La perforación de los documentos de crédito público amortizados se hará de modo que sólo se conserve la mitad en que conste el número, valor y sseríe que sirvan para identificarlos.
La otra mitad será destruída.
El funcionario que viole lo estatuido en este artículo pagará en cada caso una multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) del documento inutilizado defectuosamente, que impondrá la Dirección de Crédito Público.