El que con violencias o amenazas, por dones, promesas, colusiones u otros medios fraudulentos, impida o turbe la concurrencia a las subastas o licitaciones de la administración pública, o aleje de ellas a los postores, será castigado con reclusión por dos a ocho meses, y multa de veinte a quinientos pesos.
Si el culpado es persona que según la ley, o por mandato de la autoridad, debe intervenir en las subastas o licitaciones dichas, la pena será de reclusión por ocho a cuarenta meses, y la multa de cincuenta a mil pesos.