Las armas y municiones de guerra de uso privativo de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, cuando hagan parte de un proceso penal, serán puestas por el respectivo Juez o funcionario, bajo control y custodia de las autoridades militares del la Policía Nacional, según el caso y allí quedarán a disposición del funcionario competente para los efectos de la investigación. Las inspecciones judiciales y los dictámenes a que hubiere lugar, deberán practicarse dentro de las dependencias donde queden dichas armas y municiones de guerra y solamente cuando se requieran la experticia del laboratorio podrá disponerse su traslado, pero en todo caso bajo control y custodia de las autoridades militares o de la Policía.
Si las armas están vinculadas a un proceso civil, permanecerán igualmente bajo control y custodia de las autoridades militares o de Policía del lugar, hasta cuando se adopte la determinación definitiva en relación con aquellas por parte del Juez competente.