Facultase al Poder Ejecutivo para contratar en el Exterior y hacer venir al país hasta cinco expertos en asuntos de administración pública, para que sirvan de asesores al Gobierno en la preparación de los proyectos de decretos o leyes tendientes a la reorganización de los servicios, rentas e impuestos nacionales.
Los servicios de los expertos serán contratados por el tiempo que el gobierno estime necesario, y las sumas requeridas para renumerarlos se consideran incluidas en el Presupuesto de la presente y de la próxima vigencia.