El Gobierno Nacional procederá a contratar, preferentemente por intermedio del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, una misión técnica económica y fiscal que realice un estudio general de la economía colombiana y formule recomendaciones acerca de la orientación de dicha economía, de la mejor utilización de recursos naturales del país, y de la formación de planes de fomento económico.
La misión deberá ante todo estudiar la organización administrativa de los ministerios, especialmente los de Hacienda y Crédito Público, Minas y Petróleos, Comercio e Industrias y Agricultura y Ganadería, y la coordinación y orientación de los organismos dedicados al fomento agrícola e industrial.
Además, dicha misión adelantara los estudios siguientes:
Reorganización legal y técnica del Banco de la República;
Reformas a la legislación y a la técnica bancaria comercial y de Almacenes Generales de Depósito;
Legislación y organización técnica de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, el Banco Central Hipotecario, Cajas de Ahorro y coordinación entre diferentes organismos de crédito que funcionan en el país;
Reorganización y legislación de la Superintendencia Bancaria y de la Superintendencia de Sociedades Anónimas;
Estudio y reformas al sistema tributario y a las normas que rigen el Presupuesto Nacional;
Estudio sobre separación de patrimonios nacionales, departamentales y municipales, sobre descentralización administrativa y libertad o nacionalización de algunas rentas, como tabaco y licores, y manera de recompensar justamente a los Departamentos y Municipios;
Organización técnica del control de cambios e importaciones; y
Organización de las Aduanas y estudios sobre los Aranceles vigentes y reformas que deben adoptarse.
Los contratos que celebre el Gobierno para la traída de la misión, técnica económica y fiscal, requerirán para su validez únicamente la aprobación del Presidente de la República, previo dictamen favorable del Consejo de Ministros.