El que afirme falsamente ante un funcionario público en un acto público que tiene un estado civil que no le corresponde, o una personalidad que no es la suya, u otros hechos que han de constar en acta, escritura o instrumento que éstos deben comprobar, cuando pueda resultar de ello perjuicio público o privado, incurrirá en pena de dos a nueve meses de reclusión.
Con la misma pena se castigará al que atestigüe falsamente su propia personalidad o la de otra persona, en título o documento de comercio.