El juez, de oficio o a petición de parte, podrá disponer lo siguiente:
1.
Adoptar las medidas para facilitar la actividad del perito designado por la parte que lo solicite y ordenar a la otra parte prestar la colaboración para la práctica del dictamen, previniéndola sobre las consecuencias de su renuencia.
2.
Cuando el juez decrete la prueba de oficio o a petición del amparado de pobreza, para designar el perito deberá acudir, preferiblemente, a instituciones especializadas públicas o privadas de reconocida trayectoria e idoneidad.