Los que promuevan, encabecen o dirijan un alzamiento en armas para derrocar al Gobierno Nacional, legalmente constituído, o para cambiar o suspender en todo o en parte el régimen constitucional existente, en lo que se refiere a la formación, funcionamiento o renovación de los Poderes Públicos u órganos de la soberanía, están sujetos a prisión de seis meses a cuatro años, a la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo y a la multa de quinientos a cinco mil pesos.
Los que simplemente tomen parte en la rebelión, como empleados con mando o jurisdicción militar, política o judicial, están sujetos a las dos terceras partes de la sanción indicada en el inciso anterior.
Los demás individuos comprometidos en la rebelión están sujetos a la tercera parte de la misma sanción.
Todos están sujetos además a la multa de quinientos a cinco mil pesos, de acuerdo con las proporciones fijadas en este Artículo.