°. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Justicia y del Derecho adelantarán las acciones necesarias para suscribir un instrumento jurídico que permita el intercambio de información con el Consejo Superior de la Judicatura, tendiente a hacer seguimiento a la aplicación de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto-ley 277 de 2017, en lo que se refiere a la libertad condicionada para personas privadas de la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos.
Los términos y condiciones del intercambio de información, en todo caso, deberán garantizar el principio de reserva y confidencialidad de la información.