Queda prohibida la emisión de toda clase de documentos de crédito que por su cuantía y sus condiciones editoriales puedan hacer las veces de moneda.
Los documentos de tal carácter emitidos hasta hoy deberán ser amortizados en los términos precisos de los contratos que los autoricen, sin que el Gobierno pueda conceder prorroga a los plazos estipulados.