RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE 9 DE FEBRERO DE 2017 CASO DEL PENAL MIGUEL CASTRO CASTRO VS. PERÚ SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA VISTO: 1. La Sentencia de fondo, reparaciones y costas (en adelante ‘‘la Sentencia’’) emitida en el presente caso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) el 25 de noviembre de 2006 1.

Tomando en cuenta el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por la República del Perú (“el Estado” o “el Perú”) en el presente caso, la Corte determinó que el Estado era internacionalmente responsable por violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal por la masacre, ejecuciones extrajudiciales y torturas perpetradas entre el 6 y el 9 de mayo de 1992 en el Penal Miguel Castro Castro, durante el denominado “Operativo Mudanza 1”2, contra las internas y los internos que se encontraban en los Pabellones 1A y 4B3, acusados o sentenciados por delitos de terrorismo o traición a la patria, entre quienes se encontraban mujeres embarazadas.

El Tribunal estimó que el comportamiento observado por los agentes de seguridad, altas autoridades del Estado y otros funcionarios estatales durante el referido “Operativo”4, así como con posterioridad a éste, demuestran que se trató de una masacre, y que dichas acciones tenían el fin de atentar contra la vida e integridad de las internas e internos que se encontraban en dichos pabellones.

Asimismo, la Corte encontró al Perú responsable de violaciones al derecho a la integridad personal perpetradas contra las internas que sobrevivieron la masacre cuando fueron llevadas al Hospital de la Policía y trasladadas a otros centros penales. Tres internas fueron víctimas de violaciones adicionales por la falta de atención médica pre y post natal, una interna fue víctima de violación sexual y seis internas fueron sometidas a violencia sexual.

Adicionalmente, la Corte determinó que el Estado había incurrido en violaciones a la integridad personal de 1 Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160. El texto íntegro de la Sentencia se encuentra disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf y un resumen de las normas internacionales violadas en el presente caso, se encuentra en el pie de página del Visto 1 de la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 31 de marzo de 2014 (infra nota 8).

La Sentencia fue notificada el 20 de diciembre de 2006. 2 El Estado sostuvo que los hechos ocurrieron en el marco del llamado “Operativo Mudanza 1”, que según fuentes oficiales pretendía el traslado de las internas que se encontraban en el pabellón 1A del Penal Miguel Castro Castro a otra cárcel de máxima seguridad de mujeres. Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro.

Fondo, Reparaciones y Costas, supra nota 1, párrs. 210 a 216. 3 Aproximadamente 135 mujeres y 450 hombres. 4 La Corte consideró que no fue probado que existiera un motín u otra situación que ameritara el uso legítimo de la fuerza por los agentes estatales cuando se realizó el primer acto del “operativo”. -2- determinados familiares de los internos por el tratamiento que recibieron por las autoridades cuando se encontraban en búsqueda de información sobre lo ocurrido.

Asimismo, el Tribunal declaró la responsabilidad estatal por violaciones a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial5. La Corte estableció que su Sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado determinadas medidas de reparación. 2. La Sentencia de interpretación de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas emitida el 2 de agosto de 20086 (en adelante “la Sentencia de Interpretación”). 3.

Las Resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia emitidas el 28 de abril de 20097, el 31 de marzo de 20148 y el 17 de abril de 20159 (infra Considerando 1). 4. El escrito presentado por la víctima Miguel Oswaldo Cuicapusa Martel 10 el 25 de junio de 2015. 5. El informe presentado por el Juez Titular del Juzgado Especializado en Ejecución de Sentencias Supranacionales de la Corte Superior de Justicia de Lima (en adelante “el Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales”) el 26 de junio de 2015, en respuesta al pedido de información realizado por el Tribunal en la Resolución de 17 de abril de 2015, de conformidad con el artículo 69.2 del Reglamento de la Corte. 6.

Los tres informes presentados por el Estado entre agosto de 2015 y agosto de 201611. 7. Los tres escritos presentados por Mónica Feria Tinta, víctima e interviniente común de los representantes de las víctimas (en adelante “la interviniente común Feria Tinta”), entre agosto y octubre de 201512. 8. Los dos escritos de observaciones presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la “Comisión Interamericana” o la “Comisión”) el 22 de septiembre de 2015 y el 3 de octubre de 2016. 9.

Los dos escritos presentados por la víctima Joaquín Rodríguez León los días 19 de mayo y 22 de agosto de 2016. 5 En perjuicio de los familiares inmediatos de los internos fallecidos identificados, de los internos sobrevivientes y de los familiares de los internos determinados e identificados en la Sentencia. 6 Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro.

Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de agosto de 2008, Serie C No. 181. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_181_esp.pdf. 7 Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro. Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de abril de 2009, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/castro_28_04_09.pdf. 8 Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro.

Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 31 de marzo de 2014, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/castro_31_03_14.pdf. 9 Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro. Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de abril de 2015, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/penalcastro_17_04_15.pdf. 10 El señor Cuicapusa indicó que es la víctima consignada en el Anexo 2 de la Sentencia como “Quicapusa Martel Miguel”. 11 Escritos de 3 de agosto de 2015, 22 de julio y 18 de agosto de 2016. 12 Escritos de 15 de agosto, 20 de agosto y 7 de octubre de 2015. -3-

CONSIDERANDO

QUE: 1. En el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus decisiones13, la Corte ha venido supervisando la ejecución de la Sentencia emitida en el presente caso hace más de diez años (supra Visto 1). Ha emitido tres resoluciones de supervisión en los años 2009, 2014 y 2015 (supra Visto 3), mediante las cuales declaró que el Estado no había dado cumplimiento a ninguna de las medidas de reparación ordenadas en la Sentencia (infra Considerandos 3 y 30), lo cual constituía “un grave incumplimiento de las obligaciones convencionales”14. 2.

De conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Convención Americana, “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para cumplir cada uno de los puntos ordenados por ésta, lo cual es fundamental para evaluar el estado de cumplimiento de la Sentencia en su conjunto15.

Los Estados Parte en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos 16. 3.

Esta Resolución tiene por objeto evaluar el cumplimiento de las medidas de reparación relativas al pago de un monto para la atención médica o psicológica de las víctimas que acrediten tener su domicilio en el exterior y de las indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, que se encuentran pendientes de acatamiento. Para ello valorará, en la medida de lo pertinente, lo expuesto por el Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales respecto de las referidas medidas.

Ello será valorado por la Corte como “otra fuente de información” que le permita apreciar el cumplimiento de lo ordenado, conforme lo dispuesto en el artículo 69.2 de su Reglamento, ya que ese informe es distinto al que brinda el Estado en su carácter de parte de este proceso de supervisión de cumplimiento. Asimismo, el Tribunal se pronunciará puntualmente sobre las medidas de reparación relativas a la entrega de los restos de la víctima Mario Vásquez Aguilar Vega a sus familiares, así como la publicación y difusión de la Sentencia (infra Considerandos 19 y 25) y, de manera general, se referirá al estado de cumplimiento de las demás medidas de reparación (infra Considerando 30), considerando que han transcurrido más de diez años desde la emisión de la Sentencia del presente caso.

Finalmente, la Corte hará referencia a la solicitud formulada por la interviniente común Feria Tinta relativa a que la Corte ordene al Estado cubrir los costos y gastos de representación durante la etapa de supervisión (infra Considerando 40). El Tribunal estructurará sus consideraciones en el siguiente orden: 13 Facultad que además se desprende de lo dispuesto en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la Convención Americana y 30 de su Estatuto y se encuentra regulada en el artículo 69 de su Reglamento. 14 Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra nota 9, punto resolutivo primero. 15 Cfr. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte de 17 de noviembre de 2004, Considerando quinto, y Caso Tibi Vs. Ecuador.

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 22 de noviembre de 2016, Considerando segundo. 16 Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 37, y Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala.

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de noviembre de 2016, Considerando segundo. -4- A. Pago del monto relativo a atención médica y psicológica para las víctimas que residan en el exterior y pago de las indemnizaciones por daños materiales e inmateriales B. Entrega de los restos de la víctima Mario Francisco Aguilar Vega a sus familiares C. Publicación y difusión de la Sentencia D. Estado de cumplimiento de las demás medidas de reparación E. Solicitud formulada por la interviniente común Feria Tinta A. Pago del monto relativo a atención médica y psicológica para las víctimas que residan en el exterior y pago de las indemnizaciones por daños materiales e inmateriales A.1.

Medidas ordenadas por la Corte y supervisión realizada en resoluciones anteriores 4. En el punto resolutivo décimo cuarto y en los párrafos 450 y 461 de la Sentencia, la Corte ordenó “[r]especto de las víctimas que acrediten tener su domicilio en el exterior y prueben […] que con motivo de los hechos del […] caso necesitan recibir un tratamiento médico o psicológico adecuado, el Estado deberá depositarles en una cuenta bancaria que cada víctima indique, la cantidad de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América), con el propósito de que ese dinero pueda constituir una ayuda para dicho tratamiento”.

Asimismo, indicó que las víctimas contaban con un “plazo de 8 meses a partir de la notificación de [la] Sentencia, [para] acredit[ar] tener su domicilio en el exterior y pr[obar] que necesitan recibir un tratamiento médico o psicológico”, a la vez que el Estado tendría que depositarles la cantidad referida “en el plazo de 18 meses contado a partir de la notificación de la […] Sentencia”. 5.

Respecto del pago de indemnizaciones para reparar los daños materiales e inmateriales, la Corte ordenó dichas medidas en los puntos resolutivos décimo octavo a vigésimo tercero y en los párrafos 424 a 428, 433, 434, 457, 458, 465, 466, 467 y 468 de la Sentencia. En lo que se refiere al daño material, la Corte dispuso que el Estado debe pagar, dentro del plazo de 18 meses, las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto del daño material causado a los 41 internos fallecidos identificados, a los internos sobrevivientes y a los familiares de los internos por los gastos de búsqueda y gastos de entierro.

Asimismo, en lo que respecta al daño inmaterial, la Corte fijó las correspondientes indemnizaciones que el Estado debe pagar respecto de cada una de las 41 víctimas fallecidas identificadas y a las víctimas sobrevivientes, a los familiares inmediatos de las 41 víctimas fallecidas identificadas y a los familiares declarados víctimas de la violación del artículo 5 de la Convención Americana determinados en los párrafos 336, 337, 340 y 341 e identificadas en el Anexo 2 de víctimas de la Sentencia. En el párrafo 433 de la Sentencia se ‘‘fij[ó] en equidad las […] indemnizaciones por concepto de daño inmaterial’’.

Específicamente, en el párrafo 433.c) se dispusieron las indemnizaciones por daño inmaterial respecto de las ‘‘víctimas sobrevivientes’’, para lo cual se establecieron las siguientes categorías con cantidades diferenciadas de indemnización: i) para ‘‘las víctimas con lesiones o incapacidades físicas o psíquicas que implican una incapacidad total permanente para trabajar” se fijó la cantidad de US$ 20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América); ii) para aquéllas ‘‘con lesiones o incapacidades físicas o psíquicas que implican una incapacidad parcial permanente para trabajar” se fijó la cantidad de US$ 12.000,00 (doce mil dólares de los Estados Unidos de América); iii) para aquéllas con “consecuencias permanentes por heridas sufridas que no generaron incapacidad total ni parcial” se fijó la cantidad de US$ 8.000,00 -5- (ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), y iv)para ‘‘las otras víctimas sobrevivientes que no queden incluidas en alguna de las categorías antes mencionadas’’ se fijó la cantidad de US$ 4.000,00 (cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América).

Asimismo, en el párrafo 433.c)v) estableció que ‘‘para determinar individualmente en cuál de las anteriores categorías se debe incluir a cada una de las víctimas sobrevivientes, dicha determinación deberá ser realizada por los órganos internos especializados en clasificación de lesiones e incapacidades a requerimiento de los interesados, quienes deberán presentar su solicitud dentro de 8 meses’’. 6.

En las Resoluciones de supervisión de cumplimiento del presente caso (supra Visto 3), la Corte hizo constar, con base en lo informado por las partes, que el Estado no había dado cumplimiento a las referidas medidas. Respecto al pago de la cantidad establecida en la Sentencia como ayuda para que las víctimas que acrediten residir en el exterior reciban tratamiento médico y psicológico, la Corte resaltó en su Resolución de 2014 “que el plazo para el cumplimiento de esta medida est[aba] ampliamente excedido, ya que, de acuerdo con la Sentencia, los pagos debían ser efectuados dentro de los 18 meses a partir de su notificación”.

La Corte notó que el Estado “fundamenta la falta de ejecución de esta reparación en que esta medida de reparación se encuentra ‘judicializada’”, respecto a lo cual “el Tribunal consider[ó] que la modalidad de cumplimiento de esta reparación no implicaba necesariamente un proceso judicial, mucho menos si han transcurrido más de siete años sin que ese medio haya permitido ejecutar efectivamente la reparación”.

En razón de ello, la Corte solicitó al Estado informar “cuál o cuales otros órganos o instituciones competentes no judiciales podrían, a la mayor brevedad, realizar las determinaciones correspondientes para la ejecución de esta medida […] para cualquier […] víctima que haya presentado información o solicitud al respecto”. Posteriormente, en la Resolución de 2015, la Corte verificó que “el Estado no adoptó acciones necesarias para dar cumplimiento a esta medida, ni informó acerca de avances y resultados en su implementación”. 7.

Respecto del pago de indemnizaciones para reparar los daños materiales e inmateriales, la Corte señaló en su Resolución de 2014 que el Estado sostenía que “‘la responsabilidad’ de pagar las indemnizaciones por daño material e inmaterial fijadas en la Sentencia ‘está condicionada al resultado del proceso judicial que se encuentra en trámite en [sede nacional]’ ante el Juzgado Especializado en Ejecución de Sentencia Supranacional”.

El Tribunal entonces estimó pertinente “aclarar que no corresponde a las autoridades judiciales internas del Perú determinar la obligación de reparar el daño material e inmaterial ya que dicha obligación y sus aspectos, tales como la determinación de los beneficiarios de las reparaciones y los montos a indemnizar fueron determinados por la Corte en la Sentencia [precisamente] para evitar, en la medida de lo posible, que los beneficiarios de estas reparaciones pecuniarias tengan que acudir a un proceso interno, que pudiera dilatar innecesariamente la entrega de las indemnizaciones fijadas en la Sentencia”.

No obstante ello, la Corte hizo la salvedad respecto de lo establecido en “los párrafos 425 y 433.c).v y vi de la Sentencia relativos a la indemnización del daño material e inmaterial, respectivamente, de las víctimas sobrevivientes”, en tanto el Tribunal dispuso que “debido a que no contaba con la prueba necesaria para determinar individualmente en cuál categoría de incapacidad se debía incluir a cada una de estas víctimas, dicha determinación debía ser realizada por los órganos internos especializados en clasificación de lesiones e incapacidades a requerimiento de los interesados”.

En razón de ello, la Corte resaltó que “la intervención de los órganos internos en el presente caso aplica únicamente para la determinación de la categoría de incapacidad de las víctimas sobrevivientes y no para las otras indemnizaciones dispuestas en la Sentencia”. Asimismo, el Tribunal indicó al Estado que debía “flexibili[zar] la aceptación de las solicitudes de las víctimas sobrevivientes y sus familiares y sus medios probatorios, máxime cuando después de notificada la Sentencia el Perú no comunicó de forma clara y amplia a las víctimas cuál sería el mecanismo o procedimiento previsto para ejecutar la -6- medida y cuáles autoridades serían las encargadas de hacerlo”.

La Corte señaló que el Estado debía “proced[er] de inmediato y de forma directa con el cumplimiento de todas aquellas indemnizaciones que no requieran una determinación por parte de las autoridades internas y, en el caso de aquellas en cuya intervención es requerida, que implemente las medidas necesarias para que se realicen a la mayor brevedad y sin superar un período de seis meses”. 8.

En su Resolución de 2015, la Corte valoró positivamente que el Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales “emitió el 15 de octubre de 2014 una resolución en la que decidió, [entre otras cosas], que se ‘podrán seguir incorporando beneficiarios de la sentencia supranacional hasta que no se produzca la publicación de la sentencia ordenada por la Corte’”.

No obstante, la Corte destacó que el Estado “presentó información insuficiente con respecto al estado actual de ese proceso interno, de lo cual se desprende que no ha concluido con las determinaciones respectivas, ni efectuado los pagos de indemnizaciones, a pesar de que han transcurrido más de siete años desde el vencimiento del plazo de 18 meses concedido para su cumplimiento”.

La Corte consideró que “el Estado omitió tomar en cuenta lo indicado y solicitado en [la] Resolución [de 2014]”. 9. En razón de que “[e]l Estado ha informado que desde el 2010 está ‘judicializado’ ante el Juzgado Especializado en Ejecución de Sentencias Supranacionales de la Corte Superior de Justicia de Lima las reparaciones relativas al pago de las indemnizaciones por daños material e inmaterial y el pago del monto relativo a atención médica y psicológica para las víctimas que residan en el exterior”, la Corte, en aplicación del artículo 69.2 de su Reglamento, requirió mediante la Resolución de abril de 2015 que el referido juzgado rindiera un informe al Tribunal, en el cual presentara “la información que estime relevante, en el ámbito de sus competencias, sobre el caso ‘ejecución de sentencia supranacional caso Penal Castro Castro’”.

En particular, el Tribunal solicitó que en dicho informe, el referido juzgado indicara: “(i) cuál es el procedimiento seguido por ese juzgado y, (ii) teniendo en cuenta los plazos establecidos en la Sentencia, explique fundadamente cuándo tiene previsto concluir con una o varias decisiones que resuelvan judicialmente este asunto”. A.2. Información y observaciones de las partes y de la Comisión 10.

El Estado reiteró en agosto de 2015 que el pago de las indemnizaciones por daños material e inmaterial “se ha judicializado en sede interna”, en razón del “[p]roceso N 11891-2010 seguido ante el Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales […] desde el 7 de abril de 2010”. Asimismo, indicó que respecto a la información presentada por el Juez Titular del Juzgado Especializado en Ejecución de Sentencias Supranacionales (infra Considerando 13), “se ha solicitado un informe a la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre las acciones que se están llevando a cabo para dar cumplimiento a lo ordenado por el [j]uzgado”.

Posteriormente, en julio de 2016, ante una solicitud realizada mediante nota de la Secretaría de la Corte respecto de un caso de diferencia material entre el nombre de una víctima consignado en la Sentencia y el registrado a nivel interno, el Estado indicó que “la ejecución de la [S]entencia […] se está llevando a cabo bajo un estricto respeto a los derechos de los beneficiarios[, y que d]ado que la ejecución de la [misma] implica comprometer recursos del Estado[,] es necesario tener la certeza de que los pagos se están realizando a las personas a las que les asiste dicho derecho, [ya] que pueden presentarse casos de homonimias o errores en la identificación de los beneficiarios”.

Señaló que “representantes del Estado solicitaron la aclaración de algunos nombres antes de consignar el pago dispuesto por el [j]uzgado[, el cual] haciendo referencia al [Considerando] 75 de la Resolución […] de marzo de 2014, decidió que tendrá por aclarados los nombres […] una vez que los beneficiarios […] -7- presenten copia de su Documento Nacional de Identidad.

Producida la aclaración, se procederá a consignar el nombre correcto para proceder al pago de la reparación”. 11. Los intervinientes comunes no hicieron referencia alguna a la información presentada por el Juzgado Especializado en Ejecución de Sentencias Supranacionales. No obstante, las víctimas Miguel Oswaldo Cuicapusa Marte y Joaquín Rodríguez León (supra Vistos 4 y 9) remitieron, respectivamente en junio de 2015 y mayo de 2016, comunicaciones a la Corte señalando que existen diferencias entre los nombres de las víctimas consignados en la Sentencia y los nombres de las mismas registrados a nivel interno. En el caso del primero, señaló que “por error material [su] nombre ha sido consignado erróneamente” en el Anexo 2 de víctimas de la Sentencia como “Quicapusa Martel Miguel”, siendo su nombre correcto “Miguel Oswaldo Cuicapusa Martel”.

En razón de ello, solicitó a la Corte “corregir el error material indicado” y ordenar al Estado que cumpla con pagarle la indemnización ordenada en la Sentencia. En caso del segundo, su hermano fue una de las víctimas fallecidas cuyo nombre fue consignado en el Anexo 1 de la Sentencia como “Wilmer Rodríguez León”, siendo “lo correcto” Wuilmer Rodríguez León. 12.

En sus observaciones de septiembre de 2015, la Comisión resaltó que “el Juez [T]itular indicó que se podrían proceder a pagar de ‘manera inmediata y de forma directa’ las indemnizaciones que no requieran una determinación por parte de las autoridades internas, lo cual depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” (infra Considerando 13) y, por tanto, destacó “la importancia de que el Estado precise las medidas planificadas para poder pagar a la brevedad de manera directa tales indemnizaciones”.

A.3. Informe presentado por el Juzgado Especializado en Ejecución de Sentencias Supranacionales de la Corte Superior de Justicia de Lima 13. En atención a lo dispuesto en la Resolución de 2015 (supra Considerando 9), en junio de 2015 el Juez Titular del Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales presentó el informe requerido (supra Visto 5), mediante el cual realizó una síntesis sobre “el desarrollo procesal efectuado por [dicho j]uzgado […] en el expediente N 11891-2010, referido a la Ejecución de Sentencia Supranacional del Caso Penal ‘Miguel Castro Castro’”.

A continuación, la Corte realizará un resumen del referido informe, destacando las principales decisiones ahí señaladas: a) Mediante la “Resolución Administrativa N 089-2010-CE-PJ” de 11 de marzo de 2010, el “Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso convertir el entonces 48 Juzgado Especializado Civil del Distrito Judicial de Lima en Juzgado Especializado en Ejecución de Sentencias Supranacionales”. b) El 12 de mayo de 2010 el Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales dio apertura al expediente 11891-2010 emitiendo su primera resolución para el caso. c) Entre julio de 2010 y enero de 2011, el Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales emitió varias resoluciones para designar los nombramientos de “apoderado[s] com[u]n[es]” en atención “a la complejidad del caso [y] verificándose que muchos de los ciudadanos apersonados a la instancia eran defendidos por el mismo letrado”. d) El juzgado fue “dictando las resoluciones pertinentes” para el pago de la indemnización por daños “material o inmaterial –según corresponda-” conforme “los interesados” se fueron apersonando a dicha instancia. e) Entre el 22 de septiembre y 1 de octubre de 2010, el juzgado emitió tres resoluciones que dispusieron requerir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cumplir con el pago de determinadas sumas a favor de tres beneficiarios.

El Estado, “representado por el [referido] -8- Ministerio[,] interpuso [recursos de apelación]” contra dichas resoluciones. Al respecto, la “Quinta Sala Civil” declaró el 7 de julio de 2011 que era “improcedente” el recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida el 1 de octubre de 2010 y el 12 de julio de 2011 confirmó “los autos apelados expedidos mediante las resoluciones” de 22 de septiembre de 201017. f) El 22 de marzo de 2013 el Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales emitió la “resolución número 204” que dispuso: a. Requerir al “Ministerio de Justicia” para que, dentro de un determinado plazo, “[cumpla] con el pago de las sumas reclamadas o su equivalente en [m]oneda [n]acional a favor de [siete beneficiarios]”; b. Realizar una “[a]udiencia de [c]onciliación” respecto de las peticiones formuladas por nueve personas interesadas, y c. Requerir al apoderado común de una persona interesada que “cumpla con acreditar que [dicha persona] ha sido declarada heredera por [s]ucesión [i]ntestada mediante declaración judicial o notarial de la causante”18. g) La “Quinta Sala Civil” declaró nulas “las resoluciones […] 195 y 205 [que fueron apeladas por varios beneficiarios y se referían] al plazo de presentación [para] solicitar la ejecución de la sentencia supranacional”.

De esta manera, dichos beneficiarios pudieron continuar el proceso para recibir los pagos correspondientes, según se determinaron en la Sentencia. h) El 17 de septiembre de 2014 el juzgado emitió la resolución número 234, a efectos de que “[e]l Ministerio de Justicia […] cumpla con pagar las sumas reclamadas”. i) el 15 de octubre de 2014 el juzgado emitió la resolución número 242, mediante la cual “dispuso admitir las solicitudes presentadas por [cuatro personas], requiriéndose al Estado, representado por el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para que cumpla con pagar a favor de los solicitantes”. j) Mediante la resolución número 248 de 30 de octubre de 2014, el juzgado dispuso “reprogramar la audiencia pendiente de actuación”, la cual se realizó el 4 de diciembre de ese mismo año. En dicha diligencia “se actuaron los medios probatorios ofrecidos por los demandantes, disponiéndose como medio probatorio de oficio, se proceda con [oficiar] al Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, para efectos que una [c]omisión de [m]édicos verifique [respecto de] cada uno de los solicitantes el grado de incapacidad alegado en forma individual, debiendo apersonarse los [cuatro] recurrentes al lugar, en la fecha y hora que anticipadamente deberá comunicar al [j]uzgado”. k) El 23 de diciembre de 2014 “el Sub Director de la División Clínico Forense de la Gerencia Criminalística del Instituto de Medi[cin]a Legal del Ministerio Públic[o] inform[ó] al [j]uzgado que los exámenes médicos ordenados habían sido programados para [esa misma fecha]”.

En razón de que fue “comunicado al [juzgado] el mismo día, mediante la resolución número 275 de fecha 29 de diciembre de dicho año, se dispuso oficiar nuevamente a dicha dependencia del Ministerio Público para efectos que [cumplan] con 17 El Juez Titular del Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales indicó que en el transcurso de las referidas apelaciones, “se presentó un inconveniente en lo que respecta a la notificación oportuna”, debido a que “dos personas debían ser notificadas mediante oficios dirigidos a los Establecimientos Penales de Mujeres de Chorrillos y Miguel Castro Castro”, lo cual “generaba un considerable atraso para efectos de elevar los autos al Superior Tribunal”.

Explicó que, a pesar de que “el Especialista Legal de la causa [se presentó] en varias oportunidades a efectos de diligenciar los oficios directamente a dicha entidad administrativa[,] de nada servía el esfuerzo[,] toda vez que los Directores demoraban en remitir los cargos de notificación debidamente firmados por los correspondientes destinatarios”. 18 Al respecto, Juez Titular del Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales indicó que “conforme lo dispuesto por el artículo 66[0] del Código Civil, desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se tra[n]smiten a sus sucesores; norma legal concordante con el inciso primero del artículo 10[8] del Código Procesal Civil […] Se presenta la sucesión procesal cuando […] fallecida una persona que sea parte en el proceso, es reemplazada por su sucesor, salvo disposición legal en contrario.

Dicho procedimiento se ha solicitado a varios ciudadanos[,] quienes se han apersonado al proceso señalando ser el heredero de tal o cual interno fallecido en los sucesos que fueron materia de la demanda supranacional [o] de algún interno fallecido [posteriormente]”. El referido juez señaló que “de procederse de otra manera[,] se estaría vulnerando el legítimo derecho hereditario de los familiares de las 41 víctimas fallecidas identificadas y de las víctimas sobrevivientes”. -9- informar con la debida anticipación al [j]uzgado el lugar, fecha y hora para la realización del examen solicitado, debiendo considerar a su vez dicha dependencia […] que los solicitantes deben ser notificados con la debida anticipación”. l) El 29 de diciembre de 2014 el juzgado emitió la resolución número 264 “[a]nte el incumplimiento por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” y “se requirió al Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia para efectos que cumpla con informar documentadamente al Despacho haber coordinado con el titular del sector, la adopción de las medidas que sean necesarias para dar efectivo cumplimiento para atender el pago de sumas de dinero por concepto de daños y perjuicios ordenado por la Sentencia [s]upranacional, en concordancia con lo resuelto con fecha 31 de [m]arzo de 201[4] por la [Corte]”. m) El 14 de abril de 2015 el juzgado emitió la resolución número 275, mediante la cual se “notific[ó] al Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a fin [de] qu[e cumpla] con informar documentadamente al Despacho haber coordinado con el titular del sector, la adopción de las medidas que sean necesarias para dar efectivo cumplimiento para atender el pago de sumas de dinero por concepto de daños y perjuicios ordenado por la Sentencia [s]upranacional reclamadas por los recurrentes”. n) Mediante la resolución número 276, cuya fecha no se señala en el informe, el juzgado “dispuso oficiar al Coordinador de la Unidad de Medicina […] de la División Clínico Forense de la Gerencia Criminalística del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público para efectos que cumpla con informar directamente al [j]uzgado[,] con la debida antelación[,] el lugar, fecha y hora para la realización del examen médico solicitado, […] debido a que el oficio que fue remitido por el Sub Gerente [del referido departamento del Ministerio Público] era remitido tardíamente”.

En razón de que “no obstante lo ordenado, el siguiente informe de dicha área administrativa dependiente del Ministerio Público fue remitido [con el mismo error], el [j]uzgado emitió la resolución número 296 de 2 de junio de 2015, mediante la cual se reiteró la orden formulada en la resolución 276, añadiendo que la obligación de “informar al [j]uzgado con la debida antelación […] para la realización de los exámenes médicos solicitados” es “bajo responsabilidad penal[,] sin perjuicio de imponers[e una] multa” a la citada división del Ministerio Público. o) El 10 de junio de 2015 el Sub Gerente de la Gerencia Criminalística de la División Clínico Forense del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público “comunicó que la fecha para realización de los exámenes médicos estaba programada para el [2] de [j]ulio de 2015”.

En razón de ello, el [j]uzgado emitió la Resolución 302 de 11 de junio de 2015 para “notifica[r] oportunamente a todos los interesados”. p) El 6 de mayo de 2015 el juzgado emitió la resolución número 281, mediante la cual se requirió al Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que “cumpl[iera] con lo ordenado” mediante la resolución número 275.

Asimismo, el 13 de mayo de 2015 el referido juzgado emitió la resolución número 287 que ordenó pagos a beneficiarios de la Sentencia. El 20 de mayo de 2015 el referido Ministerio solicitó que el [j]uzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales tuviera “por cumplido lo ordenado” en las resoluciones número 281 y 287, en tanto “la Procuraduría Pública […] comunic[ó] de manera oportuna a la Oficina General de Administración, al Consejo de Defensa Jurídica del Estado –entre otras entidades- la necesidad de programar y efectuar los pagos correspondientes de los beneficiarios de la [S]entencia”.

Esta solicitud fue resuelta por el juzgado mediante la resolución número 306 de 22 de junio de 2015, en la cual indicó y dispuso, entre otras cosas, que: i. “el Procurador Público […] no puede solicitar al [j]uzgado tener por cumplido el mandato, toda vez que lo único que ha quedado demostrado es el haberse comunicado a las dependencias internas del propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lo ordenado por el juzgado y de la necesidad de programar y efectuar los pagos correspondientes”; ii.

“lo argumentado por el Procurador Público […] en sentido que la sentencia supranacional no ha establecido de manera individual, cierta y clara la indemnización que le corresponde a cada uno de los beneficiarios y que corresponde -10- que en estos autos […] se proceda a individualizarlos e identificar a cada uno de los beneficiarios, así como los montos indemnizatorios correspondientes, carece[n] de sustento”; iii.

“no obstante ello, […] el Secretario Técnico d[el Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en perjuicio del Estado- FEDADOI] comunic[ó] al Procurador Público […] que el Fondo no cuenta con recursos suficientes para atender [el] requerimiento” del pago de las obligaciones establecidas en la Sentencia; iv. “los Procuradores Públicos deberán coordinar con los titulares de cada entidad el cumplimiento y ejecución de las sentencias […] debiendo elaborar anualmente un plan de cumplimiento que deberá ser aprobado por el Titular de la Entidad, quien asumirá con recursos presupuestados de la Entidad correspondiente la ejecución de lo dispuesto en las resoluciones jurisdiccionales nacionales, extranjeras o de la Corte Supranacional”, y v. “declarar tener por no cumplido lo ordenado […] mediante la[s] resoluci[ones] número 281 [… y] 287” y, por tanto, requirió al Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que cumpliera con informar al Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales haber “coordinado con el titular del sector […] la adopción de las medidas que sean necesarias para dar efectivo cumplimiento para atender el pago de sumas de dinero” ordenadas por la Sentencia. q) El Juez Titular del Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales también señaló que “aún no es posible establecer cu[á]l es la categoría de incapacidad que le corresponde” a las personas que están solicitando dicha declaración, en razón de “los inconvenientes de carácter administrativos señalados” en el informe. r) Asimismo, el referido Juez Titular indicó que “la presentación de las declaraciones de sucesión intestada que se encuentran pendiente[s] de ser adjuntadas por parte de los interesados, dependen única y exclusivamente de dichas personas[ así como que] el cumplimiento por parte de[l] Estado de proceder de manera inmediata y de forma directa con el cumplimiento de todas aquellas indemnizaciones que no requieran una determinación por parte de las autoridades internas, depende directamente [del] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos [y] podría ser efectuad[o] por [e]l Estado, conforme a lo dispuesto por el párrafo 466 de la Sentencia”.

A.4. Consideraciones de la Corte 14. Durante la etapa de supervisión del presente caso, la Corte ha constatado que el Estado no ha dado cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas en la Sentencia, entre las cuales se incluyen las medidas relativas a pagos de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y el pago del monto relativo a atención médica y psicológica para las víctimas que residan en el exterior (supra Considerandos 4 y 5).

En concreto, las referidas reparaciones no han sido cumplidas porque el Estado ha informado que éstas se han “judicializado” desde el 2010, lo cual fue reiterado en su informe de agosto de 2015 (supra Considerando 10). Pese a los requerimientos realizados por la Corte mediante sus Resoluciones (supra Considerandos 6, 7 y 8), el Estado no había aportado información que permitiera al Tribunal evaluar si el Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales no había concluido las determinaciones correspondientes ni cuándo se tendría previsto que concluyera el proceso ante el referido juzgado.

En razón de ello, mediante su Resolución de abril de 2015 y en uso del artículo 69.2 de su Reglamento (supra Considerando 9), el Tribunal requirió al Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales rendir un informe que permitiera conocer cuál es el procedimiento seguido por dicho juzgado y cuáles serían los plazos en los que se concluirían las decisiones pendientes que permitirían resolver judicialmente los referidos pagos ordenados en la Sentencia. En virtud de dicho requerimiento, el Juez Titular del Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales -11- presentó de manera diligente el informe requerido por este Tribunal (supra Considerando 13).

Dicho informe ha permitido que la Corte obtenga información precisa respecto del estado de cumplimiento de las reparaciones relativas a los pagos de las indemnizaciones y atención médica y psicológica para las víctimas que residan en el exterior. A continuación la Corte valorará la información ahí presentada. 15. El referido Juez Titular indicó en su informe que el Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales ha ido emitiendo las resoluciones pertinentes para el pago de las indemnizaciones por daños materiales o inmateriales, conforme las personas beneficiarias se han ido apersonando a dicha instancia, ordenando en esas decisiones que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realice los pagos correspondientes en el plazo determinado por ley.

No obstante ello, el Juez Titular indica que, “[a]nte el incumplimiento por parte del [mencionado] Ministerio”, entre diciembre de 2014 y junio de 2015 el referido juzgado tuvo que emitir tres resoluciones requiriendo al Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informar de qué manera va a cumplir con coordinar las medidas necesarias para dar cumplimiento al pago de las montos ordenados en la Sentencia. Asimismo, el Juez Titular señaló que, en una resolución de junio de 2015, debió indicar al referido Procurador Público que “carecen de sustento” los argumentos por él presentados ante dicho juzgado, relativos a que en la Sentencia no se estableció “de manera individual, cierta y clara la indemnización que le corresponde a cada uno de los beneficiarios” y que, por tanto, el juzgado en cuestión debía proceder a individualizarlos.

En este sentido, de lo indicado por el Juez Titular en su informe se desprende que las personas beneficiarias de las reparaciones deben acudir al juzgado únicamente en dos escenarios: i) cuando se debe acreditar que la persona es beneficiaria de la respectiva indemnización porque “ha sido declarada heredera por [s]ucesión [i]ntestada”, y ii) cuando la persona beneficiaria requiere que una comisión de médicos del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público verifique “el grado de incapacidad”, por ser dicha persona una víctima sobreviviente que tiene derecho a recibir una indemnización por daño inmaterial (supra Considerando 5).

Respecto de las demás personas beneficiarias que no requieran una de las dos referidas determinaciones por parte de las autoridades internas, el Juez Titular señaló que el Estado puede dar cumplimiento “de manera inmediata y de forma directa” a las indemnizaciones, en los términos establecidos en la Sentencia. 16. El Tribunal valora positivamente la información detallada y actualizada presentada por el Juez Titular del Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales y considera que el argumento reiterado por el Estado a lo largo de la presente etapa de supervisión, referente a que no se ha dado cumplimiento a las referidas reparaciones porque los procesos de pago se han “judicializado en sede interna”, no tiene fundamento.

Las autoridades estatales encargadas incluso han cuestionado lo ordenado en la Sentencia en instancias judiciales internas (supra Considerando 13.p.ii,) y tampoco han ejecutado los requerimientos de decisiones judiciales internas para cumplir las reparaciones (supra Considerando 13.h, l, m y p) o, bien, algunas instituciones han actuado de forma tal que obstaculizan el procedimiento para la determinación de la categoría de incapacidad de las víctimas (supra Considerando 13.k, n y q).

En relación con este último punto, la Corte considera también grave que, a más de diez años de emitida la Sentencia, pareciera que no se ha resuelto ninguna solicitud de determinación de categoría de incapacidad presentadas por las víctimas sobrevivientes con lesiones o incapacidades físicas o psíquicas, en tanto la información presentada no contiene elementos que permitan saber si dichas víctimas están teniendo acceso al efecto reparador de la indemnización ordenada por esta Corte.

De esta manera el Perú evidencia, a lo largo de esta etapa de supervisión de cumplimiento, una reiterada falta de debida diligencia en reparar a las víctimas por no tomar acciones y medidas que permitan dar cumplimiento a las reparaciones relativas al pago de las indemnizaciones por daño material e inmaterial y del monto relativo a atención médica y psicológica para las víctimas -12- que residan en el exterior.

En este sentido, las víctimas que han acudido al Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales han debido atravesar un proceso judicial que ha demorado excesivamente por la renuencia de las autoridades estatales competentes de dar cumplimiento a lo ordenado en dicha instancia judicial, mientras que las víctimas que no requieren de la intervención de dicho juzgado tampoco han podido recibir la indemnización respectiva por la insistencia del Estado de que deben acudir a instancias judiciales internas, a pesar de lo determinado por la Corte en su Sentencia y reiterado en sus Resoluciones (supra Considerandos 6 y 7). 17.

Respecto a lo señalado por las víctimas Cuicapusa Marte y Rodríguez León (supra Considerando 11), relativo a que el Estado no ha realizado los respectivos pagos porque existen diferencias entre los nombres consignados en los anexos respectivos de la Sentencia y los nombres de las víctimas registrados a nivel interno, la Corte nota que el Estado indicó que el Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales ya ha emitido para otros casos una “resolución aclaratoria respecto [de] los datos [de identidad] de los beneficiarios de la [S]entencia […] a efectos de viabilizar el pago indemnizatorio correspondiente” 19.

El Tribunal valora positivamente que las autoridades internas brinden a las víctimas una solución para aclarar diferencias que no resultan determinantes para la identificación de las víctimas20 y exhorta al Estado a realizarla a la mayor brevedad respecto de las referidas víctimas. 18. En razón de lo anterior y tomando en cuenta que han transcurrido más de nueve años desde que venció el plazo para que el Estado pagara las indemnizaciones ordenadas en la Sentencia, la Corte requiere al Perú proceder de inmediato y de forma directa con: a) el cumplimiento de todas aquellas indemnizaciones que no requieran una determinación por parte de las autoridades internas, según los términos establecidos en la Sentencia; b) la implementación de todas las medidas adicionales necesarias para que se ejecuten en su totalidad las decisiones internas dictadas por el Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales que han resuelto emitir pagos a favor de personas beneficiarias; c) la valoración de las víctimas sobrevivientes con lesiones o incapacidades físicas o psíquicas por los órganos internos especializados en clasificación de lesiones e incapacidades, para determinar y pagar la indemnización correspondiente para dichas víctimas, según los términos establecidos en la Sentencia, y d) resolver las solicitudes presentadas por las víctimas Cuicapusa Marte y Rodríguez León relativas a corregir cualquier error material entre los nombres consignados en la Sentencia y los nombres de las víctimas registrados a nivel interno. Asimismo, en un plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente Resolución, el Estado deberá presentar un informe en el cual se refiera en forma detallada y completa sobre: a) el detalle individualizado de las víctimas y familiares, según corresponda, cuyos pagos no requieren determinación alguna por parte de autoridades internas, así como el estado en que se encuentra el trámite del pago de las indemnizaciones que les corresponde de acuerdo con lo dispuesto en la Sentencia; b) el detalle individualizado de las víctimas y familiares, según corresponda, sobre los cuales el Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales ya ha emitido decisiones ordenando pagos, así como el estado en que se encuentra el trámite del 19 Escrito No. 105 de 25 de enero de 2016 relativo a la “Aclaración de [d]atos de [i]dentificación de [b]eneficiarios de Sentencia [s]upranacional”, suscrito por el Procurador Adjunto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y dirigido al Juzgado Especializado en Ejecución de Sentencias Supranacionales de Lima (anexo al informe estatal de 22 de julio de 2016). 20 Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 8, Considerando 75. -13- pago de las indemnizaciones que les corresponde de acuerdo con lo dispuesto en dichas decisiones; c) las acciones y medidas que se han tomado para que, a la mayor brevedad, las víctimas sobrevivientes que presentaron una solicitud relativa a la declaración de una incapacidad tengan la valoración requerida y se emita la decisión correspondiente por las autoridades internas, y d) las acciones concretas que ha tomado para resolver las solicitudes presentadas por las víctimas Cuicapusa Marte y Rodríguez León relativas a corregir cualquier error material entre los nombres consignados en la Sentencia y los nombres de las víctimas registrados a nivel interno. B. Entrega de los restos de la víctima Mario Francisco Aguilar Vega a sus familiares B.1.

Medida ordenada por la Corte y supervisión realizada en resoluciones anteriores 19. En el punto resolutivo décimo y en los párrafos 443 y 460 de la Sentencia, la Corte determinó que “[e]l Estado debe realizar todas las actuaciones necesarias y adecuadas para garantizar de manera efectiva la entrega de los restos de la víctima Mario Francisco Aguilar Vega a sus familiares, dentro de un plazo de seis meses, y debe cubrir todos los gastos de entrega así como los gastos de entierro en los que los familiares puedan incurrir”.

Asimismo, dispuso que los familiares pueden “darle la sepultura de la forma que estimen pertinente” 21. 20. En la Resolución de marzo de 2014 (supra Visto 3) este Tribunal estimó que existía “falta de claridad con respecto a[l señor Ladislao Alberto Huamán Loayza,] a quien fueron supuestamente entregados los restos del señor Aguilar Vega y la legalidad de [dicha] entrega[, considerando que] la viuda del señor Aguilar Vega sostiene no haber recibido tales restos y desconocer [quién el señor Huamán Loayza,] persona a quien supuestamente habrían sido entregados”22.

En razón de ello, la Corte ordenó al Estado que: i) informara “si fueron cumplidos los requerimientos para efectuar la entrega de los restos fehacientemente identificados a los familiares [y] si efectivamente medió una orden judicial [para ello]”; y ii) implementara “todas las medidas necesarias para establecer con certeza si los restos del señor Aguilar Vega fueron fehacientemente identificados y lo sucedido con los mismos y que, previo a cumplir con entregarlos debidamente a sus familiares, adopte las medidas 21 El señor Mario Francisco Aguilar Vega figura como unos de los 41 internos fallecidos identificados y se supone que a él se refería el protocolo de necropsia Nº 2007-1992.

De la prueba testimonial y documental aportada surgió que sus familiares no habían recibido sus restos. Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 1, párrs. 250, 251 y 443. 22 En dicha Resolución, la Corte señaló que “en su Sentencia de 2006 tuvo por probado […] que [los] restos [del señor Aguilar Vega] no habían sido entregados a sus familiares.

Al respecto, el Estado sostuvo en la audiencia privada de agosto de 2013 que habría dado cumplimiento a lo ordenado. Como anexo a su informe de septiembre de ese año aportó copia de los siguientes documentos relevantes: registro de defunción del señor ‘Mario Francisco Aguilar Vega’, en el cual, entre otros datos, se consigna que el número de ‘Protocolo de necropsia’ es el ‘dos mil siete guión noventidos’; ‘Acta de reconocimiento’ del cadáver de ‘Mario Franciso Aguilar Vega’ suscrita por un señor de apellidos Hurtado Mendoza; oficio de fecha 26 de febrero de 2007 suscrito por un funcionario del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público dirigido al Segundo Juzgado Penal Supraprovincial, mediante el cual le remite ‘copia del Recibo de Inhumación del cadáver signado con Protocolo de Necropsia N° 2007-1992, retirado el 16-0592 por el Sr. Ladislao Alberto Huamán Loayza […], por orden del Juez’.

En ese documento no se indica el grado de parentesco que guardaba el señor Huamán Loayza con la víctima. En sus observaciones a dicha información estatal, la interviniente común Feria Tinta afirmó que la referida esposa del señor Aguilar Vega afirma que no ha recibido los restos de su esposo y que la persona a quien el Estado afirma que entregó los restos ‘no es familiar de ella y desconoce totalmente de quién se trata’”.

Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 8, Considerando 37. -14- correspondientes para comprobarles que se trata de los restos identificados del señor Mario Francisco Aguilar Vega”. El Tribunal indicó al Estado que debía “aportar la documentación de soporte de tales explicacione[s]” y que, en razón del tiempo transcurrido así como “la relevancia que este tipo de medida tiene para los familiares de la víctima fallecida[, obtener] una satisfacción moral y […] cerrar el proceso de duelo”, se requería “su cumplimiento a la mayor brevedad”. 21.

Posteriormente, la Corte indicó en su Resolución de abril de 2015 que “enc[ontraba] particularmente grave que el Perú no hubiere efectuado otras diligencias [adicionales a citaciones judiciales y otras solicitudes de declaración al señor Huamán Loayza] dirigidas a esclarecer lo sucedido con los restos de la víctima Aguilar Vega”, considerando que el Estado “no acató” lo solicitado mediante la Resolución de marzo de 2014, lo cual “denota una falta de diligencia en el cumplimiento”.

Asimismo, el Tribunal resaltó que dicha situación “es particularmente grave si se toma en cuenta la relevancia que este tipo de medida tiene para los familiares de la víctima”. B.2. Información y observaciones de las partes y de la Comisión 22. El Estado señaló, en agosto de 2015, que había “indagado sobre lo sucedido con los restos del señor Francisco Aguilar Vega y logró ubicar al señor Ladislao Alberto Huamán Loayza”, quien labora para el “Consejo Nacional de la Magistratura”.

Dicha oficina “informó que puso en conocimiento de[l señor Huamán Loayza] las resoluciones emitidas por el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial en las que se requería su declaración sobre el paradero de los restos de Mario Francisco Aguilar Vega”. Los intervinientes comunes no presentaron observaciones al respecto. Por su parte, la Comisión señaló en sus observaciones de septiembre de 2015 que “la ausencia de mayores esfuerzos estatales a lo largo de estos años para lograr la efectiva entrega de los restos, continúa dificultando que los familiares del señor Aguilar vega puedan cerrar el proceso de duelo que han estado viviendo a lo largo de los años”.

B.3. Consideraciones de la Corte 23. Si bien la Corte valora positivamente la ubicación del señor Huamán Loayza, hace notar que el Estado no informa de manera precisa las diligencias adicionales que estén encaminada a contactar a dicha persona para esclarecer lo sucedido con los restos de la víctima Aguilar Vega. Han transcurrido más de 24 años desde que ocurrieron los hechos y más de diez años desde que se emitió la Sentencia, sin que el Estado haya entregado los restos del señor Aguilar Vega a sus familiares.

En razón de ello, la Corte debe reiterar que lo informado por el Perú denota una falta de diligencia en el cumplimiento de la medida. Esta situación es particularmente grave si se toma en cuenta la relevancia que este tipo de medida tiene para los familiares de la víctima fallecida. 24. En consecuencia, el Tribunal requiere al Estado que, a la mayor brevedad, presente información actualizada, concreta y detallada sobre: i) los motivos que le han impedido dar cumplimiento a la referida medida; ii) cuál es la autoridad estatal encargada o responsable de implementar su ejecución, y iii) un cronograma que indique las acciones adicionales a las ya informadas que permitan dar, a la mayor brevedad, una solución final para la localización, identificación fehaciente y entrega de los restos de Mario Francisco Aguilar -15- Vega.

Para ello, el Estado también deberá tomar en cuenta las solicitudes específicas que ha efectuado este Tribunal en resoluciones de supervisión anteriores 23. C. Publicación y difusión de la Sentencia C.1. Medida ordenada por la Corte y supervisión realizada en resoluciones anteriores 25. En el punto resolutivo decimoséptimo y en los párrafos 446, 447 y 459 de la Sentencia, la Corte dispuso que “[e]l Estado debe, dentro del plazo de seis meses, publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los Hechos probados de [la] Sentencia, sin las