Full text

Decláranse monumentos nacionales, de utilidad pública, todos aquellos edificios lugares que por su antigüedad y belleza arquitectónica, merezcan ser conservados como patrimonio nacional.

El Gobierno, asesorado de la Academia Nacional de Historia, hará en cada caso la declaratoria de que trata este artículo, y procederá en seguida a dictar las disposiciones conducentes a la restauración y conservación de tales monumentos.

Hecha la declaratoria de que trata el artículo anterior, respecto de un edificio o lugar de tradiciones memorables, nadie podrá realizar en el demoliciones, construcciones o reformas, que no sea el mismo Gobierno, bajo las sanciones que este impondrá.

Dentro del perímetro amurallado de la ciudad de Cartagena, nadie podrá realizar construcción, de molición o variación alguna sin la previa aprobación y reglamentación del Gobierno, que la impartirá por sí o por medio de la entidad, personal u organismo que al efecto designe.

Facúltase al Gobierno Nacional para adquirir el edificio colonial donde funcionó el Tribunal de la Inquisición, en Cartagena, y el cual será destinado a la fundación de un museo histórico, a las reuniones de la Academia de Historia de aquella ciudad, a la oficina nacional de turismo y a los demás usos que determine el mismo Gobierno, previas las reparaciones que sean necesarias.

También procederá el Gobierno a reparar y pavimentar, inmediatamente éntre en vigencia esta ley, la carretera que une a Cartagena con el Cerro de La Popa, y atenderá luégo a su permanente conservación como obra de urgente necesidad nacional.

El Gobierno procederá a la restauración inmediata de la casera que en el Gobierno de La Popa sirve de oficina y alojamiento al Vigía del puerto de Cartagena, procurando que la obra se llev a cabo dentro de estilo colonial de las edificaciones que allí existen.

El mismo Gobierno dará los pasos necesarios para modernizar el faro que actualmente existe en los castillos de Bocachica o para reemplazarlo por otro que una las condiciones que la navegación internacional exige.

Una vez que se lleven a cabo por el Gobierno las obras de arreglo e higienizacion de los castillos de Bocachica , en la bahía de Cartagena, para lo cual queda autorizado plenamente, aquellos pasaran a ser dependencia de la Base Naval y serán ocupados, preferentemente, por las tropas de la Infantería de Marina.

Vótase la suma de cincuenta mil pesos ($50.000.00) para la iniciación de las obras expresadas arriba, y en los Presupuestos venideros se harán las apropiaciones indispensables para el fiel cumplimiento de esta Ley; pero en caso de que no hagan, el Gobierno queda ampliamente facultado para abrir los créditos o hacer los traslados necesarios.

El aporte de la Nación para la conservación y embellecimiento de los monumentos históricos de Cartagena, será en lo sucesivo de veinte mil pesos ($20.000) anuales, en vez de los diez mil de que habla la Ley 32 de 1924 .

En el presupuesto de rentas y gastos de la Nación se incluirá año por año las partidas necesarias para dar cumplimiento a las prescripciones que anteceden, y si así no fuere, el Gobierno queda facultado para abrir los respectivos créditos.

Esta Ley regirá desde su sanción.