REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Quinta de Revisi�n

 

Sentencia T-324 DE 2026

 

Referencia: expediente T-11.560.183

 

Asunto: acci�n de tutela instaurada por Erik Saavedra Bustos contra Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A., Concesionario Sencia S.A.S., Personer�a de Bogot� D.C., Polic�a Metropolitana de Bogot�, y Divisi�n Mayor del F�tbol Colombiano (Dimayor).

 

Tema: derecho a la libertad de expresi�n en escenarios deportivos.

 

Magistrada ponente:

Lina Marcela Escobar Mart�nez

 

Bogot�, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintis�is (2026).

 

La Sala Quinta de Revisi�n de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Mart�nez, quien la preside, y por los magistrados Jorge Enrique Ib��ez Najar y Vladimir Fern�ndez Andrade, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, espec�ficamente las previstas en los art�culos 86 y 241 numeral 9� de la Constituci�n Pol�tica, dicta la siguiente:

 

SENTENCIA

 

Dentro del proceso de revisi�n del fallo dictado el 15 de agosto de 2025, en �nica instancia, por el Juzgado 037 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Bogot�, dentro de la acci�n de tutela presentada por Erik Saavedra Bustos contra Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A, Concesionario Sencia S.A.S., la Personer�a de Bogot� D.C., la Polic�a Metropolitana de Bogot�, y la Divisi�n Mayor del F�tbol Colombiano (Dimayor).

 

El expediente de la referencia fue seleccionado para su revisi�n por medio de Auto del treinta (30) de enero de dos mil veintis�is (2026), dictado por la Sala de Selecci�n de Tutelas N�mero Uno de 2026 de la Corte Constitucional^[1].

 

S�ntesis de la decisi�n

 

La Sala Quinta de Revisi�n de la Corte Constitucional conoci� la acci�n de tutela presentada por Erik Saavedra Bustos contra Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A, Concesionario Sencia S.A.S., la Personer�a de Bogot� D.C., la Polic�a Metropolitana de Bogot�, y la Divisi�n Mayor del F�tbol Colombiano (Dimayor). El accionante solicit� la protecci�n de su derecho fundamental a la libertad de expresi�n.

 

La Sala formul� los siguientes problemas jur�dicos: (i) �las sociedades y entidades p�blicas accionadas vulneraron el derecho a la libertad de expresi�n de Erik Saavedra Bustos al no permitirle el ingreso al estadio de pancartas que conten�an cr�ticas dirigidas contra las directivas de Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. y los jugadores de ese equipo de f�tbol?; y, (ii) �Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. vulner� los derechos societarios del accionante al acceso a la informaci�n, a expresar sus ideas y a votar en la toma de las decisiones del club, dada su calidad de accionista minoritario?

 

Al respecto, la Sala constat� el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acci�n de tutela sobre el primer problema jur�dico. Sobre el segundo problema jur�dico, la Sala concluy� que resultaba improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

 

Para resolver el problema jur�dico planteado, como metodolog�a de an�lisis, la Sala de Revisi�n, de manera previa, examin� la eventual configuraci�n de los fen�menos de la cosa juzgada constitucional y de la carencia actual de objeto. Posteriormente, se refiri� a estos temas: (i) el marco normativo sobre seguridad, comodidad y convivencia en el f�tbol profesional colombiano; (ii) la jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la libertad de expresi�n; (iii) el derecho comparado en materia de regulaci�n de ese derecho fundamental en el contexto de eventos multitudinarios; y, (iv) el fen�meno del f�tbol y sus hinchadas desde la perspectiva sociol�gica.

 

En ese marco, la Sala de Revisi�n analiz� el caso concreto y concluy� que las sociedades y entidades que conformaron el Puesto de Mando Unificado del partido del 28 de julio de 2025 entre Millonarios F.C. y Llaneros F.C. en el estadio El Camp�n vulneraron el derecho a la libertad de expresi�n de Erik Saavedra Bustos, al no permitirle el ingreso de pancartas o trapos con mensajes de cr�tica dirigidas a las directivas del club y a los jugadores.

 

En virtud de ello, dispuso revocar parcialmente la decisi�n de instancia y, en su lugar, concedi� el amparo del derecho a la libertad de expresi�n de Erik Saavedra Bustos. Adem�s, orden� una serie de medidas dirigidas a garantizar que las entidades y empresas vinculadas al desarrollo de partidos de f�tbol eviten tomar medidas que resulten restrictivas del derecho a la libertad de expresi�n. Adem�s, orden� que se tomen acciones dirigidas a socializar de manera pedag�gica el contenido de esta providencia y exhort� a las autoridades competentes para que ajusten sus protocolos y reglamentos internos, de manera que estos no limiten el ejercicio del derecho a la libertad de expresi�n de los hinchas y aficionados en los partidos de f�tbol.

 

Tabla de contenido

I.�� ANTECEDENTES. 4

1.�� Hechos jur�dicamente relevantes 4

2.�� La acci�n de tutela. 7

3.�� El tr�mite surtido en la instancia y las contestaciones 7

4.�� Decisi�n judicial objeto de revisi�n. 10

5.�� Actuaciones surtidas en sede de revisi�n. 11

6.�� Respuestas allegadas 13

II.� CONSIDERACIONES. 13

1.�� Competencia. 13

2.�� Presentaci�n del caso. 13

3.�� Problemas jur�dicos 14

4.�� Metodolog�a de la decisi�n. 14

5.�� Examen de procedencia de la acci�n de tutela. 15

6.�� Cuesti�n previa: No se configura el fen�meno de la cosa juzgada constitucional ni la carencia actual de objeto por hecho superado o da�o consumado. 28

6.1.�� Caracterizaci�n general de la cosa juzgada en materia de tutela. 30

6.2.�� Caracterizaci�n general de la carencia actual de objeto. 31

6.3.�� En el presente caso no se configura la cosa juzgada constitucional ni la carencia actual de objeto por hecho superado o da�o consumado. 32

7.�� Marco normativo sobre seguridad, comodidad y convivencia en el f�tbol profesional colombiano. 37

7.1.�� Autoridades competentes para la seguridad, el control de los elementos de animaci�n y la adopci�n de medidas restrictivas 42

8.�� Derecho a la libertad de expresi�n. Reiteraci�n jurisprudencial 43

8.1.�� La prevalencia prima facie de la libertad de expresi�n. 46

8.2.�� El derecho a la libertad de expresi�n no es absoluto. 47

9.�� La libertad de expresi�n en el derecho comparado. Una mirada a los eventos deportivos 49

10.��� El fen�meno del f�tbol y sus hinchadas. Una mirada sociol�gica de las emociones que produce. 52

10.1.��� Surgimiento y evoluci�n de las hinchadas organizadas en el contexto internacional 54

10.2.��� El surgimiento y consolidaci�n de las hinchadas organizadas en Colombia� 56

10.3.��� Conclusiones 59

11.��� Caso concreto. 60

11.1.��� Recapitulaci�n y contextualizaci�n del estudio de fondo del caso concreto� 60

11.2.��� La necesidad de aplicar una perspectiva contextual para resolver el caso concreto. 61

11.3.��� Sobre el fundamento normativo que usaron las accionadas para restringir el ingreso de las pancartas al estadio en el partido del 28 de julio de 2025. 64

11.4.��� Aplicaci�n del test tripartito para analizar la restricci�n en el caso concreto� 66

11.5.��� Conclusi�n general: las sociedades y entidades accionadas vulneraron el derecho a la libertad de expresi�n de Erik Saavedra Bustos 76

11.6.��� Remedios constitucionales 77

III. DECISI�N.. 79

 

 

I.    ANTECEDENTES

 

1.   El 30 de julio de 2025, Erik Saavedra Bustos present� una acci�n de tutela contra Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A, Concesionario Sencia S.A.S., la Personer�a de Bogot� D.C., la Polic�a Metropolitana de Bogot�, y la Divisi�n Mayor del F�tbol Colombiano (Dimayor). El accionante manifest� que estas entidades y empresas vulneraron su derecho fundamental a la libertad de expresi�n[2]. �

 

1.   Hechos jur�dicamente relevantes[3]

 

2.   El 28 de julio de 2025, en el Estadio Nemesio Camacho El Camp�n de la ciudad de Bogot�, se llev� a cabo un partido de f�tbol de la Categor�a Primera A (llamada tambi�n Liga Betplay Dimayor) entre los equipos Millonarios F.C. y Llaneros F.C.

 

3.   Por su parte, el accionante Erik Saavedra Bustos, quien es hincha del equipo de Millonarios, accionista minoritario de Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A., y abonado del equipo desde el per�odo 2024-2, manifest� que asisti� a dicho partido. Seg�n su narraci�n, previo a su ingreso al estadio, las autoridades accionadas retuvieron elementos de animaci�n como banderas, frentes y trapos relacionados con una �protesta pac�fica� de un grupo de hinchas del club Millonarios sobre la �situaci�n actual� del equipo^[4]. En concreto, afirm� que dichas entidades impidieron el ingreso de las tres pancartas cuyas fotograf�as se muestran a continuaci�n^[5].

 

Imagen 1. Trapo que no se permiti� ingresar al estadio con el mensaje �Club gigante, dirigentes mediocres�.
Fuente: Anexo del escrito de tutela.

 

Imagen 2. Trapo que no se permiti� ingresar al estadio con el mensaje �Jueguen como cobran�.
Fuente: Anexo del escrito de tutela.

 

Imagen 3. Trapo que no se permiti� ingresar al estadio con el mensaje �Alg�n d�a tendremos directivos con hambre de gloria, a estos solo les interesa el dinero�.
Fuente: Anexo del escrito de tutela.

 

4.   El accionante indic� que la prohibici�n de ingresar estos mensajes �no solo constituy� una actuaci�n arbitraria, sino que implic� una forma de censura previa e injustificada que quebranta de manera directa el n�cleo esencial del derecho a la libre expresi�n�^[6].

 

5.   Seg�n el acta del Puesto de Mando Unificado (PMU) que se realiz� ese d�a, durante la reuni�n de seguimiento que se registr� a las 7:00 p. m., la representante de Azul & Blanco inform� que algunas personas solicitaron ingresar unos trapos al estadio^[7].

 

6.   De otro lado, el representante de la Personer�a de Bogot� inform� que verific� la situaci�n relacionada con los trapos que algunos asistentes pretend�an ingresar. En ejercicio de sus funciones, adujo que los trapos �no [conten�an] expresiones que inciten a la violencia ni constituyan conductas contrarias al orden p�blico o a la convivencia�^[8]. Por lo tanto, desde su perspectiva, no hab�a razones para impedir su ingreso.

 

7.   Por su parte, la Direcci�n de Convivencia y Di�logo Social de la Secretar�a Distrital de Gobierno propuso realizar una votaci�n entre todos los integrantes del PMU para definir si se permit�a o no el ingreso de los trapos al estadio. Como resultado de la votaci�n, solo la Personer�a de Bogot� vot� por permitir el ingreso. La Direcci�n de Convivencia y Di�logo Social de la Secretar�a Distrital de Gobierno se abstuvo de votar y manifest� que se acog�a a lo que se decidiera en la votaci�n. Las dem�s entidades y sociedades votaron por no autorizar el ingreso de las pancartas^[9].

2.   La acci�n de tutela

 

8.   Con fundamento en los hechos expuestos, el se�or Erik Saavedra Bustos present� una acci�n de tutela en contra de Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A., Concesionario Sencia S.A.S., la Personer�a de Bogot� D.C., la Polic�a Metropolitana de Bogot�, y la Divisi�n Mayor del F�tbol Colombiano (Dimayor), con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental a la libertad de expresi�n.

 

9.   El tutelante argument� que �[l]a expresi�n que pretend�a exteriorizarse mediante dichas pancartas no solo constitu�a una forma leg�tima de cr�tica a las decisiones administrativas del club, sino que tambi�n deb�a ser entendida como una modalidad de participaci�n ciudadana informal, por parte de personas que, adem�s de ser hinchas, ostentan la calidad de accionistas minoritarios del club, y que han visto mermado su acceso a informaci�n, voz y voto en la toma de decisiones corporativas. En consecuencia, la protesta pac�fica ejercida a trav�s de medios simb�licos dentro del estadio representaba una herramienta de expresi�n, reclamo y resistencia leg�tima frente a la opacidad y exclusi�n que han experimentado en los espacios formales de participaci�n�^[10].

 

10.        En este orden, el accionante hizo referencia a las sentencias T-391 de 2007 y SU-420 de 2019 dictadas por esta Corporaci�n. Al respecto, destac� que �[l]a Corte ha sido enf�tica en se�alar que los discursos cr�ticos, los que incomodan, los que confrontan a quienes toman decisiones, merecen un mayor nivel de protecci�n, porque hacen parte del ejercicio democr�tico de control social desde la ciudadan�a�^[11].

 

11.        Por �ltimo, indic� que la presencia de funcionarios de la Personer�a de Bogot� y de gestores de convivencia del Distrito Capital en el evento deportivo no fue suficiente para evitar la vulneraci�n de su derecho fundamental a la libertad de expresi�n. Esto �refuerza la urgencia de una respuesta que no solo repare, sino que garantice que en adelante los ciudadanos puedan ejercer sus derechos plenamente en escenarios p�blicos, incluso si lo hacen desde una tribuna, con una pancarta en las manos�^[12].

 

3.   El tr�mite surtido en la instancia y las contestaciones

 

12.        �Admisi�n de la acci�n de tutela y tr�mite surtido en la instancia. El asunto le correspondi� por reparto al Juzgado 037 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Bogot�, autoridad judicial que mediante Auto del 1 de agosto de 2025 avoc� conocimiento de la acci�n de tutela y orden� vincular al Instituto Distrital de Recreaci�n y Deporte (IDRD) y al Ministerio del Deporte^[13].

 

13.        Contestaci�n de Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. Manifest� que son una sociedad an�nima de derecho privado, emisora de valores debidamente inscrita en el Registro Nacional de Valores y Emisores, por lo que su vigilancia la ejerce la Superintendencia Financiera de Colombia. En consecuencia, dijo, debe velar por la protecci�n e integridad de la informaci�n que sobre ella se difunde al p�blico, as� como preservar su imagen corporativa y bienestar financiero^[14].

 

14.        Argument� que la prohibici�n de ingreso del material visual descrito en la tutela no constituye una afectaci�n a la libertad de expresi�n del accionante, pues dicha actuaci�n persigue evitar la configuraci�n del delito de p�nico econ�mico contenido en el art�culo 302 del C�digo Penal. Lo anterior, en la medida en que las pancartas cuyo ingreso no fue permitido difund�an �informaci�n falsa, inexacta o de simples opiniones subjetivas�^[15]. En relaci�n con la solicitud de amparo, la accionada indic� que de acuerdo con lo sostenido en la Sentencia C-010 de 2000, la libertad de expresi�n no protege expresiones �manifiestamente injuriosas y despectivas�, y que, ese derecho encuentra l�mites cuando involucra el inter�s p�blico. Por lo tanto, el actuar del tutelante ten�a la potencialidad de afectar la reputaci�n del Club e incidir negativamente en el orden p�blico.

 

15.        Finalmente, expres� que se encuentra habilitado para restringir el ingreso de mensajes a los estadios, en cumplimiento de lo preceptuado en el literal a) del art�culo 79 del C�digo Disciplinario �nico de la Federaci�n Colombiana de F�tbol^[16] y en el numeral 8.10 del Protocolo Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol^[17]. En este sentido, solicit� no conceder el amparo y, en caso de considerarlo pertinente, dar traslado a las autoridades competentes por la posible ocurrencia de actuaciones constitutivas de delito por parte del accionante.

 

16.        Contestaci�n del Concesionario Sencia S.A.S. Destac� que, para la fecha en que se celebr� el encuentro deportivo, exist�an restricciones que eran de p�blico conocimiento. Esto, porque los t�rminos y condiciones para el evento fueron divulgados por la Comisi�n Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el F�tbol de Bogot� a trav�s del Comunicado n.� 21072025, el cual estableci� expresamente las restricciones al ingreso y mantenimiento de objetos al interior del Estadio Nemesio Camacho El Camp�n. A�adi� que, como entidad concesionaria de ese estadio, no ostenta obligaci�n legal relacionada con la seguridad del evento, ni en la fase de planeaci�n ni en la de ejecuci�n. Dicha responsabilidad es exclusiva del organizador del evento^[18]. Por ello, aleg� falta de legitimaci�n en la causa por pasiva, al no ser el responsable de la organizaci�n del evento deportivo^[19].

 

17.        Contestaci�n de la Personer�a de Bogot�. La entidad accionada expuso la posici�n manifestada por los funcionarios de la entidad que se encontraban presentes durante el evento deportivo y que fue transmitida a los integrantes del Puesto de Mando Unificado (PMU). All�, tales funcionarios conceptuaron que las pancartas no constitu�an un riesgo para el orden p�blico. La entidad consider� que no se configur� �ninguna irregularidad ni situaci�n que represente amenaza o riesgo alguno, en tanto el contenido de los trapos no contiene expresiones que inciten a la violencia ni constituyan conductas contrarias al orden p�blico o a la convivencia�^[20]. Tambi�n precis� que su participaci�n en el PMU se realiz� en calidad de invitado, por lo que solo cuenta con derecho a voz, pero no a voto. De esta manera, solicit� que se declare la improcedencia de la acci�n de tutela por la inexistencia de vulneraci�n de derechos fundamentales atribuibles a dicha entidad^[21].

 

18.        Contestaci�n de la Divisi�n Mayor del F�tbol Colombiano (Dimayor). Solicit� negar las pretensiones de la tutela al considerar que no cumple el requisito de legitimaci�n en la causa por activa, pues el accionante no acredit� la calidad de seguidor que acude regularmente a los partidos del club Millonarios ni su condici�n de abonado a dicho equipo. Asimismo, afirm� que, de conformidad con el Decreto 1717 de 2010, es responsabilidad del club que oficie como local garantizar la seguridad y la comodidad de los asistentes al evento deportivo, as� como determinar los elementos de animaci�n permitidos en dichos escenarios^[22].

 

19.        De igual forma, expres� que las medidas adoptadas por las accionadas se enmarcan en las funciones establecidas en el Protocolo Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol, por lo que no se configur� una violaci�n del derecho a la libertad de expresi�n del accionante. Adem�s, tal restricci�n ten�a como finalidad prevenir actos de violencia e impedir la alteraci�n del orden p�blico que afectase la seguridad del evento. Por �ltimo, afirm� que, al aplicar el test tripartito contenido en la Sentencia SU-420 de 2019, la restricci�n de las pancartas result� leg�tima, pues cumpli� los requisitos de legalidad, protecci�n de los derechos de terceros y, adem�s, fue id�nea, necesaria y proporcionada^[23].

 

20.        Contestaci�n del Instituto Distrital de Recreaci�n y Deporte (IDRD). La entidad vinculada expuso como medios exceptivos la falta de legitimaci�n en la causa por pasiva, toda vez que no es la autoridad competente para dirimir las controversias suscitadas por el accionante. Por ello, solicit� negar el amparo y, en caso de concederlo, su desvinculaci�n del tr�mite de tutela^[24].

 

21.        Contestaci�n del Ministerio del Deporte. Concluy� que no tiene ninguna responsabilidad frente a las pretensiones del accionante, por lo que solicit� su desvinculaci�n dentro de la acci�n constitucional^[25].

 

22.        La Polic�a Metropolitana de Bogot� guard� silencio en el tr�mite judicial.

 

4.   Decisi�n judicial objeto de revisi�n

 

23.        Mediante Sentencia del 15 de agosto de 2025, el Juzgado 037 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Bogot� declar� improcedente la acci�n de tutela^[26]. Consider� que el accionante no agot� los medios ordinarios de defensa. Al respecto, advirti� que �no acudi� directamente a las entidades accionadas como directas responsables de organizar el evento y disponer de lo necesario para el ingreso o prohibiciones de los encuentros deportivos como el del pasado 28 de julio, a fin de solicitar ante ellas y de manera formal, a trav�s de un simple derecho de petici�n que tomara las medidas pertinentes para no vulnerar en lo sucesivo el derecho que consider� le fue trasgredido�^[27].

 

24.        Por otra parte, el despacho concluy� que, de acuerdo con el acervo probatorio, esto es, el video y las fotos anexas al escrito de tutela, las personas involucradas en los hechos constituyen un n�mero plural de aficionados del equipo. Por ello, seg�n su criterio, la controversia versa sobre un inter�s colectivo, por lo que el medio judicial id�neo para salvaguardar sus derechos es la acci�n popular, instrumento que no fue promovido previamente al tr�mite de tutela. Asimismo, afirm� que el accionante no acredit� la ocurrencia de un perjuicio irremediable^[28].

 

25.        Por �ltimo, el juez de instancia manifest� que durante el tr�mite judicial constat� la existencia de otra acci�n de tutela con identidad f�ctica y jur�dica, promovida por un tercero diferente al se�or Erik Saavedra Bustos. Dicho expediente se tramit� ante el Juzgado 084 de Peque�as Causas y Competencia M�ltiple de Bogot�[29]. Por este motivo, indic� que dispuso remitir la presente acci�n para que fuese acumulada a la acci�n de tutela tramitada por el citado juzgado. Sin embargo, este �ltimo neg� la acumulaci�n en atenci�n a que el expediente fue remitido con posterioridad a las veinticuatro horas en que esa autoridad judicial tuvo conocimiento del caso. De esta manera, el Juzgado 037 Penal consider� que oper� la carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida que ya exist�a un fallo que se pronunci� de fondo sobre una controversia id�ntica a la planteada por el accionante.

 

26.        La decisi�n adoptada por el Juzgado 037 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Bogot� no fue impugnada.

 

5.   Actuaciones surtidas en sede de revisi�n

 

27.        Auto del 18 de marzo de 2026. La magistrada sustanciadora emiti� un auto de pruebas mediante el cual: (i) solicit� al accionante informaci�n adicional para conocer mayores detalles sobre los hechos alegados y sus calidades como aficionado, abonado o socio del club de f�tbol; (ii) orden� la vinculaci�n de 19 entidades que participaron en el PMU (Puesto de Mando Unificado)^[30], que estuvo encargado del evento deportivo del 28 de julio de 2025^[31]; (iii) decret� la pr�ctica de pruebas^[32]; (iv) invit� a conceptuar a seis facultades universitarias^[33], ocho expertos^[34], seis organizaciones de la sociedad civil con conocimiento en libertad de expresi�n^[35]; y (v) solicit� la intervenci�n de dos barras organizadas del Club Millonarios^[36].

 

28.        Vencido el per�odo probatorio^[37], el despacho sustanciador recibi� las respuestas de veinte entidades accionadas y vinculadas^[38], as� como los conceptos de ocho instituciones, acad�micos y barras de f�tbol^[39]. La Polic�a Metropolitana de Bogot� remiti� su escrito de manera extempor�nea el 27 de junio de 2026. El accionante, catorce de las organizaciones invitadas y una de las asociaciones de barristas no presentaron intervenci�n alguna.

 

29.        Auto del 20 de mayo de 2026^[40]. Mediante auto de esa fecha, la Sala Quinta de Revisi�n resolvi� decretar y reiterar la pr�ctica de diversas pruebas. En particular, requiri� informaci�n adicional a la Personer�a de Bogot�, al Instituto Distrital de Recreaci�n y Deporte (IDRD) y al accionante. Asimismo, reiter� el requerimiento probatorio a la Polic�a Metropolitana de Bogot�, en atenci�n a que para ese momento no hab�a recibido respuesta al oficio previamente remitido. Finalmente, insisti� en la obtenci�n de conceptos de expertos, universidades, organizaciones de la sociedad civil y barras organizadas, cuya intervenci�n hab�a sido solicitada previamente.

 

30.        De igual manera, orden� el Instituto Distrital de Gesti�n de Riesgos y Cambio Clim�tico (IDIGER), en calidad de l�der y coordinador del espacio de reuni�n, convocar a las entidades que integraron el Puesto de Mando Unificado (PMU) del evento deportivo objeto de controversia y elaborar un informe conjunto sobre el proceso de decisi�n que condujo a impedir el ingreso de las pancartas del accionante, con el fin de determinar las circunstancias f�cticas y la eventual responsabilidad de las entidades involucradas.

 

31.        Finalmente, la Sala suspendi� los t�rminos del proceso por dos meses, al considerar necesario recaudar y valorar integralmente el material probatorio para adoptar una decisi�n de fondo en un asunto que plantea un debate novedoso sobre el alcance de la libertad de expresi�n en escenarios deportivos.

 

32.        Vencido el periodo probatorio, el despacho sustanciador recibi� respuesta de la Personer�a de Bogot�, del Instituto Distrital de Recreaci�n y Deporte (IDRD) y del Instituto Distrital de Gesti�n de Riesgos y Cambio Clim�tico (IDIGER). Este �ltimo remiti� el informe solicitado, una vez realizada la reuni�n con las entidades que integraron el PMU.

 

6.   Respuestas allegadas

 

33.        Para mayor claridad y debido al alto volumen de informaci�n recibida, los res�menes de las respuestas se encuentran en las tablas que componen el Anexo 1 y el Anexo 2 de esta providencia.

 

II.          CONSIDERACIONES

 

1.   Competencia

 

34.        La Sala Quinta de Revisi�n de la Corte Constitucional es competente para conocer el fallo �nico de instancia, de conformidad con la Constituci�n y las normas reglamentarias^[41], y en virtud del Auto del treinta (30) de enero de 2026, dictado por la Sala de Selecci�n de Tutelas N�mero Uno del mismo a�o, que escogi� el expediente de la referencia.

 

2.   Presentaci�n del caso

 

35.        La Sala de Revisi�n debe resolver la acci�n de tutela que present� Erik Saavedra Bustos contra Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. y otras empresas y entidades por la presunta vulneraci�n de su derecho a la libertad de expresi�n. El accionante aleg� que su derecho fundamental fue transgredido porque aquellas le impidieron el ingreso de tres pancartas al Estadio Nemesio Camacho El Camp�n, las cuales conten�an cr�ticas dirigidas a las directivas y a los jugadores de ese club deportivo.

 

36.        Seg�n su narraci�n, el 28 de julio de 2025, para un partido entre Millonarios F.C. y Llaneros F.C., un grupo de hinchas de Millonarios, que adem�s son accionistas minoritarios del club �entre ellos, el accionante�, llevaron al estadio trapos con contenidos relacionados con una protesta por la situaci�n actual del equipo. En concreto, las pancartas conten�an los siguientes mensajes: �Club gigante, dirigentes mediocres�, �Jueguen como cobran� y �Alg�n d�a tendremos directivos con hambre de gloria, a estos solo les interesa el dinero�. Adem�s, seg�n afirm� el accionante, Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. habr�a vulnerado sus derechos societarios al acceso a la informaci�n, a expresar sus ideas y a votar en la toma de las decisiones del club.

 

37.        La sociedad Azul & Blanco manifest�, principalmente, que la prohibici�n del ingreso de este material obedeci� a la necesidad de evitar la configuraci�n del delito de p�nico econ�mico y la posible generaci�n de hechos de violencia al interior del estadio. Debido a ello, sostuvo que no hubo una vulneraci�n del derecho a la libertad de expresi�n, pues la prohibici�n en cuesti�n obedeci� a la necesidad de evitar la difusi�n de informaci�n falsa e inexacta y de opiniones subjetivas, as� como de expresiones injuriosas y despectivas.

�

3.   Problemas jur�dicos

 

38.        En caso de que se determine la procedencia de la acci�n de tutela, la Sala Quinta de Revisi�n abordar� los siguientes problemas jur�dicos:

 

(i) �Las sociedades y entidades p�blicas accionadas vulneraron el derecho a la libertad de expresi�n de Erik Saavedra Bustos al no permitirle el ingreso al estadio de pancartas que conten�an cr�ticas dirigidas contra las directivas de Millonarios F.C. y los jugadores de ese equipo de f�tbol?

 

(ii) ���Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. vulner� los derechos societarios del accionante al acceso a la informaci�n, a expresar sus ideas y a votar en la toma de las decisiones del club, dada su calidad de accionista minoritario?

 

4.   Metodolog�a de la decisi�n

 

39.        Para resolver los problemas jur�dicos planteados, de manera previa, la Sala analizar� el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acci�n de tutela y, posteriormente, examinar� la eventual configuraci�n de la cosa juzgada constitucional y de la carencia actual de objeto por hecho superado. Para ello, reiterar� la jurisprudencia sobre estos asuntos y har� el estudio respectivo en el caso concreto. Posteriormente, se referir� a los siguientes temas: (i) el marco normativo sobre seguridad, comodidad y convivencia en el f�tbol profesional colombiano; (ii) la jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la libertad de expresi�n; (iii) el derecho comparado en materia de regulaci�n de ese derecho fundamental en el contexto de eventos multitudinarios; y, (iv) el fen�meno del f�tbol y sus hinchadas desde la perspectiva sociol�gica.

 

5.   Examen de procedencia de la acci�n de tutela

 

40.        El art�culo 86 de la Constituci�n establece que la acci�n de tutela es un mecanismo de car�cter residual, preferente y sumario, cuyo objeto es la protecci�n judicial inmediata de los derechos fundamentales de la persona que as� lo solicita directa o indirectamente (legitimaci�n por activa), por la vulneraci�n o amenaza que sobre los mismos ha causado una autoridad o, excepcionalmente, los particulares (legitimaci�n por pasiva). Este mecanismo de protecci�n constitucional tambi�n se encuentra supeditado al cumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, como condiciones formales de procedibilidad para que el juez constitucional pueda realizar un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

 

41.        A continuaci�n, la Sala estudiar� si la acci�n de tutela bajo revisi�n cumple los requisitos de procedibilidad exigidos por el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional. De manera preliminar, advierte que se satisfacen los presupuestos de legitimaci�n por activa y pasiva, inmediatez y subsidiariedad, tal como se expone en los siguientes p�rrafos.

 

42.        Legitimaci�n por activa. En el presente asunto, la Dimayor cuestion� la legitimaci�n por activa del accionante. Para sustentar su postura, se�al� que, aunque el accionante afirm� asistir regularmente a los partidos de Millonarios F.C. en calidad de abonado, no aport� prueba alguna que acreditara dicha condici�n ni demostr�, siquiera de manera sumaria, su calidad de seguidor habitual del club. En consecuencia, consider� que sus afirmaciones carec�an de respaldo probatorio y, por ello, solicit� que se negaran las pretensiones de la acci�n de tutela.

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43.        No obstante, la Sala considera que las objeciones formuladas por la Dimayor no desvirt�an la legitimaci�n por activa del accionante. En efecto, la presente acci�n de tutela fue promovida directamente por Erik Saavedra Bustos, quien aleg� la vulneraci�n de su derecho fundamental a la libertad de expresi�n como consecuencia de la decisi�n de impedir el ingreso de elementos de animaci�n durante el partido de f�tbol profesional disputado el 28 de julio de 2025 entre Millonarios F.C., y Llaneros F.C., en el estadio Nemesio Camacho El Camp�n. Tambi�n es la persona quien, en calidad de socio minoritario, sostuvo que ese club viol� sus derechos societarios al acceso a la informaci�n, a expresar sus ideas y a votar en la toma de decisiones. En esa medida, el accionante se encuentra legitimado para promover el amparo, en tanto afirma haber sido directamente afectado por los hechos que dieron lugar a la controversia constitucional.

 

44.        Adicionalmente, durante el tr�mite de revisi�n, esta Corporaci�n recibi� una certificaci�n expedida por la sociedad Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A.[42], que acredita que el accionante ostenta la calidad de socio minoritario de dicha entidad. Esta circunstancia evidencia la existencia de una relaci�n societaria entre el demandante y el club accionado, la cual le confiere determinados derechos y deberes en relaci�n con las decisiones adoptadas por este �ltimo.

 

45.        Por �ltimo, la Sala observa que ninguna de las entidades accionadas controvirti� o advirti� que el demandante no ingres� al evento deportivo que dio origen al presente tr�mite constitucional. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el art�culo 20 del Decreto 2591 de 1991, dicha circunstancia se tendr� por cierta, al no existir prueba en contrario.

 

46.        Legitimaci�n por pasiva. El art�culo 86 de la Constituci�n establece que la acci�n de tutela procede para la protecci�n inmediata de los derechos fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acci�n u omisi�n de las autoridades p�blicas o de los particulares en los casos previstos por la Constituci�n y la ley. En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha se�alado que la legitimaci�n en la causa por pasiva exige verificar, de una parte, que el sujeto accionado sea uno de aquellos frente a los cuales procede el amparo y, de otra, que la conducta que presuntamente gener� la vulneraci�n o amenaza del derecho fundamental pueda atribuirse, directa o indirectamente, a su actuaci�n u omisi�n.

 

47.        Por otra parte, el inciso final del citado art�culo 86 prev� que la acci�n de tutela procede contra particulares en los casos establecidos por la ley, entre otros eventos, cuando respecto de ellos el solicitante se encuentre en estado de subordinaci�n o indefensi�n. Esta regla fue desarrollada por el art�culo 42 del Decreto 2591 de 1991. La jurisprudencia constitucional ha entendido que la indefensi�n se configura cuando, atendidas las circunstancias concretas, existe una relaci�n de dependencia material o una situaci�n de asimetr�a que impide a la persona afectada repeler de manera efectiva e inmediata la actuaci�n del particular que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales[43].

 

48.        En el presente asunto, la acci�n de tutela fue dirigida inicialmente contra la sociedad Azul & Blanco S.A.S. Millonarios F�tbol Club, Sencia S.A.S., la Personer�a de Bogot�, la Polic�a Metropolitana de Bogot� y la Divisi�n Mayor del F�tbol Colombiano (Dimayor). Posteriormente, el Juzgado 037 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Bogot� vincul� al Instituto Distrital de Recreaci�n y Deporte (IDRD) y al Ministerio del Deporte. A su vez, en sede de revisi�n, mediante Auto del 18 de marzo de 2026, la Sala dispuso la vinculaci�n de las entidades y organizaciones que participaron en el Puesto de Mando Unificado (PMU) del encuentro deportivo celebrado el 28 de julio de 2025, as� como de la Federaci�n Colombiana de F�tbol y del Ministerio del Interior.

 

49.        En este sentido, la Sala considera que el presupuesto de procedencia de la acci�n de tutela se satisface respecto de los particulares que, en raz�n de las funciones que desempe�aban en la organizaci�n, operaci�n y control del encuentro deportivo, contaban con capacidad material para incidir en las condiciones de ingreso al estadio y en la autorizaci�n de los elementos de animaci�n. Frente a estos actores, el accionante se encontraba en una situaci�n de indefensi�n, pues para el ingreso de las pancartas, el accionante depend�a, parcialmente, de esos particulares. El aficionado no dispon�a de un mecanismo material que le permitiera controvertir eficazmente la restricci�n en ese mismo momento. Esta circunstancia debe valorarse, adem�s, teniendo en cuenta que el Estadio Nemesio Camacho El Camp�n es un escenario de acceso al p�blico sujeto a condiciones reguladas, en el cual los particulares encargados de la organizaci�n y operaci�n del espect�culo ejercen facultades materiales que pueden incidir directamente en el ejercicio de los derechos fundamentales de los asistentes.

 

50.        La configuraci�n de este supuesto de procedencia referido a particulares no implica, por s� solo, que todos los sujetos privados vinculados al tr�mite sean responsables de la vulneraci�n alegada. La legitimaci�n en la causa por pasiva exige, adem�s, determinar si la conducta cuestionada puede atribuirse directa o indirectamente a cada uno de ellos. Por esta raz�n, a continuaci�n, la Sala examinar� la intervenci�n concreta de las autoridades y particulares que participaron en la adopci�n o ejecuci�n de la medida cuestionada. Es decir, respecto de la decisi�n de impedir el ingreso de las pancartas al estadio Nemesio Camacho El Camp�n durante el encuentro deportivo disputado el 28 de julio de 2025 entre Millonarios F.C., y Llaneros F.C.

 

51.        Puesto de Mando Unificado (PMU). los art�culos 7 y 8 del Decreto 3888 de 2007 disponen que el Puesto de Mando Unificado (PMU) tiene a su cargo la coordinaci�n interinstitucional de las entidades responsables de la atenci�n de emergencias, la articulaci�n de las acciones operativas y de seguridad, la gesti�n de las comunicaciones y la difusi�n de informaci�n oficial sobre los hechos y las medidas adoptadas en eventos de afluencia masiva[44].

 

52.        Para la fecha en que ocurrieron los hechos objeto de la presente tutela, el marco normativo distrital aplicable al PMU estaba integrado, entre otras disposiciones, por los Decretos Distritales 455 de 2008 y 599 de 2013, este �ltimo con las modificaciones vigentes para ese momento. El primero, espec�ficamente aplicable a los partidos de f�tbol profesional, regulaba en su art�culo 5� la conformaci�n del PMU durante los encuentros futbol�sticos y, en el art�culo 6�, establec�a que esta instancia deb�a verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad, salubridad, comodidad y funcionalidad previstas para el evento, as� como coordinar las acciones de respuesta a emergencias. Por su parte, el Decreto 599 de 2013[45] regulaba, con car�cter general, el PMU para las actividades de aglomeraci�n de p�blico, al definirlo como una instancia temporal de articulaci�n interinstitucional, de car�cter t�cnico y operativo, y establecer su conformaci�n y reglas de funcionamiento. Estas disposiciones fueron posteriormente reproducidas en los art�culos 627[46] y 628[47] del Decreto Distrital 642 de 2025.

 

53.        En este punto, la Sala destaca que el PMU no constituye una entidad u organismo permanente. Por el contrario, se trata de una instancia de coordinaci�n conformada por delegados de diversas entidades p�blicas y privadas, cuya integraci�n puede variar seg�n las caracter�sticas del evento correspondiente. Precisamente por esta raz�n, durante el tr�mite de revisi�n, la Sala vincul� a las entidades y organizaciones que participaron en el PMU instalado para el encuentro deportivo objeto de controversia.

 

54.        En el presente caso, obra en el expediente evidencia de que en el PMU instalado el 28 de julio de 2025 participaron, con distintas calidades y de acuerdo con sus respectivas competencias, las siguientes entidades y organizaciones: (i) la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; (ii) la Secretar�a Distrital de Gobierno; (iii) la Secretar�a Distrital de Movilidad; (iv) la Secretar�a Distrital de Salud; (v) el Instituto Distrital de Gesti�n de Riesgos y Cambio Clim�tico (IDIGER); (vi) la Alcald�a Local de Teusaquillo; (vii) la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogot�; (viii) la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.; (ix) TransMilenio S.A.; (x) el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); (xi) la Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogot�; (xii) las empresas Open Group BTL S.A.S., Open Security Ltda. y Tiquetes y Eventos Inteligentes � TEI S.A.S[48].

 

55.        Las pruebas recaudadas permiten concluir que la controversia sobre el ingreso de las pancartas fue discutida en el PMU instalado para el encuentro del 28 de julio de 2025. Sin embargo, esta circunstancia no permite atribuir indistintamente la actuaci�n cuestionada al PMU ni a la totalidad de sus integrantes. Como se explic�, el PMU constituye una instancia temporal de coordinaci�n, y no una entidad aut�noma. En consecuencia, para efectos de la legitimaci�n en la causa por pasiva corresponde determinar la intervenci�n concreta de cada autoridad o particular en la promoci�n, adopci�n o ejecuci�n de la medida restrictiva, sin que esta individualizaci�n conlleve un prejuzgamiento sobre la forma en que deba atribuirse la responsabilidad en la eventual vulneraci�n de los derechos fundamentales en el estudio del caso concreto, pues la medida cuestionada fue objeto de deliberaci�n y decisi�n conjunta en el marco de dicha instancia colegiada.

 

56.        Esta individualizaci�n exige distinguir entre la sola asistencia o participaci�n institucional en el PMU y la existencia de una actuaci�n u omisi�n materialmente vinculada con la restricci�n. As�, la mera presencia de una entidad en la instancia de coordinaci�n no permite, por s� sola, concluir que se encuentre legitimada por pasiva respecto de la vulneraci�n alegada ni, menos a�n, atribuirle individualmente su eventual responsabilidad. Para efectos de establecer la legitimaci�n por pasiva, resulta necesario valorar sus competencias, el sentido de su intervenci�n y su participaci�n en la deliberaci�n, adopci�n, ejecuci�n o mantenimiento de la medida prohibitiva, sin que este examen revista un juicio anticipado sobre la atribuci�n de la eventual vulneraci�n, cuesti�n que corresponde al an�lisis del caso concreto.

 

57.        Con ese prop�sito, la Sala tendr� en cuenta el acta del PMU y el informe conjunto allegado por el IDIGER en cumplimiento del Auto del 20 de mayo de 2026, mediante el cual se reconstruy� la actuaci�n de las entidades participantes. Para efectos de establecer la legitimaci�n en la causa por pasiva, a partir de tales elementos, la tabla 1 identificar� las competencias relevantes de cada entidad o particular y su intervenci�n concreta en los hechos, incluida, cuando se encuentra acreditada, la calidad con la que particip� en el PMU y el sentido de su intervenci�n frente a la medida cuestionada.

 

58.        La anterior individualizaci�n permite distinguir entre: (i) los sujetos cuya actuaci�n guarda una relaci�n material y directa con los hechos que dieron lugar a la presunta vulneraci�n y respecto de quienes se acredita la legitimaci�n por pasiva; y (ii) aquellas autoridades o entidades que, sin tener una intervenci�n material y directa en los hechos objeto de controversia, fueron vinculadas al proceso y podr�an resultar destinatarias de �rdenes de car�cter preventivo por raz�n de las competencias que ejercen en materia de seguridad, comodidad y convivencia en el f�tbol.

 

59.        Comisi�n Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol y de la Comisi�n Distrital para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol de Bogot�. Lo descrito en precedencia tambi�n ocurre respecto de la Comisi�n Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol y de la Comisi�n Distrital para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol de Bogot�. Estas instancias tampoco constituyen entidades independientes. Por el contrario, corresponden a espacios consultivos, de coordinaci�n y articulaci�n institucional integrados por representantes de diversas entidades p�blicas y actores relacionados con la organizaci�n de los espect�culos de f�tbol profesional. Por eso, las entidades que las integran, de acuerdo con sus respectivas competencias, podr�an ser destinatarias de las �rdenes que se adopten en el presente caso.

 

60.        Al respecto, se deben precisar dos cuestiones adicionales. Primera, varias de las entidades que integran esas comisiones participan igualmente en el PMU o ejercen competencias concurrentes en materia de seguridad, convivencia y organizaci�n de espect�culos deportivos. Segunda, para efectos de establecer su relaci�n con los hechos objeto de controversia y, posteriormente, determinar el eventual alcance de las �rdenes que corresponda impartir, resulta necesario distinguir entre las competencias institucionales de cada entidad y su participaci�n en las actuaciones desarrolladas en el marco del PMU del 28 de julio de 2025. La siguiente tabla sintetiza estos elementos, as� como la calidad en que participaron en el PMU y, cuando ello se encuentra acreditado, el sentido de sus intervenciones frente a la medida cuestionada.

 

Tabla 1. Competencias e intervenci�n de las entidades y particulares vinculados

Fuente: Elaboraci�n propia

 

61.        La Sala precisa que la anterior reconstrucci�n de las intervenciones individuales tiene por objeto determinar la relaci�n material de cada sujeto con los hechos y, por esa v�a, su legitimaci�n en la causa por pasiva. Por tanto, el sentido de las posiciones expresadas por los participantes del PMU no supone, en esta etapa del an�lisis, atribuirles individualmente la eventual vulneraci�n de los derechos fundamentales. En efecto, aunque algunos de ellos hab�an manifestado previamente posiciones favorables o contrarias al ingreso de las pancartas, el acta evidencia que la cuesti�n fue objeto de deliberaci�n conjunta ante la existencia de criterios opuestos y que, finalmente, la Secretar�a Distrital de Gobierno propuso someterla a votaci�n para que el PMU adoptara una determinaci�n com�n. Concluida la ronda de intervenciones, el IDIGER dej� constancia de que, por mayor�a, no se aprobaba el ingreso de los elementos de animaci�n al escenario deportivo.

 

62.        En particular, el hecho de que la Sociedad Azul & Blanco Millonarios FC S.A. hubiera manifestado inicialmente su oposici�n al ingreso de las pancartas y solicitado apoyo operativo para impedirlo no desvirt�a el car�cter colegiado de la determinaci�n finalmente adoptada. Durante la deliberaci�n, el club defendi� su posici�n con fundamento en el reglamento de la Dimayor e incluso manifest� inicialmente que el asunto no deb�a someterse a votaci�n. Sin embargo, una vez el PMU decidi� acudir a dicho mecanismo, particip� en la ronda convocada por el IDIGER y expres�, junto con los dem�s participantes consultados, su posici�n frente a la pregunta com�n sobre la autorizaci�n del ingreso[49].

 

63.        De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra acreditada la legitimaci�n en la causa por pasiva respecto de la Sociedad Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A., Sencia S.A.S., la Polic�a Metropolitana de Bogot�, la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretar�a Distrital de Gobierno, a trav�s de la Direcci�n para la Gesti�n Policiva, la Secretar�a Distrital de Salud, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogot�, la Secretar�a Distrital de Movilidad y la Alcald�a Local de Teusaquillo, por cuanto, de acuerdo con las competencias y actuaciones identificadas en precedencia, su participaci�n guarda una relaci�n material con el proceso mediante el cual se adopt� la medida cuestionada.

 

64.        Asimismo, se encuentra acreditada la legitimaci�n en la causa por pasiva respecto de TransMilenio S.A., el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogot�, Open Group BTL S.A.S. y Open Security Ltda. El acta del PMU registra que estas entidades participaron en el proceso decisorio mediante el cual se determin� si se autorizaba el ingreso de las pancartas y, al ser consultadas en la ronda de votaci�n, manifestaron �no autoriza�. Esta participaci�n permite establecer, para efectos de la legitimaci�n por pasiva, una relaci�n material con los hechos objeto de controversia, sin que el sentido de su intervenci�n revista, por s� mismo, una atribuci�n individual de responsabilidad por la eventual vulneraci�n, pues esta, de ser el caso, recaer�a sobre el PMU^[50].

 

65.        En contraste, respecto de la Personer�a de Bogot� D.C., el IDIGER, la Direcci�n de Convivencia y Di�logo Social-Programa Goles en Paz, y Tiquetes y Eventos Inteligentes - TEI S.A.S. no se acredit� una actuaci�n u omisi�n que permita vincularlos con la adopci�n de la medida restrictiva para efectos de establecer su legitimaci�n por pasiva. En particular, la Personer�a intervino activamente en la discusi�n, pero conceptu� que no exist�a impedimento para el ingreso de las pancartas y, al ser consultada en la ronda final, manifest� que s� autorizaba su ingreso. Por su parte, Goles en Paz acompa�� el procedimiento y manifest� acogerse a lo que se decidiera en la votaci�n; el IDIGER coordin� la instancia y condujo la ronda final, sin que conste que hubiera expresado una posici�n propia frente a la autorizaci�n; y TEI S.A.S. particip� en el PMU en labores operativas relacionadas con el control de ingreso y aforo, sin que figure una intervenci�n suya en la votaci�n sobre las pancartas.

 

66.        Finalmente, la vinculaci�n de la Divisi�n Mayor del F�tbol Colombiano (Dimayor), la Federaci�n Colombiana de F�tbol, el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Interior y el Instituto Distrital de Recreaci�n y Deporte (IDRD) responde a las competencias que ejercen y a su eventual condici�n de destinatarios de las �rdenes de car�cter preventivo que corresponda impartir, sin que ello suponga atribuirles participaci�n en el proceso de adopci�n de la medida restrictiva el 28 de julio de 2025. En particular, respecto de la Dimayor, aunque no se acredit� su participaci�n en el PMU, su regulaci�n disciplinaria fue invocada por la accionada Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. como uno de los fundamentos para impedir el ingreso de las pancartas.

 

67.        Sociedad Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. la controversia constitucional no se limita a la decisi�n adoptada en el marco del PMU. El accionante tambi�n cuestiona la forma en que la sociedad Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. habr�a gestionado la participaci�n de los socios minoritarios en la adopci�n de determinadas decisiones relacionadas con la actividad del club[51]. En consecuencia, la Sala concluye que la sociedad Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. se encuentra legitimada en la causa por pasiva, en la medida en que algunos de los hechos que sustentan la solicitud de amparo se relacionan directamente con decisiones y actuaciones que el accionante atribuye a dicha sociedad en el marco de su funcionamiento corporativo y de los mecanismos de participaci�n de los socios minoritarios en la �vida del club�[52].

 

68.        Inmediatez. La acci�n de tutela cumple con este requisito. La presunta acci�n vulneradora del derecho a la libertad de expresi�n que se aleg� ocurri� durante el partido de f�tbol del 28 de julio de 2025. Por su parte, el se�or Erik Saavedra Bustos present� la acci�n de tutela el 30 de julio del mismo a�o. Es decir, entre los hechos que originaron la solicitud de amparo y la interposici�n de la acci�n, transcurrieron tan solo dos d�as. Este es un lapso razonable y, por consiguiente, la solicitud de amparo satisface el requisito de inmediatez.

 

69.        Subsidiariedad. El inciso tercero del art�culo 86 de la Constituci�n Pol�tica establece que la acci�n de tutela solo procede cuando el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial. En desarrollo de dicha norma constitucional, el numeral 1� del art�culo 6 y el art�culo 8 del Decreto 2591 de 1991 disponen que �[l]a existencia de dichos medios ser� apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante�^[53]. Adem�s, que, �[a]un cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acci�n de tutela proceder� cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable�^[54].

 

70.        En ese orden, esta Corporaci�n ha se�alado que no es adecuado declarar la improcedencia de la tutela por la sola existencia en abstracto de un medio ordinario de defensa judicial. El juez constitucional debe analizar, en el marco de la situaci�n particular, si la acci�n judicial dispuesta por el ordenamiento es id�nea y eficaz^[55] para proteger los derechos fundamentales comprometidos.

 

71.        En el caso concreto, la pretensi�n del accionante es el amparo de su derecho a la libertad de expresi�n, ejercido, en concreto, mediante la intenci�n de ingresar pancartas al Estadio Nemesio Camacho El Camp�n el 28 de julio de 2025, para el partido entre Millonarios F.C. y Llaneros F.C. No obstante, el Puesto de Mando Unificado que se instal� ese d�a impidi� dicho ingreso. La Sala encuentra que no existe en el ordenamiento jur�dico un mecanismo ordinario id�neo y eficaz para la protecci�n de esa pretensi�n.

 

72.        El juez de instancia concluy� que el accionante no agot� los medios ordinarios de defensa por dos razones: primera, no acudi� a las entidades responsables de organizar el partido de f�tbol, a trav�s de un escrito de petici�n, para solicitarles que tomaran las medidas pertinentes. Y, segunda, dado que la controversia versa sobre un inter�s colectivo, el medio judicial id�neo para salvaguardar sus derechos es la acci�n popular.

 

73.        En relaci�n con la primera raz�n, la Sala constata que en el acta del PMU que se realiz� el d�a del partido, varios hinchas, entre ellos el accionante, solicitaron verbalmente a las autoridades respectivas que les permitieran el ingreso de las pancartas. Posteriormente, eso se tradujo en la votaci�n que efectuaron los miembros del PMU y en la decisi�n final de negar el acceso. As�, teniendo en cuenta que el PMU es el espacio en el que confluyen las autoridades encargadas de la operaci�n del evento deportivo, es posible concluir que ese mismo d�a se agot� este mecanismo y, por lo tanto, el primer argumento del juez de instancia para declarar la improcedencia de la acci�n de tutela resulta equivocado.

 

74.        Ahora bien, respecto de la procedencia de la acci�n popular en el presente caso, la Sala observa que no es un mecanismo judicial id�neo para resolver la pretensi�n del accionante. Si bien de los elementos probatorios puede advertirse que, en principio, la medida cuestionada incide sobre un grupo de aficionados o hinchas, ello no significa que el objeto de la tutela sea la protecci�n de un derecho o inter�s colectivo en los t�rminos previstos por el ordenamiento jur�dico para esta acci�n.

 

75.        En efecto, la procedencia de la acci�n popular no depende del n�mero de personas afectadas por una actuaci�n u omisi�n, sino de la naturaleza colectiva del derecho que se pretende proteger. As�, la jurisprudencia constitucional ha precisado que no toda afectaci�n plural o grupal configura, por s� misma, una lesi�n a derechos colectivos[56]. Por el contrario, es posible que existan situaciones en las que una medida impacta a varias personas, pero no por ello pierde su potencial afectaci�n a los derechos fundamentales individuales.

 

76.        En el presente caso, la controversia no se relaciona con la protecci�n de bienes jur�dicos colectivos tales como el espacio p�blico, la seguridad p�blica, la moralidad administrativa o cualquiera de los dem�s intereses colectivos que son objeto de protecci�n de la acci�n popular. Lo que cuestiona el accionante es una restricci�n que, en su criterio, afecta el ejercicio de su derecho a la libertad de expresi�n en el contexto de un espect�culo deportivo, circunstancia que remite a la protecci�n constitucional individual.

 

77.        Por esta raz�n, el hecho de que otros aficionados pudieran encontrarse en una situaci�n semejante no transforma autom�ticamente la naturaleza de la controversia ni convierte los derechos invocados en derechos colectivos. Admitir esa conclusi�n implicar�a afirmar de forma equivocada que, ante la existencia de m�ltiples personas afectadas con una medida, siempre se configura un inter�s o bien colectivo. Esto desconoce el car�cter individual de los derechos fundamentales, el cual se conserva aun cuando, como en este caso, su ejercicio se haga de manera coordinada con otras personas.

 

78.        Por lo anterior, la Sala concluye que la acci�n popular no es un mecanismo judicial id�neo para la pretensi�n de protecci�n del derecho fundamental de la libertad de expresi�n que se reclama mediante la presente acci�n de tutela. En ese sentido, no puede exigirse al accionante acudir a dicho medio de defensa judicial de forma preferente ante la acci�n de tutela, lo que reafirma que se cumple con el requisito de subsidiariedad.

 

79.        Por otro lado, el hecho de que el se�or Saavedra Bustos sea un accionista minoritario de Azul & Blanco F.C. no implica que tenga la posibilidad de solicitar ante la junta de accionistas la protecci�n de su derecho a la libertad de expresi�n. Las juntas de accionistas son espacios en los que principalmente se rinden cuentas y se toman decisiones sobre la sociedad. As�, no es posible pensarlo como un mecanismo id�neo para atender la pretensi�n del accionante relacionada con el ingreso de pancartas a los encuentros deportivos de club.

 

80.        En contraste con lo anterior, la Sala considera que la presente acci�n de tutela es improcedente para examinar la presunta falta de espacios para que los socios minoritarios participen en la toma de decisiones corporativas de la sociedad Azul & Blanco F.C. El contenido de la reclamaci�n de este aspecto est� estrechamente vinculado con la presunta afectaci�n de los derechos del actor como accionista minoritario, en particular los relacionados con su participaci�n en los procesos de toma de decisiones corporativas y en el ejercicio de sus derechos derivados de su condici�n de accionista.

 

81.        Esta controversia surge del funcionamiento interno de una sociedad y de las relaciones jur�dicas que se generan entre esta y los accionistas. Estos asuntos cuentan con mecanismos ordinarios espec�ficos para su resoluci�n, ya sea ante la jurisdicci�n ordinaria o la Superintendencia de Sociedades. A trav�s de estos instrumentos, el accionante puede discutir la legalidad de las actuaciones de las directivas de la sociedad, el acceso a la informaci�n y el alcance de la participaci�n de los asociados. En este orden, por ejemplo, el actor puede solicitar la inspecci�n a la que aluden los art�culos 369, 379, 422 y 447 del C�digo de Comercio y 48 de la Ley 222 de 1995; impugnar la legalidad de las decisiones sociales o su sujeci�n a los estatutos, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 191 del C�digo de Comercio; o solicitar la ineficacia, inexistencia, o inoponibilidad de las decisiones del Club ante la jurisdicci�n ordinaria, entre otros mecanismos.

 

82.        En consecuencia, en relaci�n con los reproches que el accionante presenta sobre su participaci�n en las decisiones de Millonarios F.C., en calidad de accionista minoritario, la acci�n de tutela no es el mecanismo principal para ello. Adem�s, tampoco se advierte la existencia de circunstancias excepcionales que permitan concluir que los mecanismos ordinarios resulten ineficaces o que sea necesario el amparo constitucional para evitar un perjuicio irremediable. Por ello, el segundo problema jur�dico formulado debe declararse improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

 

83.        En consecuencia, la Sala encuentra que la acci�n de tutela propuesta en esta oportunidad es procedente �nicamente en lo relacionado con la presunta vulneraci�n del derecho a la libertad de expresi�n, pero no en relaci�n con la presunta vulneraci�n de los derechos societarios del accionante, en calidad de accionista minoritario de Azul & Blanco Millonarios F.C. A continuaci�n, se ocupar� de analizar si se configur� el fen�meno de cosa juzgada constitucional o una carencia actual de objeto por hecho superado. Posteriormente, de ser procedente, estudiar� la presunta vulneraci�n de derechos fundamentales alegada por el accionante.

 

6.   Cuesti�n previa: No se configura el fen�meno de la cosa juzgada constitucional ni la carencia actual de objeto por hecho superado o da�o consumado

 

84.        Durante el tr�mite de instancia, el Juzgado 037 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Bogot� D.C. solicit�, sin �xito, al Juzgado 084 de Peque�as Causas y Competencia M�ltiple de la misma ciudad que acumulara el expediente bajo estudio con otra tutela que se encontraba en tr�mite ante ese despacho^[57]. Esto, al considerar que compart�an identidad de hechos y sujetos pasivos. En ese sentido, en la sentencia objeto de revisi�n, el juzgado de instancia manifest� que se configur� la carencia actual de objeto por hecho superado porque el Juzgado 084 de Peque�as Causas y Competencia M�ltiple de Bogot� accedi� parcialmente a las pretensiones en un caso id�ntico. As�, consider� que ya se hab�a efectuado un pronunciamiento de fondo.

 

85.        En efecto, en primera instancia, el Juzgado 084 de Peque�as Causas y Competencia M�ltiple de Bogot� D.C. concedi� parcialmente el amparo dentro de la tutela interpuesta por un hincha de Millonarios contra las entidades accionadas en el presente caso, con fundamento en hechos similares[58]. Las pancartas a las que se refer�a esa tutela eran cuatro. Sus mensajes eran los siguientes: �Club gigante, dirigentes mediocres�; �Amber Capital, inviertan bien o vendan�; �Jueguen como cobran� y �Alg�n d�a tendremos directivos con hambre de gloria, a estos solo les interesa el dinero�.

 

86.        El Juzgado 084 de Peque�as Causas y Competencia M�ltiple de Bogot� D.C. orden� a �Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. que se abstenga de realizar acciones tendientes a prohibir, restringir, sancionar o limitar el ingreso de elementos visuales como banderas y pancartas que tengan el prop�sito de protestar pac�ficamente contra el equipo, sus directivos, representantes legales y/o jugadores, (�) siempre y cuando aquellos elementos visuales no atenten contra la vida, honra, dignidad y buen nombre de aquellos, ni mucho menos inciten al odio o a actos violentos (�)�[59]. En pocas palabras, el juzgado consider� que dos de las cuatro pancartas del hincha no incitaban al odio y que la restricci�n de su ingreso al estadio result� desproporcionada[60]. En segunda instancia, el fallo fue confirmado[61].

 

87.        En raz�n del alcance de la decisi�n descrita y de acuerdo con lo sostenido por el juez de instancia en el asunto objeto de revisi�n por la Sala, resulta necesario analizar si se estructuran el fen�meno de la cosa juzgada constitucional y la carencia actual de objeto por hecho superado o da�o consumado.

 

6.1.     Caracterizaci�n general de la cosa juzgada en materia de tutela

 

88.        Reiteradamente la Corte Constitucional ha manifestado que la cosa juzgada es una instituci�n que pretende garantizar la seguridad jur�dica y el debido proceso en nuestro ordenamiento. En ese entendido, las decisiones judiciales ostentan el car�cter de inmutables, vinculantes y definitivas, lo cual significa que no es posible entablar un nuevo litigio por la misma causa^[62].

 

89.        La figura tiene cobertura en el �mbito constitucional. As�, en el marco de procesos de tutela, se podr� configurar la cosa juzgada constitucional cuando esta Corporaci�n conozca los fallos de tutela adoptados por los jueces de instancia y decida excluirlos de revisi�n, o cuando, en caso de que el expediente fuese seleccionado, se presente la ejecutoria del fallo que dicte la Corte Constitucional^[63].

 

90.        En este orden, la cosa juzgada constitucional se configura cuando: �(i) se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia de tutela y (ii) que entre el nuevo proceso y el anterior exista identidad jur�dica de partes, de objeto y de causa�^[64]. Frente a lo �ltimo, la jurisprudencia constitucional ha explicado el marco de dichos aspectos de la siguiente manera^[65]:

 

(i) Identidad de partes. Implica que las acciones de tutela se hayan presentado por la misma persona natural o jur�dica o a trav�s de su apoderado o representantes y se dirija contra el mismo demandado.

 

(ii) Identidad de causa petendi. El ejercicio repetido de la acci�n de tutela se fundamenta en los mismos hechos que le sirven de sustento.

 

(iii) Identidad de objeto. Las demandas persiguen la satisfacci�n de la misma pretensi�n o invocan la protecci�n de los mismos derechos fundamentales.

 

91.        La concurrencia de los anteriores elementos, adem�s de configurar la cosa juzgada constitucional, permiten acreditar la existencia de la figura de la temeridad[66], siempre y cuando se verifique, paralelamente, que se actu� de manera dolosa o de mala fe[67]. De hecho, recientemente, mediante la Sentencia SU-063 de 2025, la Sala Plena manifest� que, en los casos en los que se compruebe la existencia de esta �ltima, el juez constitucional debe declarar la improcedencia de la acci�n de tutela e imponer las sanciones correspondientes. No obstante, la temeridad no se analizar� en esta oportunidad, porque no se cumple con la identidad de partes. Esto, debido a que la solicitud de amparo de la referencia fue presentada por un sujeto diferente a la acci�n de tutela que estudi� el Juzgado 084 de Peque�as Causas y Competencia M�ltiple de Bogot�.

 

92.        Adicionalmente, la Corte Constitucional ha reconocido que la cosa juzgada no se produce cuando se presenta una nueva acci�n de tutela soportada en elementos f�cticos o jur�dicos nuevos^[68]. Esto, dado que dicha situaci�n podr�a implicar que no haya identidad de causa ni de objeto.

 

6.2.     Caracterizaci�n general de la carencia actual de objeto

 

93.        El art�culo 86 de la Constituci�n Pol�tica establece la acci�n de tutela como un mecanismo de protecci�n judicial, de car�cter preferente y sumario, orientado a amparar a las personas frente a la vulneraci�n o amenaza de sus derechos fundamentales. Por tal motivo, el juez constitucional debe procurar dictar �rdenes de cumplimiento inmediato para hacer cesar la afectaci�n de estos derechos.

 

94.        No obstante, en algunas ocasiones, las circunstancias que originaron en un primer momento la presunta vulneraci�n o amenaza pueden desaparecer y, en tal escenario, este medio constitucional de protecci�n judicial pierde su soporte y raz�n de ser^[69]. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporaci�n ha sostenido que �(�) el juez de tutela no ha sido concebido como un �rgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha dejado de existir el objeto jur�dico, sobre escenarios hipot�ticos, consumados o ya superados (�)�^[70].

 

95.        La situaci�n descrita se ha entendido como un fen�meno procesal denominado la carencia actual de objeto, que se presenta en tres eventos^[71]:

 

a)   Da�o consumado. Se da cuando se ha perfeccionado la afectaci�n que se pretend�a evitar a trav�s de la acci�n de tutela, de manera que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneraci�n o impedir que se concrete el peligro, no es posible que el juez dicte una orden para retrotraer la situaci�n. En este escenario, se debe tener en cuenta lo siguiente: (i) s� al interponerse la tutela es claro que el da�o ya sucedi�, el juez, en principio, debe declarar improcedente el amparo, pero si este se consuma durante los tr�mites de instancias o en sede de revisi�n, el juez puede dictar �rdenes adicionales a fin de proteger la dimensi�n objetiva del derecho, evitar repeticiones o identificar a los responsables; y, (ii) el da�o debe ser irreversible, pues cuando sea posible interrumpirlo, retrotraerlo o mitigarlo por orden judicial, no puede decretarse la carencia de objeto^[72].

 

b)  Hecho sobreviniente. Ocurre cuando las circunstancias f�cticas que originaron inicialmente la acci�n de tutela var�an. Esto sucede porque^[73]: (i) el actor asume directamente una carga que no le correspond�a; (ii) un tercero logra satisfacer la pretensi�n principal; (iii) es imposible dictar una orden para cumplir las pretensiones; y, (iv) el accionante ha perdido inter�s en el resultado del proceso.

 

c)   Hecho superado. Sucede cuando se satisface lo pedido antes de que se dicte una orden de amparo al respecto, y como resultado del actuar voluntario del accionado, lo cual puede acontecer inclusive antes del fallo en sede de revisi�n^[74]. En este escenario, el juez debe verificar: (i) que efectivamente se haya satisfecho por completo lo pretendido mediante la solicitud de amparo; y, (ii) que el sujeto pasivo haya actuado voluntariamente^[75].

 

96.        Los tres escenarios anteriores en los que puede presentarse una carencia actual de objeto implican, en principio, que la acci�n de tutela pierda su raz�n de ser y que no sea necesario un pronunciamiento de fondo por parte del juez constitucional. Sin embargo, debe resaltarse que, en casos particulares, la Corte puede aprovechar escenarios ya resueltos para avanzar en la comprensi�n de un derecho o para tomar medidas frente a prominentes violaciones de derechos fundamentales^[76].

 

6.3.     En el presente caso no se configura la cosa juzgada constitucional ni la carencia actual de objeto por hecho superado o da�o consumado

 

97.        Frente a la cosa juzgada constitucional. Como se expuso en l�neas anteriores, el Juzgado 037 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Bogot� D.C. solicit� al Juzgado 084 de Peque�as Causas y Competencia M�ltiple de la misma ciudad que acumulara el expediente bajo estudio con otra tutela que se encontraba en tr�mite ante ese despacho. No obstante, esta �ltima autoridad judicial neg� tal solicitud y orden� devolver el expediente al despacho remisor. Argument� que no se cumplieron dos presupuestos del Decreto 1834 de 2015^[77].

 

98.        Primero, el expediente de tutela no hab�a sido enviado por el Juzgado 037 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Bogot� D.C. dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tuvo conocimiento de la acci�n que tramitaba el Juzgado 084 de Peque�as Causas y Competencia M�ltiple de la misma ciudad[78]. Y, segundo, en agosto de 2025, este �ltimo dict� fallo, por lo que ya no era posible que los expedientes fueran resueltos mediante la misma providencia[79].

 

99.        Como ya se indic�, el Juzgado 084 de Peque�as Causas y Competencia M�ltiple de Bogot� accedi� parcialmente a las pretensiones en un caso similar[80]. Dicha autoridad judicial, en el marco de la acci�n de tutela presentada por Michael Andr�s M�ndez Torres respecto de la censura efectuada por el PMU el 28 de julio de 2025, neg� el amparo del derecho frente a las pancartas que ten�an el siguiente mensaje: �Club Gigante, Dirigentes Mediocres� y �Jueguen como Cobran�, las cuales coinciden con las del asunto bajo estudio. Adem�s, le orden� a Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. realizar las respectivas actuaciones para evitar la prohibici�n de aquellas con el mensaje: �Amber Capital, inviertan bien o vendan� y �Alg�n d�a tendremos directivos con hambre de gloria, a estos solo les interesa el dinero�[81]. Frente a lo anterior, cabe resaltar que lo resuelto se emiti� en relaci�n con la tutela del se�or M�ndez Torres, la cual, al ser una sentencia de tutela, tiene efectos inter partes.

 

100.   �Con fundamento en lo expuesto, la Sala proceder� a analizar si las acciones de tutela mencionadas comparten identidad de partes, causa y objeto:

 

Tabla 2. An�lisis comparativo de las decisiones.

Fuente: Elaboraci�n propia

 

101.   En virtud de lo expuesto, la Sala concluye que no se configur� el fen�meno de la cosa juzgada constitucional. En primer lugar, las solicitudes de amparo fueron presentadas por sujetos diferentes. Por un lado, el se�or Erik Saavedra Bustos interpuso la acci�n constitucional bajo estudio. Por otro lado, el se�or Michael Andr�s M�ndez Torres radic� la tutela que fue de conocimiento en primera instancia por el Juzgado 084 de Peque�as Causas y Competencia M�ltiple de Bogot� D.C.

 

102.   Lo anterior no es menor por dos razones. Primero, las tutelas responden a la presunta infracci�n de derechos cuyos titulares son personas diferentes. En efecto, si bien el Juzgado 084 de Peque�as Causas y Competencia M�ltiple de Bogot� D.C. ampar� parcialmente el derecho fundamental invocado en la tutela que conoci�, es relevante que la Sala se pronuncie sobre la posible afectaci�n a la dimensi�n subjetiva del derecho a la libertad de expresi�n del accionante en el caso bajo estudio. Esto, con el fin de proteger, en el evento de que sea meritorio, el derecho a la libertad de expresi�n en el asunto particular[86].

 

103.   Y, segundo, el an�lisis que se debe efectuar de fondo implica el estudio de las particularidades espec�ficas del accionante, lo cual, como ya se demostr�, influye tanto en la verificaci�n de los requisitos de procedencia de la acci�n como en la resoluci�n y decisiones que se adoptan en el eventual fallo.

 

104.   En segundo lugar, las dos acciones de tutela solo comparten parcialmente el objeto y la causa, pues no versan sobre id�nticas pancartas. Ciertamente, la acci�n de tutela objeto de estudio por la Sala de Revisi�n no versa sobre la violaci�n del derecho a la libertad de expresi�n por la imposibilidad de ingresar al Estadio Nemesio Camacho El Camp�n la pancarta �Amber Capital, inviertan bien o vendan�, como s� lo hace la tutela decidida por el Juzgado 084 de Peque�as Causas y Competencia M�ltiple de Bogot� D.C.

 

105.   Frente a la carencia actual de objeto por hecho superado. En la Sentencia del 15 de agosto de 2025, el Juzgado 037 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Bogot� D.C. manifest� que �otro administrador de justicia en sede constitucional adelant� tr�mite id�ntico al aqu� planteado, por lo que se puede concluir que ya se realiz� un estudio detallado, analizando de fondo la materia sujeta a tutela, y bajo ese entendido, se profiri� un fallo que se pronuncia de fondo sobre el asunto (�). Lo anterior, permite predicar la configuraci�n de hecho superado (�)�^[87].

 

106.   La Sala no comparte el criterio del juez de instancia. En el presente caso no se configur� una carencia actual de objeto por hecho superado. Como ya se indic�, esta figura se materializa cuando se satisface lo pretendido antes de que se dicte una orden de amparo al respecto, y como resultado del actuar voluntario del accionado. Lo pretendido por el se�or Erik Saavedra Bustos sigue en discusi�n y pendiente de resoluci�n. No se ha determinado espec�ficamente si su derecho a la libertad de expresi�n fue o contin�a siendo presuntamente vulnerado. Esto es as� no solo porque la dimensi�n subjetiva del derecho fundamental invocado no ha sido objeto de pronunciamiento judicial, sino porque el Juzgado 084 de Peque�as Causas y Competencia M�ltiple de Bogot� accedi� parcialmente a las pretensiones de la tutela que conoci�, la cual, se reitera, fue presentada por un accionante diferente al que ahora ostenta dicha calidad.

 

107.   Adicionalmente, ninguna de las accionadas ha efectuado actuaci�n alguna tendiente a cumplir lo perseguido respecto del accionante en el expediente de la referencia. Inclusive, en gracia de discusi�n, cualquier actuaci�n que haya podido realizarse se enmarca en lo decidido por el Juzgado 084 de Peque�as Causas y Competencia M�ltiple de Bogot� frente a otra tutela, lo cual demuestra que no ser�a voluntario. Adem�s, ello no involucrar�a necesariamente el derecho a la libertad de expresi�n del ahora accionante Erik Saavedra Bustos u otros hinchas.

 

108.   Frente a la carencia actual de objeto por da�o consumado. La acci�n de tutela bajo estudio presentada por Erik Saavedra Bustos cuestiona la prohibici�n de ingreso de tres pancartas al partido de f�tbol de la Categor�a Primera A[88], entre los equipos Millonarios F.C. y Llaneros F.C. el 28 de julio de 2025, en el Estadio Nemesio Camacho El Camp�n de Bogot�. El accionante manifest� que ese d�a las autoridades accionadas retuvieron dichos elementos de animaci�n de un grupo de hinchas del club Millonarios. Con esto, el actor consider� que se vulner� su derecho a la libertad de expresi�n.

 

109.   Ahora, si bien la prohibici�n ocurri� dos d�as antes de la solicitud de amparo, y que por ello no es posible dictar �rdenes para proteger el derecho en esa fecha, en el caso concreto no hay lugar a declarar la carencia actual de objeto por da�o consumado por lo siguiente.

 

110.   �Como se mencion� anteriormente, esta figura exige tener en cuenta dos aspectos. Uno, que ya se verific�, relativo a que el da�o al derecho haya sucedido antes de la presentaci�n de la tutela. El otro, referente a que el menoscabo sea irreversible. Frente a esto �ltimo, la Sala considera que, aunque no es posible adoptar una decisi�n que impida la prohibici�n acontecida el 28 de julio de 2025, por la simple raz�n de que ya se llev� a cabo el partido de futbol, de ser el caso, a�n es posible proteger el derecho fundamental invocado.

 

111.   El numeral 4 del art�culo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acci�n de tutela no proceder� cuando sea evidente que la violaci�n del derecho origin� un da�o consumado, salvo cuando contin�e la acci�n u omisi�n violatoria del derecho. En el presente caso, podr�a ocurrir que los hechos que dieron origen a esta acci�n de tutela se hayan replicado en encuentros posteriores y que los fundamentos de la restricci�n sigan siendo utilizados en otros eventos. Se trata de situaciones susceptibles de ser interrumpidas o mitigadas en sede de revisi�n, por lo cual deben ser analizadas para adoptar los correctivos a que haya lugar y precisar el alcance y las particularidades del derecho a la libertad de expresi�n en eventos deportivos.

 

112.   Ahora bien, la decisi�n adoptada por el Juzgado 084 de Peque�as Causas y Competencia M�ltiple de Bogot� D.C., en el marco de la acci�n de tutela presentada por Michael Andr�s M�ndez Torres, tampoco tiene incidencia en la configuraci�n de la carencia actual de objeto por da�o consumado. Son varias las razones. Primera, la autoridad judicial neg� el amparo del derecho frente a las pancartas que ten�an el siguiente mensaje: �Club Gigante, Dirigentes Mediocres� y �Jueguen como Cobran�, las cuales coinciden con las del asunto bajo estudio. En ese entendido, de cara a estas expresiones, el derecho invocado exige un an�lisis de fondo.

 

113.   Y, segundo, si bien el juzgado orden� realizar las respectivas actuaciones para evitar la prohibici�n del trapo con el mensaje: �alg�n d�a tendremos directivos con hambre de gloria, a estos solo les interesa el dinero�[89], esta decisi�n se adopt� solo frente a Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A., y de cara a la dimensi�n subjetiva del derecho del se�or M�ndez Torres. Adem�s, en el presente expediente la parte pasiva est� integrada por diferentes sujetos frente a los cuales es inexistente un pronunciamiento respecto de la expresi�n en comento. Inclusive, estos podr�an a�n restringir el derecho en relaci�n con este �ltimo elemento en otros eventos deportivos del club de f�tbol.

 

114.   Conclusi�n. Con base en lo expuesto, no se configur� el fen�meno de la cosa juzgada constitucional ni la carencia actual de objeto por hecho superado o da�o consumado. En primera medida, no se cumplieron todos los criterios para la materializaci�n de la primera figura. Por otro lado, no se ha satisfecho lo pretendido por el accionante de manera voluntaria por parte de las accionadas. De hecho, lo ordenado por el Juzgado 084 de Peque�as Causas y Competencia M�ltiple de Bogot� aconteci� en el marco de otra acci�n de tutela, en la cual se accedi� parcialmente al amparo invocado. Y, por �ltimo, hay pancartas frente a las cuales no se ha protegido el derecho a la libertad de expresi�n. Adem�s, en todo caso, el juez de tutela puede analizar el asunto de fondo cuando aparentemente ya se materializ� un da�o, con el objeto de corregir situaciones que permanezcan en el tiempo y generen una vulneraci�n continuada del derecho.

 

115.   Es importante resaltar que la postura de la autoridad judicial de instancia implica limitar la protecci�n que la acci�n de tutela brinda a la dimensi�n subjetiva de los derechos fundamentales. Esto, debido a que no se podr�a presentar una solicitud de amparo por derechos y circunstancias similares que ya fueron conocidas y analizadas mediante otra acci�n por un juez constitucional, incluso cuando el accionante sea diferente. De esta manera, y en gracia de discusi�n, solo se permitir�a un fallo de tutela y un eventual amparo frente al sujeto que present� m�s r�pido la acci�n.

 

116.   En ese sentido, se reitera que la dimensi�n subjetiva del derecho fundamental invocado por Erik Saavedra Bustos no ha sido objeto de pronunciamiento judicial, porque el Juzgado 084 de Peque�as Causas y Competencia M�ltiple de Bogot� D.C., accedi� parcialmente a las pretensiones de la tutela que conoci�, la cual fue presentada por otra persona.

 

7.   Marco normativo sobre seguridad, comodidad y convivencia en el f�tbol profesional colombiano

 

117.   El art�culo 52 de la Constituci�n Pol�tica reconoce el deporte, en todas sus manifestaciones, como una actividad de especial importancia para la formaci�n integral de las personas, la preservaci�n de la salud y el desarrollo humano^[90]. Por ello, establece la recreaci�n, la pr�ctica deportiva y el aprovechamiento del tiempo libre como derechos de todos los ciudadanos^[91]. El ejercicio de estos derechos exige condiciones adecuadas de seguridad y convivencia, especialmente cuando se trata de actividades que congregan a un n�mero significativo de personas y se desarrollan en escenarios de interacci�n colectiva^[92].

 

118.   Por esta raz�n, la Constituci�n atribuye al Estado no solo la responsabilidad de fomentar e incentivar la pr�ctica deportiva, sino tambi�n la facultad y el deber de adoptar medidas de inspecci�n, vigilancia y control que permitan prevenir riesgos, preservar el orden p�blico y garantizar que los espect�culos deportivos se desarrollen en entornos seguros para participantes, organizadores y espectadores^[93]. En el �mbito del f�tbol, estas competencias adquieren especial relevancia debido a la concentraci�n masiva de aficionados en los estadios, lo que justifica la implementaci�n de mecanismos normativos orientados a promover la convivencia ciudadana, prevenir conductas que afecten la seguridad y garantizar el ejercicio arm�nico de los derechos de todos los asistentes^[94].

 

119.   En este sentido, la Ley 1270 de 2009 estableci� el marco institucional de la pol�tica p�blica de seguridad, comodidad y convivencia en el f�tbol profesional en Colombia. Con este prop�sito, cre� la Comisi�n Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol como organismo asesor del Gobierno nacional encargado de formular y coordinar pol�ticas, planes y estrategias orientadas a garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de los espect�culos futbol�sticos^[95].

 

120.   Asimismo, la citada ley (i) dispuso la creaci�n de comisiones locales, (ii) defini� mecanismos de articulaci�n entre autoridades nacionales y territoriales, (iii) promovi� la adopci�n de planes de seguridad para los escenarios deportivos, (iv) estableci� medidas de prevenci�n de la violencia y fortalecimiento de la convivencia, (v) previ� acciones de control frente a conductas que alteren el orden en los estadios y (vi) asign� responsabilidades espec�ficas a los clubes de f�tbol profesional, a la Polic�a Nacional y a las dem�s autoridades competentes en la gesti�n de la seguridad de estos eventos^[96].

 

121.   De conformidad con el art�culo 2 de dicha ley, la Comisi�n est� integrada por representantes de los ministerios y entidades del orden nacional con competencias en materia de seguridad, deporte y convivencia ciudadana. Entre ellos est�n los ministerios del Interior, Educaci�n Nacional y Cultura, la Polic�a Nacional, Coldeportes (hoy Ministerio del Deporte), la Dimayor, la Federaci�n Colombiana de F�tbol y un delegado de las barras organizadas^[97].

 

122.   Por su parte, la Polic�a Nacional cumple una funci�n esencial en la preservaci�n de la seguridad y la convivencia durante los espect�culos de f�tbol profesional. La Ley 1270 de 2009 incorpor� a esa entidad como integrante de las instancias encargadas de la seguridad, comodidad y convivencia en el f�tbol. Posteriormente, la Ley 1445 de 2011 fortaleci� su participaci�n dentro del Sistema Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol. Finalmente, la Ley 1801 de 2016 le atribuy� la facultad de adoptar las medidas de polic�a necesarias para prevenir comportamientos contrarios a la convivencia y garantizar la protecci�n de la vida, la integridad y la tranquilidad de los asistentes.

 

123.   La citada Ley 1445 de 2011 complement� este marco regulatorio mediante la adopci�n de medidas destinadas a prevenir la violencia en los escenarios deportivos, promover la corresponsabilidad de los organizadores y autoridades competentes, e implementar mecanismos de identificaci�n, control y seguimiento de los espectadores^[98]. Asimismo, la ya mencionada Ley 1801 de 2016 integr� un conjunto de disposiciones aplicables a los espect�culos deportivos de asistencia masiva, mediante las cuales regul� los comportamientos contrarios a la convivencia, defini� las competencias de las autoridades de polic�a y estableci� medidas dirigidas a garantizar el orden p�blico, la seguridad de los asistentes y el adecuado desarrollo de estos eventos^[99].

 

124.   En conjunto, estas disposiciones normativas complementan el dise�o institucional previsto inicialmente en la Ley 1270 de 2009. Ninguna de estas leyes se refiere al contenido permitido o prohibido de los elementos de animaci�n que pueden ser ingresados a los estadios de f�tbol.

 

125.   Ahora bien, en desarrollo de dicho marco legal, el Estado formul� una pol�tica p�blica espec�fica en materia de seguridad, comodidad y convivencia en el f�tbol, orientada a articular las actuaciones de las autoridades, los organismos deportivos, las entidades territoriales y los distintos actores vinculados a este espect�culo deportivo^[100]. El principal instrumento de implementaci�n de dicha pol�tica p�blica es el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol, concebido como una herramienta de planificaci�n de largo plazo que define lineamientos, estrategias y acciones dirigidas a fortalecer la coordinaci�n institucional, promover la corresponsabilidad de los actores involucrados y orientar las medidas de prevenci�n y convivencia asociadas al f�tbol profesional^[101].

 

126.   Paralelamente al desarrollo de esta pol�tica p�blica, las disposiciones legales antes descritas fueron objeto de reglamentaci�n por parte del Gobierno nacional mediante el Decreto 1717 de 2010, por el cual se adopt� el Protocolo para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol, y el Decreto 1007 de 2012, mediante el cual se expidi� el Estatuto del Aficionado al F�tbol en Colombia. Posteriormente, estos fueron compilados en el Decreto 1066 de 2015, por medio del cual se expidi� el Decreto �nico Reglamentario del Sector Administrativo del Interior.

 

127.   Este �ltimo consolid� el marco regulatorio aplicable a la seguridad, comodidad y convivencia en el f�tbol profesional, defini� las competencias de las autoridades involucradas y estableci� los instrumentos institucionales y operativos destinados a garantizar el adecuado desarrollo de los espect�culos deportivos. En particular, sus disposiciones regulan aspectos atinentes a la organizaci�n de los eventos, la coordinaci�n interinstitucional, la implementaci�n de protocolos de seguridad y convivencia, y las condiciones aplicables al ingreso y utilizaci�n de elementos de animaci�n dentro de los escenarios deportivos.

 

128.   En el mismo sentido, el art�culo 2.2.3.2.1 del Decreto 1066 de 2015 regul� la conformaci�n de las Comisiones Locales para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol, instancias encargadas de coordinar las acciones de las autoridades territoriales, organismos de seguridad, administradores de escenarios deportivos y organizadores de los eventos. Estas comisiones constituyen el principal espacio de articulaci�n institucional para la adopci�n de medidas orientadas a la prevenci�n de riesgos y al adecuado desarrollo de los espect�culos futbol�sticos^[102].

 

129.   Por su parte, el art�culo 2.2.3.1.10 reconoci� la existencia de elementos de animaci�n utilizados por los aficionados dentro de los escenarios deportivos y dispuso que su ingreso y utilizaci�n se encuentran sujetos a las condiciones y autorizaciones previstas por las autoridades competentes en materia de seguridad y convivencia. Esta disposici�n incorpor� dichos elementos dentro del esquema regulatorio aplicable a los espect�culos de f�tbol profesional y los vincul� a los mecanismos de control previstos para la protecci�n de los asistentes y la preservaci�n del orden en los estadios^[103].

 

130.   Finalmente, el art�culo 2.2.3.3.2 dispuso que las Comisiones Locales para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol son las encargadas de implementar y aplicar las disposiciones contenidas en el Protocolo Nacional dentro de sus respectivas jurisdicciones. De esta manera, el Decreto 1066 de 2015 articul� las competencias de las autoridades nacionales y territoriales con los instrumentos t�cnicos destinados a garantizar que los espect�culos de f�tbol profesional se lleven a cabo bajo condiciones adecuadas de seguridad, comodidad y convivencia^[104].

 

131.   Ahora bien, este marco normativo ha sido desarrollado de manera complementaria por las entidades territoriales, en ejercicio de sus competencias en materia de seguridad, convivencia y gesti�n del riesgo. En el caso del Distrito de Bogot�, la regulaci�n actualmente vigente se encuentra compilada en el Decreto Distrital 642 de 2025, mediante el cual se expidi� el Decreto �nico del Sector Gobierno del Distrito Capital^[105]. Los art�culos 600 y 601 del citado decreto determinaron la creaci�n y funciones de la Comisi�n Distrital para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol de Bogot� (CDSCCFB), como instancia encargada de coordinar las acciones institucionales necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de los espect�culos futbol�sticos en la ciudad de Bogot�. Esta regulaci�n es posterior a los hechos objeto de estudio, ocurridos el 28 de julio de 2025, por lo que ser� tenida en cuenta �nicamente para describir el r�gimen actualmente vigente y, cuando corresponda, para efectos de las medidas de car�cter preventivo que adopte la Sala.

 

132.   A su vez, el numeral 4 del art�culo 51 del Decreto Distrital 599 de 2013, actualmente incorporado en el numeral 4 del art�culo 601 del Decreto Distrital 642 de 2025, atribuy� a la CDSCCFB la competencia de elaborar y adoptar los protocolos necesarios para que los organizadores de espect�culos futbol�sticos y las autoridades competentes implementaran medidas de restricci�n de ingreso y exclusi�n de aficionados, ya fueran de car�cter temporal o permanente, as� como formular recomendaciones sobre esta materia ante la Comisi�n Nacional.

 

133.   De esta manera, el Protocolo Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol de Bogot� (PDSCCFB) estableci� reglas espec�ficas para el ingreso y utilizaci�n de elementos de animaci�n. Tambi�n reconoci� el derecho de los aficionados a ingresar aquellos elementos de animaci�n previamente autorizados por la Comisi�n Distrital. En concreto, reconoce la utilizaci�n de banderas y trapos como expresiones leg�timas de apoyo e identificaci�n con los clubes deportivos. No obstante, su utilizaci�n se encuentra sometida a l�mites en los siguientes t�rminos:

 

8.10 Control al Transporte de Elementos de Animaci�n. El transporte de los elementos de animaci�n corresponder� a los autorizados por la CDSCCFB, los cuales ser�n objeto de revisi�n por parte de la Polic�a Nacional asegur�ndose que dentro de �stos no se encuentren armas de cualquier tipo y sustancias psicotr�picas y alcoh�licas que afecten la convivencia de los viajeros y el normal desarrollo del espect�culo.

 

En lo que respecta a las banderas y pancartas utilizadas (trapos), el procedimiento policial se asegurar� que ninguna de ellas lleve contenidos ofensivos hacia cualquier instituci�n sea p�blica o privada. Sin embargo, siempre se definir� seg�n lo establecido en la Ley 1270, 1445 y estatuto del aficionado, (�) (�nfasis a�adido).

 

134.   En similar sentido, el Protocolo advierte que los elementos de animaci�n deben sujetarse al cumplimiento de condiciones orientadas a garantizar la seguridad del espect�culo y la protecci�n de los asistentes, de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 2.2.3.1.10 del Decreto �nico Reglamentario 1066 de 2015^[106]. Sobre el contenido de los trapos, el art�culo 2.2.3.1.31 del citado decreto establece lo siguiente:

 

De los elementos de animaci�n y el comportamiento en el escenario deportivo. El aficionado debe respetar la normatividad que limita el porte de objetos, bebidas o sustancias prohibidas o susceptibles de generar o posibilitar la pr�ctica de actos violentos; de dar consentimiento para la requisa personal de prevenci�n y seguridad; no portar o mostrar carteles, banderas, s�mbolos u otras se�ales con mensajes incitadores de violencia, inclusive de car�cter racista o xen�fobo; no entonar c�nticos discriminatorios, racistas o xen�fobos; no arrojar objetos en el interior del recinto deportivo, salvo los que est�n previamente aprobados por la comisi�n local de seguridad, comodidad y convivencia en el f�tbol; no portar o utilizar fuegos artificiales o cualquier otro elemento. (�nfasis a�adido).

 

135.   En concordancia con estas disposiciones, el art�culo 79 del C�digo Disciplinario �nico de la Federaci�n Colombiana de F�tbol prev� sanciones aplicables a comportamientos antideportivos, actos de irrespeto, agresiones y dem�s conductas que afecten la integridad, la dignidad y el normal desarrollo de los espect�culos deportivos, incluidas aquellas relacionadas con manifestaciones de car�cter racista o xen�fobo^[107].

 

7.1.     Autoridades competentes para la seguridad, el control de los elementos de animaci�n y la adopci�n de medidas restrictivas

 

136.   Como se expuso en precedencia, de conformidad con la Ley 1270 de 2009, el Decreto 1066 de 2015 y la reglamentaci�n distrital aplicable, la garant�a de la seguridad, comodidad y convivencia durante los espect�culos de f�tbol profesional corresponde a un sistema de coordinaci�n institucional integrado por autoridades nacionales, distritales, organismos deportivos y organizadores de los eventos.

 

137.   En relaci�n con los elementos de animaci�n, el Protocolo Distrital atribuye expresamente al procedimiento policial la funci�n de verificar que las banderas y pancartas utilizadas por los aficionados no contengan contenidos prohibidos. Seg�n se explic� en l�neas anteriores, el numeral 8.10 dispone que �el procedimiento policial se asegurar� que ninguna de ellas lleve contenidos ofensivos hacia cualquier instituci�n sea p�blica o privada�. Por consiguiente, la revisi�n material de los elementos de animaci�n y la verificaci�n de un eventual incumplimiento de las reglas previstas en el protocolo corresponde a la Polic�a Nacional, sin perjuicio de las decisiones de coordinaci�n y direcci�n operativa que puedan adoptarse en el marco del PMU.

 

138.   Por su parte, el numeral 1.12 del Protocolo Distrital dispone:

 

La CDSCCFB suministrar� la informaci�n de la que dispongan antes de cada torneo o partido, con el objetivo de garantizar la aplicaci�n �ntegra de las prohibiciones de acceso a los estadios de la ciudad de Bogot�. Las autoridades competentes se pueden reservar el derecho de imponer las restricciones o sanciones para la realizaci�n de partidos de f�tbol en los estadios del Distrito Capital, sin la presencia de hinchas por las conductas presentadas que representen un peligro para la seguridad de las personas asistentes, incluidos jugadores y personal t�cnico de los equipos. El Distrito Capital se reserva el derecho del pr�stamo o alquiler de los estadios o escenarios deportivos, para la realizaci�n de partidos de f�tbol profesional colombiano, cuando se vean afectados o no se cumplan los requisitos para mantener la seguridad, la comodidad y la convivencia en los estadios de la ciudad^[108].

 

139.   En este sentido, la regulaci�n distrital prev� que los elementos de animaci�n cuyo contenido sea considerado contrario a las reglas establecidas no podr�n ingresar al escenario deportivo. En consecuencia, la medida inmediata asociada al incumplimiento consiste en la restricci�n o prohibici�n de ingreso de las banderas, pancartas o dem�s elementos respectivos, medida que opera como un mecanismo preventivo orientado a preservar las condiciones de seguridad, comodidad y convivencia durante el desarrollo del espect�culo deportivo.

 

140.   Mediante Concepto del 17 de septiembre de 2025, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado aclar� que, en el contexto de los partidos de f�tbol y en aplicaci�n de lo decidido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-128 de 2018, (i) la Polic�a Nacional es la autoridad competente para prevenir las conductas que constituyen amenazas de afectaci�n del orden p�blico o impiden la convivencia entre las personas; y (ii) las empresas de vigilancia privada y/o de log�stica �no pueden ser responsables de asegurar el orden p�blico, la seguridad ciudadana, ni la convivencia pac�fica�[109].

 

141.   En s�ntesis, la regulaci�n vigente atribuye al procedimiento policial la verificaci�n material de los elementos de animaci�n y faculta a las autoridades responsables de la seguridad del evento para adoptar las medidas operativas correspondientes, incluida la restricci�n de ingreso de aquellos elementos que incumplan las reglas previstas en la normativa aplicable.

 

8.   Derecho a la libertad de expresi�n. Reiteraci�n jurisprudencial[110]

 

142.   La libertad de expresi�n es concebida como un derecho humano y un derecho fundamental. A nivel internacional, este derecho ha sido incorporado en diversos instrumentos como la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos de la ONU (art�culo 19)[111], la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art�culo 4)[112], el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos (art�culo 19)[113] y la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (art�culo 13)[114]. En ellos se ha establecido que todos los individuos tienen derecho a la libertad de expresi�n, de opini�n y de informaci�n; a no ser molestado a causa de sus opiniones; y a investigar y recibir informaciones y opiniones. Tambi�n han previsto la prohibici�n de censura previa, sin perjuicio de la existencia de responsabilidades ulteriores, definidas legalmente para asegurar el respeto a los dem�s, la seguridad p�blica, el orden p�blico o la salud o moral p�blica.

 

143.   Por su parte, la libertad de expresi�n encuentra su protecci�n interna en el art�culo 20 de la Constituci�n Pol�tica, que, interpretada de conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales ratificados por Colombia, comprende varios elementos normativos diferenciables^[115]. As�, el citado art�culo reconoce a toda persona la garant�a de expresar y difundir libremente sus pensamientos y opiniones (libertad de expresi�n stricto sensu), informar y recibir informaci�n veraz e imparcial (libertad de informaci�n), y la de fundar medios masivos de comunicaci�n, los cuales son libres y tienen responsabilidad social (libertad de prensa). Dicha norma proscribe la censura y garantiza adem�s el derecho a la rectificaci�n en condiciones de equidad^[116].

 

144.   La libertad de expresi�n es, adem�s, la piedra angular de una sociedad democr�tica^[117] y as� lo reconoci� la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde su primer pronunciamiento sobre este derecho^[118]. Bajo este planteamiento, la Corte Constitucional ha considerado que la libertad de expresi�n es un pilar del Estado Social de Derecho y un principio fundamental de los reg�menes democr�ticos, pues permite consolidar sociedades pluralistas y deliberativas^[119].

 

145.   En ese sentido, ha determinado que la libertad de expresi�n cumple varias funciones en la sociedad democr�tica, tales como: (i) buscar la verdad y desarrollar el conocimiento; (ii) hace posible el principio de autogobierno; (iii) promueve la autonom�a personal; (iv) previene abusos de poder, y (v) constituye una �v�lvula de escape� que promueve la confrontaci�n pac�fica de las decisiones estatales o sociales que no se compartan, lo que favorece la resoluci�n racional y pac�fica de los conflictos^[120].

 

146.   Desde esta perspectiva, la jurisprudencia constitucional, en concordancia con el criterio de la Comisi�n IDH^[121], ha precisado que la libertad de expresi�n guarda una estrecha relaci�n con otros derechos fundamentales, puesto que es un veh�culo para el ejercicio de la participaci�n ciudadana, la cultura, la dignidad, la reuni�n y asociaci�n, la libertad de conciencia, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros^[122]. Por consiguiente, es un medio para garantizar la pluralidad en el mercado libre de las ideas y la construcci�n de un debate p�blico democr�tico diverso^[123].

 

147.   La jurisprudencia constitucional ha identificado que el derecho a la libertad de expresi�n tiene una dimensi�n individual y otra colectiva^[124]. En su aspecto individual abarca no solo el derecho a expresarse sin interferencias arbitrarias, sino tambi�n el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento. Esta dimensi�n no se agota en el reconocimiento te�rico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende el derecho a utilizar cualquier medio para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor n�mero de destinatarios^[125]. La dimensi�n colectiva, por su parte, comprende el derecho de todas las personas a recibir pensamientos, ideas, opiniones e informaciones de parte de quien las expresa^[126].

 

148.   �Vale la pena precisar que, seg�n la jurisprudencia, la expresi�n que se protege por esta libertad puede ser tanto la que se efect�a a trav�s del lenguaje oral o escrito como la que se exterioriza a trav�s de conductas con contenido expresivo o implicaciones expresivas[127]. Es decir, no se trata de la protecci�n �nicamente de las comunicaciones verbales. Ello es as� porque uno de los elementos constitutivos de la libertad de expresi�n en su dimensi�n individual es el derecho de quien se expresa a transmitir y difundir su mensaje de la manera en que mejor considere hacerlo, y por el medio que elija para ese prop�sito. En consecuencia, la expresi�n puede efectuarse a trav�s de cualquier medio seleccionado por quien se expresa, y la protecci�n constitucional se extiende a dicho proceso de transmisi�n y difusi�n, as� como al medio utilizado, ya que la libertad constitucional que se estudia protege tanto el contenido de la expresi�n como su forma[128].

 

8.1.     La prevalencia prima facie de la libertad de expresi�n

 

149.   La Corte Constitucional ha determinado que la libertad de expresi�n tiene una premisa b�sica y transversal al momento de analizarla cuando entra en tensi�n con otros derechos y principios. Se trata de su prevalencia prima facie^[129]. Dicha protecci�n prevalente surge de la premisa seg�n la cual, en principio, todas las manifestaciones del pensamiento est�n amparadas o cobijadas por el manto protector de este derecho. Ello tiene dos grandes fundamentos: (i) la relaci�n entre la libertad de expresi�n y la construcci�n de la democracia y (ii) la riqueza del pensamiento y del lenguaje, que hace imposible predecir lo que puede ser pensado y enunciado[130].

 

150.   De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la prevalencia de la libertad de expresi�n se proyecta en cuatro presunciones a favor de las manifestaciones del pensamiento humano. Las tres primeras es posible derrotarlas y la �ltima no lo es: (i) la presunci�n de cobertura de toda expresi�n, que consiste en que toda expresi�n est� amparada por el art�culo 20 de la Constituci�n, salvo que se demuestre una justificaci�n constitucional que exija restringirla^[131]; (ii) se presume la primac�a de la libertad de expresi�n frente a otros derechos, valores y principios constitucionales, lo que implica su prevalencia inicial al ser ponderada por jueces y legisladores, a no ser que se demuestre que los principios sacrificados se ver�an afectados de forma particularmente intensa^[132]; (iii) la sospecha de inconstitucionalidad de las limitaciones y el control de constitucional estricto sobre las mismas, lo que implica que las limitaciones a este derecho se presumen inconstitucionales y est�n sujetas a un control estricto de proporcionalidad^[133]; y, (iv) la presunci�n de pleno derecho de incompatibilidad de la censura con la libertad de expresi�n, de la que se sigue que toda regulaci�n o decisi�n que constituya censura implica una violaci�n del derecho a la libertad de expresi�n^[134].

 

151.   Con este marco, se ha precisado, tanto por el sistema internacional de los derechos humanos^[135] como por la jurisprudencia constitucional, que existen ciertos discursos que gozan de especial protecci�n y sus restricciones son particularmente sospechosas. Sin �nimo exhaustivo se destacan: el discurso pol�tico y sobre asuntos de inter�s p�blico; expresiones sobre funcionarios p�blicos o candidatos a ocupar cargos p�blicos; manifestaciones que constituyen el ejercicio de otros derechos, como la creaci�n y expresi�n art�sticas, el discurso religioso, la correspondencia, la manifestaci�n pac�fica, entre otros; las reivindicaciones de la identidad sexual diversa o la defensa de la equidad de g�nero y la erradicaci�n de la violencia basada en g�nero, as� como aquellos que configuran elementos fundantes de la identidad de las personas^[136], y los discursos que tengan por objeto denunciar por redes sociales los actos de discriminaci�n, violencia, acoso y abuso de los que sean v�ctimas o tengan noticia las mujeres y los particulares ―discurso conocido como escrache―^[137].

 

8.2.     El derecho a la libertad de expresi�n no es absoluto

 

152.   El lugar privilegiado que ocupa la libertad de expresi�n en el ordenamiento interno e internacional no implica asumir que se trata de un derecho absoluto. En su Observaci�n General N.� 34, el Comit� de Derechos Humanos de las Naciones Unidas precis� que este derecho entra�a deberes y responsabilidades, raz�n por la que puede restringirse para proteger el respeto a los derechos de otras personas. No obstante, tambi�n advirti� que las restricciones a la libertad de expresi�n no pueden poner en riesgo este derecho^[138]. En esta misma l�nea, la Corte IDH determin� expresamente que la libertad de expresi�n no es un derecho absoluto y puede ser objeto de restricciones, de acuerdo con los incisos 4 y 5 del art�culo 13 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos^[139].

 

153.   En l�nea con lo expuesto, la Corte Constitucional ha se�alado en su jurisprudencia que las autoridades que decidan imponer una medida restrictiva o una restricci�n directa a la libertad de expresi�n deben asumir tres cargas argumentativas: (a) una definitoria, que obliga a identificar la finalidad perseguida con la limitaci�n; (b) una argumentativa, que consiste en el deber de justificar en las motivaciones del acto jur�dico c�mo la medida aborda las cuatro presunciones mencionadas; y (c) una probatoria, que implica que las autoridades tienen la obligaci�n de demostrar la existencia de elementos f�cticos, cient�ficos o t�cnicos que justifican la creaci�n de una medida restrictiva de la libertad de expresi�n^[140].

 

154.   Para verificar si se cumple con las cargas exigidas al imponer restricciones a la libertad de expresi�n, la Corte Constitucional ha aplicado el test tripartito que fue desarrollado por la Corte IDH, a partir de la interpretaci�n del art�culo 13.2 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos^[141]. Este test permite definir si las medidas restrictivas a la libertad de expresi�n respetan o no las presunciones que favorecen el ejercicio de este derecho.

 

155.   En concreto, el test consiste en tres condiciones que deben ser cumplidas en su totalidad para determinar que una limitaci�n del derecho a la libertad de expresi�n es admisible: (i) si la medida respeta el principio de legalidad, esto es, si ha sido definida en forma previa, precisa y clara por una ley en sentido formal y material; (ii) si la medida persigue alguno de los fines leg�timos establecidos en el ordenamiento constitucional; y (iii) si la medida es necesaria en una sociedad democr�tica, esto es, si satisface los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad^[142].

 

156.   A partir de esta orientaci�n, la jurisprudencia constitucional tambi�n ha determinado que pese al car�cter preferente de la libertad de expresi�n, esta puede estar eventualmente sujeta a limitaciones por dos razones: primera, las presunciones que la amparan admiten ser desvirtuadas en el marco de cada caso concreto mediante un adecuado ejercicio de ponderaci�n; y, segunda, porque existe un consenso acerca de la necesidad y la obligaci�n estatal de prohibir determinados discursos, principalmente, con miras a erradicar la discriminaci�n y cierto tipo de delitos particularmente ofensivos para la dignidad humana^[143].

 

157.   Por otro lado, existen determinados tipos de discursos que est�n fuera del �mbito protegido por este derecho ya que, por consenso casi universal, se ha acordado la proscripci�n expresa de expresiones capaces de incitar o provocar, por s� mismas, lesiones graves a la dignidad humana y a la igualdad^[144].

 

158.   Esta Corte, en concordancia con el sistema internacional de los derechos humanos^[145], ha reconocido que est�n prohibidos: (i) los discursos que inciten a cometer genocidio; (ii) los discursos de odio que inciten o fomenten la discriminaci�n, la hostilidad o la violencia contra cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo (discurso del odio, discurso discriminatorio, apolog�a del delito y apolog�a de la violencia); (iii) la propaganda a favor de la guerra; (iv) la apolog�a al delito, y (v) la pornograf�a infantil. Estas prohibiciones son excepcionales y requieren una interpretaci�n restringida de parte del juez^[146], es decir, con apego estricto a sus definiciones, para minimizar el riesgo de que se incluyan, bajo su alcance, formas de expresi�n que s� est� leg�timamente amparadas por la libertad de expresi�n.

 

9.   La libertad de expresi�n en el derecho comparado. Una mirada a los eventos deportivos

 

159.   Este cap�tulo tiene la finalidad de evidenciar c�mo algunos tribunales extranjeros han tratado asuntos similares al caso objeto de estudio. En particular, se busca resaltar c�mo se ha desarrollado el derecho a la libertad de expresi�n en aquellos eventos deportivos que ostentan una alta carga emocional, e identificar si tal derecho ha sido protegido incluso cuando las manifestaciones de expresi�n incluyen mensajes inc�modos. Sobre el particular, a continuaci�n, se expondr�n brevemente algunos casos indicativos.

 

160.   Rollen F. Stewart vs. District of Columbia Armory Board (1992)^[147]. Durante un partido de f�tbol americano en el RFK Stadium, ubicado en Washington D.C., Rollen Stewart y sus acompa�antes exhibieron unas pancartas con referencias b�blicas. Estas ten�an el siguiente contenido: �John 3:3� y �Mark 8:36�. Por orden de la National Football League (NFL) y de las autoridades del estadio, dichas pancartas fueron retiradas, mientras que otras de distinto contenido permanecieron visibles, como las siguientes: �Hi to Kathy and Don�, �Capitol Punishment� y �National Defense�. Por lo anterior, los demandantes alegaron que se hab�a vulnerado su libertad de expresi�n.

 

161.   El Tribunal del distrito de Columbia consider� que las pancartas religiosas constitu�an expresiones protegidas por la Primera Enmienda y que hab�a indicios de que las mismas fueron retiradas precisamente por su contenido. Asimismo, estim� que exist�an elementos suficientes para considerar, de manera preliminar, que el RFK Stadium era un foro p�blico. El Tribunal se�al� que, cuando un espacio tiene esa condici�n, la autoridad cuenta con facultades limitadas para restringir las expresiones que all� se realicen; en caso contrario, puede imponer restricciones m�s amplias. A�adi� que, al margen del inter�s p�blico invocado para retirar las pancartas �consistente en evitar incomodidades o posibles ofensas a otros aficionados�, los asistentes ten�an un inter�s leg�timo en ejercer la libertad de expresi�n. En ese contexto, la autorizaci�n habitual de otras pancartas evidenciaba la voluntad de habilitar el espacio para la expresi�n ciudadana

 

162.   Por otra parte, el Tribunal concluy� que la norma que solo autorizaba pancartas relacionadas con el evento era vaga y conced�a una discrecionalidad excesiva a las autoridades. En consecuencia, prohibi� a los demandados impedirles a los demandantes exhibir avisos con contenido religioso en el RFK Stadium.

 

163.   SK Bann vs. Union of European Football Associations (UEFA)^[148]. Durante un partido de la UEFA Women's Champions League 2023/2024, aficionados del club noruego SK Brann corearon y exhibieron pancartas con la frase �UEFA Mafia�. La UEFA sancion� al club al estimar que se trataba de un mensaje ofensivo y provocador, contrario a sus reglamentos disciplinarios.

 

164.   El club recurri� la decisi�n ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS, por sus siglas en ingl�s) y argument� que la expresi�n constitu�a una cr�tica fundada en la s�tira amparada por la libertad de expresi�n. El CAS consider� que no se configur� una infracci�n al reglamento disciplinario, y que el club no era objetivamente responsable por la conducta de sus seguidores. Por ello, estim� que no era necesario realizar una ponderaci�n para determinar si la sanci�n constituy� una restricci�n justificable al derecho a la libertad de expresi�n de los aficionados.

 

165.   Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal resalt� que la frase contenida en la pancarta deb�a valorarse en el marco de su contexto y que pod�a entenderse como una manifestaci�n cr�tica y sat�rica, y no necesariamente ofensiva. Asimismo, precis� que las normas disciplinarias de la UEFA deb�an interpretarse a la luz de derechos como la libertad de expresi�n.

 

166.   Rapid Wien Ultra Fan vs. Land Wien^[149]. A un aficionado del club de f�tbol Rapid Viena le fue impuesta una multa por exhibir en un estadio una pancarta con la sigla �A.C.A.B.�, la cual hace referencia a la expresi�n: �All Cops Are Bastards� (Todos los Polic�as son Bastardos). El Tribunal Constitucional de Austria anul� la sanci�n al concluir que la pancarta constitu�a una forma de expresi�n protegida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluso a pesar de que el mensaje criticaba a la polic�a de manera dura y ofensiva. Estim� que la pancarta constitu�a una cr�tica general e institucional dirigida a la polic�a, y no un insulto a personas concretas. As�, consider� que dichos mensajes deben ser tolerados en una sociedad democr�tica, especialmente cuando se expresan en un estadio de f�tbol, donde las manifestaciones provocadoras forman parte habitual de la cultura de los aficionados. Sobre esto �ltimo, precis� que la libertad de expresi�n ampara tambi�n las expresiones cr�ticas, provocadoras o inc�modas en escenarios deportivos, siempre que no constituyan amenazas ni incitaci�n a la violencia.

 

167.   Adicionalmente, el Tribunal se�al� que sancionar al aficionado con base en una disposici�n legal vaga sobre la decencia p�blica resultaba desproporcionado y vulneraba el derecho fundamental a la libertad de expresi�n.

 

168.   Maguire vs. Reino Unido (2015)[150]. Kevin Maguire asisti� a un partido de f�tbol en Escocia vistiendo una camiseta con referencias asociadas al Irish National Liberation Army, una organizaci�n vinculada hist�ricamente con actividades violentas en Irlanda del Norte. Las autoridades consideraron que esa conducta constitu�a una alteraci�n del orden p�blico y lo sancionaron por �perturbaci�n de la paz p�blica�. Maguire acudi� al Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que la condena hab�a vulnerado su derecho a la libertad de expresi�n protegido por el art�culo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

 

169.   Aunque el Tribunal reconoci� que la condena constitu�a una injerencia a la libertad de expresi�n, concluy� que la restricci�n se fundamentaba en el mismo art�culo 10 mencionado[151], persegu�a el fin leg�timo de proteger el orden p�blico y resultaba proporcionada en el contexto espec�fico del f�tbol escoc�s, en donde se han presentado antecedentes de violencia y tensiones sectarias. De esta manera, resalt� que las expresiones realizadas en eventos deportivos solo pueden restringirse cuando existan razones imperiosas de orden p�blico o de protecci�n de derechos de terceros.

 

170.   La experiencia internacional tra�da como ejemplo en este cap�tulo permite identificar y concluir varios aspectos relevantes en relaci�n con la libertad de expresi�n en contextos de eventos multitudinarios. En primer lugar, y como ya se ha expuesto, los espacios que congregan un n�mero considerable de personas, como los partidos de f�tbol, representan escenarios identitarios y de comunidad, que exigen la adopci�n de est�ndares que protejan los medios de expresi�n de los asistentes.

 

171.   En segundo lugar, la libertad de expresi�n protege, en estos eventos, el uso de pancartas o medios de expresi�n con mensajes que, inclusive, se pueden considerar ofensivos e incomodos. Sobre el particular, la jurisprudencia internacional ha resaltado que los estadios constituyen foros p�blicos, lo que limita las facultades para restringir los mensajes que all� se expresan. Especialmente los partidos de f�tbol son espacios donde habitualmente se expresan manifestaciones provocadoras, las cuales hacen parte habitual de la cultura de los aficionados y del deporte en s� mismo. De esta manera, representan lugares donde es admisible la expresi�n cr�tica o con s�tira, siempre y cuando no inciten a la violencia.

 

172.   Por �ltimo, la libertad de expresi�n no se puede restringir con fundamento en normas que pretenden garantizar la �seguridad� o evitar �ofender� otros asistentes. Estos fundamentos abstractos no pueden justificar prohibiciones amplias a la expresi�n de las personas. De esta manera, las restricciones deben ser excepcionales, razonables y espec�ficas.

 

10.        El fen�meno del f�tbol y sus hinchadas. Una mirada sociol�gica de las emociones que produce

 

173.   El f�tbol es uno de los deportes m�s practicados y seguidos en el mundo. Sus eventos deportivos y competencias se clasifican como los m�s vistos a nivel mundial. Es un deporte multitudinario con millones de espectadores que genera recursos gigantescos para diferentes industrias^[152]. Adem�s, reviste gran importancia en la sociedad porque trasciende de lo deportivo e impacta esferas de la vida de las personas. Tan es as� que muchos de sus hinchas dejan de ser simples espectadores, para convertirse en actores principales del deporte y de los encuentros futbol�sticos^[153].

 

174.   El f�tbol es un deporte que despierta emociones. Un fen�meno que trasciende la esfera deportiva y se proyecta sobre la identidad y cohesi�n de las sociedades. Opera como un espacio de producci�n de sentido, de construcci�n de identidades y de expresi�n emocional colectiva e individual. Tambi�n, representa un veh�culo expresivo de valores, pertenencias y tensiones sociales. As�, ese deporte no solo simboliza un espect�culo, sino un escenario emocional que activa, entre otros, sentimientos de pertenencia, rivalidad, solidaridad y protesta.

 

175.   Los clubes de f�tbol son actores principales en el deporte y representan m�s que un negocio. Son centrales para la identidad y est�n profundamente entrelazados con la vida comunitaria. Cumplen un papel significativo en la unificaci�n de comunidades. Son fuente de orgullo y, en tiempos dif�ciles, de consuelo y apoyo. Adem�s, en muchas ocasiones, constituyen una parte crucial de la econom�a^[154].

 

176.   Por su parte, los aficionados al f�tbol no son simples consumidores del deporte. Son elementos estructurales de este. Los clubes de f�tbol dependen en gran medida de su hinchada y seguidores. De hecho, muchos clubes han enfrentado crisis financieras por ignorar los intereses de sus aficionados. Adem�s, el hincha hace parte del equipo y condiciona de manera real y efectiva las decisiones m�s relevantes de los clubes. Por ello, el f�tbol puede organizarse con un objetivo econ�mico, pero existe realmente desde una perspectiva comunitaria y social^[155].

 

177.   En raz�n del impacto que el f�tbol tiene en las personas y en la sociedad en general, sus aficionados han encontrado la manera de organizarse. De esta forma, de cara a los eventos futbol�sticos y, en general frente al deporte, coexisten espectadores individuales y organizados. Desde una mirada preliminar y general, se puede manifestar que el f�tbol no se entiende exclusivamente como un deporte, debido a que trasciende dicha perspectiva. Por el contrario, representa un espacio en donde act�an diferentes actores que expresan emociones. Adem�s, es un veh�culo de reconocimiento, donde individuos y comunidades encuentran formas de afirmaci�n identitaria.

 

178.   La pertenencia a un equipo o a una hinchada puede constituir un elemento central de la identidad personal y colectiva, lo cual tiene relevancia constitucional. Esto, debido a que se enmarca en la materializaci�n de los derechos a la dignidad humana y la libertad de expresi�n, que permiten la construcci�n y desarrollo de la personalidad e identidad propia.

 

179.   De esta manera, la participaci�n en el f�tbol por parte de sus aficionados no representa exclusivamente una transacci�n entre una entidad y un individuo para ingresar como espectador de un evento deportivo. Los partidos y, el deporte en general, configuran espacios de interacci�n social en los que las personas expresan emociones, consolidan procesos de construcci�n identitaria y participan en pr�cticas simb�licas y rituales que condicionan la manera en que tales emociones son experimentadas y exteriorizadas.

 

180.   En las l�neas siguientes, la Sala expondr� de manera sucinta la evoluci�n de las hinchadas organizadas en los �mbitos internacional y nacional, con el fin de resaltar su importancia dentro del deporte y la diversidad de fen�menos sociales que ocurren en torno a ellas. En particular, se har� referencia a los procesos de formaci�n de identidades colectivas, los v�nculos de pertenencia grupal, las expresiones de conflictividad y violencia que en ocasiones se asocian a estos grupos, as� como al papel que desempe�an en la configuraci�n de la experiencia deportiva dentro y fuera de los escenarios donde esta tiene lugar.

 

10.1. Surgimiento y evoluci�n de las hinchadas organizadas en el contexto internacional

 

181.   Las formas organizadas de afici�n en el f�tbol surgieron progresivamente a lo largo del siglo XX como resultado de la transformaci�n del espectador tradicional en un actor cada vez m�s visible e influyente dentro del espect�culo deportivo. Seg�n la literatura especializada, los seguidores de los equipos de f�tbol dejaron de desempe�ar un papel pasivo para convertirse en �protagonistas vitales del deporte�. Este rol se caracteriza por pr�cticas festivas, carnavalescas y, en algunos casos, agresivas^[156]. Este fen�meno adquiri� expresiones particulares en distintos pa�ses, lo que dio lugar a denominaciones espec�ficas seg�n el contexto nacional: hooligans en Inglaterra, tifosi en Italia, ultras en Espa�a, torcidas en Brasil y barras bravas en Am�rica Latina^[157].

 

182.   La consolidaci�n de estas agrupaciones organizadas tuvo como uno de sus principales antecedentes la Copa Mundial de F�tbol de 1966 celebrada en Inglaterra, escenario en el que adquirieron notoriedad los grupos conocidos como hooligans^[158]. Posteriormente, este modelo de organizaci�n fue replicado en Italia a comienzos de la d�cada de 1970 mediante los denominados tifosi y se extendi� posteriormente a Espa�a, donde surgieron agrupaciones identificadas como ultras^[159].

 

183.   En el caso espa�ol, el proceso se fortaleci� durante los a�os previos al Mundial de 1982 con la aparici�n de organizaciones como los Boixos Nois del F. C. Barcelona, el Frente Atl�tico del Atl�tico de Madrid y los Ultras Sur del Real Madrid^[160]. Paralelamente, en Argentina se consolid� la expresi�n barras bravas para designar a grupos de aficionados caracterizados por comportamientos agresivos dentro y fuera de los estadios, fen�meno que posteriormente se expandi� a otros pa�ses latinoamericanos, entre ellos Chile, Per�, Ecuador y, m�s tarde, Colombia durante los primeros a�os de la d�cada de 1990^[161].

 

184.   En Am�rica Latina, Argentina se convirti� en uno de los escenarios m�s representativos para el estudio de las barras bravas. Castro Lozano explica que estos grupos eran inicialmente conocidos como barras fuertes, pero que la denominaci�n barra brava comenz� a consolidarse tras el asesinato de H�ctor Souto, seguidor de Racing Club, ocurrido en 1967^[162].

 

185.   La literatura especializada sobre barras bravas argentinas desarroll� una de las categor�as anal�ticas m�s influyentes para comprender las din�micas de estas agrupaciones: el aguante^[163]. De acuerdo con Castro Lozano, esta noci�n constituye un elemento central en la construcci�n de la identidad de los hinchas, pues articula pr�cticas de pertenencia, lealtad y compromiso con el equipo^[164]. El autor muestra que la investigaci�n social sobre el tema ha asociado el aguante tanto con manifestaciones festivas de apoyo al club como con formas de confrontaci�n dirigidas a defender el prestigio y el honor del grupo^[165].

 

186.   La importancia de la identidad colectiva tambi�n aparece de manera reiterada en los estudios sobre la materia. Seg�n el autor, las investigaciones sobre hinchadas han destacado elementos como la pertenencia a un grupo com�n, la diferenciaci�n frente a los rivales, el uso de s�mbolos compartidos, la identificaci�n territorial y la construcci�n de lazos emocionales entre los integrantes^[166]. Estas dimensiones permiten comprender por qu� las barras y dem�s agrupaciones de aficionados trascienden la condici�n de simples espectadores para convertirse en comunidades con fuertes mecanismos de cohesi�n interna^[167].

 

187.   Otro de los aspectos centrales identificados por la literatura especializada corresponde a la dimensi�n ritual de las pr�cticas desarrolladas por los hinchas. Castro Lozano explica que numerosos autores han entendido los comportamientos de estas agrupaciones como pr�cticas rituales debido a su car�cter repetitivo, tradicional y simb�lico^[168]. Entre estas pr�cticas se encuentran los cantos, las coreograf�as colectivas, los desplazamientos para acompa�ar al equipo, el uso de vestimentas distintivas y la apropiaci�n simb�lica de determinados espacios dentro de los estadios^[169]. Estas manifestaciones contribuyen a fortalecer los v�nculos de pertenencia y a reproducir formas de identificaci�n colectiva que se mantienen a lo largo del tiempo^[170].

 

188.   Pese a sus diferencias hist�ricas y culturales, las experiencias desarrolladas en Inglaterra, Italia, Espa�a, Argentina y otros pa�ses muestran elementos comunes asociados a la construcci�n de identidades compartidas, la producci�n de s�mbolos colectivos y la generaci�n de pr�cticas rituales de apoyo a los equipos^[171]. Estas caracter�sticas permitieron que los aficionados se consolidaran como actores fundamentales de la experiencia futbol�stica contempor�nea y sentaron las bases para el posterior surgimiento de formas organizadas de apoyo al f�tbol en diversos pa�ses latinoamericanos, entre ellos Colombia^[172].

 

10.2. El surgimiento y consolidaci�n de las hinchadas organizadas en Colombia

 

189.   Las formas organizadas de apoyo al f�tbol en Colombia surgieron de manera relativamente tard�a en comparaci�n con experiencias previamente desarrolladas en pa�ses como Inglaterra, Italia, Espa�a o Argentina. Aunque desde d�cadas anteriores exist�an manifestaciones colectivas de acompa�amiento a los clubes profesionales, las barras bravas comenzaron a consolidarse durante la d�cada de 1990, particularmente en las principales ciudades del pa�s. Germ�n Eli�cer G�mez Eslava se�ala que, para el caso de Bogot�, uno de los primeros antecedentes corresponde a Los Saltarines, grupo asociado al Independiente Santa Fe, identificado por la prensa de la �poca como una forma de organizaci�n aficionada cuyos comportamientos guardaban similitudes con los hooligans europeos y las barras bravas argentinas^[173].

 

190.   Durante los a�os posteriores, el fen�meno experiment� una r�pida expansi�n territorial. Entre finales de la d�cada de 1990 y comienzos de los a�os 2000, las barras organizadas adquirieron presencia en ciudades como Medell�n, Cali, Barranquilla y Neiva, entre otras, al tiempo que aument� su visibilidad p�blica y su relevancia social^[174]. Este crecimiento estuvo acompa�ado por una mayor atenci�n de los medios de comunicaci�n, de las autoridades y de diversos sectores acad�micos interesados en comprender una realidad social que hasta entonces hab�a recibido escasa atenci�n investigativa en Colombia^[175].

 

191.   Desde una perspectiva sociol�gica, las barras bravas constituyen espacios de construcci�n de identidad colectiva que permiten a sus integrantes desarrollar v�nculos de pertenencia, solidaridad y reconocimiento mutuo. G�mez Eslava sostiene que estas agrupaciones funcionan como comunidades de sentido para numerosos j�venes que encuentran en ellas formas de integraci�n social frente a contextos caracterizados por experiencias de exclusi�n o escaso reconocimiento social^[176]. La participaci�n en una barra implica compartir s�mbolos y pr�cticas comunes que fortalecen la cohesi�n interna del grupo y consolidan procesos de identificaci�n colectiva^[177].

 

192.   La dimensi�n identitaria del fen�meno tambi�n se expresa en la apropiaci�n simb�lica de determinados espacios asociados al espect�culo futbol�stico. Las grader�as populares de los estadios adquirieron un significado particular para las barras, cuyos integrantes resignificaron dichos espacios como escenarios de representaci�n colectiva, visibilidad grupal y manifestaci�n de apoyo permanente a sus equipos^[178]. Esta apropiaci�n contribuy� a consolidar formas espec�ficas de organizaci�n, interacci�n y pertenencia alrededor de los clubes profesionales de f�tbol^[179].

 

193.   De igual forma, las barras permitieron la construcci�n de relaciones de solidaridad entre sus integrantes. G�mez Eslava afirma que en estos colectivos se configura un �sentir en com�n� que fortalece los v�nculos internos y proporciona mecanismos de reconocimiento entre quienes participan en ellos^[180].

 

194.   A partir de los planteamientos de Andr�s Recasens (2000), retomados por G�mez Eslava, la categor�a de barrista permite comprender una forma de vinculaci�n con el f�tbol que trasciende la condici�n de simple espectador. Mientras el espectador asiste al estadio para presenciar el encuentro deportivo y el hincha manifiesta una preferencia por alguno de los equipos participantes, el barrista desarrolla formas de identificaci�n colectiva m�s profundas asociadas a s�mbolos y pr�cticas compartidas. Esta particularidad le permite constituir espacios propios de reconocimiento que favorecen la configuraci�n de una identidad colectiva diferenciada dentro del universo de los aficionados al f�tbol^[181].

 

195.   No obstante, la consolidaci�n de las barras tambi�n estuvo acompa�ada por procesos de estigmatizaci�n social. Con frecuencia, amplios sectores de la opini�n p�blica asociaron a estos colectivos exclusivamente con comportamientos violentos, consumo de sustancias psicoactivas, entre otros^[182]. G�mez Eslava advierte que dichas representaciones contribuyeron a la construcci�n de estigmas sociales que condicionaron la percepci�n p�blica de los barristas y redujeron la complejidad del fen�meno a algunas de sus manifestaciones m�s visibles^[183].

 

196.   La violencia constituye una dimensi�n relevante dentro de la historia de algunas barras, aunque no agota la totalidad del fen�meno. Seg�n G�mez Eslava, determinadas pr�cticas violentas se relacionan con el poder y se encuentran asociadas a din�micas de confrontaci�n simb�lica y material relacionadas con la defensa del prestigio, el honor o la identidad de los grupos y de los equipos representados^[184]. Asimismo, el autor distingue entre formas de violencia f�sica y violencia simb�lica, categor�as que permiten comprender la diversidad de manifestaciones presentes en las relaciones entre grupos de aficionados y barristas^[185].

 

197.   La primera se encuentra �definida por todos los comportamientos que tienen una clara intenci�n de eliminar o tambi�n de generar da�o f�sico a terceros�^[186]. La segunda se caracteriza como �la oposici�n de un grupo claramente constituido frente a un esquema, una estructura o cualquier otra organizaci�n, que utiliza medios ajenos al contexto f�sico tales como el lenguaje, los s�mbolos y los signos�^[187]. Desde esta perspectiva, la violencia no se limita a las agresiones corporales o a los enfrentamientos directos, sino que tambi�n puede manifestarse en el �mbito simb�lico, donde se construyen representaciones de superioridad, prestigio e identidad grupal.

 

198.   As� las cosas, la evoluci�n de las barras bravas en Colombia evidencia la consolidaci�n de un fen�meno social cuya comprensi�n trasciende los l�mites del espect�culo deportivo. Aunque su origen se encuentra vinculado al f�tbol, sus din�micas responden a procesos m�s amplios de construcci�n identitaria, sociabilidad juvenil, apropiaci�n de espacios urbanos y b�squeda de formas alternativas de participaci�n colectiva.

 

199.   De esta manera, las barras bravas se caracterizan por una serie de rasgos organizativos, simb�licos y culturales que les otorgan una identidad propia dentro del espect�culo futbol�stico. Entre dichos elementos destacan �su ubicaci�n dentro del estadio; el espect�culo en la tribuna, la fiesta o el carnaval; la parafernalia dentro de la tribuna (trapos, humos y dem�s); la organizaci�n jer�rquica e integrada por parches; la contracultura; y la racionalizaci�n de la violencia�^[188], aspectos que permiten comprender su particular forma de participaci�n e interacci�n en torno al f�tbol.

 

200.   En consecuencia, el estudio de las barras bravas requiere un an�lisis que supere las interpretaciones reduccionistas y los enfoques centrados exclusivamente en el control o la sanci�n. Como advierte la literatura especializada, se trata de una manifestaci�n vinculada a las transformaciones de las juventudes urbanas contempor�neas, cuyas expresiones se proyectan m�s all� de los estadios y se integran a m�ltiples espacios de interacci�n social. Por ello, una comprensi�n adecuada del fen�meno requiere examinar simult�neamente sus dimensiones simb�licas, identitarias, territoriales y conflictivas, donde se reconozca que la violencia constituye �nicamente una de sus posibles manifestaciones, y no el elemento definitorio de la totalidad de quienes participan en estas organizaciones.

 

10.3. �Conclusiones

 

201.   Con base en lo expuesto, y en el marco del caso bajo estudio, es posible llegar a cuatro grandes conclusiones que deben ser tenidas en cuenta por el juez constitucional a la hora de determinar si una restricci�n a la libertad de expresi�n en el contexto del f�tbol es leg�tima:

 

202.   Primera: el f�tbol es un fen�meno social que trasciende lo deportivo y cumple funciones identitarias. Tambi�n es un espacio de construcci�n de sentido, de expresi�n emocional y de cohesi�n grupal. Adem�s, en �l coexisten diferentes actores que nutren el deporte y crean din�micas de sociabilidad altamente complejas. En este contexto, los clubes, los aficionados y las hinchadas desempe�an un papel fundamental en la configuraci�n de v�nculos sociales, sentimientos de identificaci�n y pr�cticas simb�licas que inciden en la vida comunitaria y en la experiencia cotidiana de millones de personas. Estas din�micas explican su relevancia dentro y fuera de los escenarios deportivos y permiten comprender su consolidaci�n como actores significativos del fen�meno futbol�stico contempor�neo.

 

203.   Segunda: la pertenencia futbol�stica constituye un elemento relevante de la identidad personal y colectiva, la cual debe protegerse por enmarcarse dentro de la dignidad humana y la libertad de expresi�n. De esta manera, las formas de expresi�n relacionadas con esta pertenencia se materializan en discursos identitarios que exigen la adopci�n de amplias medidas de protecci�n.

 

204.   Tercera: los estadios de f�tbol son foros p�blicos. Esto significa que representan espacios donde habitualmente se expresan manifestaciones provocadoras, que son comunes y habituales en la cultura de los aficionados y el deporte. As�, son lugares donde es admisible la expresi�n cr�tica o con s�tira. En ese entendido, en estos espacios las facultades para restringir mensajes est�n limitadas y, por ello, solo son procedentes prohibiciones cuando se soporten en razones imperiosas, como lo es el orden p�blico o la incitaci�n a la violencia.

 

205.   Cuarta. El Estado tiene la obligaci�n de adoptar medidas que garanticen que el f�tbol �como hecho social� se desarrolle en condiciones que respeten y promuevan los derechos fundamentales de todas las personas. En ese contexto, el Estado tiene dos obligaciones: una, relacionada con la garant�a de los derechos de los asistentes a partidos de f�tbol; y, la otra, referente a la protecci�n a la seguridad de los espectadores y deportistas en esos eventos. En consecuencia, en el marco del deporte, la restricci�n al derecho a la libertad de expresi�n encuentra justificaci�n, siempre y cuando no se desprenda de fundamentos abstractos de prohibici�n, sino que, por el contrario, se soporte en una necesidad real de preservar la seguridad, el orden y la convivencia.

 

11.        Caso concreto

 

11.1. �Recapitulaci�n y contextualizaci�n del estudio de fondo del caso concreto

 

206.   Erik Saavedra Bustos es hincha del equipo Millonarios, accionista minoritario de Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. y abonado del equipo desde el per�odo 2024-2.

 

207.   El 28 de julio de 2025, asisti� al partido entre Millonarios y Llaneros F.C. que se llev� a cabo en el Estadio El Camp�n, en el marco de la Liga Betplay Dimayor. Ese d�a, el se�or Saavedra Bustos, junto con otros hinchas y accionistas minoritarios de Millonarios, llev� al estadio unos trapos con mensajes alusivos a la situaci�n del equipo, con el prop�sito de hacer una protesta. Sin embargo, previo a su ingreso al estadio, las autoridades encargadas retuvieron estos elementos. En concreto, impidieron el ingreso de tres pancartas que conten�an los siguientes mensajes: �Club gigante, dirigentes mediocres�, �Jueguen como cobran� y �Alg�n d�a tendremos directivos con hambre de gloria, a estos solo les interesa el dinero�^[189].

 

208.   El accionante consider� que esta prohibici�n constituy� una vulneraci�n de su derecho fundamental a la libertad de expresi�n, por lo que solicit� su amparo mediante la presente acci�n de tutela.

 

209.   Seg�n el acta del Puesto de Mando Unificado (PMU) que se realiz� ese d�a, durante la reuni�n de seguimiento que se registr� a las 7:00 p. m., la representante de Azul & Blanco inform� que algunas personas hab�an solicitado ingresar unos trapos al estadio y que no se autoriz� el ingreso^[190]. Por su parte, el representante de Open Group BTL S.A.S., empresa encargada de la log�stica, dijo estar de acuerdo en que no se autorizara el ingreso de los trapos.

 

210.   De otro lado, el representante de la Personer�a de Bogot� inform� que verific� la situaci�n relacionada con los trapos que algunos asistentes pretend�an ingresar. En ejercicio de sus funciones, seg�n se�al�, document� el contenido de las pancartas. Con fundamento en este, concluy� que los hinchas no incurrieron en ninguna irregularidad y que no exist�a ninguna situaci�n que represente una amenaza o riesgo. En particular, adujo que los trapos �no contienen expresiones que inciten a la violencia ni constituyan conductas contrarias al orden p�blico o a la convivencia�^[191]. Por lo tanto, desde su perspectiva, no hab�a razones para impedir su ingreso.

 

211.   Ante ello, la Direcci�n de Convivencia y Di�logo Social de la Secretar�a Distrital de Gobierno propuso realizar una votaci�n entre todos los integrantes del PMU para definir si se permit�a o no el ingreso de los trapos al estadio, pues seg�n su criterio era necesario establecer una posici�n institucional y tomar una decisi�n por mayor�a calificada[192]. Como resultado de la votaci�n, solo la Personer�a de Bogot� vot� por permitir el ingreso. La Direcci�n de Convivencia y Di�logo Social de la Secretar�a Distrital de Gobierno se abstuvo de votar y manifest� que se acog�a a lo que se decidiera en la votaci�n. Las dem�s entidades y sociedades votaron por no autorizar el ingreso de las pancartas^[193].

 

212.   A partir de lo anterior, la Sala considera necesario definir si �las sociedades y entidades p�blicas accionadas vulneraron el derecho a la libertad de expresi�n de Erik Saavedra Bustos al no permitirle el ingreso al estadio de pancartas que conten�an cr�ticas dirigidas contra las directivas de Millonarios F.C. y los jugadores de ese equipo de f�tbol?

 

11.2. La necesidad de aplicar una perspectiva contextual para resolver el caso concreto

 

213.   Los hechos descritos en esta providencia se refieren a dos asuntos: por una parte, la prevalencia prima facie del derecho a la libertad de expresi�n; y, por otra, el contexto social en el que se solicita su amparo: el f�tbol entendido como un fen�meno social y cultural, as� como un espacio de construcci�n de identidad y expresi�n de emociones e ideas.

 

214.   En ese escenario, se requiere adoptar una perspectiva contextual para enriquecer el an�lisis jur�dico del asunto. En el caso concreto, el estudio de la posible vulneraci�n del derecho a la libertad de expresi�n de Erik Saavedra Bustos, en su calidad de hincha, abonado y accionista minoritario del equipo Millonarios, exige la comprensi�n de las din�micas sociales y culturales propias del f�tbol, en las cuales se generan diversas formas de expresi�n, cuyo escenario de ejercicio en muchas ocasiones es el estadio. En particular, las grader�as se han convertido en escenarios de representaci�n colectiva, y no solo de apoyo a un equipo^[194].

 

215.   En raz�n de lo anterior, es oportuno identificar que, como se explic� en consideraciones anteriores, en Colombia el f�tbol es uno de los deportes m�s populares y con gran impacto social. De igual manera, los hinchas se convierten en agentes importantes, m�s all� de ser solo consumidores del deporte. En su intervenci�n en el presente proceso, la experta Mar�a Cristina G�mez Isaza sostuvo que en el f�tbol predominan los afectos, emociones y sentimientos. Se trata de un instrumento que puede �trascender diferencias culturales, crear un entramado complejo de significados y din�micas, desde la construcci�n de identidades hasta la distribuci�n global de recursos, es un fen�meno que refleja y moldea las tensiones y aspiraciones de este mundo interconectado�[195].

 

216.   Es as� como los equipos dependen en gran medida de las opiniones e intereses de sus aficionados. Estas particularidades hacen que la garant�a de las diversas formas de expresi�n en el escenario futbol�stico, y m�s concretamente en los estadios, requiera una mirada amplia y un reconocimiento de su importancia social.

 

217.   Parte de este fen�meno social consiste en que los hinchas han desarrollado pr�cticas simb�licas que contribuyen a la construcci�n de una identidad colectiva y al fortalecimiento del sentido de pertenencia alrededor del equipo. Tales pr�cticas han sido incluso interpretadas desde una dimensi�n ritual por su car�cter repetitivo, tradicional y socialmente compartido. Entre ellas se encuentran los cantos, las coreograf�as, el uso de prendas distintivas, la ocupaci�n de determinados espacios de los estadios y la exhibici�n de diversos elementos visuales.

 

218.   Dentro de estas manifestaciones adquieren especial relevancia las banderas, pancartas y trapos que no solo cumplen una funci�n de apoyo al equipo, sino que tambi�n constituyen herramientas para la comunicaci�n de mensajes, opiniones, reclamos y cr�ticas frente a diversos sujetos que intervienen en el entorno futbol�stico, incluidos los jugadores, los cuerpos t�cnicos y las directivas de los clubes. Aunque en algunas ocasiones estos elementos tambi�n han sido utilizados para difundir expresiones que incitan a la violencia, al odio racial o a la xenofobia^[196], esto no desvirt�a la premisa fundamental: los elementos de animaci�n son herramientas ampliamente usadas por los aficionados para exteriorizar ideas y emociones dirigidas, entre otros destinatarios, al club al que siguen.

 

219.   En particular, en el caso de la hinchada de Millonarios F.C., durante el a�o 2025, algunos medios de comunicaci�n registraron manifestaciones de inconformidad dirigidas contra las directivas del club, motivadas por la percepci�n negativa de los resultados deportivos y de algunas decisiones institucionales^[197]. Tales expresiones se desarrollaron tanto dentro como fuera de los escenarios deportivos y adoptaron diversas formas de protesta colectiva, por ejemplo, la realizaci�n de un plant�n en las instalaciones administrativas del club^[198] o el lanzamiento de zapatos a la cancha durante el partido del 20 de agosto de 2025 entre Millonarios F.C. y Uni�n Magdalena^[199].

 

220.   Es en este contexto espec�fico en el que se desarrollaron los hechos que dieron lugar a la acci�n de tutela bajo estudio. En efecto, los trapos cuyo ingreso fue impedido, seg�n manifest� el accionante, hac�an parte de �una protesta pac�fica que adelantaban los colectivos de hinchas del club local, en raz�n [de su] situaci�n actual�^[200]. De esta manera, los elementos objeto de controversia no pueden ser analizados de forma aislada ni entendidos como simples accesorios de animaci�n deportiva, sino como instrumentos mediante los cuales un grupo de aficionados pretend�a comunicar p�blicamente una posici�n cr�tica frente a la gesti�n de las directivas del equipo y el desempe�o de sus jugadores.

 

221.   Esta circunstancia permite advertir que los trapos restringidos en el estadio para el partido del 28 de julio de 2025 se insertan en una discusi�n de inter�s para la comunidad de aficionados y forman parte de un proceso m�s amplio de deliberaci�n y expresi�n colectiva alrededor del club. A trav�s de ellos, los hinchas buscaron exteriorizar opiniones, inconformidades y demandas relacionadas con la conducci�n institucional y deportiva del equipo y utilizaron para ello los s�mbolos que hist�ricamente han caracterizado la cultura futbol�stica. Lo anterior evidencia que los hinchas participan del fen�meno social del f�tbol de manera activa, y no como meros espectadores pasivos de un espect�culo deportivo. Por el contrario, intervienen en �l mediante formas de expresi�n que contribuyen a la formaci�n de su identidad colectiva y a la circulaci�n de sus ideas en torno a asuntos que consideran relevantes.

 

222.   En consecuencia, desde esta mirada social del contexto, al menos de manera preliminar, los trapos cuya exhibici�n pretend�a el accionante tienen una dimensi�n expresiva que trasciende su car�cter material y los ubica en el �mbito de protecci�n de la libertad de expresi�n. En efecto, m�s all� del soporte utilizado, estos elementos constituyen un medio para transmitir opiniones, cr�ticas y emociones en torno a las din�micas del f�tbol que no se limita a la pr�ctica deportiva. Por ello, cualquier restricci�n a su circulaci�n o exhibici�n exige un examen especialmente cuidadoso a la luz de las garant�as constitucionales a la libertad de expresi�n. Esto resulta particularmente importante cuando, como ocurre en este caso, la expresi�n se enmarca en una protesta pac�fica y en un debate de inter�s para un grupo de ciudadanos que busca hacer visible su posici�n frente a decisiones que considera relevantes para el club al que siguen.

 

223.   Las consideraciones anteriores sugieren que la controversia objeto de estudio no puede ser comprendida adecuadamente a partir de una aproximaci�n exclusivamente normativa y desvinculada de las circunstancias sociales en que las que se produjo la expresi�n. Por el contrario, el an�lisis constitucional del presente caso exige tomar en consideraci�n el contexto espec�fico en el que surgieron los mensajes contenidos en los trapos, as� como el significado que adquiere este tipo de manifestaciones dentro de las din�micas culturales de las hinchadas y el f�tbol como fen�meno social.

 

224.   Esta mirada contextual es indispensable para identificar el contenido expresivo y emocional de los mensajes, la funci�n que cumpl�an los elementos restringidos y el alcance del derecho a la libertad de expresi�n frente a ello. En consecuencia, a continuaci�n, la Sala realizar� un estudio que parte de la comprensi�n integral de los hechos, en la que la dimensi�n social y simb�lica de las expresiones involucradas constituye un elemento central para valorar la restricci�n cuestionada.

 

11.3. �Sobre el fundamento normativo que usaron las accionadas para restringir el ingreso de las pancartas al estadio en el partido del 28 de julio de 2025

 

225.   En primera medida es importante entender que la decisi�n de no permitir el ingreso de los trapos con los mensajes �Club gigante, dirigentes mediocres�, �Jueguen como cobran� y �Alg�n d�a tendremos directivos con hambre de gloria, a estos solo les interesa el dinero�^[201], al estadio El Camp�n, para el partido entre Millonarios F.C. y Llaneros F.C., se tom� de manera colectiva por la mayor�a de los integrantes del PMU, a partir de la propuesta realizada por Millonarios F.C. En consecuencia, y sin desconocer la individualizaci�n efectuada en el estudio de la legitimaci�n por pasiva, la Sala analizar� la constitucionalidad de la restricci�n como una determinaci�n adoptada conjuntamente por los integrantes del PMU que participaron materialmente en su formaci�n y aprobaci�n. Tal restricci�n fue decidida por el PMU en ejercicio de sus funciones, y no de sus integrantes de manera individual.

 

226.   Seg�n el acta del PMU, antes de someter la decisi�n a votaci�n, algunas las entidades y empresas participantes invocaron razones para no autorizar el ingreso. Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. afirm� que, seg�n el reglamento de la Dimayor, se trataba de un evento privado y, por ello, no se pod�a permitir el ingreso de elementos con mensajes racistas, religiosos, pol�ticos ni aquellos dirigidos contra los directivos del f�tbol, la Dimayor, la FIFA o la Conmebol. En espec�fico, esa sociedad cit� el art�culo 79 del C�digo Disciplinario �nico de la FCF, el cual prev� sanciones para los clubes por promover, permitir o fomentar la exhibici�n de pancartas, carteles o la distribuci�n de volantes con ese tipo de mensajes. As�, insisti� en que el asunto no deb�a someterse a votaci�n de los miembros del PMU, y en su lugar acatar lo previsto por el reglamento citado.

 

227.   Por su parte, la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia expuso que el Decreto Distrital 053 de 2023^[202], relativo a la protesta social en el Distrito, hace referencia exclusiva a la protesta p�blica. As�, afirm�: �al tratarse de un evento de car�cter privado y al intentar llevar esta manifestaci�n al interior del estadio, estar�a generando una afectaci�n directa al organizador, lo cual exceder�a el �mbito de la protesta pac�fica reconocida por el ordenamiento jur�dico, pudiendo incluso adquirir connotaciones delictivas�^[203]. Se�al�, adem�s, que las entidades distritales presentes estaban para garantizar el derecho a la protesta en escenarios p�blicos, no en contextos privados.

 

228.   A su vez, el capit�n de la Polic�a a cargo expuso que, si bien algunas personas podr�an estar de acuerdo con los mensajes de las pancartas, otras podr�an no estarlo, lo cual derivar�a en una confrontaci�n dentro del estadio. En consecuencia, sugiri� no autorizar el ingreso de dichos elementos.

 

229.   Los dem�s miembros del PMU votaron por no autorizar el ingreso de las pancartas, con excepci�n de la Personer�a de Bogot�, que vot� a favor del ingreso, y la Secretar�a Distrital de Gobierno, que se abstuvo de emitir un voto.

 

230.   Como se indic� en los antecedentes de esta decisi�n, con el fin de comprender mejor la motivaci�n de la decisi�n que tom� el PMU ese d�a, mediante Auto de 18 de marzo de 2026, la magistrada sustanciadora vincul� a todas las entidades y empresas que participaron en esa instancia. Adem�s, les orden� que de manera conjunta se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones de la acci�n de tutela. Debido a que no obtuvo respuesta, la Sala de Revisi�n, mediante Auto del 20 de mayo de 2026, le orden� al IDIGER que, en calidad de l�der y coordinador del PMU, convocara a las entidades, organismos e instituciones que hicieron parte de ese espacio el 28 de julio de 2025 y firmaron el acta, para la elaboraci�n de un informe conjunto.

 

231.   Si bien el IDIGER remiti� a esta Corporaci�n el acta de la reuni�n que celebr� en cumplimiento de la orden dada, la Sala encuentra que a esa reuni�n no fueron convocados el club deportivo ni la empresa de log�stica. Estas dos sociedades firmaron el acta del PMU y, adem�s hacen parte de este espacio seg�n lo previsto en los numerales 11 y 13 del art�culo 627 del Decreto 642 de 2025^[204]. Su participaci�n en esa reuni�n era fundamental porque fue precisamente el representante del club quien, durante el PMU del 28 de julio de 025, solicit� que no se permitiera el ingreso de las pancartas.

 

232.   En todo caso, Azul & Blanco Millonarios F.C. remiti� un escrito en el que se�al� que una de las razones por las que no se pod�a permitir el ingreso de estos mensajes consiste en que estos contienen afirmaciones inexactas con la capacidad objetiva de generar alarma entre los accionistas y potenciales inversionistas. Esta situaci�n, seg�n su criterio, encuadra en el delito de p�nico econ�mico (art�culo 302 del C�digo Penal)^[205].

 

233.   Adicionalmente, manifest� que tanto el club como las autoridades del PMU tienen responsabilidad estricta sobre cualquier incidente que se presente en el estadio. Por ello, tienen la obligaci�n legal de �evitar que un escenario de entretenimiento y convivencia se transforme en un espacio de riesgo para la vida, la integridad y la seguridad de todos los asistentes�^[206]. Al respecto cit� el art�culo 8.10 del Protocolo Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol, seg�n el cual, la Polic�a debe impedir el ingreso al estadio de elementos que contengan �mensajes ofensivos� dirigidos a cualquier instituci�n, sea p�blica o privada. Tambi�n reiter� la aplicaci�n del art�culo 79 del C�digo Disciplinario �nico de la FCF.

 

234.   De lo anterior es posible concluir que la decisi�n de no permitir el ingreso de la pancartas o trapos fue tomada de manera conjunta por el PMU y que obedeci� a tres razones: (i) la posible configuraci�n del delito de p�nico econ�mico por las afirmaciones que conten�an sobre el manejo del club; (ii) la prohibici�n prevista en el Protocolo Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol de permitir el ingreso de elementos de animaci�n con mensajes ofensivos (art�culo 8.10); y, (iii) las posibles sanciones al club por comportamientos antideportivos, actos de irrespeto, agresiones y dem�s conductas que afecten la integridad, la dignidad y el normal desarrollo de los espect�culos deportivos (art�culo 79 del C�digo Disciplinario �nico de la FCF).

 

11.4. Aplicaci�n del test tripartito para analizar la restricci�n en el caso concreto

 

235.   El contenido de las tres pancartas. Las pancartas o trapos que el accionante alega que no le permitieron ingresar al estadio conten�an los mensajes: (i) �Club gigante, dirigentes mediocres�; (ii) �Jueguen como cobran�; y, (iii) �Alg�n d�a tendremos directivos con hambre de gloria, a estos solo les interesa el dinero�. La Sala encuentra, en primera medida, que los tres mensajes tienen una caracter�stica com�n: son opiniones y juicios de valor sobre la gesti�n deportiva y administrativa del club de f�tbol. Por ello, en principio, no pueden ser sometidos a un juicio de verdad o de falsedad, pues no corresponden a afirmaciones verificables sobre hechos concretos.

 

236.   Ahora bien, en cuanto al primer mensaje �Club gigante, dirigentes mediocres�, se trata de una expresi�n compuesta por dos proposiciones que resultan contrarias. Por un lado, �club gigante� puede ser una expresi�n metaf�rica para resaltar la grandeza deportiva o simb�lica del club. En el contexto deportivo, puede ser que se refiera a un equipo con una trayectoria relevante y con una afici�n numerosa. Por otro lado, �dirigentes mediocres� alude, desde el significado de la palabra mediocre, a aquello que es de calidad media o de poco m�rito[207]. En el contexto referido a los dirigentes, expresa una valoraci�n negativa sobre su desempe�o. As�, es posible concluir que esta frase comunica una cr�tica seg�n la cual existe una contradicci�n entre la importancia y trayectoria del club, y la calidad del trabajo de quienes lo administran.

 

237.   Podr�a interpretarse, a partir de ello, que el emisor del mensaje busca expresar que, en su opini�n, los dirigentes no est�n a la altura del club. En consecuencia, es razonable considerar que quien lea la pancarta podr�a entender, por ejemplo, que la administraci�n del club es considerada deficiente por algunos de sus aficionados o que las decisiones de los directivos no son correspondientes con la trayectoria del equipo. En todo caso, es un mensaje que no da lugar a la imputaci�n de conductas il�citas o hechos espec�ficos de corrupci�n, pues se trata de una valoraci�n evidentemente subjetiva sobre la calidad de una gesti�n.

 

238.   En relaci�n con el segundo mensaje �Jueguen como cobran�, se entiende que se refiere al desempe�o deportivo de los jugadores frente a la remuneraci�n econ�mica que reciben por su actividad. Es posible afirmar razonablemente que la frase expresa una percepci�n subjetiva sobre la posible desproporci�n entre la remuneraci�n que reciben los jugadores y el rendimiento que muestran. A partir de ello, quien reciba el mensaje podr�a entender que, por ejemplo, los jugadores no est�n rindiendo conforme a las expectativas de la afici�n, su desempe�o deportivo es considerado insuficiente o que los hinchas esperan mejores resultados. Igual que con el mensaje anterior, se trata de una valoraci�n subjetiva que no formula acusaciones ni afirmaciones comprobables.

 

239.   El tercer mensaje dice: �Alg�n d�a tendremos directivos con hambre de gloria, a estos solo les interesa el dinero�. Este mensaje se compone, por un lado, de la expresi�n �hambre de gloria� como una met�fora que alude a la ambici�n de alcanzar t�tulos o resultados positivos. Por otro lado, la expresi�n �solo les interesa el dinero� es una afirmaci�n derivada de una opini�n seg�n la cual las directivas priorizan sus intereses econ�micos sobre los objetivos del club deportivo. As�, es una frase que expresa inconformidad con las prioridades atribuidas a la administraci�n del club, pues el emisor considera que los directivos privilegian los beneficios econ�micos sobre el �xito deportivo. Quien reciba este mensaje, razonablemente podr�a entender que existe una cr�tica frente a la forma en que se administra el club o que los aficionados consideran que las decisiones adoptadas no est�n dirigidas a obtener logros deportivos. Todo ello, igual que en los casos anteriores, obedece a un contexto de valoraci�n subjetiva, y no a acusaciones concretas.

 

240.   En conclusi�n, los tres mensajes contenidos en las pancartas o trapos objeto de control tienen un contenido cr�tico, de opiniones y valoraciones subjetivas. Usan recursos propios del contexto deportivo, tales como, la exageraci�n o la met�fora. Todos ellos sobre asuntos de inter�s para los hinchas o aficionados: la gesti�n administrativa del club de f�tbol, el rendimiento de los jugadores y las prioridades de los directivos. Ninguno de ellos hace referencia a afirmaciones f�cticas susceptibles de demostraci�n.

 

241.   Las pancartas se encuentran amparadas por la libertad de expresi�n. De manera previa al examen de la medida tomada por el PMU, es necesario determinar si las expresiones objeto de restricci�n contenidas en las pancartas se encuentran amparadas por la libertad de expresi�n. La jurisprudencia constitucional ha se�alado que todas las manifestaciones de ideas, opiniones o informaciones se presumen cubiertas por el �mbito de protecci�n del art�culo 20 de la Constituci�n Pol�tica, es decir, de la libertad de expresi�n como derecho y principio fundamental de la construcci�n de una sociedad democr�tica. As�, solo de manera excepcional, algunos discursos se encuentran excluidos de esa protecci�n. Como se expuso en consideraciones previas, ello ocurre con aquellos que est�n expresamente prohibidos en el ordenamiento constitucional e internacional, tales como los discursos que inciten a cometer genocidio, los discursos de odio o que inciten a la hostilidad o la violencia contra cualquier persona o grupo de personas, la pornograf�a infantil o la apolog�a al delito.

 

242.   En el presente caso, las pancartas cuyo ingreso al estadio fue impedido conten�an mensajes cr�ticos dirigidos a las directivas de Millonarios F.C. y a sus jugadores. Este tipo de expresi�n constituye un discurso de opini�n, que no est� excluido del �mbito de protecci�n constitucional y se inscribe en las formas protegidas de la libertad de expresi�n. Este discurso involucra una cr�tica a actores de relevancia en el contexto del f�tbol como fen�meno social y evidencia la participaci�n colectiva de los hinchas en las din�micas de identidad y deliberaci�n en el estadio. Este es un espacio de inter�s com�n para los aficionados, no solo para presenciar un juego de f�tbol, sino que adquiere una relevancia para la expresi�n de sus opiniones y emociones frente al rendimiento del equipo y el manejo de las directivas.

 

243.   Conforme a lo anterior, la Sala considera que el contenido de los trapos o pancartas no se inscribe en los denominados discursos prohibidos. En efecto, es claro que no hacen propaganda a favor de la guerra; no incitan al terrorismo; no hacen apolog�a al odio nacional, racial, religioso o a otro tipo de odio que constituya incitaci�n a la discriminaci�n o a la hostilidad; no hacen apolog�a a la violencia porque expresamente no promueven agresiones f�sicas, cr�menes o comportamientos delictivos; no versan sobre pornograf�a infantil, y tampoco incitan a cometer genocidio. Por consiguiente, dicho contenido est� protegido por la libertad de expresi�n. Esta conclusi�n se mantiene aun cuando los mensajes puedan resultar inc�modos o desagradables para las directivas del equipo y los jugadores. En consecuencia, cualquier restricci�n a estas manifestaciones debe someterse a un control constitucional estricto.

 

244.   Las garant�as constitucionales que forman parte de la libertad de expresi�n son exigibles en los partidos de f�tbol, aunque estos sean eventos de naturaleza privada. Para la Sala es importante precisar que, tal como lo expresaron algunas de las accionadas, los partidos de f�tbol son eventos de naturaleza privada. Sin embargo, ello no implica que dejen de aplicarse las garant�as constitucionales que forman parte de la libertad de expresi�n. Al respecto, es necesario mencionar que, en particular, el estadio El Camp�n es un bien p�blico que opera con la administraci�n de una persona jur�dica privada bajo un contrato de concesi�n^[208].

 

245.   La Corte Constitucional ha dicho que los estadios son considerados espacios semip�blicos. Es decir, si bien no son espacios p�blicos en estricto sentido, s� se encuentran abiertos al p�blico y en ellos se ejercen libertades y derechos que deben ser garantizados^[209]. De esta manera, los estadios son espacios de encuentro, circulaci�n e interacci�n social, que se diferencian de los espacios p�blicos como las calles o parques, porque el acceso est� condicionado o restringido, pero que tampoco pueden ser entendidos como espacios puramente privados desligados de la protecci�n de los derechos fundamentales.

 

246.   En espec�fico, durante los eventos deportivos, el estadio opera bajo un r�gimen especial de uso relacionado con el acceso y la organizaci�n, lo que implica que el privado encargado de su operaci�n puede adoptar condiciones de ingreso, control log�stico y reglas de convivencia. En ese contexto, el estadio configura un espacio de uso colectivo con acceso regulado, en el cual, si bien es posible adoptar medidas orientadas a mantener el orden y la seguridad, no es posible que se adopten restricciones que se traduzcan en la supresi�n de la libertad de expresi�n o de cualquier otro derecho fundamental, como si fuera un espacio desligado de las normas y principios constitucionales. De esta manera, cualquier restricci�n de este tipo tambi�n debe ser razonable, necesaria y proporcional.

 

247.   Esto implica que la limitaci�n al derecho a la libertad de expresi�n no puede fundamentarse ni justificarse en la naturaleza privada de los eventos deportivos. En todo caso, como se mencion� previamente, el f�tbol es un fen�meno social muy amplio en Colombia, en el que el estadio se convierte en un espacio fundamental para la expresi�n de las emociones y puntos de vista de los hinchas frente a su equipo.

 

248.   Ahora bien, se debe recordar que la Corte Constitucional ha sostenido que toda limitaci�n a la libertad de expresi�n debe analizarse a la luz del denominado test tripartito, conforme al cual corresponde verificar si la medida restrictiva (i) est� prevista en la ley, (ii) persigue una finalidad imperiosa y (iii) resulta necesaria y proporcional. Este esquema de an�lisis parte de la premisa seg�n la cual las restricciones a la libertad de expresi�n son, en principio, sospechosas de ser contrarias a la garant�a constitucional de este derecho, por lo que solo pueden ser admitidas cuando superan un escrutinio detallado y riguroso. Con fundamento en ello, la Sala procede a aplicar el test al caso concreto.

 

249.   En primer lugar, la medida consistente en impedir el ingreso de las pancartas con mensajes cr�ticos no cumple con el requisito de legalidad. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional, el principio de legalidad implica que la fuente de restricci�n sea una ley dictada por el Congreso de la Rep�blica^[210].

 

250.   Si bien los integrantes del PMU y en particular Azul & Blanco Millonarios F.C. adujeron la existencia de reglamentos que regulan el acceso a los estadios y la utilizaci�n de elementos de animaci�n, estos no son suficientes para limitar la libertad de expresi�n ni pueden interpretarse como autorizaciones para censurar mensajes cr�ticos. Se trata de fuentes normativas que no tienen el rango de ley formal o material creada por el Poder Legislativo.

 

251.   Las accionadas citaron como fundamentos normativos el art�culo 79 del C�digo Disciplinario �nico de la FCF y el art�culo 8.10 del Protocolo Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol. Sobre ellos, la Sala resalta, primero, que las federaciones deportivas, como la FCF, son entidades privadas. Por lo tanto, su c�digo disciplinario es un instrumento de naturaleza privada, expedido en ejercicio de la autonom�a de las organizaciones deportivas. Es claro entonces que carece de la condici�n de ley formal o material, exigida por el principio de legalidad para imponer una restricci�n al derecho a la libertad de expresi�n.

 

252.   Segundo, el art�culo 79 del C�digo Disciplinario mencionado dispone las sanciones aplicables a comportamientos antideportivos, actos de irrespeto, agresiones y dem�s conductas que afecten la integridad, la dignidad y el normal desarrollo de los espect�culos deportivos, pero no prev� restricciones espec�ficas sobre los contenidos de los elementos de animaci�n.

 

253.   Tercero, el Protocolo Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol es un instrumento administrativo, construido en el marco de la pol�tica p�blica distrital para el funcionamiento de los espect�culos futbol�sticos. Si bien tiene relevancia en la organizaci�n de estos eventos deportivos, no es una norma con el rango necesario para limitar el ejercicio de un derecho fundamental debido al contenido del discurso.

 

254.   Y cuarto, el numeral 8.10 del citado protocolo establece que �[e]n lo que respecta a las banderas y pancartas utilizadas (trapos), el procedimiento policial se asegurar� que ninguna de ellas lleve contenidos ofensivos hacia cualquier instituci�n sea p�blica o privada�[211]. La restricci�n que de ello se deriva no solo no est� prevista en una ley formal, sino que, si en gracia de discusi�n se admitiera que una autoridad administrativa pudiera establecer una restricci�n de esta naturaleza, la expresi�n �contenidos ofensivos� carece de claridad y determinaci�n. Esta expresi�n no tiene un l�mite objetivo que permita identificar de manera razonable y previsible cu�les son aquellas expresiones que se encuentran prohibidas y cu�les son permitidas. Contrario a una categor�a que remita a conductas claramente identificables, tales como la injuria o la incitaci�n a la violencia, el car�cter ofensivo de un mensaje depende de apreciaciones subjetivas relacionadas con la sensibilidad, las creencias, las preferencias o las percepciones particulares de quien recibe el mensaje.

 

255.   As�, no es claro si, por ejemplo, si una cr�tica a las directivas del club, una manifestaci�n de inconformidad frente al rendimiento de los jugadores o una expresi�n ir�nica expresada a trav�s de met�foras deber�an ser consideradas ofensivas. Esto demuestra la indeterminaci�n del concepto que sustenta la restricci�n.

 

256.   Seg�n lo ha se�alado la jurisprudencia constitucional, la ambig�edad genera un riesgo particularmente grave para la libertad de expresi�n, pues traslada a las autoridades encargadas de aplicar la medida la facultad de decidir, caso por caso y seg�n criterios subjetivos, cu�les expresiones resultan aceptables y cu�les deben ser excluidas[212]. En consecuencia, la definici�n de los mensajes permitidos ya no depende de par�metros normativos objetivos y pasa a estar en manos de la apreciaci�n personal de los funcionarios encargados del control, lo que abre la posibilidad de que se tomen decisiones arbitrarias o inconsistentes. Por ello, aun si se superara el cuestionamiento relativo a la falta de reserva legal, la restricci�n basada en la prohibici�n de �contenidos ofensivos� no satisface las exigencias constitucionales de certeza y taxatividad que deben cumplir las limitaciones a la libertad de expresi�n.

 

257.   Ahora bien, la sociedad Azul & Blanco manifest� que los mensajes contenidos en las pancartas pod�an dar lugar a la configuraci�n del delito de p�nico econ�mico, previsto en el art�culo 302 del C�digo Penal. Es claro que esta disposici�n es una ley formal que, en principio, podr�a considerarse id�nea para satisfacer el requisito de legalidad. No obstante, la Sala advierte que la invocaci�n de una disposici�n penal como fundamento para restringir el ejercicio de la libertad de expresi�n requiere que el contenido del discurso sea la conducta tipificada. En el presente caso, no es posible concluir que los mensajes cr�ticos contra las directivas del club futbol�stico configuren por s� mismos la conducta prevista en el tipo penal de p�nico econ�mico. Tampoco representan de forma evidente y concreta un riesgo de que se configure el delito.

 

258.   �As�, el pretender prevenir la configuraci�n del delito desde lo abstracto para impedir el ejercicio del derecho a la libertad de expresi�n no equivale al cumplimiento del requisito de legalidad. Aceptar lo contrario implicar�a introducir restricciones basadas en supuestos o relaciones hipot�ticas, incompatibles con la prevalencia prima facie de la libertad de expresi�n.

 

259.   En segundo lugar, la restricci�n no persigue una finalidad imperiosa. Seg�n los contenidos normativos invocados por las accionadas y en el contexto de los espect�culos deportivos, la finalidad de estas medidas tiene que ver principalmente con la preservaci�n de la seguridad, el orden y la convivencia, lo que puede constituir un objetivo imperioso. En efecto, la Constituci�n impone a las autoridades el deber de proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y dem�s derechos y libertades, as� como asegurar la convivencia pac�fica y el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares (art�culo 2). Asimismo, reconoce la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (art�culo 22), impone a todas las personas el deber de respetar los derechos ajenos y propender por el mantenimiento de la paz (art�culo 95) y dispone que la Polic�a Nacional tiene como fin primordial mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades p�blicas y asegurar que los habitantes convivan en paz (art�culo 218). En ese sentido, la adopci�n de medidas encaminadas a prevenir situaciones de violencia o alteraciones del orden dentro de los espect�culos deportivos persigue una finalidad que encuentra respaldo directo en mandatos constitucionales.

 

260.   Sin embargo, en el caso concreto no se evidencia de manera clara c�mo la restricci�n examinada estuvo orientada a prevenir riesgos ciertos en estos �mbitos. Las autoridades mencionaron durante el PMU que el ingreso de estos mensajes podr�a dar lugar a situaciones de violencia. Se trata de especulaciones gen�ricas, sin un sustento claro de tal riesgo. Incluso, en el acta del PMU se resalta que los hinchas estaban en una actitud tranquila ante la negativa de la autorizaci�n para el ingreso de los trapos.

 

261.   Al respecto, la Universidad Externado de Colombia, a trav�s del docente investigador Pablo Andr�s Vanegas Santana y del monitor �scar Rodr�guez Escobar del Departamento de Derecho Constitucional, se�al� en su intervenci�n que no existe evidencia emp�rica concluyente que demuestre una relaci�n directa entre mensajes cr�ticos dirigidos a directivos o jugadores y la generaci�n de hechos de violencia. Por el contrario, experiencias nacionales e internacionales muestran que los principales riesgos suelen derivarse de discursos discriminatorios, incitaci�n a la agresi�n o conflictos asociados a din�micas espec�ficas entre barras[213].

 

262.   En un sentido similar, el profesor Andr�s Charria S�enz, quien remiti� un escrito junto con el estudiante Nicol�s Camelo C�rdoba, en nombre de la Pontificia Universidad Javeriana, afirm� que las consideraciones de seguridad en los estadios de f�tbol no pueden invocarse de manera gen�rica para la restricci�n de expresiones de los aficionados, pues la experiencia hist�rica demuestra que las grandes tragedias del f�tbol tuvieron origen en fallas estructurales de organizaci�n, control de multitudes, infraestructura o decisiones inadecuadas de las autoridades, y no en la existencia o contenido de pancartas[214].

 

263.   Esta observaci�n fue confirmada por la Universidad Pedag�gica Nacional, la cual, por intermedio del profesor Ricardo Duarte Baja�a, se�al� en su intervenci�n que no existe evidencia que demuestre una relaci�n causal entre el uso de pancartas o mensajes cr�ticos y la generaci�n de violencia en el f�tbol. Por el contrario, plante� que la imposici�n de restricciones excesivas puede aumentar el malestar y la percepci�n de exclusi�n entre los colectivos de hinchas[215].

 

264.   A su vez, la Comisi�n Colombiana de Juristas (CCJ) sostuvo que no existe evidencia que demuestre una relaci�n entre los mensajes cr�ticos contra directivos o jugadores y la violencia en el f�tbol colombiano, pues los estudios identifican que los principales escenarios de confrontaci�n se originan en rivalidades entre barras, que no tienen que ver con tales mensajes. En consecuencia, consider� que prohibir pancartas o trapos cr�ticos no constituye una medida eficaz para reducir hechos violentos[216].

 

265.   De conformidad con lo anterior, en el presente caso, la exclusi�n de las pancartas parece fundarse exclusivamente en que tienen un car�cter cr�tico hacia las directivas del equipo, y no en la supuesta relaci�n de causalidad o de correlaci�n entre el contenido de los trapos y la violencia en los estadios. En consecuencia, la finalidad de evitar incomodidad o cr�tica hacia el club a partir de expresiones disidentes no tiene un car�cter imperioso. M�s a�n cuando se trata de opiniones sobre actores que tienen una relevancia significativa en las din�micas del f�tbol, como son las directivas de los equipos y los jugadores.

 

266.   En ese sentido, la invocaci�n gen�rica a la seguridad o la convivencia no es suficiente para justificar una restricci�n a la libertad de expresi�n. Para que la finalidad sea admisible, debe acreditarse la existencia de un riesgo real, concreto, verificable y actual. Adem�s, este debe estar estrechamente fundando en el contenido de la expresi�n que se pretende restringir. En este caso, los mensajes consignados en las pancartas son opiniones cr�ticas sobre las directivas del equipo y sus jugadores, pero no se evidencia que inciten a la violencia, promuevan comportamientos il�citos o generen un riesgo de alteraci�n al orden p�blico en el estadio. Ello demuestra que la medida restrictiva no se orient� a conjurar un peligro relevante, sino a excluir la expresi�n por su contenido, lo que resulta incompatible con el car�cter preferente de la libertad de expresi�n.

 

267.   Adicionalmente, de manera gen�rica, Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. mencion� que deb�a preservar su imagen corporativa y que las expresiones contenidas en los trapos cuyo ingreso fue negado pod�an afectar la reputaci�n del club. Aunque, en principio, ello tambi�n constituye una finalidad leg�tima en abstracto, no es suficiente para prohibir los mensajes analizados en este caso, seg�n lo dispuesto en el art�culo 13.2 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos. Esto es as� porque, como se mencion� previamente, los mensajes contienen opiniones y juicios de valor sobre la gesti�n administrativa y deportiva del club, el desempe�o de los jugadores y las prioridades de los directivos, a trav�s del uso de recursos propios del contexto deportivo, tales como la met�fora y la exageraci�n. As�, se trata de expresiones y cr�ticas formuladas en t�rminos generales que no individualizan a una persona ni le atribuyen al Club una conducta il�cita. De esta manera, la incomodidad que le pudieran causar estas expresiones a las directivas del equipo no es suficiente, desde la perspectiva constitucional, para restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresi�n.

 

268.   En tercer lugar, la medida restrictiva no es necesaria ni proporcional. La medida de restringir pancartas o trapos con mensajes cr�ticos contra las directivas del club opera como una prohibici�n gen�rica de la expresi�n de este tipo de opiniones. Es decir, no hace ninguna distinci�n entre expresiones leg�timas y aquellas que podr�an generar un riesgo real, tales como la incitaci�n directa a la violencia o los mensajes de odio que vulneran los derechos de determinadas personas o grupos.

 

269.   En relaci�n con la proporcionalidad, la Sala encuentra que la medida genera una afectaci�n intensa a la libertad de expresi�n porque impide la manifestaci�n de opiniones en un escenario de interacci�n fundamental para los hinchas y aficionados del f�tbol. El estadio es un espacio en el que este tipo de expresiones constituye una forma habitual de participaci�n simb�lica, precisamente debido a su identificaci�n con el equipo y el inter�s de los aficionados en que este tenga buenos resultados futbol�sticos. En contraste, el supuesto beneficio derivado de la restricci�n no est� acreditado y no se demostr� que la presencia de mensajes cr�ticos genere un riesgo cierto para los bienes que, seg�n se aleg�, se pretend�a proteger. En consecuencia, la limitaci�n impuesta al derecho fundamental es excesiva.

 

270.   En conclusi�n, la medida consistente en impedir el ingreso de pancartas o trapos con mensajes de cr�tica hacia las directivas de Millonarios F.C. y sus jugadores no supera el test tripartito. Por tanto, dicha restricci�n configura una limitaci�n que no cumple el est�ndar constitucional, el cual protege de manera reforzada el derecho fundamental a la libertad de expresi�n.

 

271.   En relaci�n con ello, esta Corporaci�n ha se�alado que el entendimiento de la libertad de expresi�n, como fundamento o pilar esencial de la sociedad democr�tica, �no significa que este derecho �nicamente cubra las expresiones de contenido pol�tico; no cabe duda de que expresiones cuyo contenido no es pol�tico �tales como las artes, las ciencias, el discurso religioso, emotivo o comercial� tambi�n forman parte de su �mbito de aplicaci�n�^[217]. As�, las expresiones que tienen lugar en el contexto de los espect�culos deportivos, y en particular en el f�tbol, constituyen una manifestaci�n singular de la libertad de expresi�n que responde a las din�micas sociales propias de este fen�meno.

 

272.   En efecto, el f�tbol no solo es una actividad recreativa o un espect�culo deportivo, sino que es un escenario de interacci�n colectiva en el que se proyectan identidades, emociones, lealtades y diversas formas de cr�tica social, a trav�s de manifestaciones simb�licas como cantos, pancartas y otros medios de expresi�n propios de la cultura de las barras y los aficionados.

 

273.   De esta manera, las expresiones en los escenarios deportivos requieren de garant�as que atiendan a las particularidades de ese contexto, en el que el discurso suele ser predominantemente emotivo, simb�lico y colectivo. El objetivo de comunicar trasciende lo estrictamente racional o pol�tico. Lejos de ser expresiones excepcionales o marginales, estas formas de expresi�n cumplen un papel relevante en la configuraci�n de una sociedad democr�tica y en la creaci�n de formas de participaci�n social. En concreto, el control simb�lico que ejercen los hinchas y aficionados sobre los clubes o sus directivas tienen incidencia en la construcci�n de comunidad y en las formas de interacci�n de una parte significativa de la poblaci�n, ante la acogida amplia que tiene el f�tbol en Colombia.

 

274.   Por lo anterior, la protecci�n de este tipo de expresiones no solo es compatible con el car�cter democr�tico de la libertad de expresi�n, sino que contribuye a preservar la posibilidad de que los individuos y las colectividades participen, desde diversos escenarios y a trav�s de diversos lenguajes, en la construcci�n de s�mbolos colectivos y deliberen sobre asuntos que consideran relevantes. En consecuencia, los intentos por restringir este tipo de expresiones y discursos en los escenarios deportivos deben ser analizados con especial rigurosidad, para evitar que se excluyan del debate democr�tico manifestaciones que, aunque no se inscriben en el debate pol�tico tradicional, s� cumplen funciones importantes para mantener los pilares de una sociedad pluralista y democr�tica.

 

11.5. Conclusi�n general: las sociedades y entidades accionadas vulneraron el derecho a la libertad de expresi�n de Erik Saavedra Bustos

 

275.   Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que el Puesto de Mando Unificado del partido del 28 de julio de 2025 entre Millonarios F.C. y Llaneros F.C. en el estadio El Camp�n vulner� el derecho a la libertad de expresi�n de Erik Saavedra Bustos, al no permitirle el ingreso de pancartas o trapos con cr�ticas dirigidas contra las directivas de Millonarios F.C. y los jugadores de ese equipo de f�tbol.

 

276.   Como se expuso previamente, la libertad de expresi�n comprende la garant�a que tienen todas las personas para expresar y difundir libremente sus pensamientos y opiniones. Adem�s, es un pilar fundamental de los reg�menes democr�ticos porque permite consolidar sociedades pluralistas y deliberativas.

 

277.   En el contexto del caso concreto, Erik Saavedra Bustos us� como medio de expresi�n pancartas o trapos con mensajes dirigidos hacia los jugadores y la dirigencia de Millonarios F.C., el equipo de f�tbol del cual es hincha, abonado y accionista minoritario. Estos elementos tienen un gran simbolismo en el escenario de los partidos de f�tbol, pues hist�ricamente se han usado por las hinchadas para expresar diversas opiniones y emociones, ya sean de apoyo al equipo, de protesta o cr�tica contra los equipos y sus directivas.

 

278.   Las pancartas conten�an tres mensajes: �Club gigante, dirigentes mediocres�, �Jueguen como cobran� y �Alg�n d�a tendremos directivos con hambre de gloria, a estos solo les interesa el dinero�^[218]. Al respecto, el PMU decidi� que deb�a restringir el ingreso de estos mensajes al estadio porque, seg�n su criterio, resultaban ofensivos para las directivas y pod�an dar lugar a hechos de violencia. Sin embargo, como se expuso en la aplicaci�n del test tripartito, esta medida no respeta el principio de legalidad, no persigue un fin leg�timo y tampoco es necesaria ni proporcional. Al contrario, fue una medida que gener� una limitaci�n fuerte e injustificada al ejercicio de la libertad de expresi�n del accionante.

 

279.   Esta Corporaci�n ha destacado en su jurisprudencia que una de las funciones que cumple la libertad de expresi�n en la sociedad democr�tica es que funciona como una v�lvula de escape que promueve la confrontaci�n pac�fica frente a decisiones estatales o sociales que no se comparten[219]. As�, permitir la expresi�n de los hinchas y aficionados en el f�tbol a trav�s de elementos como pancartas, siempre que no contengan discursos prohibidos, contrario a lo alegado por las accionadas, favorece la resoluci�n racional y pac�fica de los conflictos. Esto permite que se fomenten espacios de di�logo abierto y p�blico, y que se opte por la expresi�n simb�lica por encima de la acci�n violenta.

 

280.   De este modo, es fundamental que tanto las entidades p�blicas como los privados que hacen parte del f�tbol como fen�meno social cumplan de forma estricta la garant�a reforzada de la libertad de expresi�n en los escenarios deportivos. Cualquier limitaci�n a su ejercicio deber� ser sometida a un control riguroso y solo puede justificarse en medidas que cumplan los est�ndares constitucionales para su protecci�n. Ello tiene un efecto directo en la construcci�n de una sociedad plural y democr�tica, en la que, de conformidad con el art�culo 52 de la Constituci�n, el deporte cumple con su funci�n de formaci�n integral de los seres humanos.

 

281.   Al respecto, conviene precisar que la protecci�n reforzada de una expresi�n emitida en un escenario deportivo no deriva autom�ticamente del lugar en el que se realiza. Dicha protecci�n depende, en cambio, de las caracter�sticas espec�ficas del discurso, del contexto en el que se produce y de la naturaleza de la restricci�n impuesta. En este caso en particular, el escrutinio especialmente riguroso se justifica por el car�cter cr�tico, simb�lico e identitario de las pancartas y, principalmente, porque fueron objeto de una restricci�n basada, justamente, en su contenido cr�tico. La libertad de expresi�n conserva plena vigencia en los estadios y sus limitaciones deben someterse a un control particularmente estricto, sin perjuicio de las restricciones constitucionalmente justificadas.

 

11.6. �Remedios constitucionales

 

282.   A partir de todo lo expuesto, la Sala Quinta de Revisi�n revocar� parcialmente el fallo de instancia que declar� improcedente la acci�n de tutela. En su lugar, conceder� el amparo del derecho fundamental a la libertad de expresi�n de Erik Saavedra Bustos por las razones expuestas en esta providencia. En relaci�n con la pretensi�n de evaluar la falta de espacios para que los socios minoritarios participen en la toma de decisiones de la sociedad Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. y la presunta vulneraci�n del derecho a la informaci�n respecto de las decisiones corporativas, la Sala confirmar� la improcedencia, por las razones expuestas en esta providencia.

 

283.   En consecuencia, primero, ordenar� a Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A., al concesionario encargado de la operaci�n del estadio y a las autoridades que integren los Puestos de Mando Unificado (PMU) de los eventos de f�tbol profesional que se desarrollen en dicho escenario deportivo que, en adelante, se abstengan de realizar acciones tendientes a prohibir, restringir o limitar el ingreso o exhibici�n de pancartas, trapos u otras manifestaciones amparadas por la libertad de expresi�n, �nicamente debido a su contenido cr�tico o desfavorable frente a clubes, directivos, jugadores, organizadores o autoridades deportivas. Lo anterior, salvo cuando lo que se comunica pueda catalogarse como discurso prohibido, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento jur�dico 158 de esta providencia, o cuando la restricci�n cumpla los est�ndares de legalidad, finalidad y necesidad previstos en el test tripartito, de acuerdo con lo expuesto en los fundamentos jur�dicos 153 a 155 de esta sentencia.

 

284.   Segundo, ordenar� a Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. que, dentro de los quince d�as siguientes a la notificaci�n de esta sentencia, informe al accionante y publique en sus canales institucionales un comunicado en el que reconozca que la restricci�n impuesta por el PMU a las pancartas objeto de esta tutela fue incompatible con las garant�as constitucionales de la libertad de expresi�n. El comunicado deber� permanecer accesible en dichos canales por un t�rmino no menor a un a�o. Este remedio en particular es una forma de satisfacci�n y una garant�a de no repetici�n, y se le impone de manera espec�fica a Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. por dos razones principales. Por un lado, tiene la condici�n de organizador del encuentro deportivo. Por otro lado, seg�n las pruebas obrantes en el expediente, durante el PMU del 28 de julio de 2025 fue, quien propuso que no se autorizara el ingreso de las pancartas. �

 

285.   Tercero, ordenar� a la Comisi�n Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol y a la Comisi�n Distrital para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol de Bogot� que, dentro de un (1) mes contado a partir de la notificaci�n de esta providencia, adelanten las siguientes acciones: (i) revisen y adec�en sus protocolos, lineamientos y dem�s instrumentos de orientaci�n aplicables a los eventos de f�tbol profesional en relaci�n con las condiciones de ingreso de elementos de animaci�n a los escenarios deportivos, de manera que garanticen el ejercicio de la libertad de expresi�n de los asistentes; y (ii) eviten la adopci�n de medidas gen�ricas que desvirt�en sin justificaci�n la prevalencia prima facie de la libertad de expresi�n, as� como el empleo de mecanismos que puedan traducirse en formas de censura previa.

 

286.   Cuarto, exhortar� a la Federaci�n Colombiana de F�tbol y a la Divisi�n Mayor del F�tbol Colombiano (Dimayor) para que revisen la compatibilidad de sus disposiciones disciplinarias con los est�ndares constitucionales sobre libertad de expresi�n, en particular aquellos atinentes al ingreso y exhibici�n de pancartas, trapos, banderas y dem�s elementos de animaci�n utilizados por los asistentes para expresar opiniones, cr�ticas o manifestaciones simb�licas en los escenarios deportivos.

 

287.   Quinto, la Sala ordenar� a la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia que, en su calidad de secretaria t�cnica de la Comisi�n Distrital para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol, con apoyo de la Personer�a de Bogot�, dentro de un mes contado a partir de la notificaci�n de esta sentencia, organice una jornada abierta en la que se socialice la presente decisi�n de manera clara y pedag�gica, con los hinchas, aficionados y barras de Millonarios. Asimismo, en su calidad de secretaria t�cnica del Puesto de Mando Unificado, deber� socializar la presente decisi�n con las entidades que hicieron parte del PMU del 28 de julio de 2025, as� como con las entidades que conforman esta instancia temporal, de car�cter pol�tico administrativo, en los t�rminos de la norma que regula la materia[220]. Esto, con el fin de que todos los involucrados en las din�micas del f�tbol conozcan sus derechos y deberes en torno a la garant�a de la libertad de expresi�n en los escenarios deportivos.

 

288.   Sexto, ordenar� la remisi�n de esta providencia, a trav�s de la Secretar�a General de esta corporaci�n, a las barras organizadas Blue Rain y Comandos Azules para que, si lo consideran conveniente, socialicen su contenido con los hinchas integrantes de estos grupos y participen en la jornada pedag�gica ordenada en el anterior considerando.

 

289.   S�ptimo, exhortar� al Gobierno nacional, por conducto del Ministerio del Interior y el Ministerio del Deporte, para que, en ejercicio de su competencia de iniciativa legislativa[221], en el curso de las pr�ximas dos legislaturas, presenten ante el Congreso de la Rep�blica un proyecto de ley que: (i) incorpore criterios claros, objetivos, precisos y verificables para identificar los discursos protegidos y los discursos constitucionalmente excluidos de protecci�n en los eventos deportivos y, en particular, en los partidos de f�tbol; (ii) proteja la libertad de expresi�n de los hinchas y aficionados en los estadios del pa�s, particularmente respecto del uso de pancartas, banderas, trapos y otras manifestaciones expresivas y simb�licas propias de la cultura del f�tbol; y, (iii) armonice dicha garant�a con la protecci�n de la seguridad, la convivencia y la prevenci�n de la violencia en el f�tbol. Asimismo, exhortar� al Congreso para que considere la iniciativa y adelante el tr�mite pertinente una vez sea presentada por el Gobierno nacional. Ello con la finalidad de evitar que, como en el caso concreto, se tomen medidas que resultan vulneradoras del derecho a la libertad de expresi�n. �

 

III.      DECISI�N

 

En m�rito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisi�n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci�n,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. REVOCAR parcialmente la sentencia dictada en �nica instancia por el Juzgado 037 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Bogot�, el 15 de agosto de 2025, dentro de la acci�n de tutela presentada por Erik Saavedra Bustos contra Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A, Concesionario Sencia S.A.S., la Personer�a de Bogot� D.C., la Polic�a Metropolitana de Bogot�, y la Divisi�n Mayor del F�tbol Colombiano (Dimayor), en lo relacionado con el amparo del derecho a la libertad de expresi�n, y, en su lugar, CONCEDER el amparo de este derecho fundamental, en los t�rminos y por las razones expuestas en esta providencia.

 

En consecuencia, CONFIRMAR la misma providencia, en lo relacionado con la presunta vulneraci�n del derecho a la informaci�n del accionante, respecto de las decisiones corporativas tomadas por el Club, por las razones expuestas en esta providencia.

 

SEGUNDO. ORDENAR a Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A., al concesionario encargado de la operaci�n del Estadio Nemesio Camacho El Camp�n y a las autoridades que integren los Puestos de Mando Unificado (PMU) de los eventos de f�tbol profesional que se desarrollen en dicho escenario deportivo que, en adelante, se abstengan de realizar acciones tendientes a prohibir, restringir o limitar el ingreso o exhibici�n de pancartas, trapos u otras manifestaciones amparadas por la libertad de expresi�n, �nicamente debido a su contenido cr�tico o desfavorable frente a clubes, directivos, jugadores, organizadores o autoridades deportivas. Lo anterior, salvo cuando lo que se comunica pueda catalogarse como discurso prohibido, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento jur�dico 158 de esta sentencia o cuando la restricci�n cumpla los est�ndares de legalidad, finalidad y necesidad previstos en el test tripartito, de acuerdo con lo expuesto en los fundamentos jur�dicos 153 a 155 de esta providencia.

 

TERCERO. ORDENAR a Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. que, dentro de los quince (15) d�as siguientes a la notificaci�n de esta sentencia, informe al accionante y publique en sus canales institucionales un comunicado en el que reconozca que la restricci�n impuesta por el PMU a las pancartas objeto de esta tutela fue incompatible con las garant�as constitucionales de la libertad de expresi�n. El comunicado deber� permanecer accesible en dichos canales por un t�rmino no menor a un a�o.

 

CUARTO. ORDENAR a la Comisi�n Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol y a la Comisi�n Distrital para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol de Bogot� que, dentro de un (1) mes contado a partir de la notificaci�n de esta providencia, adelanten las siguientes acciones: (i) revisen y adec�en sus protocolos, lineamientos y dem�s instrumentos de orientaci�n aplicables a los eventos de f�tbol profesional en relaci�n con las condiciones de ingreso de elementos de animaci�n a los escenarios deportivos, de manera que garanticen el ejercicio de la libertad de expresi�n de los asistentes; y (ii) eviten la adopci�n de medidas gen�ricas que desvirt�en sin justificaci�n la prevalencia prima facie de la libertad de expresi�n, as� como el empleo de mecanismos que puedan traducirse en formas de censura previa.

 

QUINTO. EXHORTAR a la Federaci�n Colombiana de F�tbol y a la Divisi�n Mayor del F�tbol Colombiano (Dimayor) para que revisen la compatibilidad de sus disposiciones disciplinarias con los est�ndares constitucionales sobre libertad de expresi�n, en particular aquellos atinentes al ingreso y exhibici�n de pancartas, trapos, banderas y dem�s elementos de animaci�n utilizados por los asistentes para expresar opiniones, cr�ticas o manifestaciones simb�licas en los escenarios deportivos.

 

SEXTO. ORDENAR a la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia que, en su calidad de secretaria t�cnica de la Comisi�n Distrital para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el F�tbol, con apoyo de la Personer�a de Bogot�, dentro de un (1) mes contado a partir de la notificaci�n de esta sentencia, organice una jornada abierta en la que se socialice la presente decisi�n de manera clara y pedag�gica con los hinchas, aficionados y barras de Millonarios. Asimismo, en su calidad de secretaria t�cnica del PMU, deber� socializar la presente decisi�n con las entidades que hicieron parte del PMU del 28 de julio de 2025, as� como con las entidades que conforman esta instancia temporal, en los t�rminos de la norma que regula la materia. Ello, con el fin de que todos los involucrados en las din�micas del f�tbol conozcan sus derechos y deberes en torno a la garant�a de la libertad de expresi�n en los escenarios deportivos.

 

S�PTIMO. Por Secretar�a General de la Corte Constitucional REMITIR copia de esta providencia a las barras organizadas Blue Rain y Comandos Azules para que, si lo consideran conveniente, socialicen su contenido con los hinchas integrantes de estos grupos y participen en la jornada pedag�gica ordenada en el anterior considerando.

 

OCTAVO. EXHORTAR al Gobierno nacional, por conducto del Ministerio del Interior y el Ministerio del Deporte, para que, en ejercicio de su competencia de iniciativa legislativa, en el curso de las pr�ximas dos legislaturas, presenten ante el Congreso de la Rep�blica un proyecto de ley que (i) incorpore criterios claros, objetivos, precisos y verificables para identificar los discursos protegidos y los discursos constitucionalmente excluidos de protecci�n en los eventos deportivos y, en particular, en los partidos de f�tbol; (ii) proteja la libertad de expresi�n de los hinchas y aficionados en los estadios del pa�s, particularmente respecto del uso de pancartas, banderas, trapos y otras manifestaciones expresivas y simb�licas propias de la cultura del f�tbol; y (iii) armonice dicha garant�a con la protecci�n de la seguridad, la convivencia y la prevenci�n de la violencia en el f�tbol. Asimismo, EXHORTAR al Congreso para que considere la iniciativa y adelante el tr�mite pertinente una vez sea presentada por el Gobierno nacional.

 

NOVENO. De acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 36 del Decreto 2591 de 1991, la Secretar�a General de la Corte Constitucional librar� las comunicaciones correspondientes. El juez de tutela de primera instancia har� las notificaciones a las partes y tomar� las medidas necesarias para el cumplimiento de esta sentencia.

 

Notif�quese, comun�quese y c�mplase,

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

Con salvamento parcial de voto y aclaraci�n de voto

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

ANEXO 1
�Intervenciones recibidas en cumplimiento del Auto del 18 de marzo de 2026

 

 

 

ANEXO 2
Intervenciones recibidas en cumplimiento del Auto del 20 de mayo de 2026

 

 

 

 

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