RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS * DE 2 DE JULIO DE 2025 SOLICITUD RESPECTO DEL PERÚ APLICACIÓN ARTÍCULO 53 DEL REGLAMENTO DE LA CORTE CASO GAMBOA GARCÍA Y OTROS VS. PERÚ VISTO: 1. El escrito de sometimiento del caso y el Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”); el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante, el “escrito de solicitudes y argumentos”) de los representantes de las presuntas víctimas1 (en adelante “los representantes”); el escrito de excepciones preliminares y contestación al sometimiento del caso y al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante el “escrito de contestación”) de la República del Perú (en adelante “Perú” o “el Estado”), así como los escritos de observaciones a las excepciones preliminares formulados por los representantes y por la Comisión Interamericana, y la documentación anexa a esos escritos. 2.
El escrito de 7 de abril de 2025, mediante el cual los representantes presentaron una solicitud de medidas provisionales en relación con este caso. Además, el escrito de 15 de abril de 2025, mediante el cual los representantes presentaron información adicional y reiteraron la solicitud de medidas provisionales. 3. La nota de la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) de 10 de abril de 2025 mediante la cual, de conformidad con el artículo 27.5 del Reglamento y siguiendo instrucciones de la Presidenta de la Corte, se solicitó al Estado y a la Comisión observaciones sobre la solicitud de medidas provisionales. 4.
El escrito de 25 de abril de 2025, mediante el cual el Estado presentó sus observaciones respecto de la solicitud de medidas provisionales e indicó la “inconcurrencia de los requisitos necesarios para determinar la necesidad del establecimiento de medidas provisionales en el presente caso, en atención a la falta de la extrema gravedad, extrema urgencia y la necesidad de evitación de daños irreparables”.
El Juez Alberto Borea Odría, de nacionalidad peruana, no participó en el conocimiento y deliberación de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.2 del Estatuto del Tribunal y 19.1 de su Reglamento. * La representación de las presuntas víctimas es ejercida por la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). 1 1 5.
La nota de la Secretaría de 28 de abril de 2025, mediante la cual se acusó recibo y se dio traslado de los escritos remitidos el 15 y 25 de abril de 2025, presentados por los representantes y el Estado respectivamente. 6. El escrito de 30 de abril de 2025, mediante el cual la Comisión Interamericana remitió las observaciones solicitadas sobre la solicitud de medidas provisionales.
CONSIDERANDO
QUE: 1. Perú ratificó la Convención Americana el 28 de julio de 1978 y, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 del mismo instrumento, reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. 2. Los representantes de las presuntas víctimas del caso Gamboa García y otros Vs. Perú solicitaron la adopción de medidas provisionales “ante la inminente promulgación de una ley que afectaría de manera grave e irreparable el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el Perú, incluyendo a las víctimas del caso Gamboa García y otros Vs. Perú”. 3.
El 12 de marzo de 2025 el Congreso de la República de Perú aprobó el proyecto de Ley 6162, 6252, 7140, 7354, 7367, 7505/2023-CR que proponía modificaciones a la “Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI”, el cual fue sancionado por la Presidenta de la República el 14 de abril de 2025, convirtiéndose en la Ley No. 32301 “que modifica la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, con la finalidad de fortalecer el trabajo de dicha institución y contribuir con la transparencia y la supervisión de los recursos recibidos por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional no reembolsable, y dicta otras disposiciones”2.
La ley fue publicada el 15 de abril de 2025 y, según informaron los representantes, entraría en vigencia el 16 de abril de 2025. Las modificaciones que la referida ley introduce en la legislación vigente son las identificadas en negrilla: Artículo 21. Determinación de las infracciones […] C. Infracciones muy graves 2. Hacer uso indebido de los recursos y donaciones de la cooperación técnica internacional o aplicar los mismos a fines distintos para los cuales fueron previstos.
Entre otros, constituye uso indebido, utilizar los citados recursos para asesorar, asistir o financiar, de cualquier forma, o modalidad, acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza, en instancias nacionales o internacionales, contra el Estado Peruano. […] De encontrar indicios o evidencias sobre el desvío de recursos de cooperación técnica internacional o de las donaciones recibidas del exterior para fines ilícitos, la APCI formula la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, bajo responsabilidad.
De la misma manera procede en el caso de los parágrafos b.1 y c del presente artículo. […] Artículo 22.- Sanciones La APCI impone, según la gravedad de la infracción cometida, las sanciones siguientes: a) Amonestación por escrito. Diario electrónico “El Peruano”, Ley No. 32301, “Ley que modifica la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, con La finalidad de fortalecer el trabajo de dicha institución y contribuir con la transparencia y la supervisión de los recursos recibidos por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional no reembolsable, y dicta otras disposiciones” de 15 de abril de 2025. 2 2 b) Multa de hasta quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) [aproximadamente 700,000 USD] de acuerdo con la escala y metodología de multas y sanciones, aprobadas por la APCI. c) Suspensión temporal de los beneficios que otorga la inscripción en los Registros referidos en el literal m) del artículo 4 de la presente Ley, hasta que se repare la omisión o se cumpla debidamente con la norma infraccionada. d) Cancelación de la inscripción en los Registros referidos en el literal m) del artículo 4 de la presente Ley, en los supuestos de reincidencia de faltas muy graves; sin perjuicio de la disolución de la persona jurídica por decisión judicial. 4.
Los representantes de las presuntas víctimas sostuvieron ante la Corte que la promulgación de la ley implicaría un “acto contrario a las obligaciones convencionales del Estado peruano en materia de derechos humanos”, que tendría como consecuencia “negarle la posibilidad de representación a Georgina Gamboa García y sus familiares, con el único fin de perpetuar la impunidad”3.
Además, que la promulgación de la Ley constituiría un “muy grave retroceso en los procesos de obtención de justicia y reparación, puesto que se abriría la posibilidad de que los hechos cometidos en agravio de Georgina Gamboa García se mantengan en la impunidad, e impediría la participación de la referida y sus familiares ante la instancia supranacional, sobre todo en la audiencia próxima a ser convocada”4. 5.
En atención a lo expuesto, los representantes solicitaron a la Corte la adopción de medidas provisionales en favor de las presuntas víctimas del caso Gamboa García y otros Vs. Perú y, en consecuencia, que se ordene al Estado peruano: a. Que, adopte medidas de no innovar, y que suspenda inmediatamente la entrada en vigor del Proyecto de Ley que modifica la Ley N° 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del caso. b. Que, se adopten las medidas necesarias para garantizar que los representantes de las víctimas podamos continuar realizando nuestras funciones libres de represalias, y con ello proteger eficazmente el derecho de acceso a la justicia de la señora Georgina Gamboa García, su hija Rebeca Ruth Gamboa García y sus familiares, en su calidad de víctimas del caso. 6.
El Estado se opuso a la solicitud de los representantes. Justificó su postura en que, en este caso, no se reúnen los requisitos de extrema gravedad, urgencia y que se trate de evitar un daño irreparable. Sobre la extrema gravedad, sostuvo que no se configura pues la Ley No. 32301 “está sujeta a ser reglamentada”, y porque existen canales en el orden interno que permitirían evaluar la constitucionalidad de la norma.
Sobre la urgencia, indicó que la referida ley no es de aplicación inmediata y reiteró que está pendiente de reglamentación. Además, sostuvo que, ante la eventual aprobación de la reglamentación de la ley, la normatividad peruana prevé mecanismos para enfrentar “una presunta aplicación indebida de sanciones”, como es el caso del proceso de amparo en el que, además, se prevé la posibilidad de solicitar medidas cautelares.
Finalmente, sobre la necesidad de evitar que se configure un daño irreparable, sostuvo que, incluso en caso de que existiera la posibilidad de que se generara un daño, “el SIDH cuenta con mecanismos institucionalizados y accesibles que permiten mitigar cualquier obstáculo que pudiera surgir en relación con la representación legal de las víctimas”, como el Fondo de Asistencia Legal a Víctimas o los Defensores Públicos Interamericanos. Solicitud de Medidas Provisionales presentada por los representantes el 7 de abril de 2025 (expediente de fondo, folio 754). 3 4 Solicitud de Medidas Provisionales presentada por los representantes el 7 de abril de 2025 (expediente de fondo, folio 770). 3 7.
La Comisión sostuvo que APRODEH y COMISEDH están expuestas a un riesgo serio de ser objeto de sanción administrativa, pese a que sus acciones de defensa legal tienen respaldo en la Convención Americana y en la Constitución Política de Perú. En ese sentido, destacó que la Constitución Política del Estado Peruano establece, en su artículo 205, que una vez agotada la jurisdicción interna, cuando los derechos de una persona se consideren lesionados, se puede acudir ante tribunales y organismos internacionales. 8.
Tomando en consideración los argumentos de las partes y la Comisión, la Corte advierte que la entrada en vigor de la Ley No. 32301 puede impactar la representación de las presuntas víctimas en el proceso seguido ante la Corte. Por esa razón, en esta Resolución analizará si se trata de una medida contraria al Reglamento de la Corte. Conforme a lo anterior, se pronunciará, a continuación, sobre (A) la protección a las presuntas víctimas, declarantes, representantes o asesores legales en el marco de su participación ante la Corte Interamericana; y (B) los posibles efectos de la aprobación de la Ley No. 32301 en el ejercicio de la representación legal de las presuntas víctimas del caso Gamboa García y otros Vs. Perú ante la Corte.
Finalmente, presentará algunas (C) conclusiones. A. Sobre la protección a las presuntas víctimas, declarantes, representantes o asesores legales en el marco de su participación ante la Corte Interamericana 9. El artículo 53 del Reglamento de la Corte Interamericana se refiere a la protección de las presuntas víctimas, testigos, peritos, representantes y asesores legales que comparecen ante la Corte Interamericana.
Al respecto dispone: Artículo 53. Protección de presuntas víctimas, testigos, peritos, representantes y asesores legales. Los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. 10.
La Corte se ha pronunciado sobre la aplicación del referido artículo en dos casos referidos a la situación de una víctima y una declarante que fueron objeto de represalias como consecuencia de haber iniciado acciones ante el Sistema Interamericano contra un Estado, y por las declaraciones rendidas ante este Tribunal en el marco de una audiencia pública.
En el primer caso, este Tribunal sostuvo que “la conducta estatal menoscabó la seguridad de actuación procesal que el citado artículo 53 busca proteger” 5. 5 En la sentencia del caso Personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana sostuvo: “Es pertinente recordar que los Estados tienen la potestad de incoar procedimientos para sancionar o anular actos contrarios a su orden jurídico.
No obstante, el artículo 53 del Reglamento prohíbe, en general, el “enjuicia[miento]” o la adopción de “represalias” a causa de las “declaraciones o [la] defensa legal” ante este Tribunal. Dicha norma tiene por finalidad garantizar que quienes intervienen en el proceso ante la Corte puedan hacerlo libremente, con la seguridad de no verse perjudicados por tal motivo.
Por ello, de forma independiente de si la documentación relativa a Willian Medina Ferreras y sus familiares es o no nula, o de si existió la comisión de un delito, cuestiones que el Estado puede investigar, en el presente caso el motivo explícito del inicio de las investigaciones administrativas ya referidas, que dieron origen a actuaciones judiciales, fue el hecho de que el Estado estuviera siendo demandado en el ámbito internacional.
En tales circunstancias, la Corte nota que la conducta estatal menoscabó la seguridad de actuación procesal que el citado artículo 53 busca proteger. En tal entendido, las actuaciones derivadas de una vulneración al artículo 53 del Reglamento no pueden ser consideradas válidas por la Corte, pues la norma no podría cumplir su cometido si subsistiera la validez de actos incoados en transgresión a la misma […]”.
Cfr. Caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282, párrs. 454 a 456. 4 11. En el segundo caso, la Corte conoció una solicitud de medidas provisionales motivada en el hecho de que, luego de una declaración en audiencia pública ante la Corte, fue presentada una querella en contra de la declarante, la cual estuvo relacionada directamente con su declaración6.
En esa oportunidad, la Corte ordenó al Estado que, en atención a lo dispuesto en el artículo 53 de su Reglamento, adoptara las medidas necesarias para que cesara el proceso penal iniciado a causa de las declaraciones rendidas ante la Corte7. Esta orden fue repetida en dos resoluciones en las que la Corte reiteró lo ordenado8 y declaró que el proceso iniciado era contrario al artículo 53 del Reglamento de la Corte9. 12.
Además, en una resolución reciente, referida a una solicitud de medidas provisionales presentada por los representantes de las presuntas víctimas del caso Ramos Durand y otros Vs. Perú, originada también en la aprobación de la Ley No. 32301, la Corte aplicó el artículo 53 del Reglamento y resolvió: En acatamiento de lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento del Tribunal, el Estado deberá garantizar que los representantes de las presuntas víctimas en el caso Ramos Durand y otros Vs. Perú, pertenecientes a la organización DEMUS, puedan ejercer libremente la representación legal de éstas ante este Tribunal en todas las etapas del proceso internacional, de modo que no se vean expuestos a ningún tipo de represalia por este hecho, en especial aquellas que puedan derivarse de la eventual aplicación de los artículos 21 y 22 de la “Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI”, según fue modificada por la Ley No. 3230110. 13.
En esa oportunidad, la Corte constató la existencia de una posibilidad real de que se ejerza algún tipo de represalia contra los representantes o asesores legales de las presuntas víctimas a causa de la defensa de sus intereses, y que dicha represalia podría estar originada en su participación en el proceso ante esta Corte. 14. Teniendo en cuenta los precedentes citados, le corresponde a la Corte determinar si, en el marco del trámite del caso Gamboa García y otros Vs. Perú, la Ley No. 32301, al modificar los artículos 21 y 22 de la “Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI”, podría menoscabar el mandato del artículo 53 del Reglamento de este Tribunal, que señala que los Estados no podrán enjuiciar ni ejercer represalias contra los asesores legales o quienes ejerzan la defensa legal ante este Tribunal.
B. Sobre los posibles efectos de la aplicación de la Ley No. 32301 en el ejercicio de la representación legal y en los derechos de las presuntas víctimas del caso Gamboa García y otros Vs. Perú ante la Corte 15. En su solicitud, los representantes alegaron que la aplicación de la Ley No. 32301 impediría su participación como representantes de las presuntas víctimas y, en concreto, impediría su participación en la audiencia pública próxima a ser convocada.
Cfr. Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de marzo de 2019, Considerando 4. 6 Cfr. Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de marzo de 2019, Punto Resolutivo 1. 7 Cfr. Asunto Cristina Arrom Suhurt respecto al Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de noviembre de 2019. 8 Cfr. Asunto Cristina Arrom Suhurt respecto de Paraguay. Solicitud de Medidas. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 11 de marzo de 2021, Puntos Resolutivos 1 y 2. 9 Cfr. Caso Ramos Durand y otros Vs. Perú. Aplicación del artículo 53 del Reglamento de la Corte.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de mayo de 2025. 10 5 Además, sostuvieron que afectaría de forma inminente el derecho de las presuntas víctimas a las garantías judiciales. El Estado, por su parte, alegó que la mencionada ley no ha sido reglamentada, por lo que no puede ser aplicada; que en caso de ser aplicada, los representantes cuentan con mecanismos para enfrentar una eventual aplicación de sanciones que puedan ser consideradas injustas, como el recurso de amparo; y que las presuntas víctimas no sufrirían afectación alguna a sus derechos en el marco del procedimiento internacional, en tanto el SIDH cuenta con mecanismos institucionales y accesibles que permiten mitigar cualquier obstáculo que pueda surgir en relación con la representación legal de las víctimas, como el Fondo de Asistencia Legal a Víctimas y la figura del defensor público interamericano. 16.
La Corte reitera lo expuesto en su resolución de 2 de mayo de 2025, referida a la aplicación del artículo 53 del Reglamento de la Corte y originada también en la aprobación de la Ley No. 32301 11. En efecto, la Ley 32301 contempla la posibilidad de que puedan imponerse sanciones a los representantes de las presuntas víctimas por el ejercicio de la defensa de sus intereses ante instancias internacionales.
Ello porque identifica como una infracción muy grave “hacer uso indebido de los recursos y donaciones de la cooperación técnica internacional o aplicar los mismos a fines distintos para los cuales fueron previstos”, e identifica como uso indebido de dichos recursos, su utilización “para asesorar, asistir o financiar, de cualquier forma, o modalidad, acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza, en instancias nacionales o internacionales, contra el Estado Peruano”.
A juicio de la Corte, en la práctica, esta norma expone a organizaciones que representan los intereses de personas que acuden ante instancias internacionales, como el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, como es el caso de los representantes legales de las presuntas víctimas, a eventuales sanciones, lo que puede llevar a disuadir a la organización de continuar con la defensa de los intereses de las presuntas víctimas, o a continuar con su representación bajo el riesgo de ser objeto de sanciones que comprenden desde la imposición de multas hasta la cancelación de su inscripción. Además, la sola existencia de la posibilidad de que ese tipo de sanciones puedan ser impuestas, constituye una eventual represalia indirecta causada por el ejercicio de su defensa legal ante este Tribunal, situación que menoscaba el artículo 53 del Reglamento de la Corte Interamericana y el acceso a la justicia interamericana.
Ahora bien, la Corte nota que el Estado sostuvo que la referida ley no es de aplicación inmediata y que está sujeta a reglamentación. Sin embargo, el artículo quinto de la norma dispone que el poder ejecutivo deberá proceder a la reglamentación “en un plazo no mayor de noventa días (90) calendario desde la entrada en vigor de la presente ley” 12, lo que indica que la reglamentación es inminente y que, por su naturaleza, podría tener impacto en la participación de los representantes de las presuntas víctimas en el proceso internacional ante esta Corte. 17.
Por otra parte, la Corte recuerda que el artículo 8.2 de la Convención establece las garantías mínimas del debido proceso legal y destaca que, en su jurisprudencia sobre el alcance de este artículo, ha establecido que no se limita a procesos penales, sino que lo ha extendido, en lo pertinente, a procesos administrativos y judiciales en el ámbito Cfr. Caso Ramos Durand y otros Vs. Perú. Aplicación del artículo 53 del Reglamento de la Corte.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de mayo de 2025. 11 Diario electrónico “El Peruano”, Ley No. 32301, “Ley que modifica la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, con La finalidad de fortalecer el trabajo de dicha institución y contribuir con la transparencia y la supervisión de los recursos recibidos por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional no reembolsable, y dicta otras disposiciones” de 15 de abril de 2025. 12 6 constitucional, administrativo y laboral 13.
Concretamente, el artículo 8.2.d) y e) consagran el derecho de defensa, que incluye la garantía de toda persona a defenderse personalmente o ser asistidos por un defensor de su elección, y a que se nombre un defensor de oficio en el evento en que no lo tuviere. Asimismo, este Tribunal ha indicado que, el derecho a la defensa tiene una doble dimensión que incluye, la posibilidad del recurrente de manifestarse al interior del procedimiento y la defensa técnica, ejercida por un profesional del derecho14.
A juicio de la Corte, el derecho a nombrar un defensor personalmente protege la relación de confianza que debe existir entre el acusado -o la parte- y quien asume su defensa técnica, por esa razón, ha declarado la responsabilidad internacional del Estado por nombrar automáticamente defensores públicos, sin permitir a la persona sujeta a un proceso el ejercicio de la libertad de decidir 15.
Además, esta garantía es una manifestación de que el derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo -o a la parte- en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto de este16. 18. Conforme a lo anterior, el Tribunal estima que la posibilidad de que la Ley No. 32301 sea aplicada respecto de las organizaciones de los representantes, supondría no solo una forma de represalia prohibida por el artículo 53 del reglamento de la Corte, sino que, además, podría llegar a afectar el derecho a la defensa de las presuntas víctimas de este caso.
En ese sentido, la Corte recuerda que el derecho de defensa o representación es aplicable a todo tipo de procesos, incluyendo los procesos judiciales en el ámbito internacional17 y que, en consecuencia, es deber del Estado garantizar la relación entre las presuntas víctimas y la organización que ha representado sus intereses en el orden interno. Así, independiente de las determinaciones que correspondan a un eventual análisis de fondo, el Tribunal recuerda que la relación entre las presuntas víctimas y sus representantes está protegida por el artículo 8.2.d) y e) de la Convención Americana y que podría verse afectada por la eventual imposición de sanciones a las organizaciones COMISEDH y APRODEH. 19.
Respecto del alegato del Estado según el cual las presuntas víctimas podrían hacer uso de la figura del defensor público interamericano, la Corte reitera que el derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso. Lo anterior incluye la obligación dirigida tanto al Estado como a los Tribunales de respetar la libertad de los comparecientes a procesos judiciales, incluidos los que tienen lugar en el ámbito internacional, de decidir los medios y sujetos que involucran en su representación. Adicionalmente, la Corte considera que, si bien la Cfr. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 70 y Caso Ramos Durand y otros Vs. Perú. Aplicación del artículo 53 del Reglamento de la Corte. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de mayo de 2025, Considerando 15. 13 Cfr. Caso Capriles Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2024.
Serie C No. 541, párr. 178, y Caso Ramos Durand y otros Vs. Perú. Aplicación del artículo 53 del Reglamento de la Corte. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de mayo de 2025, Considerando 15. 14 Cfr. Caso Álvarez Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de marzo de 2023. Serie C No. 487, párr. 114, y Caso Ramos Durand y otros Vs. Perú. Aplicación del artículo 53 del Reglamento de la Corte.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de mayo de 2025, Considerando 15. 15 Caso Ramos Durand y otros Vs. Perú. Aplicación del artículo 53 del Reglamento de la Corte. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de mayo de 2025, Considerando 15. 16 Cfr. Código de conducta profesional para defensores que actúan ante Tribunales Internacionales, artículo 16.
En el mismo sentido: Estatuto de Roma, artículo 67. b); Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, artículo 20(4)(d), y Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, Artículo 21(4)(d). 17 7 Convención protege el derecho a contar con un defensor de oficio cuando se requiera asistencia jurídica y la persona no cuente con los recursos para proveérselo, el hecho de nombrar a un defensor de oficio con el solo objeto de cumplir con una formalidad procesal, además de que podría implicar que no se garantice el derecho a la defensa técnica18, asunto que excede el análisis que corresponde hacer en esta resolución, no es un argumento que controvierta de ninguna manera el hecho que la potencial aplicación de los artículos 21 y 22 de la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, según fue modificada por la Ley No. 32301 a las organizaciones de los representantes de las presuntas víctimas, desconoce el Reglamento de esta Corte. 20.
Finalmente, la Corte nota que el Estado argumentó que existen recursos en el orden interno que permitirían impugnar la constitucionalidad o convencionalidad de la Ley No. 32301. Sin embargo, teniendo en cuenta que el proceso internacional se encuentra en curso, el eventual cuestionamiento judicial a la norma no impediría que se configure una afectación a la representación legal de las presuntas víctimas en el proceso internacional, contraria al Reglamento de la Corte, en los términos planteados en esta Resolución. C. Conclusiones 21.
En atención a lo expuesto, la Corte evidencia que el objeto del artículo 53 del Reglamento de la Corte Interamericana es prohibir la adopción de represalias directas o indirectas a causa de las declaraciones o la defensa legal ejercida ante este Tribunal y “garantizar que quienes intervienen en el proceso ante la Corte puedan hacerlo libremente, con la seguridad de no verse perjudicados por tal motivo” 19.
Asimismo, constata que la posibilidad de que las organizaciones representantes sean sancionadas como consecuencia de la aplicación de la Ley 32301 y su eventual reglamentación, constituye un modo indirecto de eventual represalia al ejercicio de la representación legal de las presuntas víctimas ante este Tribunal. Por lo expuesto, esta es una conducta contraria al sentido y alcance del artículo 53 del Reglamento y, a su vez impacta en el acceso a la justicia interamericana y derecho a la defensa de las presuntas víctimas de este caso.
POR TANTO: LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
RESUELVE
Por unanimidad, 1. En acatamiento de lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento del Tribunal, el Estado deberá garantizar que los representantes de las presuntas víctimas en el caso Gamboa García y otros Vs. Perú, pertenecientes a las organizaciones COMISEDH y Cfr. Excepciones al agotamiento de los recursos internos (Arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Opinión Consultiva OC-11/90 de 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11, párr. 25, y Caso Álvarez Vs. Argentina, supra, párr. 140, y Caso Ramos Durand y otros Vs. Perú. Aplicación del artículo 53 del Reglamento de la Corte. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de mayo de 2025, Considerando 17. 18 Asunto Cristina Arrom Suhurt respecto de Paraguay.
Solicitud de Medidas. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 11 de marzo de 2021, Considerando 2, y Caso Ramos Durand y otros Vs. Perú. Aplicación del artículo 53 del Reglamento de la Corte. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de mayo de 2025, Considerando 19. 19 8 APRODEH, puedan ejercer libremente la representación legal de éstas ante este Tribunal en todas las etapas del proceso internacional, de modo que no se vean expuestos a ningún tipo de represalia por este hecho, en especial aquellas que puedan derivarse de la eventual aplicación de los artículos 21 y 22 de la “Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI”, según fue modificada por la Ley No. 32301. 2.
Disponer que la Secretaría de la Corte Interamericana notifique la presente Resolución a los representantes de las presuntas víctimas, a la República del Perú y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 9 Corte IDH. Caso Gamboa García y otros Vs. Perú. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de julio de 2025.
Nancy Hernández López Presidenta Rodrigo Mudrovitsch Ricardo C. Pérez Manrique Verónica Gómez Patricia Pérez Goldberg Diego Moreno Rodríguez Pablo Saavedra Alessandri Secretario Comuníquese y ejecútese, Nancy Hernández López Presidenta Pablo Saavedra Alessandri Secretario