Las entidades que integran el Ministerio Público deberán sistematizar e identificar en sus registros si la conducta que investigan presuntamente afecta el derecho a la participación y/o representación política de las mujeres y puede constituir violencia por razón de género.
Este registro será reportado periódicamente a la Plataforma de Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL).