El Gobierno procederá a iniciar y adelantar, en el más breve termino, negociaciones con el representante legal de la Compañía del Ferrocarril de Santa Marta, para dar solución amigable a las diferencias que existen entre la Nación, el Departamento del Magdalena y la citada Compañía, en la forma más equitativa, a juicio del mismo Gobierno.
El contrato que llegare a celebrarse conforme a esta disposición, se someterá a la aprobación del Congreso.