RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS* DE 9 DE MARZO DE 2020 CASO OSORIO RIVERA Y FAMILIARES VS. PERÚ SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA VISTO: 1. La Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (en adelante “la Sentencia”) dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) el 26 de noviembre de 20131.

La Corte declaró la responsabilidad internacional de la República del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”) por la desaparición forzada del señor Jeremías Osorio Rivera, iniciada a partir del 30 de abril de 1991, sin que hasta la fecha se conozca su paradero, y por las consiguientes violaciones de sus derechos a la libertad e integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica.

El Tribunal también determinó que el Estado vulneró la garantía del juez natural respecto de la investigación de la desaparición forzada del señor Jeremías Osorio Rivera ante el fuero militar, violando el derecho a las garantías judiciales de la referida víctima. En relación con los familiares del señor Osorio Rivera2, la Corte concluyó que el Perú vulneró sus derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, debido a que las investigaciones llevadas a cabo ante el fuero ordinario no fueron diligentes ni efectivas, no respetaron la garantía del plazo razonable y, por lo tanto, no se había satisfecho el derecho de dichos familiares a conocer la verdad.

El Tribunal también determinó que el Estado incurrió en responsabilidad por la violación al derecho a la integridad personal de dichos familiares3. La Corte estableció que su Sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado determinadas medidas de reparación (infra Considerando 1). * El Juez Eduardo Vio Grossi y el Juez Humberto Antonio Sierra Porto no participaron en la deliberación y firma de la presente Resolución por motivos de fuerza mayor. 1 Cfr. Caso Osorio Rivera y familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274. El texto íntegro de la Sentencia se encuentra disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_274_esp.pdf. La Sentencia fue notificada al Estado el 23 de diciembre de 2013. 2 Dichos familiares son: Santa Fe Gaitán Calderón (conviviente), Edith Laritza Osorio Gaitán (hija), Neida Rocío Osorio Gaitán (hija), Vannesa Judith Osorio Gaitán (hija), Jersy Jeremías Osorio Gaitán (hijo), Juana Rivera Lozano (madre), Epifanía Alejandrina Osorio Rivera (hermana), Elena Máxima Osorio Rivera (hermana), Porfirio Osorio Rivera (hermano), Adelaida Osorio Rivera (hermana), Silvia Osorio Rivera (hermana), Mario Osorio Rivera (hermano) y Efraín Osorio Rivera (hermano). 3 Supra nota 2. 2.

La Sentencia de interpretación de la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas emitida por la Corte el 20 de noviembre de 20144. 3. La Resolución emitida por la Corte el 14 de noviembre de 2017 sobre el reintegro realizado por el Estado al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte en diez casos peruanos, entre ellos el caso Osorio Rivera y familiares5. 4.

La resolución de supervisión de cumplimiento de Sentencia emitida por la Corte el 14 de mayo de 2019 respecto de cuatro casos peruanos, entre ellos el caso Osorio Rivera y familiares6. 5. Los informes presentados por el Estado entre enero de 2015 y octubre de 2019. 6. Los escritos de observaciones presentados por los representantes de las víctimas (en adelante “los representantes”)7 entre junio de 2016 y mayo de 2019. 7.

Los escritos de observaciones presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) entre octubre de 2016 y enero de 2020. 8. La nota de la Secretaría de la Corte de 15 de enero de 2020 mediante la cual se recordó a los representantes de las víctimas que había vencido el plazo para que remitieran sus observaciones al informe estatal de 3 de octubre de 2019 (supra Visto 5) y se les solicitó que las remitieran a la mayor brevedad.

CONSIDERANDO

QUE: 1. En el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus decisiones8, la Corte ha venido supervisando la ejecución de la Sentencia emitida hace más de seis años (supra Visto 1). El Tribunal ha emitido una resolución de supervisión conjunta de cumplimiento para cuatro casos peruanos, entre ellos el caso Osorio Rivera y familiares (supra Visto 4).

En dicha Resolución, la Corte declaró que el Estado dio cumplimiento a la medida de reparación relativa a adoptar las medidas necesarias para reformar su legislación penal a efectos de compatibilizarla con los estándares internacionales en materia de desaparición forzada de personas (supra Visto 4), encontrándose pendientes de cumplimiento nueve medidas en el presente caso (infra Considerando 3). 2.

De conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Convención Americana, “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para cumplir cada uno de los puntos ordenados, lo cual es fundamental para evaluar el estado de cumplimiento de la Sentencia en su conjunto9.

Los 4 Cfr. Caso Osorio Rivera y familiares Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 290, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_290_esp.pdf. 5 Cfr. Casos Osorio Rivera y familiares, J., Penal Miguel Castro, Tarazona Arrieta y otros, Espinoza Gonzáles, Cruz Sánchez y otros, Canales Huapaya y otros, Comunidad Campesina de Santa Bárbara, Quispialaya Vilcapoma y Tenorio Roca y otros Vs. Perú. Reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de noviembre de 2017, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/osorivperu_fv_17.pdf. 6 Cfr. Casos Gómez Palomino, Anzualdo Castro, Osorio Rivera y familiares y Tenorio Roca y otros Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de mayo de 2019, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/GP_AC_OR_TR__14_05_19.pdf. 7 Las víctimas del presente caso son representadas por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). 8 Facultad que además se desprende de lo dispuesto en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la Convención Americana y 30 de su Estatuto y se encuentra regulada en el artículo 69 de su Reglamento. 9 Cfr. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Supervisión de cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte de 17 de noviembre de 2004, Considerando 5, y Caso Colindres Schonenberg Vs. El Salvador.

Supervisión de -2- Estados Parte en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos10. 3.

La Corte valorará la información presentada por las partes respecto de las nueve medidas de reparación que se encuentran pendientes de cumplimiento (supra Considerando 1), y determinará el grado de cumplimiento de las mismas por parte del Estado. El Tribunal estructurará sus consideraciones en el siguiente orden: A. Obligación de investigar, juzgar, y de ser del caso, sancionar B. Búsqueda de paradero del señor Osorio Rivera C. Tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico D. Publicación y difusión de la Sentencia E. Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional F. Otorgamiento de becas G. Implementación de programas permanentes de derechos humanos y derecho internacional humanitario H. Pago de indemnizaciones por concepto de daños materiales e inmateriales y reintegro de costas y gastos 3 6 9 12 13 14 16 18 A. Obligación de investigar, juzgar, y de ser del caso, sancionar A.1.

Medida ordenada por la Corte 4. En el punto resolutivo sexto y en los párrafos 243 a 245 de la Sentencia, la Corte dispuso que el Estado “debe iniciar y realizar las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como de determinar y, en su caso, sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Jeremías Osorio Rivera”.

Para ello, la Corte determinó que el Estado “debe conducir y concluir las investigaciones y procesos pertinentes en un plazo razonable, con el fin de establecer toda la verdad de los hechos en atención a los criterios señalados sobre investigaciones en casos de desapariciones forzadas, y removiendo todos los obstáculos que mantienen la impunidad en este caso”.

Asimismo, el Tribunal indicó que el Perú “debe asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de las víctimas o sus familiares en todas las etapas de la investigación y el juzgamiento de los responsables”, con la finalidad de que se configure “el acceso a la justicia y el conocimiento de la verdad de lo ocurrido”. También recordó una serie de estándares relativos a la debida diligencia en relación con la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar (infra Considerando 8).

A.2. Consideraciones de la Corte 5. Con base en la información aportada por las partes11, la Corte constata que, a veintiocho años de la desaparición del señor Osorio Rivera y a seis años de emitida la Sentencia, la investigación continúa en etapa preliminar. Las principales actuaciones indicadas por las partes son las siguientes: i) mediante una resolución emitida el 3 de agosto de 2015 por la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial del Ministerio Público del Perú se dispuso “abrir [la] investigación preliminar a nivel fiscal” bajo el número 23-2015 y se ordenaron una serie Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de noviembre de 2019, Considerando 2. 10 Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de septiembre de 1999.

Serie C No. 54, párr. 37, y Caso Colindres Schonenberg Vs. El Salvador, supra nota 9, Considerando 2. 11 Cfr. Informes estatales de 5 de enero de 2015, 15 de agosto de 2016, 26 de febrero de 2018, 26 de marzo de 2019 y 3 de octubre de 2019, así como escritos de observaciones de los representantes de las víctimas de 3 de junio de 2016, 7 de septiembre de 2018 y 28 de mayo de 2019. -3- de diligencias12; ii) el 30 de noviembre de 2016 la referida Cuarta Fiscalía Penal dispuso que la investigación “se […] archiva[r]a provisionalmente […] al no haberse acopiado aun medios de prueba suficientes que puedan determinar la responsabilidad de quienes p[o]dr[í]an haber sido part[í]cipes, así mismo por la lejan[í]a y agreste del lugar [de los hechos] no ha resultado posible contar aún con los testimonios de quienes podr[í]an tener informaci[ó] de una presunta fosa que se encontrar[í]a en el lugar donde función[ó] la base militar contrasubversiva de [C]ajatambo”13; iii) mediante “[d]isposición de […] 20 de septiembre d[e] 2018, [la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial] dispuso reaperturar la investigación a fin de agotar todos los actos de investigación que […] conduzcan al esclarecimiento de la desaparición de Jeremías Rivera Osorio, así como a la identificación de los presuntos autores[,] existiendo [a enero de 2019] diligencias programadas por ejecutarse”14; iv) si bien el “Jefe de la Base contrasubversiva de Cajatambo” al momento de los hechos “fue absuelto en el proceso penal seguido en su contra”, siendo “confirmad[a dicha] sentencia absolutoria por la Corte Suprema de Justicia de la República”, “se ha dispuesto recabar la declaración” de dicha persona “en calidad de testigo”15.

El Estado no aportó prueba documental de las referidas sentencias relativas al Jefe de la Base contrasubversiva de Cajatambo. 6. Asimismo, el Tribunal observa que los representantes de las víctimas han señalado deficiencias en la investigación, tales como: i) “la Resolución de […] 30 de noviembre de 2016 que dispuso el archivo provisional [de la investigación] no fue notificada a la parte agraviada”16, de manera que los representantes debieron “aperson[arse] a la referida Fiscalía a fin de indagar al respecto” e “inst[ar] al Fiscal a que continuara con la investigación […], recordándole además que la realización de una investigación seria y diligente era una de las obligaciones impuestas por esta Corte mediante su [S]entencia”; ii) solamente se han presentado dos de las personas citadas a declarar, sin que a mayo de 2019 “se [hubiesen] logrado recabar [todas las] declaraciones testimoniales”; iii) no han programado otras diligencias como “la vista de fotos aéreas para ver la posible modificación del terreno, tanto de la base contrasubversiva de Cajatambo, como en los alrededores”; la obtención del nombre de los “miembros del batallón asignados a la base de Cajatambo” o información de la supuesta “acta de incineración [de la relación de efectivos del referido batallón], ni sobre quién dio la 12 Tales como: recibir declaraciones; revisar el “expediente N° 859-92 […] que contiene las actuaciones judiciales en el fuer[o] militar en torno a la desaparición de Jeremías Osorio Rivera”;

“[o]ficiar a la Secretaría General del Ejército del Perú [para] que inform[e] si [el Teniente Coronel a cargo del Batallón de Infantería Blindado No. 77, que ejecutaba el Plan Operativo Palmira, y el Teniente a cargo de la patrulla del Ejército de la Base Contrasubversiva de Cajatambo que se estableció en la comunidad de Nunumia como parte del referido operativo se encuentran o no en situación de actividad en la referida institución, así como [… su] último domicilio señalad[o]”, así como que el Ministerio Público informe si los referidos militares “registran investigaciones a nivel nacional”;

“[u]na vez recibidas las declaraciones […] y recabados mayores indicios sobre el probable paradero del agraviado, pr[ogramar] una reunión de coordinación con una unidad policial especializada”, entre otras. Cfr. Resolución de la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial del Ministerio Público del Perú de 3 de agosto de 2015 en el marco del expediente N° 23-2015 (anexo al informe estatal de 15 de agosto de 2016). 13 Cfr. Informe N° 003-2018-4°FPSP de 29 de enero de 2018 suscrito por el Fiscal Provincial Titular de la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial del Ministerio Público del Perú (anexo al informe estatal de 26 de febrero de 2018). 14 Cfr. Informe N° 86-2019-FSPNC-MP-FN de 21 de enero de 2019 suscrito por el Fiscal Provincial Titular de la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial del Ministerio Público del Perú (anexo al informe estatal de 26 de marzo de 2019).

Algunas de las diligencias entre septiembre de 2018 y enero de 2019 son: recibir declaraciones testimoniales de varias personas, realizar “una constatación en el lugar donde funcionó la Base Contrasubversiva de Cajatambo con la participación de profesionales del Equipo Forense Especializado, a fin de evaluar la posibilidad de realizar una excavación en el lugar para ubicar los restos del agraviado”. 15 Cfr. Oficio N° 1779-2019/CDJE/PPES de 24 de septiembre de 2019 suscrito por el Fiscal Adjunto Provincial Penal de la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial del Ministerio Público del Perú (anexo al informe estatal de 3 de octubre de 2019). 16 Al respecto, mediante resolución de la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial de 20 de septiembre de 2018, se indicó que “[d]e la revisión de los actuados se desprende que la resolución de archivo provisional se encuentra pendiente [de] notificación a la parte agraviada, por lo que corresponde concretar la notificación de forma inmediata para los fines pertinentes”.

Cfr. Resolución de 20 de septiembre de 2018 emitida por la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial del Ministerio Público del Perú (anexo al informe estatal de 26 de marzo de 2019). -4- disposición del incineramiento de esa información a pesar de que dicho personal estaba bajo sospecha de la desaparición de Jeremías Osorio”; iv) “el principal sospechoso, el Teniente del Ejército [… que] fue el jefe de la patrulla de la [referida] base contrasubversiva […] ni siquiera fue llamado a declarar por la Fiscalía”, ni tampoco “se ha recabado [su] foja de servicio e informe de eficiencia que puede indicar [sus] actividades […]” durante la fecha de los hechos; y, v) “en vez de indagar sobre los hechos y perpetradores”, la Fiscalía “está investigando a la víctima” ya que, por ejemplo, la Fiscalía “convocó a [un declarante que se encontraba privado de libertad] sobre si conoce [de] alguna imputación de la Policía o la población contra Jeremías Osorio por supuestos actos de terrorismo”17. 7.

Esta Corte coincide con los representantes y la Comisión IDH18 respecto a que la información presentada por el Estado “no es satisfactoria”, en cuanto no ha emprendido la obligación de investigar una grave violación de derechos humanos con la debida diligencia que se requiere19. Es particularmente preocupante que la Fiscalía, encargada de impulsar la investigación, haya realizado un “archivo provisional” de la misma por no tener resultados, así como que justifique su inactividad con argumentos tales como la “lejanía” del lugar de los hechos (supra Considerandos 5 y 6), sin ni siquiera demostrar cómo esta investigando de manera proactiva a miembros del ejército que han sido señalados tanto en la Sentencia como en las diligencias internas, como posibles responsables.

Además, este Tribunal considera que la inactividad del ente investigador ante una desaparición forzada que inició hace veintiocho años, la cual ha debido depender del impulso de la investigación de gestiones realizadas por los representantes de las víctimas (supra Considerando 6), es una muestra de falta de debida diligencia por parte del Estado.

En este sentido, esta Corte recuerda al Perú su jurisprudencia constante que indica que el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios20. 8.

Asimismo, este Tribunal recuerda que en la Sentencia del presente caso21 indicó al Perú que, para llevar a cabo la presente obligación, debe: Cfr. Escrito de observaciones de los representantes de las víctimas de 28 de mayo de 2019. La Comisión Interamericana indicó que “la respuesta del Estado no es satisfactoria […] pues le corresponde al mismo Ministerio Público tomar las medidas necesarias[,] agotar exhaustivamente todas las posibilidades de esclarecimiento y sanción, incluyendo conseguir [los] medios de prueba, aunque no sea fácil acceder a determinados territorios o testigos”.

Por su parte, los representantes de las víctimas indicaron que la “investigación es aparente, no tiene como finalidad conocer la verdad de los hechos y mucho menos la ubicación de los restos” y que, por tanto, “[dicha] representación coincide con la posición de la [Comisión IDH] al observar que la respuesta de parte del Estado no es satisfactoria en cuanto a la obligación que se desprende de la sentencia de la Corte IDH”.

Cfr. Escrito de observaciones de la Comisión Interamericana de 4 de septiembre de 2018 y escrito de observaciones de los representantes de las víctimas de 28 de mayo de 2019. 19 Los representantes indicaron que “esta investigación […] no tiene como finalidad conocer la verdad de los hechos y mucho menos la ubicación de los restos”, mientras que la Comisión Interamericana indicó que “es inadmisible que la investigación haya sido archivada por la falta de cumplimiento del propio Ministerio Público con su deber de llevar a cabo una investigación exhaustiva, oficiosa y dirigida a determinar la verdad de los hechos y los eventuales responsables”.

La Comisión también señaló que “le corresponde al mismo Ministerio Público tomar las medidas necesarias[,] agotar exhaustivamente todas las posibilidades de esclarecimiento y sanción, incluyendo conseguir […] medios de prueba, aunque no sea fácil acceder a determinados territorios o testigos. Dicha responsabilidad se ve reforzada cuando […] se trata de una desaparición efectuada por agentes del Estado[,] por lo que se presume que la información relevante para avanzar en la investigación reposa en manos del mismo Estado”.

Cfr. Escrito de observaciones de la Comisión de 4 de septiembre de 2018 y escrito de observaciones de los representantes de las víctimas de 28 de mayo de 2019. 20 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 177 y Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 240. 21 Cfr. Caso Osorio Rivera y familiares Vs. Perú, supra nota 1, párr. 244. 17 18 -5- a) iniciar y realizar la o las investigaciones pertinentes en relación con los hechos del presente caso evitando omisiones en la recolección de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación; b) investigar con debida diligencia abarcando de forma integral los elementos que configuran la desaparición forzada; c) identificar e individualizar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de la víctima; d) asegurarse que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes ex officio, y que para tal efecto tengan a su alcance y utilicen todos los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinentes para investigar los hechos denunciados y llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer lo sucedido a la persona desaparecida del presente caso; e) por tratarse de una violación grave de derechos humanos, y en consideración del carácter permanente o continuo de la desaparición forzada cuyos efectos no cesan mientras no se establezca el paradero de la víctima o se identifiquen sus restos, el Estado debe abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía en beneficio de los autores, así como ninguna otra disposición análoga, la prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier eximente similar de responsabilidad, para excusarse de esta obligación, y f) garantizar que las investigaciones por los hechos constitutivos de la desaparición forzada del presente caso se mantengan, en todo momento, bajo conocimiento de la jurisdicción ordinaria. 9.

Esta Corte requiere que el Estado del Perú presente, dentro del plazo establecido en el punto dispositivo quinto de la presente Resolución, un informe detallado, completo y actualizado respecto de las acciones realizadas para dar cumplimiento a la presente obligación y, en particular, deberá referirse a: i) el estado actual de la investigación; ii) cuáles son las líneas de investigación, alternativas y demás mecanismos que están al alcance de la Fiscalía, con el fin de cumplir con la obligación estatal de investigación de los hechos del presente caso, y en especial aquellas que permitan dar celeridad a la investigación; iii) los objetivos y resultados obtenidos de todas las diligencias realizadas a la fecha, así como las diligencias que restan por ser practicadas y un cronograma para su ejecución; iv) una explicación respecto de por qué no se han realizado diligencias para investigar a los militares que han sido identificados como posibles responsables de los hechos (supra Considerandos 5 y 6) y qué acciones tomará la Fiscalía al respecto.

Asimismo, se requiere que el Estado presente toda la documentación de respaldo correspondiente, tales como las sentencias internas que culminaron con la confirmación de la absolución del Jefe de la Base contrasubversiva de Cajatambo al momento de los hechos (supra Considerando 5). 10. Por todo lo anterior, la Corte considera que el Estado no ha dado cumplimiento a la obligación de iniciar y realizar las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como de determinar y, en su caso, sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Jeremías Osorio Rivera, según fue ordenada en el punto resolutivo sexto de la Sentencia. B. Búsqueda de paradero del señor Osorio Rivera B.1 Medida ordenada por la Corte 11.

En el punto resolutivo séptimo y en los párrafos 249 a 252 de la Sentencia, el Tribunal dispuso que el Estado debía efectuar una búsqueda seria por la vía judicial y administrativa adecuada, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de Jeremías Osorio Rivera a la mayor brevedad, la cual debería realizarse de manera sistemática y -6- rigurosa, contar con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos.

También estableció que las referidas diligencias deben ser informadas a sus familiares y en lo posible procurar su presencia, así como que en caso de que luego de las diligencias realizadas por el Estado la víctima se encontrare fallecida, los restos mortales deben ser entregados a sus familiares, previa comprobación de identidad, a la mayor brevedad posible y sin costo alguno para ellos.

Además, la Corte dispuso que el Estado debería cubrir los gastos fúnebres, en su caso, de común acuerdo con sus familiares. B.2. Consideraciones de la Corte 12. El Tribunal recuerda que en su Sentencia resaltó que la víctima desapareció desde 1991, por lo cual es una expectativa justa de sus familiares que se identifique su paradero. La Corte enfatizó que esto permite a los familiares aliviar la angustia y sufrimiento causados por dicha incertidumbre y reiteró que recibir el cuerpo de una persona desaparecida forzadamente es de suma importancia para sus familiares, ya que les permite sepultarlo de acuerdo a sus creencias, así como cerrar el proceso de duelo que han estado viviendo a lo largo de estos años22. 13.

Esta Corte constata que, entre junio de 2016 y junio de 2017, el Estado aprobó la “Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el Período de Violencia 1980-2000”23, el “Plan Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (1989-2000)”24, la “Guía Práctica para la Recuperación y Análisis de Restos Humanos en Contextos de Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario” de la Fiscalía de la Nación25 y el “Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”26, el cual “incluye la creación de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas”.

Esta última Dirección “es el órgano de línea encargado de diseñar, implementar y ejecutar el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, articulando y disponiendo las medidas relativas a la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución de los restos humanos; así como administrar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro”27.

Para tal efecto, la referida Dirección aprobó en octubre de 2017 la “Directiva para normar el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas con enfoque humanitario”28. El Estado señaló que dicha Dirección “asume competencia en aquellos casos que se encuentran con archivo fiscal y también en aquellos con resolución judicial definitiva sin restitución de restos humanos y en los casos nuevos de desaparición forzada”29. 14.

Si bien no es propósito de la presente Resolución realizar un análisis detallado de la referida normativa –análisis que la Corte realizará en el marco de la supervisión del caso Cfr. Caso Osorio Rivera y familiares, supra nota 1, párrs. 249-250. El Estado afirmó que dicha Ley “se enmarca dentro de una política integral del Estado, cuyo objetivo es brindar todo el apoyo material y logístico para que los deudos puedan encontrar a sus familiares desaparecidos en el período 1980-2000, a través de la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución de restos humanos”.

Cfr. Informe estatal de 26 de febrero de 2018. 24 Cfr. Resolución Ministerial N° 0363-2016-JUS publicada en el Diario Oficial El Peruano el 25 de diciembre de 2016, mediante la cual se aprueba el “Plan Nacional para la búsqueda de personas desaparecidas (1980-2000)” (anexos al informe estatal de 26 de febrero de 2018). 25 Cfr. Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 5244-2016-MP-FN de 30 de diciembre de 2016 mediante la cual se aprueba la “Guía práctica para la Recuperación y Análisis de Restos Humanos en Contextos de Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario” (anexos al informe estatal de 26 de febrero de 2018). 26 Cfr. Decreto Supremo N° 013-2017-JUS publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de junio de 2017 mediante el cual se aprueba el “Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” (anexos al informe estatal de 26 de febrero de 2018). 27 Cfr. Artículo 88 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, supra nota 26. 28 Cfr. Resolución Directoral N° 001-2017-JUS/DGBPD publicada en el Diario Oficial El Peruano de 31 de octubre de 2017 (anexo al informe estatal de 26 de febrero de 2018). 29 Cfr. Informe estatal de 3 de octubre de 2019. 22 23 -7- correspondiente30- este Tribunal valora muy positivamente el extenso desarrollo normativo que ha permitido la creación de un marco institucional para la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú, en tanto considera que el mismo tiene un fuerte potencial para contribuir a una mejora sustancial y un aceleramiento en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas por parte de un órgano estatal especializado para tal efecto. 15.

No obstante lo anterior, esta Corte constata que la búsqueda del señor Osorio Rivera no ha tenido avances concretos31. En junio de 2016, “personal de la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial” se desplazó a “la provincia de Cajatambo […] y a las localidades de Gorgor y Oyón”, con el fin de: i) “recoger declaraciones testimoniales”, y ii) realizar la “verificación y constatación del local donde habría funcionado la base militar de Cajatambo durante la época de los hechos y donde estuvo detenido el señor Jeremías Osorio Rivera”32.

En febrero de 2018 el Estado señaló, de manera general, que la “Procuraduría Supranacional le ha comunicado a la […] Dirección [General] de Búsqueda de Personas Desaparecidas” (supra Considerando 13) sobre el presente caso “y otros casos referidos a sentencias de la Corte IDH”. Posteriormente, en enero de 2019, la referida Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas manifestó que incorporaría el presente caso dentro de su planificación. Asimismo, dicha Dirección indicó que se encontraba en el “proceso de construcción de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro [y a tal efecto se estaba formulando] una línea base que reúne un primer universo de [más de veinte mil] casos de desaparición forzada en el Perú”.

En este sentido, la citada entidad señaló que el caso del señor Osorio estaba incorporado en la referida “línea base”, la cual se encontraba “en proceso de sistematización para fines de planificación” y poder continuar a “una subsiguiente etapa de inicio de contactos y visitas de lugares”33. En octubre de 2019, la Dirección en cuestión indicó que un informe interno “recomendó fortalecer la coordinación con el Fiscal a cargo del caso, con la finalidad de colaborar en el proceso de búsqueda […] y brindar apoyo material y logístico para la participación de las familias, así como coordinar las diligencias en la etapa preparatoria de la visita a la ex base contrasubversiva de Cajatambo”34.

No obstante, esta Corte no cuenta con información posterior que permita comprobar que dicha recomendación fue llevada a cabo. 16. Al respecto los representantes de las víctimas indicaron en septiembre de 2018 que “no existe un avance real […] respecto a la ubicación e identificación de la víctima, toda vez que no se da cuenta de acciones concretas tendientes al cumplimiento de este punto resolutivo, generando expectativas en los familiares de la víctima que a la fecha no han sido 30 En este sentido, en el punto resolutivo 7 de la Sentencia emitida para el caso Anzualdo Castro Vs. Perú el Tribunal ordenó una garantía de no repetición relativa a que el Estado “deberá continuar realizando todos los esfuerzos necesarios, y adoptar las medidas administrativas, legales y políticas públicas que correspondan, para determinar e identificar a personas desaparecidas durante el conflicto interno a través de los medios técnicos y científicos más eficaces y, en la medida de lo posible y científicamente recomendable, mediante la estandarización de los criterios de investigación, para lo cual es conveniente el establecimiento de un sistema de información genética que permita la determinación y esclarecimiento de la filiación de las víctimas y su identificación”.

Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, párrs. 188-189 y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de agosto de 2013, Considerandos 17 a 20. 31 Cfr. Informes estatales de 5 de enero de 2015, 15 de agosto de 2016, 26 de febrero de 2018, 26 de marzo y 3 de octubre de 2019, así como escritos de observaciones de los representantes de las víctimas de 3 de junio de 2016, 7 de septiembre de 2018 y 28 de mayo de 2019. 32 El Estado indicó que en dicha diligencia se entrevistó al párroco de la zona y se tomaron fotografías del lugar.

Cfr. Resolución de 27 de mayo de 2016 de la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial; acta de la “Declaración indagatoria de Faustino Asunción Chavarría” de 22 de junio de 2016; acta de la “Declaratoria indagatoria de Silvia Osorio Rivera” de 23 de junio de 2016; actas fiscales de 21 y 23 de junio de 2016 (anexos al informe estatal de 15 de agosto de 2016). 33 Cfr. Informe usuario N° 003-2019/DAA de 11 de enero de 2019 suscrito por el Especialista de Contexto Social de la Dirección de Atención y Acompañamiento de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (anexo al informe estatal de 26 de marzo de 2019). 34 Cfr. Informe estatal de 3 de octubre de 2019. -8- cumplidas”35.

Posteriormente, en mayo de 2019, los representantes indicaron que, de la información brindada por la referida Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (supra Considerando 15), “no se detalla” en qué consisten las acciones concretas que se van a tomar y tampoco “queda claro qué información se necesita para precisamente para iniciar la búsqueda efectiva de los re[s]tos de la víctima”.

También señalaron que “a nivel del Ministerio Público no se ha realizado diligencia alguna” para dar cumplimiento a la presente medida. Por tanto, los representantes concluyeron que “resulta necesario que el Estado brinde una explicación sobre la metodología de investigación sobre la búsqueda del paradero de la víctima en el caso concreto y sobre las acciones realizadas”36. 17.

La Corte estima necesario enfatizar la importancia que tiene el cumplimiento de esta medida, puesto que supone una satisfacción moral para las víctimas y resulta indispensable en el proceso de duelo37. Por tanto, este Tribunal considera necesario que, dentro del plazo establecido en el punto dispositivo quinto de esta Resolución, el Estado presente un informe detallado, completo y actualizado respecto de: i) las acciones concretas que en el marco de la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro y la ejecución del Plan Nacional de Búsqueda se están tomando para acelerar la búsqueda del señor Osorio Rivera, y ii) considerando el nuevo marco institucional para la búsqueda de personas, aclare cuál es el papel del Ministerio Público en el cumplimiento de la presente medida y, si corresponde, qué medidas ha tomado para seguir investigando el paradero de la referida víctima.

Finalmente, el Tribunal estima oportuno que el Estado se reúna, a la brevedad posible, con los representantes de las víctimas para presentarles información clara sobre las medidas que está adoptando el Estado para dar cumplimiento a la presente medida, así como si existen posibles obstáculos que estén impidiendo el avance de la búsqueda y qué acciones se tomarán para remediarlos. 18.

Por tanto, la Corte considera que el Estado no ha dado cumplimiento a la medida relativa a efectuar un proceso de búsqueda serio que acredite la realización de todos los esfuerzos técnicos y periciales para determinar el paradero de Jeremías Osorio Rivera a la mayor brevedad, el cual debería realizarse de manera sistemática y rigurosa, contar con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos, según fue ordenada en el punto resolutivo séptimo de la Sentencia. C. Tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico C.1 Medida ordenada por la Corte 19.

En el punto resolutivo octavo y en el párrafo 256 de la Sentencia, la Corte dispuso que el Estado debía brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, a las víctimas que así lo soliciten38, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada uno de ellos.

La Corte estableció que ello implica que las víctimas deberían recibir un tratamiento diferenciado en relación con el trámite y procedimiento requerido para ser atendidos en los hospitales públicos. También dispuso que los tratamientos respectivos deberían prestarse, en la medida de lo posible, en los centros más cercanos a sus lugares de residencia en el Perú Cfr. Escrito de observaciones de los representantes de las víctimas de 7 de septiembre de 2018.

Cfr. Escrito de observaciones de los representantes de las víctimas de 28 de mayo de 2019. 37 Cfr. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de marzo de 2019, Considerando 42, y Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de octubre de 2014, Considerando 41 38 En la Sentencia se dispuso que las víctimas que querían solicitar esta medida de reparación, o sus representantes legales, disponían de un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación del referido Fallo, para dar a conocer al Estado su intención de recibir atención psicológica o psiquiátrica. 35 36 -9- por el tiempo que sea necesario.

Finalmente, señaló que al proveer el tratamiento psicológico o psiquiátrico se debía considerar, además, las circunstancias y necesidades particulares de cada víctima, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que fuese acordado con cada una de ellas y después de una evaluación individual. C.2.

Consideraciones de la Corte 20. Respecto a la presente medida, este Tribunal constata que los once beneficiarios cuentan con distintos seguros de salud: siete víctimas están afiliadas al Sistema de Salud Integral (SIS) y las cuatro víctimas restantes reciben el seguro otorgado por ESSALUD39. El Perú no presentó información alguna respecto a la atención que brinda ESSALUD.

Respecto al SIS, el Estado indicó que “[t]odos los asegurados […] tienen derecho a la cobertura del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) y el Plan Complementario al PEAS, que comprende atenciones médicas, psicológicas y psiquiátricas, medicamentos, insumos médicos y/o quirúrgicos y procedimientos requeridos para su atención, […] así como Enfermedades de Alto Costo”40.

Si bien el Estado afirmó en agosto de 2016 y febrero de 2018 que dicho seguro “presenta un trato diferenciado respecto a las personas que son afiliadas por mandato de una sentencia de la Corte Interamericana”, no brindó ninguna explicación respecto a cómo se configura dicho trato diferenciado más allá de indicar que “el trámite de afiliación [del SIS] es diferenciado, por cuanto es inmediato, con la máxima cobertura y subsidiado”41.

Asimismo, de la información aportada por el Estado en enero de 2019, se puede observar que entre los años 2013 a 2018, seis de las víctimas recibieron diversas “atenciones médicas bajo la cobertura [de dicho sistema]”42. En los informes de febrero de 2018 y marzo de 2019, el Estado solicitó que “se dé por cumplido el presente punto resolutivo”43.

No obstante esto último, en octubre de 2019 el Estado señaló que “organizó dos reuniones de trabajo” en junio y julio de 2019 “en las que participaron funcionarios del Ministerio de Salud, el [SIS], Essalud y la Superintendencia Nacional de Salud”, las que estuvieron referidas al cumplimiento de las medidas ordenadas” en las Sentencias de casos peruanos. Una de sus conclusiones fue “la necesidad de conformar un Grupo de Trabajo adscrito al sector Salud, que tenga como finalidad la elaboración de lineamiento, directivas y protocolos orientados a brindar una atención adecuada a las víctimas […] recococid[a]s en las [S]entencias […] conforme a los estándares” ahí establecidos44. 21.

Al respecto, los representantes señalaron en septiembre de 2018 y mayo de 2019 que el SIS presenta “serios problemas […] desde su creación para con todo el universo de afiliados”, tales como “la falta de una atención eficiente, integral y digna, la falta de disponibilidad de las medicinas adecuadas y necesarias, y la indisponibilidad de especialistas 39 Las víctimas Santa Fe Gaitán Calderón, Edith Laritza Osorio Gaitán, Neida Rocío Osorio Gaitán, Epifanía Alejandrina Osorio Rivera, Elena Máxima Osorio Rivera, Silvia Osorio Rivera y Mario Osorio Rivera se encuentran afiliadas al SIS, mientras que las víctimas Vannesa Judith Osorio Gaitán, Jersy Jeremías Osorio Gaitán, Porfirio Osorio Rivera y Adelaida Osorio Rivera se encuentran afiliadas a ESSALUD.

Por otra parte, las víctimas Juana Rivera Lozano y Efraín Osorio Rivera fueron reportadas como “fallecid[as]”. Cfr. Informe N° 11-2019-SIS-GA-GADJ de 21 de enero de 2019 suscrito por el Gerente de Gerencia del Asegurado del Ministerio de Salud del Perú (anexo al informe estatal de 26 de marzo de 2019). 40 Cfr. Informe N° 11-2019-SIS-GA-GADJ, supra nota 39. 41 Cfr. Informes estatales de 15 de agosto de 2016 y 26 de febrero de 2018.

En el último de los referidos informes, el Estado incluso intentó revertir la carga de la explicación sobre en qué consiste el trato diferenciado que brinda el SIS, en tanto “solicitó a los representantes […] que puedan señalar claramente en qué consistiría dicho trato diferenciado ‘en relación al trámite, el procedimiento y los padecimientos específicos sufridos por las víctimas’”. 42 Cfr. Informe N° 11-2019-SIS-GA-GADJ, supra nota 39 y “Reporte de atenciones en el SIS 2011-2018 para familiares de[l señor Jeremías] Osorio Rivera” (anexos al informe estatal de 26 de marzo de 2019). 43 Cfr. Informes estatales de 26 de febrero de 2018 y 26 de marzo de 2019. 44 La Procuraduría Pública Especializada Supranacional “solicitó al Ministerio de Salud que gestione la conformación” de dicho “Grupo de Trabajo”, que “tenga como funciones elaborar, proponer y adoptar los instrumentos de gestión mencionados […] desde la perspectiva de los siguientes ejes fundamentales: i) el financiamiento oportuno de los tratamientos médicos y/o psicológicos, ii) la calidad y condiciones adecuadas de las prestaciones y iii) l supervisión de las mismas”.

Cfr. Informe estatal de 3 de octubre de 2019. -10- médicos”. Adicionalmente, los representantes citaron un informe de la Defensoría del Pueblo del Perú45 emitido en el año 2013 que señala que: […] no existe una cobertura especial para las víctimas de la violencia política, en la medida que el SIS califica como una política pública general que el Estado peruano debe garantizar frente a todos los individuos […] La Defensoría del Pueblo ha atendido un número importante de reclamaciones de las víctimas con relación al trato que reciben, tanto por parte del personal de salud encargado de la afiliación al SIS, como el personal sanitario […].

Como se ha mencionado, ello se debe principalmente [al] desconocimiento de la normatividad que garantiza su acceso al SIS en su condición de víctimas, pues este es esencialmente un programa social y por ello, un sector del personal todavía entiende que está dirigido solo a usuarios en condición de pobreza o pobreza extrema. Así por ejemplo, en algunos casos les piden documentos que no constituyen requisito para su afiliación, como la constancia de acreditación del [Registro Único de Víctimas] o les dicen que no existe un registro de atención para víctimas de la violencia […]. 22.

En este sentido, los representantes destacaron que “contar con una afiliación activa en el SIS o, en su caso, en ESSALUD, no demuestra de ninguna manera que los familiares de la víctima estén recibiendo una atención médica de calidad” y, además, la atención que se brinda bajo los referidos seguros “no es diferencial”46. Al respecto, los representantes refirieron “algunos de los obstáculos y dificultades” sufridos por siete de las víctimas, tales como: i) dos de las víctimas refirieron que “siempre tiene[n] que pasar” por una “larga espera” para ser atendidas47; ii) tres de las víctimas (dos de ellas siendo “señora[s] de avanzada edad que necesita[n] ciertas atenciones médicas de manera pronta”) refirieron que, en razón de la atención “totalmente insuficiente y carente” del SIS, han tenido que atenderse ya sea “a través de clínicas privadas” o en “Hospitales de Solidaridad”, que son hospitales que “aunque atienden a un costo social, brindan una atención privada” cuyo costo es asumido por la persona beneficiaria; iii) dos víctimas que son beneficiarias de ESSALUD (una de ellas “ya que su esposo le extendió la cobertura que él tiene a través de su trabajo” y la otra en razón “de su trabajo”) igualmente señalaron que dicha atención “tampoco es integral ni diferenciada”, además de que “solo se da una cita por mes”, por lo que “muchas veces [dicha víctima …] ha tenido que recurrir a otras clínicas privadas por sus propios medios” debido a que requería “atención más inmediata”48.

Una de las referidas víctimas señaló que “asumir estos costos [médicos] es bastante difícil y representa [una] carga injusta” en tanto son beneficiarios de la Sentencia de este Tribunal49. 45 Cfr. Informe Defensorial N° 162 titulado “A diez años de verdad, justicia y reparación. Avances, retrocesos y desafíos de un proceso inconcluso” emitido en agosto de 2013, disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/INFORME-DEFENSORIAL-162.pdf (enlace electrónico incluido en el escrito de observaciones de los representantes de las víctimas de 3 de junio de 2016). 46 Por ejemplo, señalaron que “[e]l personal de los centros de salud aún no ha recibido ningún tipo de formación sobre el cuidado especial que se debe tener y brindar respecto a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”, y más bien dicho personal “considera que el servicio de salud brindado por el SIS ‘está dirigido solo a usuarios en condición de pobreza o pobreza extrema’”.

Cfr. Escrito de observaciones de los representantes de las víctimas de 28 de mayo de 2019. 47 Por ejemplo, una de dichas víctimas indicó que “para poder sacar una cita con el SIS [tuvo] que estar en el centro de atención entre las 4 y 5 de la madrugada, hacer fila y esperar a ver si logra[ba] alcanzar recibir uno de los cupos de citas que se entregan”.

Cfr. Escrito de observaciones de los representantes de las víctimas de 28 de mayo de 2019. 48 Los representantes de las víctimas señalaron que en abril de 2018 enviaron “cartas al Ministerio de Salud” y “al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” respecto de una de dichas víctimas, mediante las cuales hicieron notar que “el servicio de atención médica en [ESSALUD] se brinda sólo una vez al mes”.

Solicitaron que dichas autoridades realizaran “las gestiones pertinentes ante la entidad anteriormente mencionada, a fin de que [dicha víctima] pueda tener un tratamiento adecuado e integral de salud, sin mayor limitación por razones administrativas y/o de carácter interno”. No obstante, indicaron que no se recibió respuesta alguna al respecto.

Cfr. Escrito de observaciones de los representantes de las víctimas de 7 de septiembre de 2018. 49 Cfr. Escrito de observaciones de los representantes de las víctimas de 28 de mayo de 2019. -11- 23. Adicionalmente, esta Corte observa que los representantes refirieron que tres de las víctimas beneficiarias tienen “problemáticas de salud bastante significativas” y otras tres víctimas han presentado “problemas de salud mental”.

No obstante ello, afirmaron que pese a que dicha información se desprende del informe presentado por el Perú en marzo de 2019, “no hay evidencia que [desde el Estado] se haya hecho algún tipo de seguimiento a [los referidos problemas] o que se [les] haya proporcionado el tratamiento adecuado”. 24. Al respecto, la Corte valora positivamente que todas las víctimas beneficiarias cuenten con un seguro de salud.

Sin embargo, el Tribunal recuerda que, de conformidad con su jurisprudencia constante, el cumplimiento de esta medida de reparación no se agota con la sola inscripción de los familiares de las víctimas en el SIS50, sino que deben recibir un tratamiento diferenciado, por su carácter de víctimas, en relación con el trámite y procedimiento que deben realizar para ser atendidos a través de las instituciones del Estado51.

Asimismo, aun cuando el Tribunal valora las iniciativas estatales de carácter general relacionadas con los sistemas de salud, debe recordar que, además de las medidas que adopte en el marco del sistema general de salud, es necesario que el Estado otorgue una atención gratuita, inmediata y diferenciada a las víctimas, por parte de personal e instituciones especializadas, proporcionando el tratamiento más adecuado y efectivo52.

En razón de ello, la Corte valora positivamente la realización de reuniones de trabajo por parte de las autoridades estatales en materia de salud, así como la propuesta de la conformación de un “Grupo de Trabajo” para la ejecución adecuada de la presente medida (supra Considerando 20). Por tanto, la Corte requiere al Estado que, en el plazo indicado en el punto resolutivo quinto de la presente Resolución, remita información detallada y actualizada sobre la implementación del referido “Grupo de Trabajo”, la elaboración de los lineamientos y protocolos señalados (supra Considerando 20) y, como parte de estos últimos, indique qué medidas se tomarán para que los seguros del SIS y ESSALUD cumplan con los estándares establecidos por el Tribunal respecto al otorgamiento de esta medida, en particular respecto de la atención diferenciada por su carácter de víctimas, o bien, si existe alguna otra alternativa institucional para dar cumplimiento a la presente medida.

También se requiere que el Estado se refiera al seguimiento brindado a los casos referidos por los representantes respecto de víctimas con “problemáticas de salud bastante significativas” o con “problemas de salud mental” (supra Considerando 23). 25. Por todo lo anterior, la Corte considera que se encuentra pendiente de cumplimiento la medida relativa a brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, a las víctimas que así lo soliciten, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada uno de ellos, según fue ordenada en el punto resolutivo octavo de la Sentencia. D. Publicación y difusión de la Sentencia 50 Cfr. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de julio de 2011, Considerando 24 y Caso La Cantuta Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de noviembre de 2009, Considerando 30. 51 Inter alia: Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 31 de marzo de 2014, Considerando 46;

Casos Fernández Ortega y otros y Rosendo Cantú y otra Vs. México. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de noviembre de 2014, Considerandos 16 a 20; Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de septiembre de 2016, Considerando 21 y Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador.

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de septiembre de 2016, Considerando 17. 52 Cfr. Caso Osorio Rivera y familiares Vs. Perú, supra nota 1, párr. 256. -12- D.1 Medidas ordenadas por la Corte 26. En el punto resolutivo noveno y en el párrafo 260 de la Sentencia, la Corte dispuso que el Estado debía publicar, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la Sentencia: a) el resumen oficial de la Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en el Diario Oficial; b) el resumen oficial de la Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en un diario de amplia circulación nacional, y c) la Sentencia en su integridad, disponible por un período de un año, en un sitio web oficial.

D.2. Consideraciones de la Corte 27. La Corte ha constatado, con base en los comprobantes aportados por el Estado53 y tomando en cuenta lo manifestado por los representantes de las víctimas54, que el Estado publicó: i) el texto integral de la Sentencia en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos55, así como ii) el resumen oficial de la Sentencia en el Diario Oficial56 y en el diario La República, “diario de amplia circulación nacional”57. 28.

Con base en lo anterior, la Corte considera que el Estado ha dado cumplimiento total a las medidas de publicación y difusión de la Sentencia y de su resumen oficial, ordenadas en el punto resolutivo noveno de la Sentencia. E. Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional E.1 Medida ordenada por la Corte 29. En el punto dispositivo décimo y en el párrafo 264 de la Sentencia, la Corte dispuso que el Estado debía, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del caso.

El Tribunal señaló que en dicho acto se debería hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la Sentencia y se debería realizar mediante una ceremonia pública en presencia de altos funcionarios del Estado y las víctimas del caso. La Corte estableció que el Estado debería acordar con las víctimas o sus representantes la modalidad de cumplimento del acto público de reconocimiento, así como las particularidades que se requieran, tales como el lugar y la fecha para su realización. E.2.

Consideraciones de la Corte 30. Con base en lo informado por el Estado58 y confirmado por los representantes de las víctimas59, el 5 de junio de 2014 se efectuó el “acto de reconocimiento de responsabilidad Infra