Al que, estando legalmente detenido por imputársele la comisión de un delito, se fugue, se le impondrá arresto de cuatro meses a dos años.
Si se tratare de un condenado, la sanción será de uno a cinco años de prisión.
La pena se agravará de una tercera parte a la mitad si la fuga se verifica empleando violencias contra las personas o las cosas.