Las empresas públicas de trasportes están obligadas a mantener en servicio activo todos los vehículos de que deban estar provistas según sus reglamentos y organización; y en caso de que retiren del tráfico alguno o algunos de ellos, sin causa justificativa debidamente comprobada, y por un término que, a juicio del Gobierno, sea perjudicial para el comercio, el Ministerio respectivo podrá imponer a la empresa responsable multas sucesivas de doscientos ($ 200) a mil pesos ( $ 1.000) hasta que el vehículo o vehículos sean devueltos al servicio, o suspender el permiso para el uso de la vía por un término hasta de un año.
Ley 4 de 1920 →In force
Article 3
Ley 4 de 1920 · Adicional de las 53 de 1918 y 52 de 1919, sobre trasportes
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01
Text of the article
✓Verbatim text as it appears in the provision. Hard data, citable.
02
Constitutional history
Every Constitutional Court ruling that has reviewed this article, in chronological order. Follow how the doctrine evolved: each ruling links to its record.
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