La intervención del Estado en los servicios postales tendrá los siguientes objetivos:
Asegurar la prestación eficiente, óptima y oportuna de los servicios postales.
Asegurar la prestación del Servicio Postal Universal.
Garantizar el derecho a la información y a la inviolabilidad de la correspondencia.
Asegurar que las tarifas permitan recuperar los costos eficientes de prestación del servicio y que reflejen los distintos niveles de calidad ofrecidos por los Operadores Postales.
Promover la libre competencia y evitar los abusos de posición dominante y las prácticas restrictivas de la competencia.
Estimular a los Operadores a incorporar los avances tecnológicos en la prestación de los servicios postales.
Sancionar las fallas en la prestación de los servicios y el incumplimiento de la normatividad vigente.
Facilitar el desarrollo económico del país.