Será castigado con prisión por dos meses a dos años el funcionario público que, abusando de sus funciones o infringiendo las condiciones o formalidades señaladas por la ley, penetre en el domicilio ajeno o en sus dependencias.
Si al hecho se añade requisa o cualquier otro acto arbitrario, la prisión será de ocho a cuarenta meses, y se agregará una multa de diez a cien pesos.
De las violaciones de secreto.