempre por Fornerón y nunca por el matrimonio B-Z”. Aunque la Corte nota que esta falta de información sobre la vida de M. y su desarrollo es atribuible a la ausencia de colaboración del matrimonio B-Z con el régimen de comunicación acordado dentro del proceso de vinculación, también se debe a la voluntad y deseos de M. de mantener contacto con el señor Fornerón solamente durante los encuentros pactados 47.
10. 30.Por otra parte, respecto a lo sostenido por las representantes del señor Fornerón sobre el estancamiento y fracaso del proceso de vinculación en razón de la negación de M. a relacionarse con su familia biológica y a recuperar su identidad, así como respecto de la ausencia de involucramiento del señor Fornerón en la determinación de estrategias para que la vinculación fuera efectiva hasta lograr la restitución de la identidad de M. (supra Considerando 7), la Corte recuerda que la reparación ordenada es una obligación de medios, no de resultado (supra Considerando 11). En ese sentido, lo importante es que el Estado implementara las acciones necesarias para establecer un procedimiento progresivo que pusiera a disposición de ambas víctimas las condiciones y apoyo necesarios para el desarrollo de un vínculo afectivo, no que garantizara que con dicho procedimiento se obtuviera el resultado deseado en cuanto a la construcción y fortalecimiento del mismo.
11. 31.Con base en lo expuesto anteriormente, la Corte considera que Argentina ha venido dando cumplimiento a la medida de reparación ordenada el punto dispositivo segundo de la Sentencia, según los lineamientos dispuestos en la misma, ya que estableció y ha implementado durante más de siete años un procedimiento de apoyo para el desarrollo progresivo del vínculo entre el señor Fornerón y su hija M., en el cual se tuvo en cuenta el parecer del señor Fornerón y la voluntad y opinión de la niña (supra Considerando 22). Considerando que ninguna de las partes ha solicitado que se declare el cumplimiento total de la medida o que se concluya su supervisión, el Estado deberá continuar implementando esta reparación, con consideración de los lineamientos dispuestos en la Sentencia.
12. 32.Para continuar valorando el cumplimiento de esta medida, se solicita a Argentina y a las representantes del señor Fornerón que se refieran, en forma actualizada y detallada, a la implementación de esta reparación durante el 2018, así como que obtengan, por los medios legales procedentes, las declaraciones del señor Fornerón y de M., en las cuales expresen su parecer respecto al desarrollo del proceso de vinculación y sobre la continuidad de los diferentes componentes que implica la implementación de esta reparación, tales como la realización de los encuentros y el apoyo terapéutico (supra Considerando 5). Dichas declaraciones deberán ser remitidas en el plazo establecido por la Corte en el punto resolutivo sexto de la presente resolución. 46 Cfr. Informe rendido el 20 de abril de 2015 por médicos psiquiatras sobre la evaluación psicológica realizada a M. en el 2015, supra nota 25, y Acta de la comparecencia de M. ante el juez a cargo del proceso judicial de régimen de visitas de 9 de abril de 2015, supra nota 40. 47 Cfr. Informe rendido el 20 de abril de 2015 por médicos psiquiatras sobre la evaluación psicológica realizada a M. en el 2015, supra nota 25. -13B. Verificar la conformidad a derecho de la conducta de funcionarios que intervinieron en los procesos internos relacionados con este caso B.1. Medida ordenada por la Corte
13. 33.En el punto dispositivo tercero y en los párrafos 168 a 172 de la Sentencia, la Corte dispuso que el Estado “debe verificar, de acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente, a partir de la notificación de la […] Sentencia y en un plazo razonable, la conformidad a derecho de la conducta de los funcionarios que intervinieron en los distintos procesos internos relacionados con el presente caso y, en su caso, establecer las responsabilidades que correspondan”. B.2. Consideraciones de la Corte
14. 34.La Corte recuerda que durante la etapa de fondo del presente caso las representantes informaron que en julio de 2010 denunciaron ante el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Entre Ríos a cuatro funcionarios vinculados con el presente caso: a) al Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Raúl A. Del Valle; b) al Defensor de Pobres y Menores Suplente, Julio R. F. Guaita; c) al Juez de Instrucción, Daniel Olarte, y d) al Defensor de Pobres y Menores Suplente, Marcelo Santiago Balbi. Indicaron, además, que el Estado no tuvo una acción proactiva en el juzgamiento de la responsabilidad de los funcionarios judiciales intervinientes en la guarda y adopción de M. y, en cuanto al resultado de las denuncias interpuestas, informaron que el ex juez Olarte estaba jubilado y por eso no podía ser sometido a ese tipo de procesos, mientras que los otros tres funcionarios habían sido absueltos por falta de mérito48.
15. 35.También durante la etapa de fondo, la Corte solicitó a Argentina que remitiera información detallada sobre las gestiones realizadas con el fin de verificar la conformidad a derecho de la actuación de los funcionarios que intervinieron en los diversos procesos relativos al presente caso y sobre cuáles fueron sus responsabilidades. Sin embargo, el Estado no respondió de manera precisa a esta solicitud de información, limitándose a transmitir información general49. En consecuencia, “[a]nte la ausencia de información y precisión en la respuesta de Argentina”, en la Sentencia del 2012 la Corte dispuso la referida medida de reparación (supra Considerando 33).
16. 36.Durante la etapa de supervisión de cumplimiento de este caso, el Estado sostuvo reiteradamente que “aún antes del dictado de la Sentencia por parte de la Corte Interamericana […], el […] Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Entre Ríos […] y el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos recepciona[ron] y dieron trámite [ y resolvieron] las [referidas cuatro] denuncias” interpuestas por la representante de las víctimas en julio de 2010. (supra Considerando 34). Argentina aportó oficios del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que se refieren al trámite de estas denuncias50, así como copia de las denuncias presentadas por la representante y de diversos escritos y oficios emitidos en el marco del trámite de las denuncias, incluyendo las decisiones internas mediante las cuales éstas fueron resueltas51. De la referida documentación aportada por el Estado, se desprende que: 48 Cfr. Caso Fornerón e hija, supra nota 1, párr.
17. 169.Cfr. Caso Fornerón e hija, supra nota 1, párr. 171. 50 Cfr. Oficio No. 190 de 8 de abril de 2013, Oficio N° 529 de 30 de agosto de 2013 y Oficio N° 398 de 11 de agosto de 2014, suscritos por la Presidenta y/o la Secretaria del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (anexos a los informes estatales de abril de 2013, de enero de 2014 y de febrero de 2015, respectivamente). 51 Las decisiones que resolvieron las denuncias fueron aportadas como anexos a su informe de febrero de 2015. 49 -14a) las denuncias en contra del Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Victoria, Raúl A. Del Valle y del Defensor de Pobres y Menores Suplente de Victoria, Marcelo Santiago Balbi, fueron acumuladas para su tramitación y resueltas el 17 de mayo de 2011 por el Jurado de Enjuiciamiento, el cual resolvió por mayoría “no hacer lugar a la formación de causa a los denunciados” 52; b) la denuncia en contra del Defensor de Pobres y Menores Suplente, Julio R. F. Guaita, fue desestimada el 29 de mayo de 2013 por “acuerdo especial” del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos53, “disponiéndose, en consecuencia, el archivo de las actuaciones”54, y c) en la denuncia contra el Juez de Instrucción, Daniel Olarte, se decretó el “archiv[o] sin más trámite” de la denuncia el 6 de julio de 2012, debido a que, “con motivo de [la] Jubilación Ordinaria Común”, a la que se acogió el denunciado desde junio de 2010, había “ces[ado] en el cargo de juez”55.
18. 37.Tomando en consideración la referida información y documentos aportados, en su informe de abril de 2017 el Estado concluyó que “ha tomado todas las medidas necesarias de acuerdo con la normativa disciplinaria vigente en el orden interno, a los fines de verificar la conducta de los funcionarios que intervinieron en los distintos procesos relacionados con el caso”, por lo cual “cabe tener por cumplido e[ste] punto”. Sin embargo, luego de que las representantes remitieran en junio de 2017 determinada información sobre una decisión de la Corte Suprema de Justicia la Nación Argentina emitida en febrero de 2016 y sobre “hechos nuevos” ocurridos en una causa penal relacionadas con el presente caso (infra Considerando 40), Argentina puso en conocimiento de esta Corte, en su informe de octubre de 2017, información sobre una causa penal por el delito de sustracción de menor de diez años, que tiene como objeto determinar si los hechos del presente caso constituyeron conductas delictivas y en la cual el Fiscal a cargo había solicitado la indagatoria de, entre otros, la madre biológica de M., el matrimonio adoptivo B-Z y funcionarios que intervinieron en los procesos internos relacionados con su guarda y adopción (infra Considerandos 44 y 45).
19. 38.Las representantes y la Comisión Interamericana han expresado en varias ocasiones que estas acciones del Estado no cumplen con la medida ordenada por la Corte. Expresaron que, luego de la Sentencia de este Tribunal, el Estado no ha emprendido acciones para investigar la conformidad a derecho de la conducta de los funcionarios, puesto que las referidas cuatro denuncias fueron interpuestas por las representantes con anterioridad al dictado de la misma. Además, lamentaron que con las decisiones de cierre o archivo de 52 Tres jurados consideraron que “no enc[ontraban] causal que amerit[ara] la apertura de una causa contra los denunciados” y los otros cuatro jurados consideraron que “lejos de configurarse […] ignorancia del derecho o de la legislación vigente; morosidad y/o mal desempeño, los denunciados ha[bían] actuado de conformidad con las disposiciones rituales y de fondo, impulsando el procedimiento y con observancia de la normativa aplicable; preservando los intereses superiores de la niña, escuchando a la menor y consultado la opinión de expertos calificados para adoptar las distintas resoluciones del trámite”. Cfr. Acuerdo del Jurado de Enjuiciamiento de 17 de mayo de 2011 (anexo al informe estatal de febrero de 2015). 53 El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos conoció sobre esta denuncia debido a que en agosto de 2010 “se resolvió declarar la incompetencia del […] Jurado de Enjuiciamiento y remitir a[l] Área de Asuntos Administrativos [de dicho tribunal]”. Cfr. Decisión de 31 de agosto de 2010 del Jurado de Enjuiciamiento (anexo al informe estatal de febrero de 2015). 54 El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos tomó la referida decisión “[d]ada la absoluta carencia de elementos de convicción que permit[ieran] sustentar las conjeturas acusatorias de la denunciante y no advirtiendo, en coincidencia con el Ministerio Público Fiscal, la existencia de verdaderas irregularidades comprobables en la efímera actuación denunciada del Dr. Julio Ramón Francisco Guaita como Defensor de Pobres Suplente de Victoria, no se enc[ontraban] razones que amerit[aran] la intervención de este Superior Tribunal ejerciendo la potestad sancionadora”. Cfr. Acuerdo especial del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos de 29 de mayo de 2013 (anexo al informe estatal de febrero de 2015). 55 Cfr. Decisión del Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de 6 de julio de 2010 (anexo al informe estatal de febrero de 2015). -15dichas denuncias, no se hubiera sancionado a los funcionarios estatales intervinientes en los distintos procesos internos relacionados con este caso. En ese sentido, enfatizaron en la necesidad de que Argentina informara sobre las medidas que estaría adoptando para, además de las denuncias indicadas, dar cumplimiento a este extremo de la Sentencia.
20. 39.Este Tribunal observa que, de acuerdo a la información aportada, las únicas investigaciones o procesos que se efectuaron para la determinación de responsabilidades disciplinarias de los funcionarios que intervinieron en los distintos procesos internos relacionados con la guarda y adopción de M., corresponden a las iniciadas a partir de las cuatro denuncias interpuestas por la representante del señor Fornerón en el 2010, es decir, antes del dictado de la Sentencia de la Corte Interamericana. Dos denuncias, resueltas antes de la emisión de dicha Sentencia (supra Considerando 36.a), no formularon una causa de enjuiciamiento en contra de los denunciados por considerar que lo planteado por la representante del señor Fornerón “se trata de una interpretación diferente de la cuestión” relativa a la conducta del juez y del funcionario. En esta decisión se avaló la conducta de los funcionarios respecto a la “adop[ción de] las distintas resoluciones del trámite” de guarda y adopción de M., al considerar que no se configuró una conducta dolosa de los denunciados en el ejercicio de sus funciones, que actuaron conforme a legislación vigente al resguardar el interés superior de la niña decidiendo que permaneciera con sus padres adoptivos, y que no hubo morosidad o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones
21. 56.Las restantes dos denuncias fueron archivadas por diversos motivos (supra Considerandos 36.b y 36.c), sin tener en cuenta las determinaciones realizadas por la Corte Interamericana en la Sentencia del presente caso ni la reparación ordenada. Es decir, el Estado no realizó, por cuenta propia, acción alguna luego de la emisión de la Sentencia, orientada al cumplimiento de la medida de reparación ordenada, limitándose únicamente a informar a este Tribunal sobre lo que fue resuelto en las denuncias iniciadas por la representante. En consecuencia, se observa que Argentina no determinó responsabilidad disciplinaria alguna de los funcionarios que intervinieron en los procesos relacionados con la guarda y adopción de M.
22. 40.Por otra parte, en junio de 2017, las representantes informaron sobre “hechos nuevos” ocurridos en la causa penal caratulada “Causa No. 45.132/2009 […] s/delito de sustracción de menores de diez años”, interpuesta por el señor Fornerón en noviembre de 2009 en contra, entre otros, de la madre biológica y los padres adoptivos de M., así como de otras personas y funcionarios involucrados en los hechos. Al respecto, aportaron copia de la decisión emitida en febrero de 2016 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual dicho tribunal resolvió “dejar sin efecto el pronunciamiento” de la I Cámara Federal de Casación Penal de diciembre de 2011, en el cual se había declarado la existencia de cosa juzgada en esta causa penal y dispuesto, en consecuencia, su archivo 57.
23. 41.Para tal decisión la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que la referida decisión de la I Cámara Federal de Casación Penal se apoyaba en “fundamentos […] arbitrarios” que “frustra[ban] la garantía del debido proceso legal y del derecho a la jurisdicción que imponen a los tribunales que los casos deben ser tratados adecuadamente”. Además, tomó en cuenta que, con posterioridad a esa decisión de la Cámara Federal, la Corte Interamericana había emitido Sentencia en este caso y dispuesto como reparación que Argentina debía verificar la conformidad a derecho de la conducta de los funcionarios que intervinieron en los distintos procesos internos relacionados con la guarda y adopción de M. La Corte Suprema de Justicia sostuvo lo siguiente: 56 Cfr. Acuerdo del Jurado de Enjuiciamiento de 17 de mayo de 2011, supra nota
24. 52.Cfr. Decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina de 16 de febrero de 2016 (anexo al escrito de las representantes de junio de 2017). 57 -1610) Que, de este modo, atendiendo a que en la denuncia efectuada por [el señor Fornerón] se realizó una referencia a la presunta colaboración de los funcionarios judiciales con la que habrían contado las personas a quienes [se] les imputa la comisión del delito de sustracción y retención de menores y ponderando que resulta imperativo que esta Corte, como uno de los poderes del Estado argentino y conforme a lo previsto en el art[ículo] 68.1 de la misma Convención [Americana], asegure el pleno cumplimiento de dicha sentencia del tribunal internacional, corresponde precisar que el a quo, al dictar un nuevo fallo conforme a derecho deberá adoptar por sí o por su intermedio las medidas pertinentes para garantizar la observancia de lo allí dispuesto. (Énfasis añadido)
25. 42.De lo indicado en dicha decisión interna de febrero de 2016, se desprende que la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó que la medida de reparación ordenada por la Corte Interamericana no estaba limitada a la determinación de responsabilidades disciplinarias, sino que la entendió como una obligación de investigar que también comprende el deber estatal de determinar posibles responsabilidades penales que pudieran guardar relación con los hechos y procesos relativos a la guarda y adopción de M. Este Tribunal valora positivamente esta decisión de la Corte Suprema de Justicia pues evidencia el papel fundamental que tienen los tribunales internos, incluso aquellos de máxima jerarquía, en el cumplimiento o implementación de las Sentencias de la Corte Interamericana58. Luego de esta decisión de la Corte Suprema, la Cámara Federal de Casación Penal emitió una decisión en abril de 2017, en la cual resolvió “remit[ir] la causa al juzgado de origen para que contin[uara] con la investigación de los hechos denunciados con la celeridad que corresponde y conforme a la particularidad del caso”. De esta manera, “los autos en mención fueron restituidos a tales fines al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 […] y delegados [a la] Fiscalía” en lo Criminal y lo Correccional No. 35, que está a cargo de llevar adelante dicha investigación59. En esta decisión, la Cámara Federal de Casación Penal también se fundamentó, entre otros aspectos, en la obligación internacional del Estado de acatar la Sentencia emitida por la Corte Interamericana en este caso.
26. 43.La Corte valora positivamente que con la actuación de los diversos tribunales internos (supra Considerandos 41 y 42), haya sido posible avanzar con la causa penal que tiene como objeto determinar si los hechos del presente caso constituyeron un delito, y en la cual están siendo investigados y procesados funcionarios que intervinieron en los procesos internos relacionados con la guarda y adopción de M. Esto guarda relación con la interpretación de la reparación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (supra Considerando 41) y con el sentido de la reparación ordenada por este Tribunal (supra Considerando 33).
27. 44.A pesar de haber solicitado en abril de 2017 que se declarara el cumplimiento de esta reparación, en octubre de 2017, Argentina presentó información sobre actuaciones que se dieron en el marco de esa causa penal (supra Considerandos 37). Llama la atención de este Tribunal que el Estado hubiera realizado tal solicitud, cuando tenía conocimiento que desde febrero de 2016 existía una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que interpretó en sentido más amplio la reparación dispuesta por la Corte (supra Considerandos 41 y 42).
28. 45.Entre octubre de 2017 y julio de 2018 el Estado y las representantes han remitido información sobre el desarrollo de la referida causa penal (Causa No. 45.132/2009). Según dicha información, el 21 de febrero de 2018 el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31 dictó un auto de procesamiento en el cual “decret[ó] el procesamiento” 58 Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay, supra nota 30 y Caso Bueno Alves Vs. Argentina, supra nota
29. 30.Esta información fue brindada por las representantes en su escrito de junio de 2017 y se encuentra reseñada en los antecedentes de la solicitud de indagatorias realizada por el Fiscal a cargo de la investigación. Cfr. Solicitud de indagatorias del Fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 35 de septiembre de 2017 (anexo al informe estatal de octubre de 2017 y a los escritos de las representantes de octubre de 2017). 59 -17de nueve imputados “por considerarlo[s] ‘prima facie’” como “coautores penalmente responsables del delito de sustracción de menor de diez años” y respecto del imputado restante como “partícipe secundario penalmente responsable del [referido] delito”
30. 60.Los imputados son funcionarios estatales que intervinieron en los distintos procesos relacionados con la guarda y adopción de M. e intermediarios que tuvieron participación en dichos hechos, el matrimonio adoptivo B-Z y la madre biológica de M. Posteriormente, el 1 de junio de 2018 la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional emitió una decisión en la cual resolvió, entre otros, “decretar el sobreseimiento de [seis] imputados”, entre ellos la madre biológica de M. y el matrimonio adoptivo B-Z, y “declarar que no existe mérito para procesar ni para sobreseer a [cuatro] imputados”. Ante esta última decisión, la representación del señor Fornerón interpuso un recurso de casación, a fin de que “la Cámara Federal de Casación Penal revoque la resolución impugnada”, el cual, según lo indicado por las representantes y el Estado, está pendiente de ser resuelto.
31. 46.Con base en lo expuesto, la Corte considera que si bien el Estado no cumplió con su obligación de verificar, de acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente, la conformidad a derecho de la conducta de los funcionarios que intervinieron en los distintos procesos internos relacionados con la guarda y adopción de M (supra Considerando 39), este ha procurado, a través de la referido proceso penal, la investigación de la eventual responsabilidad penal de los funcionarios.
32. 47.Considerando el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos y los procesos internos relacionados con el presente caso, la Corte no continuará exigiendo a Argentina el cumplimiento de la obligación de determinar las responsabilidades disciplinarias de los funcionarios y, en consecuencia, declara concluida la supervisión de cumplimiento al respecto.
33. 48.No obstante, considerando que el Estado ha interpretado que la medida de reparación dispuesta por este Tribunal comprende la investigación en el ámbito penal y que la referida causa penal se encuentra aún en curso (supra Considerandos 41, 42 y 45), la Corte mantendrá abierta la supervisión de cumplimiento de este punto de la Sentencia al efecto de solicitar a Argentina que en su próximo informe presente información actualizada y detallada respecto del trámite de dicha causa penal. C. Tipificar la venta de niñas y niños C.1. Medida ordenada por la Corte
34. 49.En el punto dispositivo cuarto y los párrafos 176 y 177 de la Sentencia, se dispuso que “[e]l Estado deb[ía] adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar la venta de niños y niñas, de manera que el acto de entregar un niño o niña a cambio de una retribución o cualquier otra compensación, cualquiera que sea su forma o fin, constituya una infracción penal, de conformidad con los estándares internacionales y lo establecido en los párrafos [129 a 144] de la […] Sentencia”. C.2. Consideraciones de la Corte
35. 50.En sus informes de noviembre de 2016 y abril de 2017 el Estado comunicó que están en trámite legislativo ante el Congreso de la Nación tres proyectos de ley relacionados con 60 Además, dispuso que los imputados podían mantener la libertad en el marco de la causa penal y trabó embargos respecto de cada uno de ellos por distintos montos. Cfr. Decisión de 21 de febrero de 2018 emitida por el Juzgado Nacional Criminal y Correccional No. 21 (anexo al escrito de las representantes de febrero de 2018). -18la tipificación de la venta de niñas y niños 61 y aportó copia de dos de ellos62. Posteriormente, en enero de 2018 comunicó que “los [referidos] tres proyectos se enc[ontraban] caducos y no obtuvieron dictamen”, y agregó que, “[s]in perjuicio de ello, […] en la Cámara de Diputados de la Nación, se registran [otros] tres proyectos de ley en trámite que se fundamentan en el caso Fornerón” 63 y aportó copia de los mismos
36. 64.Además, sostuvo que “el Observatorio de Derechos Humanos [del Senado de la Nación] manifestó […] su intención [de] promover en el próximo período de sesiones ordinarias el debate legislativo necesario para la sanción de una norma que tipifique el delito de venta de niños, en el marco de los compromisos contraídos por [Argentina] y en consonancia con la normativa internacional de derechos humanos”. Por su parte, las representantes y la Comisión han observado que el Estado no ha cumplido con esta medida. Además, las representantes hicieron notar que “los proyectos [de ley] no son una forma de cumplimiento” y que “no registran avances significativos”.
37. 51.La Corte advierte con preocupación que han transcurrido más de seis años desde la notificación de la Sentencia y no existe avance alguno en el trámite legislativo para la aprobación de una tipificación del delito de la venta de niños y niñas en Argentina
38. 65.Si bien la Corte valora los esfuerzos del Estado por presentar proyectos de ley (supra Considerando 50), es necesario recordar que la obligación contenida en la presente medida de reparación no debe limitarse a impulsar el proyecto de ley correspondiente, sino que debe asegurar su pronta sanción y entrada en vigor, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico interno.
39. 52.En cuanto a los proyectos de ley que se encontrarían actualmente en trámite legislativo, la Corte observa que los tres propondrían reformas del artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, comprendido dentro del capítulo relativo a los delitos de “supresión y suposición del estado civil y de la identidad”, y dos de ellos incorporarían artículos adicionales (supra nota al pie 65). Dos de los proyectos de ley proponen la tipificación de la “entreg[a] a otro de un menor de edad a cambio de un precio o una promesa remuneratoria o cualquier otra forma de retribución, con el objeto de establecer una relación análoga a la filiación” y a “quien recibiere a una persona menor de edad en [tales] condiciones”. El otro proyecto de ley propone que se tipifique la “entreg[a], rec[epción], detenta[ción] o ret[ención] de una persona menor de edad con fines adoptivos o de vinculación permanente, sin haber cumplido el proceso legal vigente, haya mediado o no precio, promesa remuneratoria o cualquier tipo de contraprestación”. También, los referidos proyectos contemplarían la exclusión de la punibilidad o reducción de la pena, bajo 61 i) “Expediente 4078/15 […] que modifica el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, tipificando el delito de venta de menores de edad”; ii) “Expediente 3668-D-2015 […] que sustituye el artículo 139 bis e incorpora los artículos 139 ter y 139 quater del Código Penal de la Nación, sobre el delito de venta de menores”, y iii) “Expediente 3387-D-2015 […] que modifica el artículo 139 bis e incorpora los artículos 139 ter, 139 quater y 139 quinquies del Código Penal de la Nación sobre el delito de venta de menores”. Además, Argentina informó que “existen otros dos proyectos legislativos vigentes que si bien no tipifican el delito de venta de niños y niñas, tienen por objeto su prevención”. 62 Cfr. Copia de los proyectos de ley “Expediente 3668-D-2015” y “Expediente 3387-D-2015” (anexos al informe estatal de noviembre de 2016). 63 i) “Expediente 2646-D-2017. Modificación del artículo 139 bis e incorporación del 139 ter Código Penal, sobre la problemática […] denominada ‘compra y venta’ de bebés, niños y niñas”; ii) “Expediente 2354-D-2017. Modificación del artículo 139 bis e incorporación de los artículos 139 ter, 139 quater y 139 quinquies Código Penal sobre pena de reclusión. Delitos contra el estado civil”, y iii) “Expediente 8018-D-2016. Modificación del artículo 139 del Código Penal sobre ampliación de penas”. 64 Cfr. Copia de los proyectos de ley “Expediente 2646-D-2017”, “Expediente 2354-D-2017” y “Expediente 8018-D-2016” (anexos al informe estatal de enero de 2018). 65 Incluso, el Estado aportó un oficio de noviembre de 2017 suscrito por la Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, en el cual indicó que, a esa fecha, “no se registra[ban] proyectos de ley vigentes sobre tipificación de compra-venta de niños”. Cfr. Oficio de 16 de noviembre de 2017 suscrito por la Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación (anexo al informe estatal de enero de 2018). -19ciertos supuestos, para los progenitores del menor de edad que incurrieran en las referidas conductas.
40. 53.Las representantes y la Comisión no han formulado observaciones específicas en relación con el contenido de los proyectos de ley sobre los cuales informó el Estado (supra Considerando 50). No obstante, este Tribunal estima pertinente recordar que según los estándares internacionales relativos a la obligación de los Estados de adoptar medidas para impedir la venta de niños y niñas, expuestos por la Corte en los párrafos 129 a 144 de la Sentencia, una adecuada tipificación del delito de venta de niñas y niños debe impedir la entrega de niños o niñas a cambio de una retribución o cualquier otra compensación, cualquiera que sea su forma o fin, sin excepciones o limitaciones. En ese sentido, la Corte insta al Estado a que tome en cuenta estas consideraciones para asegurar que el trámite legislativo no culmine con la aprobación y vigencia de normativa que no se adecue a dichos estándares internacionales y/o que no cumpla a cabalidad con lo ordenado por este Tribunal. Una vez aprobada legalmente la tipificación del delito de venta de niños y niñas, la Corte evaluará si la misma se adecua a los estándares.
41. 54.El Estado debe, a la brevedad posible, emprender las acciones necesarias para que la tipificación del delito de venta de niñas y niños sea realizada conforme a lo dispuesto en la Sentencia. En su próximo informe, Argentina deberá presentar información detallada y actualizada con respecto a las medidas emprendidas para dar cumplimiento a esta reparación. En dicho informe, es necesario que el Estado explique cómo pretende tipificar la venta de niños y niñas para otros fines distintos a una pretendida relación de filiación o un proceso de adopción ilegal. Asimismo, es necesario que el Estado se refiera a las excluyentes de responsabilidad penal previstas en los proyectos de ley (supra Considerando 50) y cómo éstas excepciones o limitaciones se adecuarían a los estándares internacionales de tipificación de venta de niños y niñas (supra Considerandos 49 y 53).
42. 55.Por otra parte, el Estado también informó que en agosto de 2015 “entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación –aprobado por ley 26.994-, […] el cual introdujo cambios sustantivos en relación al instituto de la adopción”
43. 66.Dentro de las reformas incluidas, destacó que en el artículo 611 del referido código se “prohíbe expresamente la entrega directa en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño” y se previó que “[l]a transgresión de [esta] prohibición habilita al juez a separar al niño transitoria o definitivamente de su pretenso guardador, excepto que se compruebe judicialmente que la elección de los progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco”. Si bien este Tribunal valora las reformas a la normativa civil, en tanto tienen un impacto positivo en el respeto y garantía de los derechos de los niños y niñas y el derecho a la familia, y contribuyen a evitar que hechos similares a los ocurridos en el presente caso se repitan, es relevante recordar al Estado que estas reformas civiles no guardan relación con la medida de reparación ordenada en la Sentencia, la cual está dirigida adoptar en el derecho interno una norma que permita a establecer responsabilidades penales para quienes entreguen un niño o niña a cambio de una retribución o cualquier otra compensación, cualquiera que sea su forma o fin (supra Considerando 49).
44. 56.Con base en lo expuesto, el Tribunal considera que se encuentra pendiente de cumplimiento la medida ordenada en el punto dispositivo cuarto de la Sentencia, relativa a tipificar la venta de niños y niñas en Argentina. 66 Las representantes y la Comisión consideraron que resultan positivos los esfuerzos emprendidos por el Estado para “regular[…] integralmente el proceso” de adopción. -20D. Implementar un programa o curso para operadores judiciales y funcionarios vinculados a la administración de justicia en la Provincia de Entre Ríos D.1. Medida ordenada por la Corte
45. 57.En el punto dispositivo quinto y en el párrafo 182 de la Sentencia se dispuso que “[e]l Estado debe implementar, en el plazo de un año y con la respectiva disposición presupuestaria, un programa o curso obligatorio dirigido a operadores judiciales, incluyendo jueces, defensores, fiscales, asesores y demás funcionarios de la Provincia de Entre Ríos vinculados a la administración de justicia respecto de niños y niñas que contemple, entre otros, los estándares internacionales en derechos humanos, particularmente, en materia de los derechos de los niños y niñas y su interés superior y el principio de no discriminación”. D.2. Información y observaciones de las partes y de la Comisión
46. 58.El Estado informó sobre la realización, en el 2013, de un “curso obligatorio de actualización” en derecho de familia para magistrados y funcionarios con competencia en materia de derecho de familia, niños y adolescentes en la Provincia de Entre Ríos (infra Considerandos 60 y 62 a 66) y sobre otras “continuas actividades de formación implementadas en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes en [dicha] Provincia” (infra Considerandos 60 y 67), con las cuales consideró que “di[o] acabado cumplimiento al presente punto ordenado por la Corte Interamericana”.
47. 59.Las representantes y la Comisión se refirieron a la falta de información sobre: el contenido específico del curso de actualización en derecho de familia implementado por el Estado, en lo relativo a la inclusión de las temáticas ordenadas en la Sentencia, y a las autoridades judiciales que fueron capacitadas. Además, las representantes sostuvieron que el Estado no había presentado información sobre si el curso era de carácter obligatorio, el porcentaje mínimo de asistencia, la cantidad de personas que asistieron y la cantidad de horas previstas para la totalidad del programa. D.3. Consideraciones de la Corte
48. 60.En cuanto a la alegada falta de información por parte del Estado sobre determinados aspectos de la implementación de esta medida (supra Considerando 59), este Tribunal hace notar que en su informe de febrero de 2015 Argentina remitió información y documentación detallada sobre el diseño, implementación, contenidos, metodología, asistentes y formadores del curso de actualización en derecho de familia realizado en el 2013 (infra Considerando 62 a 66). Además, en sus informes de noviembre de 2016, y de abril y agosto de 2017 aportó un listado de las “capacitaciones y campañas de sensibilización social […] en materia de familia y niñez efectuadas en los años 2015 y 2016 por el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial de la Provincia de Entre Ríos, ‘Dr. Juan Bautista Alberdi’, destinada a [m]agistrados, [f]uncionarios y [e]mpleados del Poder Judicial de la Provincia”. Las representantes de la víctima y la Comisión IDH no presentaron observaciones específicas a esta documentación aportada por el Estado.
49. 61.La Corte valora positivamente la información presentada por el Estado en relación a capacitaciones de operadores judiciales de la Provincia de Entre Ríos. A continuación, se valorará si la implementación y contenido de las acciones implementadas por Argentina son suficientes para dar por cumplida la reparación ordenada en la Sentencia.
50. 62.En cuanto al curso de actualización en derecho de familia, Argentina aportó tres oficios del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos67, de los cuales se desprende que 67 Cfr. Oficio No. 190 de 8 de abril de 2013, Oficio N° 529 de 30 de agosto de 2013 y Oficio N° 398 de 11 de agosto de 2014 , supra nota 50. -21entre abril y noviembre de 2013 la Escuela Judicial “Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial de la Provincia de Entre Ríos ‘Dr. Juan Bautista Alberdi’” llevó a cabo el curso denominado “Curso de Actualización: ‘Las familias y sus derechos. Transformaciones normativas en el nuevo milenio” como “parte integrante de [su] Plan Integral de Gestión Educativa”68. Según lo indicado por el referido Superior Tribunal de Justicia este curso fue diseñado “en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
51. 63.Previo al inicio de este curso, en marzo de 2013, el Superior Tribunal de Justicia de la referida provincia emitió un “Acuerdo General” en el cual dispuso el “carácter obligatorio” del referido curso “para todos los [m]agistrados y [f]uncionarios de la Provincia [de Entre Ríos], con competencia en la materia”. También se dispuso “dar intervención al Procurador y al Defensor General de esa Provincia, para que -en el ámbito de sus competenciasdisp[usieran] en cuanto consider[aran] conveniente en relación a la asistencia de los funcionarios bajo su órbita, al referido curso” 69.
52. 64.Según la documentación aportada por el Estado70, el contenido del curso “se formuló sobre el eje de las transformaciones normativas experimentadas [en] la provincia de Entre Ríos -y en el país- en los últimos años en materia de [d]erecho de [f]amilia” y de “los estándares internacionales en materia de derechos humanos”. Este contenido fue distribuido en “XIII Módulos” que “integraron […] una carga total de 180 horas de capacitación”, de las cuales 130 fueron horas de capacitación presencial y 50 horas de carácter no presencial para lecturas y elaboración de trabajos monográficos obligatorios71. En cuanto a las temáticas específicas abordadas en el referido curso, la Corte considera que su contenido satisface lo ordenado en la Sentencia ya que comprende, entre otros temas: los “derechos humanos y familia”, “derechos del niño y acceso a la justicia”, “el interés superior del niño: jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, la “protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la legislación nacional y provincial” y “la Convención de los Derechos del Niño y sus lineamientos esenciales”. Además, se destaca positivamente que en dicho curso se haya incluido, en varios de los módulos, el estudio de la Sentencia emitida por la Corte Interamericana en el presente caso, con el fin de reforzar a los participantes la “enseñanza de estándares internacionales en materia de derechos de 68 En el Oficio N° 398 de 11 de agosto de 2014 (supra nota al pie 50) se indicó que “[p]ara consulta[r el] detalle de la actividad se puede acceder al espacio institucional del Instituto de Capacitación y Perfeccionamiento institucional de la Provincia de Entre Ríos ‘Dr. Juan Bautista Alberdi’ a través del enlace http://institutojuanbalberdi.blogspot.com/2013/03/curso-de-actualizacion-las-familias-y.html”. La Corte ha constatado que en ese enlace se encuentra una indicación sobre el carácter obligatorio del curso, los funcionarios del Poder Judicial a los cuales se dirige y los requisitos que deben cumplir, las fechas en que se impartieron los módulos, la carga horaria de cada uno y el nombre del profesional encargado de impartirlo, el método de evaluación, entre otros. Además, a través de dicho enlace se puede acceder al programa del contenido de cada uno de los módulos del curso. El enlace directo a dicho programa es el siguiente: https://docs.google.com/file/d/0B1pnInVjVdUPTm5oTWVjSDRqUEk/edit (Última consulta de los referidos enlaces: 28 de noviembre de 2018). 69 En el escrito suscrito por la Presidenta y la Secretaria del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos se indica que tal disposición se realizó en el “Acuerdo General N°05/13” del 12 de marzo de 2013. A través del enlace electrónico señalado en la nota al pie 70, supra, se puede acceder a un oficio en el que la Secretaria del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos informa al Director del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial de la Provincia de Entre Ríos “Dr. Juan B. Alberdi” sobre las disposiciones que se realizaron en el referido “Acuerdo General N°05/13”. Cfr. Oficio No. 190 de 8 de abril de 2013, y Oficio N° 398 de 11 de agosto de 2014, supra nota 50, y Oficio No. 150 de 14 de marzo de 2013 suscrito por la Secretaria del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, disponible en: https://docs.google.com/file/d/0B1pnInVjVdUPUjdMN1JWek5HOTg/edit (última consulta 28 de noviembre de 2018). 70 Cfr. Oficio N° 398 de 11 de agosto de 2014, supra nota 50. 71 Se indicó que el “plantel de formadores” del curso “se conformó siguiendo criterios estrictos de idoneidad profesional y experiencia en la enseñanza de los Derechos Humanos en general y en particular de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia”. Cfr. Oficio N° 398 de 11 de agosto de 2014, supra nota 50. -22niños y niñas, su interés superior y el principio de no discriminación”, así como que se haya incluido el análisis de la jurisprudencia desarrollada en otras Sentencias de este Tribunal72.
53. 65.En lo que respecta a su implementación73, consta que el referido curso, llevado a cabo entre abril y noviembre de 2013, tuvo “una matrícula total de 127 asistentes” y que “la totalidad de los matriculados cumplieron con las condiciones establecidas por el Poder Judicial de Entre Ríos para la acreditación del Curso, tanto en lo que respecta al régimen de asistencia, como a las instancias de evaluación”. En cuanto a los funcionarios que participaron en mismo “se encontra[ron] Magistrados y Funcionarios del Fuero de Familia, representantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público Pupilar”74, lo cual guarda conformidad con lo dispuesto en la Sentencia en cuanto a los funcionarios a los que tenía que estar destinado el curso que implementara el Estado.
54. 66.Tal como ha sido señalado, la Corte considera que el referido “Curso de Actualización: ‘Las familias y sus derechos. Transformaciones normativas en el nuevo milenio” cumple con los criterios de obligatoriedad, funcionarios a ser capacitados y contenidos dispuestos en la Sentencia (supra Considerandos 57 y 63 a 65). Asimismo, es positivo que éste haya sido diseñado e implementado dentro del plazo de un año otorgado en la Sentencia.
55. 67.Por otra parte, el Estado informó sobre otras “capacitaciones” relacionadas con “el nuevo Código Civil y Comercial”, “derecho procesal de familia”, “las nuevas relaciones de familia según el nuevo Código Civil y Comercial”, “el fuero de familia”, “restitución internacional de menores”, así como sobre campañas de sensibilización social en diversas temáticas para la protección de los derechos de la niñez, las cuales fueron efectuadas en el 2015 y el 2016 en la Provincia de Entre Ríos. Aunque la Corte valora positivamente estas acciones adicionales del Estado, no emitirá un pronunciamiento específico sobre las mismas, pues ya ha considerado que con el “Curso de Actualización: ‘Las familias y sus derechos. Transformaciones normativas en el nuevo milenio” el Estado ha dado cumplimiento a lo ordenado por esta Corte en la Sentencia (supra Considerando 66).
56. 68.Con base en lo expuesto, la Corte considera que Argentina ha dado cumplimiento total a la medida de reparación ordenada en el punto dispositivo quinto de la Sentencia, relativa a implementar un programa o curso obligatorio dirigido a operadores judiciales y demás funcionarios de la Provincia de Entre Ríos vinculados a la administración de justicia respecto de niños y niñas. E. Publicación y difusión del resumen oficial de la Sentencia E.1. Medidas ordenadas por la Corte
57. 69.En el punto dispositivo sexto y en el párrafo 183 de la Sentencia, se dispuso que “el Estado deb[ía] publicar, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de[l] Fallo, el resumen oficial de la […] Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, tanto en el Boletín Oficial del Estado, como en Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos”. 72 Se incluyó el estudio de la jurisprudencia sobre interés superior del niño desarrollada por la Corte Interamericana en la Opinión Consultiva No. 17 sobre “Condición jurídica y derechos humanos del niño”, y en las Sentencias del Caso Villagrán Morales y otros Vs. Guatemala y el Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. 73 Cfr. Oficio N° 398 de 11 de agosto de 2014, supra nota 50. 74 También participaron en el curso “abogados en el ejercicio liberal de la profesión”. -23E.2. Consideraciones de la Corte
58. 70.Con base en los comprobantes aportados por el Estado 75, la Corte constata que se realizaron las referidas publicaciones ordenadas en la Sentencia, ya que Argentina publicó el resumen oficial de la Sentencia elaborado por la Corte en el Boletín Oficial de la Nación 76 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos
59. 77.Este Tribunal valora positivamente que la publicación en el Boletín Oficial haya sido realizada dentro del plazo otorgado en la Sentencia.
60. 71.En consecuencia, la Corte considera que el Estado ha dado cumplimiento total a las medidas de publicación y difusión del resumen oficial de la Sentencia, ordenadas en el punto dispositivo sexto de la misma. F. Pago de indemnizaciones por concepto de daños materiales e inmateriales y reintegro de costas y gastos F.1. Medidas ordenadas por la Corte
61. 72.En el punto dispositivo séptimo de la Sentencia se dispuso que en el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la misma, el Estado debía pagar las cantidades fijadas en los párrafos 191, 192, 197 y 204 a 206 del Fallo, por concepto de: a) indemnización por daño material e inmaterial a favor del señor Fornerón78; b) indemnización por daño inmaterial a favor de M.79, y c) reintegro de costas y gastos a favor del señor Fornerón, del señor Baridón, abogado que asistió al señor Fornerón en el trámite interno del presente caso, y de sus representantes en el trámite del caso ante el Sistema Interamericano80. 75 El Estado informó sobre las publicaciones y aportó “copia de los Boletines Oficiales” de la Nación y de la Provincia de Entre Ríos “a fin de dar cuenta de [su] realización”. Las representantes no presentaron observaciones con respecto a este punto de la Sentencia, y la Comisión Interamericana tomó nota de las publicaciones realizadas y consideró que este punto “habría sido cumplido por el Estado”. 76 Cfr. Copia del Boletín Oficial No. 32.532 de 29 de noviembre de 2012, págs. 35 y 36 (anexo al informe estatal de enero de 2013). 77 Cfr. Copia del Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos No. 25.127-234/12 de 17 de diciembre de 2012, págs. 19 a 21 (anexo al informe estatal de abril de 2013). 78 En relación con la indemnización por concepto de daño material a favor del señor Fornerón, en el párrafo 191 de la Sentencia, la Corte “decid[ió] fijar, en equidad, la cantidad de US$ 45.000,00 (cuarenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América)” por “la pérdida de ingresos” que sufrió “debido a los hechos del presente caso”, y en el párrafo 192 “decid[ió] fijar, en equidad, la cantidad de “US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América)”, por concepto de “reintegro de [sus] gastos por tratamiento psicológico”. En cuanto al daño inmaterial, en el párrafo 197 de la Sentencia, el Tribunal “fij[ó], en equidad, la suma de US$ 60.000,00 (sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor del señor Fornerón”. 79 Respecto a la indemnización por concepto de daño inmaterial de M., en el párrafo 197 de la Sentencia, la Corte “fij[ó], en equidad, […] la suma de US$ 40.000,00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América)”. En cuanto a la modalidad de pago, en el párrafo 212 la Corte dispuso lo siguiente: “[e]n cuanto a la indemnización ordenada a favor de la niña M., el Estado deberá depositarla en una institución argentina solvente. La inversión se hará dentro del plazo de un año, en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria, mientras la beneficiaria sea menor de edad. Dicha suma podrá ser retirada por aquella cuando alcance la mayoría de edad o, en su caso, antes si así conviene al interés superior de la niña, establecido por determinación de una autoridad judicial competente. Si no se reclama la indemnización correspondiente una vez transcurridos diez años contados a partir de la mayoría de edad, la suma será devuelta al Estado con los intereses devengados”. 80 En los párrafos 204 a 206 la Corte fijó en equidad los siguientes montos por concepto de reintegro de costas y gastos: i) US$10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor del señor Fornerón por los “gastos [en los que incurrió] relacionados con la búsqueda de la justicia y la restitución de su hija”; ii) US$15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) “a favor del señor Baridón, abogado que asistió al señor Fornerón en el trámite interno del caso”, y iii) US$15.000,00 (quince mil dólares de los Estados -24F.2. Consideraciones de la Corte
62. 73.El Estado ha sostenido que “dio cumplimiento” a este punto de la Sentencia ya que realizó el “pago de las indemnizaciones fijadas [en la Sentencia] a favor de las víctimas”
63. 81.Las representantes confirmaron que el 8 de septiembre de 2014 “el Estado [a]rgentino ha[bía] cumplido con la manda de la Corte abonando el pago correspondiente”, y solicitaron una aclaración respecto al tipo de cambio entre el peso argentino y el dólar que debía utilizarse para el pago82. En respuesta a una solicitud del Presidente del Tribunal, Argentina aclaró lo relativo al tipo de cambio83. Las representantes no realizaron posteriores observaciones o solicitudes adicionales. En su escrito de junio de 2017 se refirieron por última vez a esta reparación, al confirmar que “Argentin[a] cumplió con la manda de la sentencia”.
64. 74.Con base en lo expuesto por las partes, la Corte considera que el Estado ha cumplido con pagar al señor Fornerón los montos fijados a su favor en la Sentencia por concepto de indemnizaciones del daño material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos, así como con reintegrar al señor Baridón y a sus representantes los montos fijados por concepto de costas y gastos (supra Considerandos 72.a y 72.c).
65. 75.Respecto al pago de la indemnización por concepto del daño inmaterial ordenado a favor de M., no ha sido aportada a la Corte información o documentación alguna que acredite que el pago haya sido realizado, conforme a lo indicado en la Sentencia (supra Considerando 72.b). La única información presentada por Argentina da cuenta de que en septiembre de 2015 se celebró una audiencia en la causa “‘Fornerón Leonardo Aníbal Javier s/Ordinario Régimen de Visitas’ en trámite ante el Juzgado de Familia, Civil y Penal de Menores de Victoria, Entre Ríos, [en la cual] el juez interviniente solicitó información sobre el pago de la indemnización ordenado a favor de la menor M.”, y que, ante dicha solicitud, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos “efectuó la consulta ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, quien comunicó que podía efectuarse el depósito de los fondos a favor de la menor mediante la apertura de una cuenta judicial de autos, tal como se procedió en otras causas de similares características”84.
66. 76.Para poder evaluar el cumplimiento del referido extremo de la reparación, se requiere que Argentina remita información actualizada sobre el estado en el que se Unidos de América) a las representantes del señor Fornerón, por las costas y gastos de la tramitación del caso ante el sistema interamericano. 81 Al respecto, Argentina aportó copia del Decreto No. 751/2014 dictado el 22 de mayo de 2014, mediante el cual se “[d]isp[uso] el pago en efectivo [de los montos ordenados en la] sentencia [de este caso], con más los intereses moratorios que correspondan para el caso de la indemnización por daño material e inmaterial a favor de las víctimas del caso y por reintegro de costas y gastos, por el lapso transcurrido desde el vencimiento del plazo dispuesto en la sentencia (1 de junio de 2013) hasta la fecha de su efectiva cancelación”. Cfr. Decreto No. 751/2014 de la Presidencia de la Nación de 22 de mayo de 2014 (anexo al informe estatal de junio de 2014). 82 Solicitaron esta aclaración debido “a que el peso argentino no cotiza en la Bolsa de Nueva York, Estados Unidos de América, pero sí las transacciones comerciales líquidas, siendo la diferencia [de] cotización oficial del dólar ($ARS 8.42) y el otro a ($ ARS 14,30) en el [7 de septiembre de 2014]”, “quedando en letra muerta al momento de la liquidación” lo dispuesto en el párrafo 214 de la Sentencia. 83 Mediante nota de la Secretaría de la Corte de 8 de octubre de 2014, siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, se solicitó al Estado que “remit[iera] información sobre el tipo de cambio entre el dólar y el peso argentino que habría utilizado para calcular los montos de las indemnizaciones y el reintegro de las costas y gastos y que remit[iera] sus observaciones a lo indicado al respecto por las representantes de las víctimas”. Al respecto, Argentina informó que, “conforme las normas para los pagos de obligaciones por parte del Tesoro”, “para la determinación del monto en moneda del país se debe tomar la cotización en divisas del Banco de la Nación al cierre del día anterior al devengamiento”. También agregó que “[p]ara el cálculo de los intereses moratorios corresponde utilizar […] la [t]asa [a]ctiva del Banco Nación Argentina”. 84 Cfr. Oficio No. IF-2016-02742304-APN-DNAJNDH#MJ de 31 de octubre de 2016 remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por el Coordinador de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (anexo al informe estatal de noviembre de 2016). -25encuentra el pago de la indemnización a M. y, en caso de que éste ya haya sido realizado, remita el soporte probatorio correspondiente.
67. 77.En virtud de lo anterior, la Corte considera que Argentina ha dado cumplimiento parcial a la medida ordenada en el punto dispositivo séptimo de la Sentencia, ya que pagó los montos ordenados en la Sentencia por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y reintegro de costas y gastos a favor del señor Fornerón y reintegró las costas y gastos al señor Baridón y a las representantes del señor Fornerón en el presente proceso internacional (supra Considerando 74), quedando pendiente únicamente que el Estado remita información sobre el pago de la indemnización por daño inmaterial a M. (supra Considerandos 75 y 76). POR TANTO: LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, En el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones, de conformidad con los artículos 33, 62.1, 62.3, 65, 67 y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24, 25 y 30 del Estatuto, y 31.2 y 69 de su Reglamento, RESUELVE:
68. 1.Declarar, de conformidad con lo señalado en los Considerandos 68 y 71 de la presente Resolución, que el Estado ha dado cumplimiento total a las siguientes medidas de reparación: a) implementar un programa o curso obligatorio dirigido a operadores judiciales, incluyendo jueces, defensores, fiscales, asesores y demás funcionarios de la Provincia de Entre Ríos vinculados a la administración de justicia respecto de niños y niñas que contemple, entre otros, los estándares internacionales en derechos humanos, particularmente, en materia de los derechos de los niños y niñas y su interés superior y el principio de no discriminación (punto dispositivo quinto de la Sentencia), y b) realizar las publicaciones del resumen oficial de la Sentencia elaborado por la Corte en el Boletín Oficial y en el Boletín de la Provincia de Entre Ríos (punto dispositivo sexto de la Sentencia).
69. 2.Declarar, de conformidad con lo señalado en el Considerando 31 de la presente Resolución, que el Estado ha venido dando cumplimiento y debe continuar implementando la medida relativa a establecer un procedimiento orientado a la efectiva vinculación entre el señor Fornerón y su hija M. (punto dispositivo segundo de la Sentencia).
70. 3.Declarar, de conformidad con lo señalado en el Considerando 77 de la presente Resolución, que el Estado ha dado cumplimiento parcial a la medida relativa a pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por reintegro de costas y gastos, quedando pendiente únicamente que el Estado remita información sobre el pago de la indemnización por daño inmaterial a M. (punto dispositivo séptimo de la Sentencia). -264. Mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de las siguientes medidas de reparación: a) establecer un procedimiento orientado a la efectiva vinculación entre el señor Fornerón y su hija M. (punto dispositivo segundo de la Sentencia); b) verificar la conformidad a derecho de la conducta de los funcionarios que intervinieron en los distintos procesos internos relacionados con el presente caso y, en su caso, establecer las responsabilidades que correspondan (punto dispositivo tercero de la Sentencia); c) adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar la venta de niños y niñas, de manera que el acto de entregar a un niño o niña a cambio de una retribución o cualquier otra compensación, cualquiera que sea su forma o fin, constituya una infracción penal (punto dispositivo cuarto de la Sentencia), y d) pagar la indemnización por concepto de daño inmaterial a M. (punto dispositivo séptimo de la Sentencia).
71. 5.Disponer que el Estado adopte, en definitiva y a la mayor brevedad, las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto cumplimiento a los puntos pendientes de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas emitida en el presente caso, de acuerdo con lo considerado en la presente Resolución, y con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
72. 6.Disponer, en cuanto a la medida de reparación ordenada en el punto dispositivo segundo de la Sentencia, que a más tardar el 28 de febrero de 2019, el Estado y las representantes del señor Fornerón remitan las declaraciones del señor Fornerón y de M., en cuanto a su parecer respecto al desarrollo del proceso de vinculación y sobre la continuidad de los diferentes componentes que implica la implementación de esa reparación, de conformidad con lo dispuesto en el Considerando 32 de la presente Resolución.
73. 7.Disponer que el Estado presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 29 de marzo de 2019, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento, de conformidad con los Considerandos 31, 32, 48, 56 y 77 así como con los puntos resolutivos 2 a 4 de esta Resolución.
74. 8.Disponer que las representantes de la víctima Leonardo Fornerón y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenten observaciones al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, en los plazos de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción del informe.
75. 9.Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Resolución al Estado, a las representantes de la víctima Leonardo Fornerón y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. -27Corte IDH. Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de noviembre de 2018. Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Presidente Eduardo Vio Grossi Elizabeth Odio Benito Humberto Antonio Sierra Porto L. Patricio Pazmiño Freire Comuníquese y ejecútese, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Presidente Pablo Saavedra Alessandri Secretario