Con el fin de facilitar y acelerar la reconstrucción de las edificaciones y viviendas afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026, y aprovechar la infraestructura urbana existente, dentro de los cuatro (4) años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto los municipios y distritos podrán autorizar edificabilidad adicional en predios urbanos previamente desarrollados en los que se adelanten proyectos de reconstrucción de edificaciones afectadas por la emergencia.
Cuando la reconstrucción requiera gestión asociada entre propietarios, entidades públicas o terceros, esta se estructurará y ejecutará mediante patrimonios autónomos constituidos en virtud de contratos de fiducia mercantil. Los patrimonios autónomos administrarán y ejecutarán los inmuebles, recursos y demás bienes necesarios para el proyecto, con sujeción a las normas de derecho privado, y con el fin de reponer las unidades afectadas y ejecutar las obras de infraestructura, espacio público y equipamientos requeridos.
La Nación podrá concurrir con subsidios, aportes, asistencia técnica y demás instrumentos de financiación de la emergencia.
En edificaciones sometidas al régimen de propiedad horizontal, la edificabilidad adicional requerirá el voto favorable de al menos el 70% de los coeficientes de copropiedad, e implicará también la modificación del reglamento de propiedad horizontal y de los coeficientes correspondientes.
Los predios objeto de los ajustes excepcionales de este artículo no requerirán Plan Parcial, unidad de actuación urbanística ni otro instrumento de planificación intermedia para su desarrollo urbanístico, siempre que cuenten con disponibilidad inmediata de servicios públicos.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expedirá la reglamentación mediante la cual se establecerán las condiciones, requisitos y procedimientos para el ejercicio de la facultad de que trata este artículo, incluyendo los parámetros para determinar y destinar los recursos derivados de la edificabilidad adicional.