Es toda aquella información pública reservada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito en las siguientes circunstancias, siempre que dicho acceso estuviere expresamente prohibido por una norma legal o constitucional:
La defensa y seguridad nacional;
La seguridad pública;
Las relaciones internacionales;
La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, según el caso;
El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales;
La administración efectiva de la justicia;
Los derechos de la infancia y la adolescencia;
La estabilidad macroeconómica y financiera del país;
La salud pública.
Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos.