El que arrebate las urnas o ejerza violencia contra los empleados encargados de recibir los votos o de hacer los escrutinios, o arrebate las papeletas o las actas de los escrutinios, sufrirá una reclusión de dos a cinco años y será privado de los derechos de ciudadano.
Si el hecho se ejecutare por tres o más armados, la reclusión será por tres a seis años.
Si alguno fuere empleado público, la pena se reagravará con una sexta parte de la misma, respecto del empleado.