Prohibiciones . A las autoridades les queda especialmente prohibido:
Negarse a recibir las peticiones o a expedir constancias sobre las mismas.
Negarse a recibir los escritos, las declaraciones o liquidaciones privadas necesarias para cumplir con una obligación legal, lo cual no obsta para prevenir al peticionario sobre eventuales deficiencias de su actuación o del escrito que presenta.
Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la ley no lo exija.
Exigir constancias, certificaciones o documentos que reposen en la respectiva entidad.
Exigir documentos no previstos por las normas legales aplicables a los procedimientos de que trate la gestión o crear requisitos o formalidades adicionales de conformidad con el artículo 84 de la Constitución Política.
Reproducir actos suspendidos o anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando no hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o suspensión.
Asignar la orientación y atención del ciudadano a personal no capacitado para ello.
Negarse a recibir los escritos de interposición y sustentación de recursos.
No dar traslado de los documentos recibidos a quien deba decidir, dentro del término legal.
Demorar en forma injustificada la producción del acto, su comunicación o notificación.
Ejecutar un acto que no se encuentre en firme.
Dilatar o entrabar el cumplimiento de las decisiones en firme o de las providencias judiciales.
No hacer lo que legalmente corresponda para que se incluyan dentro de los presupuestos públicos apropiaciones suficientes para el cumplimiento de las sentencias que condenen a la administración.
No practicar oportunamente las pruebas decretadas o denegar sin justa causa las solicitadas.
Entrabar la notificación de los actos y providencias que requieran esa formalidad.
Intimidar de alguna manera a quienes quieran acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para el control de sus actos.