En cumplimiento de los principios de corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas, así como las personas naturales, tienen la obligación y la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva de los derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes. En este sentido, deberán:
Conocer, respetar y promover estos derechos y su carácter prevalente.
Responder con acciones que procuren la protección inmediata ante situaciones que amenacen o menoscaben estos derechos.
Participar activamente en la formulación, gestión, evaluación, seguimiento y control de las políticas públicas relacionadas con la infancia y la adolescencia.
Dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones que los vulneren o amenacen.
Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la presente ley.
Las demás acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.