Las sanciones se graduarán atendiendo a los siguientes criterios:
Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.
Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.
Reincidencia en la comisión de la infracción.
Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.
Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus efectos.
Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes.
Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente.
Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas.
Grave violación a los Derechos Humanos de las y los trabajadores.
Acuerdos de Formalización Laboral