El que destruya o quite las señales que marcan las fronteras nacionales, incurre en prisión de uno a tres años y en multa de ciento a dos mil pesos.
Si a consecuencia de la destrucción de los hitos fronterizos se ve la Nación envuelta en algún conflicto, o si tal destrucción se efectúa en guerra con el Estado limítrofe, la pena es de tres a diez años de prisión.