El militar o empleado civil al servicio de las Fuerzas Armadas que se apropie en provecho suyo o de un tercero o en cualquier forma haga uso indebido de los caudales u otros bienes del estado destinados al servicio de las Fuerzas Armadas, que por razón de sus funciones esté encargado de recaudar o pagar o administrar o guardar, incurrirá en prisión de dos a seis años, cuando el valor de lo apropiado o indebidamente usado, no pase de tres mil pesos y en presidio de cuatro a cinco años cuando fuere mayor.
Esta pena será reducida hasta en la mitad si antes de que se inicie la investigación criminal correspondiente el responsable restituye lo apropiado o su valor o hiciere cesar el mal uso, resarciendo todo perjuicio; pero si tal no hiciere sino después de iniciada la referida investigación, la pena solo se reducirá en una tercera parte, siempre que no se haya dictado sentencia de primera instancia.