Ejes orientadores. En concordancia con el artículo 64 de la Constitución Política y la Ley 160 de 1994, son ejes orientadores de las ZRC, los siguientes:
Fortalecer la relación de las comunidades campesinas con la tierra y la naturaleza, basado en la producción de alimentos, la garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina y condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales y en la conservación, la preservación, la restauración y aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales.
Materializar el reconocimiento por parte del Estado de las dimensiones económica, social, cultural, política y ambiental del campesinado.
Promocionar la participación reforzada e igualdad material desde un enfoque de género, de integración generacional y territorial.
Garantizar el acceso a bienes y derechos como la educación de calidad con pertinencia, la vivienda rural, la salud, los servicios públicos domiciliarios, las vías terciarias, el acceso e intercambio de semillas nativas, el agua, la infraestructura rural, la conectividad digital, la asistencia técnica y/o extensión agropecuaria y empresarial, y el acceso a tecnologías para la mitigación y adaptación al cambio climático.
Hacer seguimiento a la inversión realizada por diversos sectores y entidades en las ZRC mediante el trazador presupuestal al que se refiere el parágrafo segundo del artículo 64 de la Constitución Política.
Promocionar y consolidar la paz a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social y ambiental, la democracia participativa y el bienestar de la población campesina.
Controlar la expansión y cierre de la frontera agrícola del país, al ordenamiento productivo, ambiental y social de la propiedad rural con un enfoque de desarrollo sostenible.
Crear las condiciones necesarias para la adecuada estabilización, consolidación y desarrollo sustentable y sostenible de la economía campesina, el mejoramiento económico, social y cultural de la población rural.
Fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades rurales, garantizando su adecuada participación en las instancias de planificación y decisión local, regional y nacional con enfoque de integración generacional y de género.
Construir una propuesta integral de desarrollo humano sostenible y de ordenamiento territorial, generando espacios de convivencia interétnica a nivel veredal, local y regional.
Garantizar la participación de las organizaciones campesinas en el proceso integral de la Reforma Agraria, Reforma Rural Integral y el Desarrollo Rural para lograr su fortalecimiento.
Incentivar condiciones para la permanencia de las personas jóvenes campesinas en la ruralidad.
Impulsar y fortalecer modelos productivos sostenibles, agroecológicos y resilientes al cambio climático, que armonicen la producción agropecuaria campesina con el cuidado de las áreas de especial importancia ambiental.
Favorecer la gobernanza territorial y ambiental campesina en términos del respeto a los modelos de ordenamiento del espacio geográfico, el apoyo estatal a las formas organizativas campesinas y la incidencia directa de las comunidades en la planificación y cuidado de sus territorios.
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