Ruling A. 1317/26

REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 1317 DE 2026

 

Referencia: expediente CJU-7842

 

Asunto: conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 11 Penal del Circuito con Funci�n de Conocimiento de Cartagena (Bol�var) y la Comunidad Ind�gena Muisca de Bosa

 

Magistrado ponente:

Miguel Polo Rosero

 

Bogot� D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintis�is (2026).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular, de la prevista por el numeral 11 del art�culo 241 de la Constituci�n Pol�tica, profiere el presente auto respecto del asunto de la referencia:

 

I.             ANTECEDENTES

 

1.            El 30 de agosto de 2024, la Fiscal�a 15 de Cartagena present� escrito de acusaci�n contra Diego Uriel Chiguasuque �vila por la presunta comisi�n, a t�tulo de dolo, del delito de fabricaci�n, tr�fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, previsto en el art�culo 365 del C�digo Penal[1].

 

2.            De acuerdo con el escrito de acusaci�n, el 30 de mayo de 2024, dos patrulleros de la Polic�a Nacional adelantaban labores de registro y control de personas y veh�culos en el barrio Villa Estrella de Cartagena, cuando recibieron un reporte sobre una presunta ri�a en el sector Portales de Alicante, en la que al parecer interven�a un hombre armado. Los agentes se trasladaron al lugar, identificaron a una persona con las caracter�sticas informadas y le practicaron un registro personal, en el que hallaron un rev�lver calibre 38 especial y dos cartuchos del mismo calibre. En consecuencia, incautaron los elementos y capturaron a la persona, quien se identific� como Diego Uriel Chiguasuque �vila. Seg�n la Fiscal�a, el arma y las municiones carec�an del permiso de la autoridad competente. Al d�a siguiente, el Juzgado 8 Penal Municipal de Cartagena con Funci�n de Control de Garant�as celebr� las audiencias de legalizaci�n de captura, formulaci�n de cargos e imposici�n de medida de aseguramiento, y dispuso el restablecimiento de la libertad del procesado.

 

3.            El proceso le correspondi� al Juzgado 11 Penal del Circuito de Cartagena con funci�n de conocimiento[2]. El 2 de julio de 2026, se celebr� la audiencia de formulaci�n de acusaci�n. En ella, el gobernador de la Comunidad Ind�gena Muisca de Bosa, como autoridad tradicional, solicit� que la Jurisdicci�n Especial Ind�gena asumiera el conocimiento del proceso, reiterando una solicitud escrita que hab�a radicado. Explic� que la captura ocurri� dentro del territorio ampliado de la comunidad, seg�n la noci�n reconocida en la sentencia SU-123 de 2018, y que el procesado manifest� de forma expresa su voluntad de ser juzgado por su comunidad, en atenci�n a la protecci�n de su identidad cultural. Para sustentar su petici�n invoc� los art�culos 7, 49, 70 y 246 de la Constituci�n Pol�tica, el Convenio 169 de la OIT y las sentencias T-254 de 1994, SU-510 de 1998 y T-617 de 2010.

 

4.            El Juzgado 11 Penal del Circuito de Cartagena con funci�n de conocimiento neg� la solicitud de la autoridad tradicional y reclam� el conocimiento del asunto. Al respecto, reconoci� que la Jurisdicci�n Ind�gena tiene rango constitucional a partir del art�culo 246 de la Constituci�n. Con fundamento en el auto 302 de 2023 de este Tribunal, identific� los cuatro factores que activan esa jurisdicci�n, esto es, el personal, el territorial, el objetivo y el institucional.

 

5.            Encontr� acreditado el factor personal pero no el territorial. Explic� que el �mbito territorial en sentido estricto es el espacio f�sico del resguardo y que en sentido amplio, seg�n la Corte Constitucional, solo cubre los lugares distintos donde la comunidad despliega su cultura, sus ritos y su relacionamiento social. Bajo esa distinci�n, contrast� el lugar de los hechos �el barrio Villa Estrella de Cartagena� con el asentamiento de la comunidad, que, seg�n la documentaci�n aportada por el gobernador, es Bogot�, con sede oficial en la localidad de Bosa. Concluy� que Cartagena no era un territorio cercano a ese asentamiento y que no obraba prueba de la presencia de la comunidad ni de sus ritualidades en el lugar de los hechos, por lo que no proced�a aplicar el factor territorial en un sentido amplio.

 

6.            Frente a los factores objetivo e institucional, el juzgado dej� constancia de que la comunidad alleg� sus reglamentos y manuales de aplicaci�n del derecho propio, de modo que el factor institucional en principio se encontraba acreditado, pero advirti� que el bien jur�dico tutelado no interesaba de manera exclusiva a la comunidad ind�gena, sino tambi�n a la sociedad mayoritaria. En consecuencia, propuso conflicto positivo de jurisdicciones y orden� remitir el expediente a la Corte Constitucional[3].

 

II.          CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

A.               Competencia

 

7.             La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del art�culo 241 de la Constituci�n Pol�tica, adicionado por el art�culo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

 

B.               Presupuestos del conflicto entre jurisdicciones

 

8.             Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o m�s autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones �se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)�[4]. De manera reiterada, la Corte ha considerado que para que se configuren estos conflictos, es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo, los cuales se explican en el siguiente cuadro:

 

 

C.               El fuero penal ind�gena y la competencia de la Jurisdicci�n Especial Ind�gena[8]

 

9.             El art�culo 246 de la Constituci�n reconoce a las autoridades ind�genas la facultad de �ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su �mbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constituci�n y leyes de la Rep�blica�. La Corte Constitucional ha identificado cuatro competencias clave para estas comunidades: (i) establecer sus propias autoridades judiciales; (ii) crear normas y procedimientos propios; (iii) respetar la Constituci�n y la ley, y (iv) someterse a reglas de coordinaci�n fijadas por el Legislador. Este reconocimiento pretende proteger la diversidad �tnica y cultural del pa�s.

 

10.        En este sentido, el fuero ind�gena es el derecho subjetivo del que gozan los miembros de las comunidades ind�genas y que act�a como mecanismo de protecci�n y preservaci�n de su autonom�a �tnica y cultural. En consecuencia, la configuraci�n del fuero ind�gena requiere la verificaci�n de dos elementos esenciales: el factor subjetivo y el factor territorial^[9], mientras que la activaci�n de la Jurisdicci�n Especial Ind�gena exige, adem�s, que se acrediten el factor objetivo^[10] y el factor institucional u org�nico^[11].

 

 

11.        No obstante, la ausencia de uno de estos factores no descarta autom�ticamente la competencia de la Jurisdicci�n Especial Ind�gena. La Corte ha se�alado que debe hacerse una valoraci�n ponderada y razonable en cada caso, teniendo en cuenta principios como el debido proceso, los derechos de las v�ctimas, el pluralismo jur�dico y la autonom�a ind�gena. Adicionalmente, el Tribunal ha fijado l�mites al ejercicio de esta jurisdicci�n, con base en la primac�a de los derechos fundamentales y la prohibici�n de arbitrariedad. Estos l�mites incluyen: derechos intangibles reconocidos por la Constituci�n y tratados internacionales, y derechos fundamentales, cuyas restricciones deben ser razonables y proporcionales seg�n el contexto cultural.

 

D.               Examen del caso concreto

 

12.        En el asunto objeto de decisi�n, se cumplen los tres presupuestos para la configuraci�n de un conflicto de jurisdicciones, por las siguientes razones:

 

(i) Presupuesto subjetivo: el conflicto se suscit� entre el Juzgado 11 Penal del Circuito de Cartagena con funci�n de conocimiento y la Comunidad Ind�gena Muisca de Bosa, autoridades que integran jurisdicciones diferentes.

 

(ii) Presupuesto objetivo: se encuentra acreditada la existencia de una causa judicial sobre la cual se plantea el conflicto de jurisdicci�n. Espec�ficamente, el proceso penal adelantado contra Diego Uriel Chiguasuque �vila con el radicado 13001600112920240368200, por el delito de fabricaci�n, tr�fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

 

(iii) Presupuesto normativo: se verific� que las dos autoridades judiciales en conflicto citaron y justificaron su posici�n en argumentos constitucionales y legales (supra, 3 a 6).

 

13.        Superado el anterior estudio y a efectos de dirimir el presente conflicto, la Corte proceder� a examinar los elementos que se exigen para la configuraci�n del fuero ind�gena y continuar� con los que marcan la activaci�n de la Jurisdicci�n Especial Ind�gena.

 

(i)               Factor personal

 

14.        Sobre este factor, esta Corporaci�n ha resaltado la primac�a de los mecanismos de reconocimiento que las propias comunidades han adoptado en ejercicio de su autonom�a^[12]. As�, se ha se�alado que deben tener mayor peso los mecanismos adoptados por los pueblos ind�genas^[13] y �debe primar la realidad sobre formalidades [,] como la inscripci�n en un determinado censo que puede estar desactualizado o contener errores�^[14]. En este sentido, se ha indicado que �la ausencia de inscripci�n en el censo no es �bice para que se reconozca la pertenencia de un individuo a la comunidad, en tanto que existen otros medios de prueba prevalentes e id�neos para acreditar esa circunstancia�^[15].

 

15.        La Sala encuentra acreditado el factor personal. Entre los documentos presentados por el gobernador con la solicitud de asunci�n de competencia obra una certificaci�n del Ministerio del Interior seg�n la cual, de acuerdo con el autocenso de la Comunidad Ind�gena Muisca de Bosa, el se�or Diego Uriel Chiguasuque �vila figura como miembro de esa comunidad[16]. En el documento: �consentimiento para ser juzgado por la jurisdicci�n especial ind�gena[17]�, el procesado manifest� �de forma libre y voluntaria� que es cabildante activo. Por lo dem�s, el gobernador del cabildo, en la solicitud de asunci�n de competencia, lo reconoci� expresamente como cabildante y comunero[18]. Estos elementos permiten concluir que el se�or Chiguasuque �vila pertenece a la Comunidad Ind�gena Muisca de Bosa.

 

(ii)        Factor territorial

 

16.        La Corte ha se�alado que este elemento debe emplearse conforme con una conceptualizaci�n amplia, por virtud de la cual: �la Constituci�n ha considerado que el territorio de la comunidad ind�gena es el �mbito donde se desenvuelve su cultura y por esa raz�n, excepcionalmente, el elemento territorial puede tener un efecto expansivo, lo que significa que cuando un hecho ocurre por fuera de los linderos geogr�ficos del territorio colectivo, pero culturalmente puede ser remitido al espacio vital de la comunidad, es aconsejable que su juzgamiento se desarrolle por las autoridades ind�genas�^[19].

 

17.        El factor territorial no est� acreditado en el presente caso. De acuerdo con la informaci�n aportada por el gobernador de la comunidad, el Ministerio del Interior �en el documento: �[r]econocimiento a la parcialidad de Bosa, de su condici�n ind�gena y de su pertenencia al pueblo Muisca de la sabana de Bogot��� identific� a la Comunidad Ind�gena Muisca de Bosa como un fragmento del pueblo Muisca y precis� que �es una comunidad fundamentalmente rural, asentada en las veredas San Jos� y San Bernardino�, ubicadas en el territorio �comprendido por la desembocadura del r�o Tunjuelito sobre el r�o Bogot��.

 

18.        El mismo documento agreg� que: �dentro de estas dos veredas, en su periferia, se han construido algunos barrios tales como El Potrerito o Echeverry, El Triunfo y Matorral donde habitan muchas familias pertenecientes a esta comunidad�, y que �se encuentran algunas familias ubicadas en los barrios aleda�os a estas veredas y que se constituyeron a expensas del territorio tradicional de esta comunidad entre los que se pueden nombrar San Bernardino, Villa Emma y Concepci�n�. El Ministerio concluy� que �la comunidad est� ubicada en jurisdicci�n de la Localidad Bosa de Bogot�� y que el �mbito territorial de aplicaci�n de la ley propia comprende el espacio f�sico de asentamiento y el espacio sagrado y de memoria del pueblo Muisca. Por su parte, el gobernador del cabildo indic� como direcci�n de la comunidad la Transversal 87 B No. 79C 42 Sur, en la localidad de Bosa[20].

 

19.        De acuerdo con el escrito de acusaci�n, los hechos ocurrieron el 30 de mayo de 2024 en el conjunto 2 del sector Portales de Alicante, en el barrio Villa Estrella de Cartagena[21]. Ese lugar queda por fuera de las veredas San Jos� y San Bernardino y de la Localidad de Bosa, a cientos de kil�metros del asentamiento de la comunidad.

 

20.        En la solicitud de asunci�n de competencia, el gobernador del cabildo afirm� que el comunero fue capturado �dentro del territorio ampliado de nuestra comunidad, conforme a lo establecido por la sentencia SU-123 de 2018[22]�. Esa afirmaci�n no est� sustentada. Ni la solicitud ni los documentos aportados por la comunidad explican por qu� el espacio vital de la Comunidad Ind�gena Muisca de Bosa se extender�a hasta la ciudad de Cartagena. La Sala no encuentra evidencia de que la comunidad desarrolle pr�cticas tradicionales en esa ciudad, de que esta corresponda a un lugar de tr�nsito cultural del pueblo Muisca o de que el desplazamiento del comunero respondiera a din�micas propias de la comunidad. Si bien esta �ltima invoc� la regla de la sentencia SU-123 de 2018, no demostr� el supuesto que exige el efecto expansivo del factor territorial, esto es, la constataci�n de que el lugar de los hechos, pese a estar fuera de los linderos geogr�ficos del territorio colectivo, puede vincularse al �mbito donde la comunidad desenvuelve su cultura.

 

21.        La Corte examin� un asunto an�logo respecto de la misma comunidad. En la sentencia T-866 de 2013 estudi� el caso de un comunero del cabildo Muisca de Bosa condenado por hurto agravado y calificado en concurso con porte ilegal de armas, por hechos ocurridos en una finca del municipio de Fusagasug�. La Corte admiti� que el elemento territorial se puede flexibilizar en los cabildos urbanos, pues el crecimiento de las ciudades difumina los l�mites territoriales tradicionales, y precis� que, en esos eventos, el juez debe analizar la conciencia �tnica del sujeto y el grado de aislamiento de la cultura a la que pertenece.

 

22.        Aun bajo ese criterio, concluy� que el factor territorial no se acreditaba, porque la conducta se consum� en un municipio distinto de aquel donde se ubica el cabildo y porque el comunero no se encontraba en una situaci�n de aislamiento cultural que le impidiera comprender la ilicitud de su comportamiento.

 

23.        Ese razonamiento aplica al presente caso. El procesado fue capturado en Cartagena, ciudad que, seg�n la informaci�n aportada al proceso, no guarda relaci�n con el asentamiento del cabildo en la Localidad de Bosa. La comunidad tampoco aport� elementos que den cuenta de un v�nculo cultural con ese lugar, ni de un grado de aislamiento del comunero que justifique extender la frontera territorial hasta all�. En consecuencia, la Sala concluye que el factor territorial no est� acreditado.

 

(iii)          Factor objetivo

 

24.        Este factor implica analizar la naturaleza del sujeto o del bien jur�dico afectado con la conducta punible y verificar si el proceso es de inter�s de la comunidad ind�gena y/o de la cultura mayoritaria[23]. En este caso, solo es posible determinar que la conducta imputada afecta los intereses de la sociedad mayoritaria.

 

25.        El se�or Chiguasuque �vila fue acusado por el delito de fabricaci�n, tr�fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ese delito est� tipificado en el art�culo 365 del C�digo Penal y protege la seguridad p�blica. La Corte ha se�alado que la norma busca prevenir los actos que pongan en peligro la paz, la convivencia social y la seguridad ciudadana, y que el tipo penal se apoya en el art�culo 223 de la Constituci�n, que reserva al Estado el monopolio de las armas de fuego. El delito afecta as� condiciones de convivencia que interesan a toda la poblaci�n, y la sociedad mayoritaria tiene inter�s en su judicializaci�n[24].

 

26.        En cambio, la Sala no encuentra elementos que permitan concluir que la conducta investigada, para el caso concreto, afecte intereses de la comunidad ind�gena. Los documentos aportados por el cabildo no vinculan el porte de armas con las desarmon�as que su sistema de justicia propia identifica y resuelve.

 

27.        El Protocolo de aplicaci�n de la Justicia y Derecho Propio presentado por la comunidad[25] relaciona las conductas sometidas a conocimiento de las autoridades del cabildo, entre ellas las desarmon�as familiares, escolares, contractuales y territoriales, junto con infracciones como el abuso sexual y el robo, hurto o extorsi�n. Ese listado no menciona el porte, la fabricaci�n o el tr�fico de armas de fuego. La S�ntesis del C�digo Nemequene, que el cabildo aport� como compendio de su Ley de Origen, prev� sanciones para conductas como el homicidio, el hurto, el incesto y la cobard�a militar, y tampoco se refiere al porte de armas[26].

 

28.        La Sala no exige que el derecho propio contemple un delito id�ntico al del ordenamiento nacional, pues ese derecho puede no estructurarse sobre cat�logos de tipos penales y abarcar conductas que los documentos aportados no prev�n. Lo que ocurre en este caso es que la comunidad no explic� por qu� el porte del arma incautada es un asunto de su inter�s, y el expediente tampoco permite inferir que esa conducta afecte el equilibrio o el territorio ancestral que protege el derecho propio. En consecuencia, no existe certeza de que el inter�s de judicializaci�n de la conducta recaiga tambi�n sobre la Comunidad Ind�gena Muisca de Bosa, por lo que el factor objetivo no se encuentra acreditado.

 

(iv)           Factor org�nico o institucional

 

29.        El factor org�nico o institucional hace referencia a la existencia de autoridades, costumbres y procedimientos tradicionales en la comunidad ind�gena, a partir de los cuales sea posible establecer que: (i) sus autoridades ejercen alg�n grado de control o coerci�n social, y (ii) existe una noci�n compartida sobre qu� conductas son socialmente reprochables. Este factor busca garantizar el debido proceso, la continuidad de las instituciones ancestrales y los derechos de las v�ctimas. Por eso, al resolver un conflicto de jurisdicci�n, el juez debe verificar que exista una organizaci�n social y pol�tica que permita llevar a cabo el proceso con respeto de las garant�as procesales y de las v�ctimas[27].

 

30.        La Sala constata que la Comunidad Ind�gena Muisca de Bosa cuenta con un sistema de derecho propio estructurado y con autoridades tradicionales definidas. Seg�n el Protocolo de aplicaci�n de la Justicia y Derecho Propio, la administraci�n de justicia recae en un Comit� de Justicia Propia integrado por las autoridades del Cabildo, con funciones repartidas entre sus miembros. El Gobernador ejerce la representaci�n legal. El Vicegobernador recibe, reparte y asigna los casos. El Alcalde Mayor vigila el cumplimiento de los deberes y de las sanciones. El Alguacil Mayor ejerce la funci�n jurisdiccional y busca la resoluci�n pac�fica de los conflictos antes de remitir el asunto a los ejecutores. Los Alguaciles Menores apoyan el control de bienes y sitios sagrados y ejecutan las medidas de armonizaci�n. El protocolo tambi�n fija un procedimiento reglado que comprende la radicaci�n del caso, el consentimiento informado, las firmas de confidencialidad, las visitas domiciliarias de control y las rutas de fortalecimiento espiritual, psicosocial, pedag�gico, jur�dico y de gobernanza[28].

 

31.        Esa organizaci�n da cuenta de autoridades propias y de reglas de procedimiento conocidas por la comunidad. Aun as�, el factor institucional no se acredita en este caso. Los documentos aportados no permiten establecer c�mo tramitar�a el Cabildo un asunto por el porte de un arma de fuego, qu� falta ser�a la aplicable ni qu� sanci�n corresponder�a. La conducta no aparece en la relaci�n de desarmon�as del protocolo ni en la S�ntesis del C�digo Nemequene, y el gobernador no explic� a qu� figura de su derecho propio la reconducir�a. Sin esa informaci�n, la Sala no cuenta con elementos para verificar que el juzgamiento de Diego Uriel Chiguasuque �vila ante las autoridades del Cabildo respetar�a las garant�as m�nimas del debido proceso, en particular la previsibilidad y la predictibilidad que el principio de legalidad exige tambi�n al derecho propio.

 

32.        Sobre este punto, la Corte ha precisado que el principio de legalidad, en el �mbito de la Jurisdicci�n Especial Ind�gena, no exige normas escritas ni cat�logos de tipos penales, sino la previsibilidad y la predictibilidad de las actuaciones de las autoridades tradicionales, conforme a los usos y costumbres de la comunidad. Esa exigencia constituye un m�nimo del debido proceso, pues permite que el comunero conozca de antemano qu� conductas son reprochables, cu�l es el procedimiento aplicable y qu� consecuencias pueden derivarse de su comportamiento. En este caso, la comunidad no aport� elementos que permitan verificar esos m�nimos frente al porte de un arma de fuego.

 

33.        Al ponderar los cuatro factores, la Sala concluye lo siguiente. El factor personal est� acreditado, pues Diego Uriel Chiguasuque �vila es miembro de la Comunidad Ind�gena Muisca de Bosa. El factor territorial no se acredita, ni en su acepci�n estricta ni en la expansiva, porque los hechos ocurrieron en Cartagena y la comunidad no aport� elementos que vinculen ese lugar con el espacio donde despliega su cultura. El factor objetivo tampoco se acredita, pues el porte de armas afecta la seguridad p�blica, que interesa a toda la poblaci�n, y el expediente no permite establecer que la conducta comprometa intereses propios de la comunidad.

 

34.        El factor institucional no se satisface, ya que, si bien la comunidad demostr� que cuenta con autoridades tradicionales, �rganos de gobierno propio y procedimientos jurisdiccionales propios, no acredit� un sistema sancionatorio definido para la conducta investigada. En concreto, no indic� bajo qu� falta de su derecho propio tramitar�a este asunto ni qu� sanci�n impondr�a. Por ello, no se demostraron las garant�as m�nimas del debido proceso, en particular, la previsibilidad y la predictibilidad que exige el principio de legalidad. El �nico elemento que se acredita es el personal, que por s� solo no basta para desplazar la competencia. Por ende, el conocimiento del proceso corresponde a la Jurisdicci�n Ordinaria Penal.

 

III.      DECISI�N

 

En m�rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

 

Primero: DIRIMIR el conflicto positivo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 11 Penal del Circuito de Cartagena (Bol�var) con funci�n de conocimiento y la Comunidad Ind�gena Muisca de Bosa, en el sentido de DECLARAR que es la Jurisdicci�n Ordinaria, en su especialidad penal, la competente para conocer del proceso penal adelantado en contra de Diego Uriel Chiguasuque �vila con el radicado 13001600112920240368200.

 

Segundo: REMITIR el expediente CJU-7842 al Juzgado 11 Penal del Circuito de Cartagena (Bol�var) con funci�n de conocimiento, para que contin�e con el tr�mite del proceso y comunique la presente decisi�n a los interesados, incluyendo a la Comunidad Ind�gena Muisca de Bosa y a los sujetos procesales e interesados dentro del tr�mite judicial correspondiente.

 

Notif�quese, comun�quese y c�mplase.

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA �NGEL CABO

Magistrada

Ausente con permiso

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

Ausente con comisi�n

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

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